Para poder hablar de un tema tan sensible como la “violencia”, la cual ha captado la atención de muchos en la coyuntura actual, es importante definirla de alguna manera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la violencia como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” (OMS, Campaña mundial 2012-2020, en http://www.who.int/topics/violence/es/).

La definición usada por la OMS no solamente vincula la intencionalidad con la comisión del acto, sino que además amplia esa comprensión para dar cabida a los actos que son el resultado de una relación de poder como las amenazas que también producen o pueden producir daños (OMS, Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2003: 5). Más allá de la capacidad y realización, la violencia comprende también una parte simbólica: el consentimiento de los dominados (ieee.es, documento de análisis 43/2017, 15 de agosto de 2017: 2). En este sentido, es claro que la violencia puede presentarse en distintos niveles y esferas, por lo que la OMS la ha dividido en los siguientes tipos: violencia autoinfligida, violencia interpersonal y violencia colectiva.

De forma general, el primer tipo de violencia abarca los daños o posibles daños que uno mismo puede causarse, por ejemplo, el comportamiento suicida o las autolesiones. La violencia interpersonal se da en las relaciones con otras personas, generalmente, en las relaciones familiares o de pareja y en la comunidad; por ejemplo, las agresiones entre cónyuges. Por su parte, la violencia colectiva abarca aquellos motivos de violencia cometidos por grupos más grandes de individuos, tales como el Estado o las organizaciones terroristas (OMS, Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2003: 6-7).

Es necesario mencionar además, que cuando se habla de violencia no solamente se lo hace de su parte visible, como la violencia directa cuyos efectos pueden ser conocidos, tales como las lesiones físicas, los muertos, los desplazados por los conflictos, etc; sino también de su lado invisible que puede provocar efectos más perversos, como la violencia estructural.

Es precisamente este último tipo de violencia sobre lo que trata el presente texto. Para empezar se cita el siguiente ejemplo del profesor Michael J. Sandel, en sus lecciones sobre “Justicia, ¿hacemos lo que debemos?”, quien a su vez cita un cuento de Ursula K. Le Guin, «Los que andando se marchaban de Ornelas»:

Habla de una ciudad, Ornelas, donde imperan la felicidad y las celebraciones públicas, un lugar sin reyes ni esclavos, sin publicidad ni Bolsa de Valores, sin bombas atómicas. Por si este lugar nos parece demasiado irreal para que siquiera podamos imaginarlo, la autora añade algo más: «En un sótano de alguno de los bellos edificios públicos de Ornelas, o quizá en los bajos de una de sus espaciosas viviendas, hay una habitación. La puerta está cerrada a cal y canto. No tiene ventanas». Y en esa habitación hay un niño que padece una deficiencia mental, que está desnutrido, abandonado. Vive sus días en la miseria más penosa. Todos saben que existe, todos en Ornelas lo saben. […] Todos saben que tiene que existir. […] Todos saben que su felicidad, la belleza de su ciudad, la ternura de sus amistades, la salud de sus hijos, […] hasta la abundancia de sus cosechas y el amable clima de sus cielos, dependen por completo de la abominable miseria del niño. […] Qué bueno sería, realmente, que se sacase al niño del abyecto lugar donde vive y se le llevase a la luz del día y se le lavase y alimentase y confortase; pero si se hiciese, a esa misma hora de ese mismo día, toda la prosperidad y belleza y delicia de Ornelas se ajaría y destruiría. La condición es esa.

Se puede reflexionar con este ejemplo: ¿cuántos estarían dispuestos a ser el niño en la habitación?, o ¿cuántos estarían dispuestos a sacrificar su felicidad, su bienestar, su plenitud para salvar al niño? Seguro la respuesta es difícil para ambas interrogantes.

El ejemplo citado, aunque corresponde a una historia de ficción, puede fácilmente ser asemejada a lo que sucede alrededor, realidades que pueden concebirse como violencia estructural.

El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social. (La Parra, Daniel & Tortosa, José María, GEPYD, Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo, Universidad de Alicante. 2003:57).

Si se dice que el daño puede ser el resultado de formas de violencia no directa, donde los actores son partes de una sociedad, se puede concluir que la violencia –en sus diversas formas- involucra a toda la sociedad, por lo que la responsabilidad para combatirla es compartida y no recae únicamente en el Estado, pues éste también puede convertirse en “agresor”.

Si bien se ha concebido al Estado como el ente al cual se le delegaron los deberes del respeto, la protección y la realización de los derechos de la población, responsabilidades que en la práctica quedan en manos de diferentes personas, con propias convicciones, miedos, prejuicios, es decir, con identidades diversas, la historia nos ha demostrado que esta entelequia ha servido, en algunos casos, para justificar ciertas relaciones de poder entre seres humanos en las cuales sin duda el eje transversal ha sido la violencia. La negación del voto femenino, la exclusión de determinados grupos sociales a la educación, la limpieza racial, la negación de los derechos económicos, sociales y culturales a los no nacionales y la pobreza, son algunas muestras de las manifestaciones de la violencia estructural.

Probablemente habrá quienes digan que los ejemplos antes citados son o han sido problemas ya superados, y que actualmente los Estados cumplen sus obligaciones derivadas de los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. Lamentablemente no es así.

La violencia es como la mano invisible de Adam Smith, que ha penetrado en todas las relaciones sociales, y que además, por lo extensivo de su uso, cada vez significa menos. Basta revisar la información que se publica a diario:

“Amnistía Internacional denuncia la ‘violencia armada endémica’ en Venezuela” (www.eitb.eus/es/noticias/internacional); “La Policía reprimió con violencia una nueva protesta contra Ortega en Nicaragua” (Infobae, Domingo 14 de Octubre de 2018); “Camino peligroso: crecen los índices de violencia estatal en Argentina” (https://mundo.sputniknews.com); “En Nicaragua, los niños pagan con sus vidas la violencia estatal” (www.lavoz.com.ar/mundo); “Asciende a 326 el número de líderes sociales asesinados desde 2016” (Bluradio, Colombia, publicado: 18 de julio de 2018 – 17:06 p.m. en www.bluradio.com). Estos son algunos de los ejemplos que se puede encontrar cada día en los noticieros.

Ecuador no es ajeno a esta realidad. Durante los últimos años las denuncias por violencia contra los niños, niñas y adolescentes en centros educativos, han ido incrementando. Según información publicada en el diario El Telégrafo, “desde 2008 hasta octubre de 2017, el Ministerio de Educación contabilizó 919 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, lo que equivale a un promedio de 102 casos cada año” (Unidad de Investigación – 11 de diciembre de 2017 – 00:00, www.eltelegrafo.com.ec).

Se puede decir que los casos denunciados han permitido visibilizar una forma de violencia estructural, y frente a la misma varios retos, tanto para el aparato estatal como para la sociedad en general. No obstante, existen otras modalidades de ese tipo de violencia que aún siguen invisibilizadas a pesar de ser públicas.

Mediante un pronunciamiento público, el pasado 16 de agosto de 2018, el Ministro del Interior, Mauro Toscanini, indicó que “con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos como la seguridad de nuestro territorio […], desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren a Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte” (www.eluniverso.com). La medida fue adoptada frente al incremento de venezolanos que ingresaban a Ecuador huyendo de la grave situación que afronta su país. Para muchos, esa medida adoptada no solo fue legal, sino que además, era adecuada ante la grave situación y la alta vulnerabilidad en la que decidían migrar los ciudadanos venezolanos, usando lo dicho como un justificativo para la adopción de la misma en nombre de los derechos humanos; es decir, usando los derechos humanos como una cortina que ocultaba la violencia incorporada en tal medida. Sin embargo, si se analiza con mayor profundidad o se levanta esa cortina, tal medida no solo fue ilegal, sino que además, implicaba una grave violación a los derechos que tanto se pretendía proteger.

El rechazo colectivo de los extranjeros en la frontera por no poseer pasaporte constituye una falta grave a las obligaciones que, como Estado, ha adquirido el Ecuador por ser suscriptor de los diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados y la Declaración de Cartagena de 1984, que prohíben la expulsión colectiva de extranjeros.

En este punto, es importante recordar lo que Friedrich Engels dijo en su obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (1845: 155):

Cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad [2] pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir, cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello, cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen.

La política propuesta por la autoridad ecuatoriana de control migratorio constituye un claro ejemplo de violencia estructural o crimen social como lo denominó Engels, en la cual predomina la exclusión por origen nacional, situación socioeconómica, y otros aspectos que se traducen en discriminación, a la cual se puede añadir la característica de ser “pública pero invisibilizada”.

Afortunadamente existió una reacción oportuna de parte de las entidades líderes en la protección de derechos, entre los cuales destacan la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. La política a la cual se ha hecho referencia no es un caso aislado. Como esta existen algunas situaciones similares en las que prevalece la discriminación, sobre todo, contra grupos vulnerables como los no nacionales o migrantes.

En noviembre de 2017, la Defensoría Pública tuvo conocimiento que una ciudadana colombiana refugiada en Ecuador (iniciales L.V.S.V.), había sido retirada de la Lista de Espera Única Nacional para un trasplante de córneas,  el 1 de agosto de 2016, listado administrado por el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Indot). Su retiro se debió a que el INDOT, en 2016, creó el Sistema Nacional Informático de Donación y Trasplante (Sinidot), el cual únicamente se encuentra interconectado con los datos del Registro Civil a través del “BUS DE DATOS” de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, “con la finalidad de mantener información valida de las personas que ingresan a la Lista de Espera Única Nacional”, obviando el cruce de información con otras entidades que poseen la información pertinente para la donación y trasplante en caso de ciudadanos extranjeros.

El punto medular de ese caso se debe a que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (artículo 40) establece como requisito para proceder con la donación y trasplante a un ciudadano extranjero, que este sea “residente legal en el país”, requisito que en el caso referido había sido cumplido por la ciudadana L.V.S.V, por lo que pudo ingresar a dicho listado en septiembre de 2015. No obstante, en 2016 fue retirada arbitrariamente por el Indot, debido a que dicha entidad pública consideró que la residencia legal de un ciudadano extranjero en Ecuador, únicamente podía ser demostrada con una cédula ecuatoriana, y es por ello que su sistema Sinidot fue creado. De manera que al interconectarse con los datos del Registro Civil, excluye a todas las demás personas que, aunque eran residentes legales en Ecuador, no poseían cédulas ecuatorianas.

La carencia de dicho documento no significaba de ningún modo el no contar con residencia legal, pues hasta antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, existían varias formas o categorías a través de las cuales se adquiría la residencia legal en Ecuador, y no a todas se les entregaba la cédula ecuatoriana, como en el caso de la población refugiada. Como se puede verificar en el caso relatado, a través de una decisión arbitraria, se implementó una forma de violencia excluyente y discriminatoria en la prestación del servicio público para el ejercicio del derecho humano a la salud, el cual, al ser un derecho fundamental, debe respetarse, protegerse y realizarse sin ningún tipo de discriminación, especialmente por origen nacional y/o condición migratoria. De igual forma, con la intervención de la Defensoría Pública, se pudo lograr el amparo directo y eficaz de los derechos de dicha ciudadana.

Con lo manifestado en estas cortas líneas, se ha pretendido invitar al lector a la reflexión de aquellas diferentes formas de violencia que aún subsisten en diversos espacios, las cuales cada vez son invisibilizadas porque se ofrecen como adecuadas, óptimas y convenientes frente a los retos que la sociedad afronta, mismas que involucran a más personas sin que se den cuenta, y las hace partícipes y responsables de ellas.

Nina Guerrero
Abogada, Especialista en Migraciones y Derechos Humanos.
nguerrero@defensoria.gob.ec
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