Paúl Pérez Reina, Fiscal General (e): “Se trabaja por recuperar la autonomía e independencia de la Fiscalía General del Estado”.  

El Dr. Paúl Pérez Reina fue designado el 3 de mayo  por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio como Fiscal General del Estado encargado. Es parte de la carrera fiscal por más de 16 años. En el proceso de recategorización de fiscales, realizado entre 2014 y 2015 por el Consejo de la Judicatura, obtuvo la calificación más alta.

¿Usted llega a la Fiscalía, en medio de un rebosamiento fuerte de corrupción, con mucha presión pública de que, aparentemente, el país estaba desbordado de casos de corrupción y con mucha impunidad. Es así, eso es lo que encontró en la Fiscalía, en el país?

Muchas gracias, le agradezco la entrevista y la oportunidad de conversar algunos temas que son importantes, que son necesarios y sobre todo que se debe realizar algunas puntualizaciones.

Nosotros como fiscales de carrera hemos estado dentro de la Fiscalía General desde el cambio  de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que tiene como base el sistema adversarial; y, lo que ha hecho es ir fortaleciendo todo lo que es la oralidad, el sistema de audiencia, los principios sobre los cuales se asienta el sistema, pero, sobre todo, también ha tenido que realizar mucha capacitación, para que los operadores de justicia, tanto de Fiscalía como de la Defensoría Pública, puedan lograr el objetivo que es ser un profesional con un perfil de litigador y esto implicó una transformación total del sistema, que empieza a consolidarse teniendo un sistema mixto, especialmente en estos últimos cinco años, en donde ya los procesos, con las últimas reformas que empezaron a construirse desde la reforma al Código Orgánico Integral Penal, vemos que ya se han consolidado de alguna manera, porque fue un trabajo que se lo vino haciendo desde mucho antes, es decir, cuando se aprobó el Código Orgánico Integral Penal prácticamente fue de acuerdo con todos los aportes que se hicieron desde las instituciones y que se introdujeron, básicamente, en el Código Orgánico Integral Penal.

¿Entonces, usted si ve la oralidad como un gran avance para la justicia penal?

La oralidad es un gran avance porque el sistema oral acusatorio se sustenta por varios principios. Uno de ellos es el principio, justamente, de inocencia, es decir, el Estado es el responsable de aportar todos los elementos materiales probatorios, para establecer la responsabilidad penal de una persona. Esto significa que es el Estado el encargado de destruir la presunción de inocencia; a diferencia del sistema acusatorio que por ejemplo se tenía que detener para investigar, hoy en nuestro sistema acusatorio, en cambio, se tiene que investigar para detener. La prisión preventiva siempre es una medida excepcional, se la ordena y se la solicita en los casos flagrantes.

¿Pero no le parece que hay como una pasión o una devoción por la prisión preventiva. Porque hay un alto índice de procesos que empiezan con la detención y que también terminan con la inocencia?

La prisión preventiva es simplemente una medida cautelar, lo único que se busca es que la persona procesada comparezca al proceso, asegurar el cumplimiento de una pena y la reparación integral.

Considero que la prisión preventiva siempre es una medida excepcional, pero que, generalmente se la ordena y se la solicita en los casos flagrantes. En otros casos, en donde el Estado investiga para detener y cuando la persona ha demostrado que está compareciendo al proceso, que está dispuesto  a presentarse al juicio, en esos casos no es necesaria la medida de prisión preventiva.

Pero en otros casos, en donde se establece que puede existir un riesgo de fuga, un riesgo de destrucción de prueba, no hay un arraigo social, no hay un arraigo familiar, que es lo que se verifica en las audiencias, no justifican esos arraigos, que le permita al juzgador asegurar que la persona si se podría presentar al proceso, al juicio. La Fiscalía cuando tiene estos casos, revisando que sea una medida excepcional, razonable, necesaria, proporcional, generalmente pide la prisión preventiva.

¿Señor Fiscal, pero no le parece que el arraigo social se convierte en una pena anticipada porque las personas pobres que caen en el sistema penal no tienen muchas posibilidades de probar ese arraigo y entonces sobre ellos es sobre quien más cae la privación de libertad?

Tenemos que considerar que la prisión preventiva tiene que ser directamente proporcional con el delito con el  que se le procesa o se le formula cargos. Puede existir un caso en donde una persona comete un delito gravísimo como es un delito de violación; entonces, lógicamente, es un delito que supera los cinco años de sanción y el requisito que la ley establece es que tiene que ser un delito cuya pena privativa de libertad supere el año, en este caso el proceso  penal de investigación de este delito puede durar hasta 30 días, en caso de delito flagrante.

Entonces, a mayor pena o a mayor sanción siempre habrá un mayor riesgo de fuga, eso es lo que se verifica y se examina en este tipo de delitos que son graves.

¿En un estudio que se va a publicar, junto a la Defensoría Pública, señala que la excepción es la medida no privativa de libertad y que en la inmensa mayoría de los casos, el fiscal pide prisión preventiva, porque, precisamente no se puede probar el arraigo social. Sin embargo, el  arraigo social entiendo que no está en e  Código. Cómo  se comprende esta medida?

Nosotros tenemos en el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo de los principios procesales, que nos permite hacer un análisis. Ahí el juez, que hoy es garantista, lo que tiene que hacer es, remitirse a las normas constitucionales. Si bien es cierto, la prisión preventiva es una medida excepcional, no debemos desconocer que en ciertos casos, por ejemplo en delitos que  superan los cinco años de sanción, considerados delitos graves, como la violación, el secuestro, el homicidio, el asesinato, el sicariato, de alguna manera se podría, incluso, hasta poner en riesgo la misma investigación.

Hoy tenemos en el Ecuador el procedimiento directo, en donde en delitos flagrantes, que son delitos que no superan los cinco años, tengan que sustanciarse hasta en 10 días.

¿Ahora usted cómo evalúa que en 10 años tengamos un incremento impresionante de personas en la cárcel. En el período 2007- 2008 teníamos hasta 9000 – 10 000 personas y ahora estamos cerca de las 40 000. Es porque es más eficiente el sistema penal o por qué?

Aquí manejamos algunas estadísticas, porque se habla a nivel regional que, alrededor del 70 por ciento de privados de la libertad son cautelares,  o sea son presos preventivos, pero  hay una estadística que la realizó el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en el año 2017, que establece que en el Ecuador el 60 por ciento de personas que se encuentra privada de la libertad ha recibido una sentencia y que un 40 por ciento aproximadamente tiene una medida cautelar de prisión preventiva. Considero que son datos estadísticos favorables al Estado ecuatoriano, porque ha hecho un esfuerzo para que los procedimientos se aceleren.

Hoy tenemos el procedimiento directo, en donde los delitos flagrantes, que no superan los cinco años, se sustancian hasta en 10 días. Reducimos los plazos, incluso ya no tenemos diferentes etapas procesales y el resultado ha sido positivo, porque a la persona en 10 días o se le ratifica su estado de inocencia o se le declara la culpabilidad.

¿Y no hay riesgo que 10 días no sea un tiempo suficiente para probar que se ha cometido un delito?

Esto está encaminado para delitos flagrantes. El Código Orgánico Integral Penal, dice quien es la persona detenida  en delito  flagrante: es aquella a quien se le descubre cometiendo un delito flagrante inmediatamente después de su comisión.

Son casos en que a una persona se le ha encontrado con indicios o con evidencias que han justificado que ha participado en un delito; pueden ser casos de  mínimas cantidades de droga; temas de contrabando, porque los delitos de contrabando, a veces no superan los cinco años.

Si a la persona se le encuentra con toda la evidencia, como el caso de contrabando, ingresando mercancía extranjera, que supera los 10 salarios básicos unificados, que no cuenta con los respaldos ni facturas para establecer el legal ingreso de esa mercancía extranjera, estos casos son sometidos a un procedimiento directo.  Creo que si ha existido el uso de la medida cautelar por parte de los fiscales, en la primera audiencia, pero la generalidad es que son delitos flagrantes.

Tendría que proponerse una reforma desde la Defensoría Pública desde la Fiscalía General del  Estado, que nos permita establecer una dosificación punitiva convalidando el principio de proporcionalidad.

¿Ahora hay en evidencia de la Defensoría Pública casos patrocinados en los que, por ejemplo, una persona ha sido sentenciada a cinco años por robo de ocho dólares o sentencias estandarizadas de casos de robo de celulares, de nueve años cuatro meses y eso nos genera un poco de desazón porque, sin pretender justificar el delito ni hacer apología de la impunidad, vemos que hay una dureza del sistema penal con este grupo de personas;  sin embargo, de las otras personas a las que se les confía la responsabilidad de administrar el Estado, el sistema penal es más suave, es menos riguroso, cuando tenemos, por ejemplo, el caso del exvicepresidente  Glas, que está ahora sentenciado a seis años versus estas otras sentencias que le comento, de robo de celulares a nueve años cuatro meses?

Nosotros como operadores de justicia somos aplicadores de las normas. Quienes nos entregan la información son las agencias de criminalización secundarias, es decir, las agencias que ejercen el  poder punitivo del Estado. Los encargados de hacer las normas y los procesos de criminalización primaria son los legisladores.

Cuando revisamos el supuesto de hecho fáctico tenemos que adecuar la conducta al supuesto de hecho legal que está en el Código, es decir, tengo que  encontrar cuál es el tipo penal, sea por delito flagrante o no, que le adecua a la conducta a esta persona.

Cuando el legislador describe el robo dice: la persona que sustraiga bienes ajenos utilizando violencia contra las personas o fuerza en las cosas, sea que la violencia se haya dado antes,  durante o después del robo; entonces, puede ser la sustracción de cinco dólares como puede ser de mil dólares o de 500 000 dólares. El legislador no me ha dado un elemento que me permita diferenciar entre lo uno y lo otro.

¿Y le parece que eso puede ser un error que afecta al sentido de la justicia?

El legislador debió haber dicho en la norma, en la construcción del tipo penal: si los objetos o bienes sustraídos o robados, superan los tres salarios básicos unificados, la pena será de tanto, si supera  los 10 salarios básicos unificados la pena será de tanto.

Lo que si ha hecho, en cambio, en el caso del tráfico de sustancias estupefacientes, ahí el  legislador da una dosificación punitiva en función de la cantidad de droga que tenga una persona en sus manos.

Si nosotros hablamos de que debe existir proporcionalidad entre la conducta cometida y la pena a imponerse, es  el  legislador el que tiene que dar esos elementos, para que el operador de justicia, aplique la norma, pero en el caso concreto de robo no ha dado esa dosificación punitiva.

Hoy nosotros tenemos una inflación penal, porque en el Código Orgánico se han incluido muchísimas conductas. Cuando abrimos el Código resulta que existen alrededor de 397 tipos penales.

¿Cree que sería recomendable una reforma para que pueda dosificar, porque si no está en riesgo el sentido de lo justo, que a una persona se le aplique una sanción en función del daño que ha hecho, porque va a dar lo mismo robar mil dólares que cien millones?

El legislador tendría que hacer una reforma en este sentido o tendría que proponerse una reforma desde la Defensoría Pública, desde la Fiscalía General del  Estado, que nos permita establecer una dosificación punitiva, convalidando el principio de proporcionalidad, a mayor perjuicio en contra de la víctima mayor pena.

En el tema del hurto, por ejemplo, el requisito para constituirse en un tipo penal es que tiene que superar el 50 por ciento de un salario básico unificado, lo otro sería una contravención.

¿No le parece que estas reformas se hicieron dentro de lo que se conoce comúnmente como populismo penal, que fortalece como esa comprensión vengativa, sancionadora de una sociedad que presiona por la coyuntura, por hechos que son dolorosos, denostables, pero que no significan la generalidad ni la cotidianidad, sino que son casos de excepción que se convierten en norma y que lo hace es no fortalecer el valor, el concepto de lo que es la justicia, sino que fortalece, al contrario, esta visión de la sanción, de la venganza, incluso?

Tenemos una inflación penal, porque en el Código Orgánico se han incluido muchísimas conductas, por ejemplo, la falta de afiliación al IESS, porque uno de los  principios del  derecho penal es el principio de la residualidad, es decir, de la última intervención penal a mínima intervención penal. Cuando abrimos el Código resulta que existen alrededor de 397 tipos penales, cuando teníamos el primer Código Penal no llegábamos ni a los 50. En este sentido  hoy vivimos una inflación penal, entonces hoy tenemos delitos culposos, delitos omisivos, delitos por acción, queremos tipificar hasta conductas que el Derecho Penal  no tiene necesidad de hacerlo.

¿Por ejemplo?

Como la conducta que yo le decía. Que un tema netamente laboral, como es la falta de afiliación al Seguro Social. Hoy resulta que si es una persona jurídica la que no afilia, es un delito; y, si es que es una persona natural, es una contravención.

¿Y quiero contarle que en el informe que vimos de las estadísticas de la Función Judicial, del  Consejo de la Judicatura, prácticamente, hay, desde el  2011 que fue la consulta popular, hasta la fecha una sola condena  en el tema de afiliación al IESS?

Nosotros que hemos hecho un análisis dentro de un Derecho Penal puro, consideramos que existen algunas conductas que no deberían estar tipificadas como tal, porque en la realidad, en la práctica, terminan siendo tipos penales que no son aplicables, porque esos ha sido históricamente un tema laboral, que hoy está incluido como un tipo penal.

Estamos levantando un protocolo de actuación para los profesionales de la salud, para que ellos tengan las herramientas, de como van a presentar una denuncia, cuando ellos adviertan la existencia del cometimiento de un delito.

¿Hay otro tema en el marco de la eficiencia de la Fiscalía que preocupa, sobre todo al movimiento de mujeres, y es la penalización de las mujeres por  aborto, pero independientemente de que eso sea considerado delito, el  aborto consentido, en particular. Hay la preocupación de que la Fiscalía o hay fiscales que van a los hospitales públicos para pedir que se denuncien esas acciones y hay muchos casos de mujeres que, en efecto, son detenidas e incluso entrevistadas cuando están saliendo de la sala de operaciones. Qué comprensión tiene usted de ese tema?

Volvemos al mismo tema de análisis por el principio legalidad. Hoy, en el Código Orgánico Integral Penal tenemos dos tipos penales que están en el artículo 275 y 276.

El 275 que dice: la omisión de denuncia por parte de un profesional de la salud y en el 276, en cambio, está la omisión de denuncia por parte de cualquier servidor público.

Entonces volvemos al tema de la norma. Si el legislador me está obligando a denunciar y si es que no lo hago se adecuaría la conducta a un tipo penal. El problema no es que los fiscales estén solicitando, es que eso está en la ley, es decir, es la ley la que me está obligando a mí como operador de justicia, como titular de la acción pública, a que estos hechos tengo que investigarlos.

¿En el caso de los médicos no hay la obligación de la reserva de la información sobre su paciente. Porque el médico me atiende a mí y es mí relación reservada con él, en materia de salud, eso luego lo denuncia y está rompiendo, también, con una obligación legal, que es la relación médico-paciente?

Esto que está planteado en el Código. Obliga al profesional a proceder de esta manera y no solamente en los casos que usted me plantea sino en cualquier otro caso, como personas que ingresan a solicitar el servicio de salud y pueden ser víctimas de agresiones sexuales o de violencia contra la mujer o núcleo familiar, violencia de género;  pueden ser personas que ingresan al servicio de salud porque tienen lesiones que se presume ha existido un disparo, se me ocurre.

¿Pero curiosamente ahí, por ejemplo los temas de violencia sexual, no hay denuncias desde el sistema de salud hacia la Fiscalía. Hay exclusivamente temas de aborto?

En este sentido ya hemos tenido una coordinación con el Ministerio de Salud. Estamos levantando un protocolo de actuación para los profesionales de la salud, para que tengan las herramientas de cómo van a presentar una denuncia, cuando adviertan la existencia del cometimiento de un delito.

La Fiscalía lo que está haciendo es, de acuerdo a lo que el legislador ha tipificado como un delito, una investigación del mismo, que establecerá   si es que existió  o  no el cometimiento, porque para eso existen las diferentes fases procesales y preprocesales. El fiscal lo que tiene es que investigar y una vez que investiga tiene dos alternativas: o formula cargos o pide el archivo de la denuncia.

¿Cuándo formula cargos?, cuando tiene los elementos de convicción suficientes. ¿Cuándo archiva?, cuando, dentro del principio de objetividad, no solamente se ha dedicado a buscar los elementos de cargo sino también los de descargo, así lo establece el  artículo cinco, numeral 21.

El problema que tenemos es la insuficiencia del número de fiscales necesarios para poder atender a todas las exigencias, por esa razón es que estamos hoy trabajando, conjuntamente, con el señor Defensor Público General, en este proceso de devolverle a los órganos autónomos de la Función Judicial  esa independencia,  para poder lograr viabilizar y solucionar los problemas que se tiene.

¿Hay una preocupación nacional por el tema que ha salido a flote. La violencia sexual, sobre todo contra los niños del sistema educativo. Hay alguna directriz ya de su parte para que sean casos prioritarios. Porque la preocupación que tenemos  es que entren a la cola de los casos, entonces es un caso más y probablemente, debería ser un caso tratado con mayor prioridad, porque se trata de uno de los grupos humanos, más vulnerable que tenemos?

Nosotros quisiéramos dar una respuesta a todos los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, es más, poder dar respuesta necesaria, urgente, conforme se lo exige, pero también no es menos cierto que tenemos que reconocer que en la Fiscalía tenemos una limitación del número de fiscales especializados y que con el Código Orgánico de la Función Judicial a la Fiscalía General del Estado le restaron todas las facultades de independencia y autonomía administrativa. La Fiscalía ni siquiera tiene la facultad para poder convocar a un solo  concurso de merecimientos para poder llenar las vacantes.

Con el Código Orgánico de la Función Judicial lo que se hizo es pasar todas estas facultades al Consejo de la Judicatura que es el que convoca a todos los concursos de méritos y oposición, para incluir el número de fiscales que se requiere en la institución, para dar respuesta a todas las exigencias ciudadanas. Cuando el promedio de fiscales es mínimo de ocho por cada 100 000 habitantes, en Manabí tenemos  2.5, en Guayas dos fiscales por cada 100 000 habitantes.

El problema que tenemos es la insuficiencia del número de fiscales necesarios para poder atender a todas las exigencias que se nos están planteando; por esa razón es que estamos trabajando conjuntamente con la Defensoría Pública, en el proceso de devolverle a los órganos autónomos de la Función Judicial, esa independencia, para poder lograr viabilizar y solucionar los problemas que se tiene y que estamos enfrentando.

Hoy tenemos rebasadas las denuncias y la atención a todos los usuarios del sistema penal y es necesario que exista  una solución a los problemas que tenemos, es decir, necesitamos fiscales, asistentes, peritos, en las fiscalías, en las unidades especializadas de peritaje integral, en las fiscalías que se conocen como el Servicio de Atención Integral.

¿Y ya tienen un análisis de cuál sería el mínimo de personal, entre fiscales, peritos. Porque una de las razones por las cuales más sufren las víctimas cuando llegan al sistema de justicia es la falta de peritos. Porque el perito, que hay en pocas cantidades, es el que tiene que ir a la audiencia a declarar y mientras tanto no está  para que atienda a las víctimas, para que tome nuevas pruebas?

Por ejemplo, en la Defensoría Pública existen 700 defensores públicos, mientras que en la fiscalía existen 797 fiscales a escala nacional, esto significa que, en administraciones anteriores no ha existido esa preocupación de acelerar los procesos de selección, para poder contar con el suficiente  número de fiscales especializados, particularmente para estos temas tan delicados como son: la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es decir, para nosotros dar la respuesta que se necesita tenemos que tener el  número de fiscales suficiente.

De lo que ahora tenemos 797 fiscales, la perspectiva en un inicio es que se incrementen alrededor de 120  fiscales, que van a ser distribuidos en las diferentes fiscalías, especialmente en las provincias donde se ha detectado que existe un ínfimo número de fiscales, entonces ahí tenemos que asignarlos y empezar a ubicarlos en las unidades donde mayor atención se requiera.

No  puede ser posible que una institución, sobre la cual recae toda la investigación penal de los delitos de acción pública, no tenga ni siquiera un investigador a su cargo.

¿Me gustaría preguntarle cómo le va a usted, sin entrar en los procesos, en estos casos tan difíciles que ha significado la lucha contra la corrupción. Usted está llevando casos tremendos como: los nuevos casos contra el exvicepresidente, contra el expresidente de la República. Qué ha significado para usted llevar estos procesos?

Bueno en primer lugar, reconocer que nosotros, lamentablemente, hemos vivido  una época en donde no ha existido una investigación seria, porque uno de los casos que usted ha mencionado, por ejemplo, es del exopositor o exactivista político, señor Balda, que es un caso que se dio en el 2012; entonces, hoy estamos nosotros presentando ante los jueces los casos de delitos que fueron cometidos en el año 2012 y que posiblemente haya otros que, tal  vez,  hasta estén ya prescritos,  o sea, me atrevería a decir eso, pero, lógicamente, tenemos  que revisarlos, tenemos  que, jurídicamente, revisarlos, analizarlos.

Sin embargo de aquello, en estos dos meses que yo estoy al frente de la Fiscalía General, desde el tres de mayo que me posesioné del cargo como Fiscal General encargado, prácticamente he tenido que asistir a las audiencias que estaban represadas, a las audiencias de juicio especialmente, que han estado represadas como por ejemplo: el caso del excontralor General del Estado, el caso del exministro del Deporte, el  caso del exvicepresidente de la República, el  caso del expresidente de la República, y me olvidaba también el caso del  exministro de Hidrocarburos, prácticamente en estos dos meses he tenido que asistir a audiencias en la Corte Nacional de Justicia y hemos buscado los espacios necesarios, incluso trabajado fines de semana, para poder reunirme con los equipos y poder hacer una análisis de la problemática actual, porque no solamente el Fiscal General se dedica a las audiencias, es decir, la parte misional, el Fiscal General, como máxima autoridad, tiene la responsabilidad de todo lo que es el área financiera de la institución y también el área administrativa. Nosotros, por ejemplo teníamos un estatuto que fue aprobado por la anterior administración y que ese estatuto, consideramos, estaba más enfocado al  ámbito administrativo y no al ámbito misional. Hemos tenido que reformular el estatuto y en este momento vamos a aprobar un estatuto que sea, primero, acorde a la realidad de la Fiscalía General y sobre todo se atienda a la parte misional, que es la razón de ser de la Fiscalía General; y, para completar un poco la idea en este contexto que estoy comentándole, respecto de la falta ya que se dio con el Código Orgánico de la Función Judicial, resulta que en el anterior año se aprobó un Código Orgánico de Entidades de Seguridad, en donde se crea una nueva institución que es el Servicio Nacional de Medicina Legal, autónomo, pero que es adscrito al Ministerio del Interior.

¿Qué se dispuso en ese Código Orgánico de Entidades de Seguridad?

En una de las disposiciones transitorias, se dispuso que la Fiscalía haga una transferencia, entrega, de todos los centros forenses, siete centros forenses o nueve centros forenses que tenía la Fiscalía General a su cargo, hoy hemos tenido que entregarlos todos, es decir, ya la anterior administración mismo los terminó de entregar y con eso se completó el desmantelamiento de la Fiscalía General.

¿Pero usted va a pedir una reforma para que eso vuelva a su cauce?

Es necesario pedir la reforma, porque no  puede ser posible que una institución, sobre la cual recae toda la investigación penal de los delitos de acción pública, no tenga ni siquiera un investigador a su cargo, dentro de la misma institución, porque la Policía Nacional, según el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, está adscrita al Ministerio del Interior, pero obviamente la Policía Nacional forma parte del Ejecutivo.

A manera de comentario, en la Fiscalía General de la Nación de Colombia, ellos por ejemplo tienen su propio cuerpo técnico de investigación que es el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación ) y es el CTI, este cuerpo técnico que hace la investigación de determinados delitos cuando la Fiscalía considera que no debe realizar la investigación alguna otra institución del Estado, esto ¿por qué?, porque esto tiene una lógica, si como Fiscalía General yo tengo que investigar un delito cometido desde el Estado, se me ocurre por grave violación de los Derechos Humanos,  entre otros delitos – que hoy están igual tipificados a partir del artículo 79 del Código Orgánico Integral Penal, que son los delitos de lesa humanidad, de genocidio- lógicamente no le podemos investigar a una agencia del poder punitivo que posiblemente, incluso, hasta participó en el cometimiento de esos delitos. Entonces, por eso es la razón de ser, que debe existir en la Fiscalía General una propia infraestructura, primero; una propia gestión procesal, segundo; y, sobre todo una propia investigación.

¿Ahora se fortalece la investigación para el actor político, pero no para el actor del sistema de justicia que es clave en la persecución de los delitos?

Es que mire, la Fiscalía General termina teniendo también una facultad y una enorme responsabilidad cuando en materia de investigación de delitos se trata, porque, como yo le había comentado anteriormente, tenemos 397 infracciones, entre delitos y  contravenciones.

La Fiscalía solamente puede investigar los delitos, pero delitos que son parte de esta inflación penal, sobre lo cual tenemos responsabilidad de acción pública; porque solo cuatro son de acción privada, en los que  solamente la persona puede presentar una querella ante el  juez penal.

Entonces, imagínese como tenemos una amplísima gama, tenemos un gran catálogo de delitos de acción pública que investigar, los niveles de respuesta pueden terminarse comprometiendo si no tenemos el número de fiscales que se requiere. Como Fiscal General tengo que solicitarle  al Servicio de Medicina Legal que, por favor, lo mismo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura, organice los concursos, que por favor me asigne unos peritos para poder ejercer y cumplir con las funciones constitucionales.

Parece que no queda duda que la Fiscalía, sin pretender ser alabanciosa, pero antes de su llegada si le quedó debiendo al país.

Pero son diferentes factores, porque nosotros tenemos esta responsabilidad inmensa, pero para esta responsabilidad se tiene que también contar con las herramientas, si no entregamos nosotros las herramientas, independientemente de quien esté al frete de la institución, no va  a poder tampoco dar respuesta.

¿Pero en casos de corrupción, de los que se sospecha son los poderosos, en particular quienes administraron el Estado. Creo que ahí la Fiscalía sí tenía saldo rojo?

Sí, pero es por lo que yo le comento, es decir, son diferentes factores. No es lo mismo, un poco para hacer una comparación, investigar un delito flagrante en donde usted le detiene a la persona con el objeto material, lo sustraído, que usted se ponga a investigar toda una trama de corrupción. ¿Qué necesita usted para investigar eso?, porque muchas veces hasta estas tramas de corrupción,  como hemos visto ya en los casos que hemos presentado ante los  jueces, existe una trasnacionalización de los recursos, es decir, los pagos no se hicieron, tal vez,  aquí en el Ecuador, los pagos se hicieron, incluso, fuera del país, utilizando  empresa offshore, es decir, para poder investigar estos delitos, como le digo son diferentes factores lo que aquí se consuman.

¿Cuáles son los factores de incidencia, básicamente?

Que estos delitos tienen que ser investigados y  tiene que usted tener el equipo necesario, equipo integrado por peritos expertos en temas financieros, peritos expertos en temas contables, peritos expertos en temas petroleros, peritos expertos en temas de auditoría, analistas.

¿Y la Fiscalía tiene todos estos peritos?

A eso voy. Entonces imagínese que cuando insistimos en el tema del desmantelamiento de la institución, usted para tener un perito hoy, no lo puede tener, porque todos los peritos pasaron a formar parte del Servicio Nacional de Medicina Legal, o  sea,  hoy todo lo que es materia de peritaje o sistema pericial tiene que pasar a ser administrado  por el Servicio Nacional de Medicina Legal.

Entonces, yo como Fiscal General tengo que solicitarle al Servicio de Medicina Legal que, por favor, lo mismo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura, organice los concursos, que por favor me asigne unos peritos para poder ejercer y cumplir con las funciones constitucionales, porque claro, la Constitución me dice que yo soy el titular de la acción penal  pública, pero  la ley me está diciendo que las otras instituciones son las encargadas de hacerlo.

Estamos promoviendo la independencia interna y externa de la Fiscalía General, porque es la única forma de garantizar al ciudadano, que como institución no vamos a perseguir a nadie políticamente y que vamos hacer un trabajo técnico, objetivo.

¿Y además eso significa que el peritaje puede ser cuestionado por su débil imparcialidad, porque si está bajo la responsabilidad del Ejecutivo, que es un actor político y no judicial, puede afectar un proceso?

Pueden ser no solamente esas consecuencias sino muchas otras, porque no existe la independencia, porque como fiscal usted tiene la decisión y tiene la responsabilidad de presentar una acusación o una abstención de acusación, porque todo dependerá del estándar probatorio que presente el fiscal en juicio y cuando usted cuenta con ese estándar probatorio va a poder acusar y va a formular una buena teoría del caso, pero el problema es, en cambio, cuando usted no va a tener el estándar probatorio y sobre todo no va a tener el control de esos funcionarios para que hagan, primero de forma objetiva y presenten en forma objetiva sus informes, para que no exista incidencia de absolutamente nadie, de ningún estamento fuera de la Función Judicial.

Los casos que usted ha llevado tienen mucha presión política, porque se trata de autoridades del Estado. ¿Cómo ha incidido esto en el proceso?

Bueno, nosotros tenemos una ventaja, que somos, primero fiscales de carrera y sobre todo no hemos tenido ninguna vinculación política. ¿Entonces qué es lo que estamos nosotros hoy promoviendo? La independencia, la independencia interna y externa de la Fiscalía General, porque es la única forma de garantizar al ciudadano, que nosotros acá como institución no vamos a perseguir a nadie políticamente y que vamos hacer un trabajo técnico,  objetivo, sobre todo objetivo y que, claro, esto implica, dentro de la independencia interna que es como órgano autónomo de la Función Judicial, nosotros adelantar y tener nuestros propios cuerpos de investigación, nuestros propios concursos, nuestros propio control jurídico, pero también la independencia externa es eso, es decir, que nosotros no tengamos ningún tipo de presiones políticas de ninguna otra función del Estado.

Se ha rectificado y la Judicatura ya oficialmente le reconoce que es usted el  fiscal subrogante y ahora el Fiscal General encargado. ¿Qué fiscalía va a dejar?

Lo que pasa es que, cuando nosotros estuvimos en el concurso de méritos y oposición, el  anterior Consejo de la Judicatura emitió la resolución 375 – 2015, mediante la cual, podríamos decir, implementó el régimen especial del Fiscal General del Estado Subrogante, entonces en esa resolución, en orden de puntajes quien obtuvo el primer lugar fue el suscrito.

La norma es absolutamente clara, el artículo 47 dice: que es el mejor puntuado de la última categoría. En este momento, en el órgano autónomo de la Función Judicial que es la Fiscalía General, la última categoría que existe es la tercera categoría.

Si la norma le dice que es el  mejor puntuado de la última categoría, el anterior Consejo de la Judicatura, apartándose de esta disposición legal que es obligatoria, porque el Código Orgánico dice y establece que es vinculante el concurso, como es vinculante el orden de puntuación de los concursantes, el  anterior  Consejo de la Judicatura desconoció el proceso de categorización y envía una consulta a la Procuraduría General del Estado, para que le indique quién es, primero, la autoridad que debe designar al subrogante; y, segundo, de qué proceso de evaluación debe ser designado el subrogante.

¿Qué le dijo la Procuraduría?

Le dijo en la consulta que, el  subrogante tendrá que ser elegido del último  proceso de evaluación, pero tenemos que diferenciar  lo que es el proceso de evaluación de la categorización de fiscales, que es totalmente diferente al proceso de evaluación de los fiscales provinciales, que son dos cosas totalmente diferentes, pero, claro, si interpretamos lo que quiso decir el señor procurador General del Estado, que en ese tiempo emitió esa consulta, el Consejo de la Judicatura anterior lo que hizo fue decir que el último proceso  de evaluación fue el de los fiscales provinciales.

¿Quién estuvo ahí?

La doctora Thania Moreno, pero si usted lee la norma, la norma le dice otra cosa totalmente diferente, que no cabe ningún tipo de interpretación porque es absolutamente clara la norma. ¿Entonces qué es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura transitorio? Hoy en día, ha hecho, simplemente, lo que dice la norma, es decir,  cumplir taxativamente lo que dice la norma y lo que dice la consulta, es decir, cuál fue el último proceso de evaluación en el proceso de categorización, eso es muy importante.

El último proceso de evaluación, en la categorización de fiscales fue en el año 2015 y con la consulta que le hizo, además, el anterior Consejo de la Judicatura dijo: que era el Consejo de la Judicatura el que tenía que designar al subrogante y  eso es lo que acaba de hacer el Consejo de la Judicatura transitorio, es decir, lo que ha hecho es reconocer, primero, que el subrogante proviene de la carrera fiscal y del proceso de categorización; y, segundo, designar al subrogante mediante una resolución, pero, lógicamente, deberá posesionarse una vez que se elija al titular, porque en mi caso yo estoy encargado, porque a mí el Consejo de Participación Ciudadana transitorio no es que me encargo a dedo, como entre comillas están diciendo algunos políticos, eso no es así. Es porque el Consejo de Transición de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, una vez que leyó la denuncia presentada por parte del suscrito, Fiscal General encargado, obviamente tomó la decisión de encargarme, porque a quien le correspondía era al mejor puntuado de la categorización. Entonces me hace un encargo y una vez que se elija al nuevo Fiscal General el suscrito deberá ser posesionado como subrogante. Entonces las normas son sumamente claras en este sentido.

¿No hay duda de que usted es quien debe estar al frente de la Fiscalía, pero me gustaría que me dijera cuál es el legado que usted quiere dejar, o sea, cómo  quisiera que se recuerde este período, porque además usted dirige la institución, precisamente en un período en el que hay mucha transición?

Primero, para nosotros el tiempo es corto, no sabemos exactamente cuál sea el tiempo, los plazos, los tiempos no depende de la Fiscalía General ni del Fiscal General, esos plazos dependen de otras instituciones que hoy están cumpliendo con un deber histórico, que ha sido  encomendado por el  propio pueblo ecuatoriano, al  cual nosotros ni exigimos ni tampoco hemos pedido absolutamente nada. Nosotros somos respetuosos de los tiempos de las otras instituciones y según el agendamiento u organización que mantengan.

Pero lo que yo si podría decirle es que uno de mis principales objetivos, primero como  fiscal de carrera, segundo como un ciudadano, los objetivos que yo plantearía son: devolverle la independencia a la Fiscalía General y en esa línea estamos con la Defensoría Pública, es decir, que nos devuelvan la autonomía y la independencia de las dos instituciones; en segundo lugar, que nosotros podamos tener una norma fuerte para poder combatir eficazmente el crimen organizado, que hoy tenemos, lamentablemente, en caso reales y en zonas de frontera que están atentando a la seguridad misma del Estado; con ese fin llegar a presentar en la Asamblea este proyecto que yo lo tengo adelantado, que es un proyecto que está listo y que únicamente estamos esperando las observaciones de dos instituciones a quienes se las ha solicitado que participen también. El tercer objetivo es que, si nos devuelven la autonomía, poder implementar los procesos de concurso de méritos y oposición, para contar con el suficiente número de fiscales que se necesita a nivel nacional y luego pedir, como un cuarto  objetivo, lo que usted ha manifestado, las reformas necesarias, para que legalmente la Fiscalía pueda tener esa independencia que se necesita, es decir,  la independencia de los funcionarios de las instituciones es lo que se necesita en un país democrático, para que no se vuelvan a repetir ningún tipo de persecuciones políticas ni que los funcionarios tengan que responder a poderes externos. Aquí tiene que responderse a la ley, a la Constitución y a la propia conciencia de la persona, que eso  por lo menos hoy lo estamos haciendo.