La participación de las mujeres en la política del Ecuador en el período entre el 2007 y 2017 ha tenido una evolución creciente. El país cuenta con una ley de cuotas que regula la paridad y equidad de representación política para cargos de elección popular desde 1997. Si tomamos como referencia los datos del poder legislativo, además del ámbito local, es posible obtener datos importantes para analizar si la normativa ha redundado en una mayor participación de las mujeres en la vida política del país.

Contexto actual en el mundo y América Latina

Un breve repaso del contexto global sobre los indicadores de participación de la mujer en los parlamentos alrededor del mundo alcanza un 23 por ciento, el desglose por continentes pone  a América Latina a la cabeza con un 28,9 por ciento seguida por Europa con un 27,6 por ciento, África Subsahariana con el 23,7 por ciento, Asia 19,8 por ciento, los Estados Árabes 18 por ciento, y el Pacífico 15,6 por ciento (Women in National Parliaments, 2018).

El pasado 13 de marzo marcó el fin de la era de Michelle Bachelet en Chile, quien fue presidenta en dos períodos, 2006-2010 y 2014-2018, de esta manera se cerró una etapa de referencia: paralelamente, la brasileña Dilma Rousseff (2011-2016), la argentina Cristina Fernández (2007-2015) y Laura Chinchilla en Costa Rica (2010-2014), ocuparon la cabeza del poder ejecutivo en sus respectivos países marcando un hecho sin precedentes en la región.

Anteriormente, habían sido electas Violeta Barrios en Nicaragua y Mireya Moscoso en Panamá mientras que Lidia Guelier (1979), Rosalía Arteaga (1997) y Ertha Pascal – Trouillot (1990) ejercieron como jefas de Estado interinas en Bolivia, Ecuador y Haití respectivamente. La emergencia de liderazgos femeninos marcó una forma de hacer política en las tres economías más representativas del bloque sudamericano y supuso la expectativa por articular una agenda con demandas surgidas desde los movimientos y organizaciones de defensa de las mujeres.

“En Ecuador la experiencia más cercana de una mujer en el poder ejecutivo fue la de Rosalía Arteaga, quien era la designada para ocupar la Presidencia en 1997 por sucesión constitucional…”

Normativa sobre paridad de género y representación equitativa

El primer instrumento internacional que recogió, expresamente, la necesidad de una participación equitativa de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, suscrita el 3 de septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países.

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas” (CEDAW, 2018). Desde la década de los 90 se impulsaron distintas leyes que apuntaban a la paridad de representación en países como Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador y Perú teniendo como base el artículo 8 de la CEDAW que expresa “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales” (CEDAW, 2018).

“Actualmente, solo en 2 de las 24 provincias del país son mujeres quienes ocupan las prefecturas.”

El caso de Ecuador

En Ecuador la experiencia más cercana de una mujer en el poder ejecutivo fue la de Rosalía Arteaga, quien era la designada para ocupar la Presidencia en 1997 por sucesión constitucional después del derrocamiento de Abdalá Bucaram. 

La paridad de género se recoge en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, que en su artículo 160 apunta que:

“Las y los representantes de la Asamblea Nacional, representantes ante el Parlamento Andino, consejeras y consejeros regionales, las y los concejales distritales y municipales y vocales de juntas parroquiales rurales se elegirán votando por las candidaturas de las listas establecidas mediante procesos democráticos internos o elecciones primarias y que deberán mantener de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y mujeres o viceversa”.

En cuanto a la participación en los procesos electorales, destacan menores niveles de ausentismo en las mujeres. Por ejemplo, para las elecciones seccionales de 2014 el 51,1 por ciento (4 909 340) de las votantes fueron mujeres con un ausentismo del 15,7 por ciento (912 554). Mientras tanto, el 48,9 por ciento (4 691 199) de los votantes fueron hombres con un ausentismo del 19,1 por ciento (1 105 875) de esta forma, puede notarse que el sufragio de las mujeres superó en un 3,4 por ciento al de los hombres. En las elecciones generales de 2017 se repitió la tendencia con un 50,1 por ciento de mujeres (5 427 261) y 49,8 por ciento de hombres (5 208 747).

Participación de las mujeres en la política

En los últimos tres períodos electorales se han presentado solamente tres candidatas mujeres a la Presidencia de la República y 9 candidatas a la Vicepresidencia.

La paridad en cuanto a cuotas de género se recogió por primera vez en la ley de 1997. En 1996, sin la ley de cuotas, el Congreso Nacional tenía cinco diputadas mujeres de un total de 82, lo que significaba el 6,09 por ciento. En 1998, en aplicación de la Ley de cuotas que otorgó a las mujeres el 20 por ciento al Congreso, llegaron 16 mujeres de un total de 121, es decir, un 13,22 por ciento. Para 2002 la cuota electoral aplicada fue del 35 por ciento.

En las elecciones de 2007 el Parlamento estuvo constituido por un 25 por ciento de mujeres, el número creció en 2009 hasta el 32 por ciento y en 2013 al 38 por ciento, impulsado por el aumento progresivo previsto por la ley de cuotas que era de un 5 por ciento en cada nuevo proceso electoral.

Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinaron que entre los 137 legisladores de la nueva Asamblea para el periodo 2017-2021, 52 sean mujeres, mientras que en el periodo 2013-2017 resultaron electas 53 mujeres.

En las últimas elecciones se determinó que las mujeres que más se inscribieron para participar fueron jóvenes. Las estadísticas del CNE indican que hay dos legisladoras menores a los 29 años. El 53 por ciento de mujeres oscilan entre los 30 y 39 años; el porcentaje de hombres en ese rango de edad es del 46 por ciento. En esta nueva Asamblea hay más hombres que están entre 60 años y más, que mujeres.

De 24 provincias, en ocho no hay representación de la mujer como legisladoras principales: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Al igual que en la circunscripción de América Latina, el Caribe y África.

En cuanto a los proyectos de ley presentados por mujeres en la Asamblea Nacional, resalta el hecho de que 2 de 84 proyectos presentados pasaron a trámite en el poder legislativo.  A pesar de que el poder legislativo contó con el liderazgo de 3 mujeres no fue posible articular una agenda concreta que priorice las demandas de los movimientos de mujeres. Uno de los grandes temas pendientes del periodo legislativo 2013-2017 fue la tramitación de una ley contra la violencia de género, cuyo tratamiento pasó a segundo plano. Uno de los aspectos positivos fue la conformación de un grupo parlamentario por los derechos de las mujeres.

Mientras tanto, otras iniciativas como la aprobación del aborto en casos de violación, que había sido impulsado por las máximas autoridades de la Asamblea, provocó la reacción de Rafael Correa, quien amenazó con sanciones disciplinarias en contra de Gabriela Rivadeneira, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, coidearias de su partido y proponentes de la iniciativa legal.

En términos porcentuales, la representación de la mujer no supera el 38 por ciento en las dos últimas elecciones generales. Tomando en cuenta estos esos resultados, se puede afirmar que doce puntos alejan la paridad de género en la Función Legislativa.

Adicionalmente, hay un detalle importante que contribuye a la prevalencia de estas cifras: la mayoría de los movimientos y partidos políticos ubican como cabeza de lista a la Asamblea Nacional a hombres. Si tomamos en cuenta el hecho de que hay algunas provincias donde el número de dignidades a elegirse es impar, tendremos a menos mujeres participando en el proceso electoral.

“La incidencia desde la sociedad civil y organizaciones de base sigue siendo un espacio importante para generar nuevos espacios de incidencia.”

La brecha en los gobiernos locales

Más allá de la cantidad de iniciativas legales que se presenten y de que los índices de paridad de género han tenido una evolución positiva en el poder legislativo, la brecha con el nivel local es todavía muy pronunciada, y los indicadores han marchado a un ritmo distinto. Según estadísticas de la CEPAL, el porcentaje de mujeres que fueron electas para el cargo de alcaldesa se mantuvo en 2,8 por ciento entre 2000 y 2004 para subir levemente en 2009, ubicándose en 5,9 por ciento. En las últimas elecciones seccionales celebradas en 2014 el porcentaje de mujeres electas fue del 10 por ciento.

En las elecciones seccionales de 2014, el total de candidatos principales fue de 28 180, de éstos, 16 317 fueron hombres y 11 863 mujeres. Es decir que, en la participación político-electoral, los hombres con un 57,9 por ciento, superaron a las mujeres dejando una brecha del 15,8 por ciento. El fenómeno es contrario en los porcentajes de candidatos suplentes, en donde la participación de mujeres supera a la de los hombres.

Cabe recalcar que las candidaturas para alcaldías no necesariamente guardan relación con la paridad de género. En este sentido la ley electoral de Ecuador solo estipula que ganará la candidata o candidato que obtenga mayor cantidad de votos válidos sin establecer proporcionalidad entre candidaturas de hombres y mujeres. Para alcaldías se presentaron 1047 candidatos hombres y 147 candidatas mujeres. Como antecedente más reciente, durante las elecciones seccionales de 2014 en Quito, Guayaquil y Cuenca, las más importantes del país,  sólo se registró una candidata mujer en cada ciudad.

En el caso de prefecto/a viceprefecto/a provincial se garantiza la alternabilidad entre un candidato hombre y una candidata mujer o viceversa (artículo 163 de la ley electoral ecuatoriana). Según datos del Consejo Nacional Electoral de Ecuador se presentaron un total de 16 candidatas mujeres para el cargo de la prefectura provincial, mientras que 100 fueron hombres. En las provincias de Pichincha y Guayas todos los candidatos a la prefectura fueron hombres, dejando a las mujeres las plazas para viceprefectura. Solo en Azuay se presentó una candidata para el cargo de prefecta.

Las características de la ley provocan un vacío a nivel de prefecturas, donde por lo general se deja a las mujeres el rol de viceprefectas cumpliendo la formalidad expresada en la ley. Actualmente, solo en 2 de las 24 provincias del país son mujeres quienes ocupan las prefecturas. En cuanto a alcaldías son 23 de 221 las mujeres que ocupan esta posición en los concejos municipales.

Estos datos nos permiten establecer que en elecciones locales la participación de mujeres como candidatas a cargos de elección popular no es paritaria, pues en cuanto a alcaldías y prefecturas se mantiene una proporción de 8 a 1 a favor de los hombres.

Evidentemente el espacio en los gobiernos locales es todavía restringido para las mujeres, uno de los factores más importantes para la prevalencia de este fenómeno es la imposibilidad de establecer sostenibilidad de procesos a nivel interno en los partidos y organizaciones políticas con miras a garantizar la equidad y paridad en la selección de candidatas y candidatos.

La selección de candidaturas todavía se basa en criterios como popularidad o alianzas que se establecen a nivel local y esto cierra las puertas a la renovación de cuadros políticos, en particular a la representación femenina.

Conclusiones

De manera general, podemos decir que durante la última década la representación política de las mujeres no ha redundado en el establecimiento de una agenda nacional que responda a las demandas surgidas desde organizaciones sociales de mujeres.

Como se ha podido observar, las mujeres representan una mayoría de votantes que todavía se encuentra sub representada en los distintos poderes del Estado. Los espacios de interacción política aún guardan rezagos orientados al machismo y la masculinización. En este sentido las mujeres se ven obligadas a adoptar prácticas de liderazgo “fuerte” para no mostrar debilidad o fragilidad y de esta manera poder participar en política y obtener el apoyo de partidos y organizaciones en las que los hombres mantienen el control.

La manipulación de listas, sobre todo en cuanto a la alternabilidad acarrea un problema de representación, pues los vacíos de la ley posibilitan prácticas inequitativas que acentúan la primacía masculina al momento de encabezar listas. Esto se traduce en una mayor cantidad de curules para hombres, sobre todo en provincias donde la cantidad de representantes a cargos de elección popular es impar. La inexistencia de procesos de democracia interna también es un factor que limita la paridad de las candidaturas.

La incidencia desde la sociedad civil y organizaciones de base sigue siendo un espacio importante para generar nuevos espacios de incidencia. Es fundamental establecer una hoja de ruta y agenda con temas prioritarios para las mujeres, que deban tratarse desde los distintos poderes del Estado y darles una perspectiva transversal.

Un buen ejemplo de incidencia se dio durante el proceso de socialización del proyecto de Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la propuesta se desarrolló desde la experiencia de organizaciones como ACDemocracia encabezada por Rocío Rosero, actual viceministra de Inclusión Social, activista y defensora de derechos con larga experiencia. La organización trabajó directamente con colectivos de mujeres y recogió sus propuestas en un documento que después fue discutido con un grupo de legisladores y legisladoras quienes avalaron la propuesta para su tramitación definitiva en el seno de la Asamblea Nacional en noviembre de 2017.

Las mujeres demuestran liderazgo y capacidad de movilización independientemente de su afiliación política, por eso es importante cimentar la participación femenina en espacios clave como grupos parlamentarios, la relación con instituciones del Estado para posicionar en la agenda pública cuestiones relativas a la lucha contra la violencia de género, las licencias parentales, equidad laboral, concientización sobre el trabajo no remunerado o el acceso equitativo a nuevas tecnologías.

Durante las últimas semanas hemos atestiguado el nivel de desinformación y alarma social que crea el abordaje de la perspectiva de género. Esto se debe en gran medida a la ausencia de campañas educativas que provocan la confusión entre lo que significan términos como: sexo, género, diversidad sexual o población LGBTI.

La oposición a la equidad de género está marcada por un alto nivel de desconocimiento que al mezclarse con preconcepciones religiosas o culturales y el conservadurismo social que ha predominado durante décadas. De cualquier forma, así como propagan rumores y noticias falsas que crean burbujas informativas y polarización, las redes sociales e Internet también pueden convertirse en espacios pedagógicos que no deben desaprovecharse, por el impacto que generan en una porción importante de la población. La colaboración de los medios de comunicación también ayuda en el desvanecimiento de tabús.

El ejercicio de diálogo y discusión entre los distintos actores (Estado-sociedad-familia) debe llevarse a cabo con objetivos claros y reconociendo que el país avanza siempre en el marco de los instrumentos internacionales de los que es suscriptor.

Finalmente, aunque las posibilidades para involucrarse en el ejercicio directo del poder todavía se encuentran limitadas por la confianza del electorado, una mayor articulación del movimiento de mujeres a escala nacional puede asegurar una intervención progresiva en el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género, pero para cristalizarlo se deben fortalecer los mecanismos participativos tanto desde las organizaciones políticas como desde los colectivos y organizaciones sociales.

Juan Francisco Trujillo

Máster en Comunicación Política y Liderazgo Democrático