En esta época en la que la corrupción ha comenzado a mostrar la monstruosa cara de personajes poderosos, que coparon los medios de comunicación, que fueron objeto de envidia de no pocos. Estos personajes, basados en una relación privilegiada con el poder político y económico, cometieron y cometen delitos de fraude, estafa, malversación de caudales públicos, evasión de impuestos, lavado de dinero, en fin, delitos que permanecieron y, probablemente, permanecen en la penumbra y en la impunidad.

La población por su parte sea por miedo, cobardía o posibles represalias, normalmente no se atreve a denunciar, sea por desconfianza en el sistema judicial, en el sistema político; fortaleciendo de esta forma un sistema de impotencia, de indefensión que contribuye al encubrimiento y quizá a una sórdida complicidad.

En este contexto, cuando la población se refiere a los crímenes, homicidios y asesinatos, generalmente destaca los delitos cometidos por criminales, vinculados al crimen organizado, en especial a personas vinculados al negocio del narcotráfico y en especial a los pobres y menesterosos, más no a los delitos cometidos por los poderosos, por personajes identificados como de “cuello blanco” o delitos de los poderosos, etiquetados también como “delitos económicos” o “financieros”.

Antes de continuar, es oportuno recordar que el término “delito de cuello blanco” aparece por primera vez durante la 34ª Conferencia Presidencial Anual de la American Sociological Society, en 1939. Ocasión en la que el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland definió al delito de cuello blanco como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y de ‘estatus’ social alto en el curso de su ocupación” (2009:65). Personas que ostentan poder económico, político y que gozan de la confianza del orden institucional, para obtener ganancia personal u corporativa. Estos delitos no encajan en ninguna de las tradicionales categorías de la criminología.

Sutherland, pretendía, mostrar la debilidad de los argumentos de las teorías convencionales sobre la delincuencia, que, al centrarse únicamente en la delincuencia de clase baja, la asociaban con pobreza, debilidad mental, psicopatía mentales y sociales, barrios míseros y familias deterioradas.Los delitos de este tipo consisten en artimañas sumamente complicadas que dificultan su detección e investigación, así como el conseguir pruebas materiales del delito y determinar las responsabilidades penales.

Los delincuentes de “cuello blanco” pueden costear los mejores abogados para su defensa, quienes simulan colaborar con la justicia mientras dilatan el avance de la investigación.

La poca visibilidad e impunidad de la que gozan los delincuentes de “cuello blanco” se halla vinculada con la presentación de pruebas falsas, la compra de culpabilidad, actos intimidatorios a testigos, la desaparición de pruebas y, llegado el caso, los privilegios en las condiciones de negociación de la sentencia. Por estos medios los delincuentes de cuello blanco suelen obtener el sobreseimiento de la causa, la excarcelación o la libertad condicionada para los culpables.

Es frecuente, en la mayoría de los casos que estos delincuentes se pierdan en la cifra negra de la criminalidad, encubiertos por una falsa delincuencia compuesta por funcionarios de menor jerarquía, los más inexpertos de la cadena delictiva, que son procesados y detenidos por actos delictivos pequeños de bajo costo en comparación a la criminalidad de las altas esferas. (Berenice Catalina Villacís, 2012:22).

Debido a la complejidad y diversidad de delitos que comprenden delitos de cuello blanco, las reflexiones que se desarrollan en este artículo se limitan a aquellas personas que aprovechando posiciones de privilegio político y económico se enriquecen, en complicidad, buena medida, con el silencio no solo del sistema judicial, sino de las élites burocráticas con las que se hallan estrechamente vinculados por relaciones de poder político y económico.

Es fundamental destacar la complicidad de los testaferros y defensores legales.

Los delincuentes de cuello blanco gozan generalmente, de prestigio e incluso admiración ante la opinión pública, básicamente por su nivel de educación, conocimiento y su forma de vida.

Gozan de un trato preferencial, pues no son considerados delincuentes por el público, ni por ellos mismos, ni por los criminólogos.

Es notoria la escasa o nula información mediática sobre este tipo de delitos.

Muestran una vida “exitosa”, un tipo de consumo propio de personas de poder, de prestigio social.

Las extravagancias técnicas en la ejecución del delito suscitan la admiración social. Se valora la astucia, la imaginación y la destreza, como habilidades importantes en el marco de sociedades competitivas.

El trato que la sociedad da a los autores de estos delitos suele combinar el miedo y admiración; miedo por la influencia política que pueden desplegar y las represalias que pueden tomar con los denunciantes; admiración y respeto, por estrecha relación social, económica e incluso cultural con jueces, altos funcionarios, contratistas, comerciantes y legisladores.

Los delitos que cometen estos sectores poderosos son tratados por la narrativa noticiosa como escándalos o anécdotas. El tratamiento que los medios de comunicación dan a estos delincuentes es prudente, discreto, moderado y cauteloso a los delitos de cuello blanco.

Un recurso frecuente es la dramatización y la ficción del relato que cada vez se alejan del relato informativo-argumental.  El info entretenimiento se ha instalado.  Según la estética propia de cada noticiero, el relato tenderá a la apelación de la emoción, a la indignación, a la ironía.

El ejercicio de este tipo de violencia se oculta por medio de normalizaciones que naturalizan los vicios judiciales, la inoperancia, la ineficacia, la injusticia, la impunidad en esta clase vinculada al poder.

Un breve acercamiento a estos delincuentes de “cuello blanco”, en la actualidad ecuatoriana, presenta numerosos casos, la mayoría de ellos atravesados por una impunidad obscena, incluso en aquellos casos que han sido sentenciados.

Es verdaderamente insólito la dimensión del “asalto del siglo“ al erario producido por estos delincuentes que en el caso de la década del Correísmo podría alcanzar 38 000 mil millones de dólares. Cantidad que no ha sido recuperada en una mínima expresión, hecho que es motivo de profunda indignación de la población. 

En diciembre de 2016 se destapa el escandaloso caso de sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht, escándalo cuya dimensión fue de carácter mundial

La Fiscalía brasileña informó que la multinacional pagó 785 millones de dólares en sobornos en más de 12 países, entre ellos Ecuador. Odebrecht habría desembolsado unos 3390 millones de dólares en pagos ilegales para campañas políticas en países de América Latina y África.

Los sobornos admitidos por Marcelo Odebrecht han evidenciado que la corrupción con evidentes complicidades políticas es un mecanismo sistémico en la mayoría de los países latinoamericanos, más allá de la escandalosa implicación de la constructora brasileña. la corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los paises.

En el caso ecuatoriano la corrupción alcanzó a las esferas más altas del poder. La lista de sospechosos e involucrados en el “robo del siglo” es abrumadora; lista que comprende desde el expresidente de la República Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado con una pena de reclusión de 6 años por uno de los delitos de los que ha sido acusado, el exfiscal de la Nación Galo Chiriboga, exministros, gerentes y altos funcionarios de sectores estratégicos.

A los exfuncionarios enjuiciados y sentenciados por corrupción se suman una larga lista de prófugos, encabeza por el excontralor del correísmo Carlos Polit enjuiciado por concusión, el exministro de Industrias Ramiro González, el exministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís, entre otros.

Los numerosos casos de denuncias de corrupción formulado por el activista político Fernando Villavicencio, por la Comisión Nacional Anticorrupción, por la Fiscalía, Contraloría y, finalmente, por el presidente de la República Lenín Moreno.

En el ámbito legislativo no fue sorpresa para los asambleístas escuchar del exasambleísta de Alianza PAIS, Raúl Patiño, que existía una disposición en el anterior período legislativo, de no indagar los actos de corrupción que, según él, se sabían que se estaban cometiendo en el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

Por su parte, la Fiscalía investiga más de 50 casos emblemáticos de posible corrupción.

Altos funcionarios gubernamentales del gobierno del expresidente Correa robaron millones de dólares, a través de muchos de ellos camuflaron sus delitos, estafas, millones de dólares que Odebrecht habría pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos, para beneficiarse de contratos en Ecuador. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) determinaron montos inusuales e injustificados, que hoy sirven como evidencia de una supuesta asociación ilícita USD 785 millones pagó Odebrecht en 12 países por sobornos desde 2001.

La empresa brasileña Odebrecht tiene presencia en Ecuador desde hace 30 años. En ese tiempo, la constructora ha sido responsable de proyectos de infraestructura. En seis gobiernos anteriores al de Rafael Correa, Odebrecht tuvo participación en adjudicación de obras. Sin embargo, en el mandato del líder de Alianza País, se desataron la mayoría de los escándalos de corrupción, que empezaron con la expulsión de la empresa en el 2007 y que tuvieron su más reciente capítulo, el jueves 2 de junio de 2017, con allanamientos que dejaron un cheque de Odebrecht confiscado al tío del vicepresidente Jorge Glas detenido.

Es verdaderamente insólito que el exfiscal, Galo Chiriboga, aseguró en el 2016 que había puesto en marcha el proceso investigativo por el caso Odebrecht, resultados que fueron presentados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ocasión en la que afirmó: “¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht?, ¿saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor: es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Ahora nos toca investigar quiénes se beneficiaron de esa acción ilegítima de Odebrecht”.

Los relatos sobre las personas con poder o influencias, que cometen un delito de cuello blanco, suelen ser exhibida como alguien que provocó un escándalo, que cometió un desliz. El problema llega a ser tratado como una anécdota.

Desde la narrativa noticiosa, el autor de este tipo de delitos no resulta peligroso para la sociedad ni siquiera potencialmente.

La falta de profundidad en la cobertura y la poca conciencia sobre la real dimensión del daño social de estos delitos, explican un discurso mediático frívolo, superfluo. Así, el delito de cuello blanco no resulta una amenaza para el orden social. Esto, a su vez, permite comprender la inexistencia de resentimiento público organizado, aunque se repruebe el acto delictivo.

Las noticias cuyos contenidos inducen a juicios de valor involucran a sujetos de niveles socioeconómicos medios y bajos, es decir de niveles bajos de poder. En cambio, las noticias relacionadas con los delincuentes de cuello blanco presentan bajísimos porcentajes de contenidos que inducen a juicios de valor.

Por otra parte, en el relato mediático, la identificación de estos delitos no es siempre explícita. El delincuente de cuello blanco no es caracterizado como tal en los noticieros, lo que vuelve complejo establecer cuándo se refiere a este tipo de criminalidad.

La agenda mediática excluye u oculta los delitos perpetrados por los grupos de poder, no así los cometidos por individuos provenientes de sectores marginales y pobres. De esta manera, contribuyen a la impunidad de los delitos de cuello blanco.

Por lo general, la administración de justicia otorga un tratamiento mucho más favorable por parte del sistema de justicia, que a los criminales ordinarios. Paradójicamente, los delitos económicos y sus autores no suelen recibir castigos legales ni sanciones morales y sociales.

En el caso de que estos delincuentes lleguen a instancias de administración de justicia, la absolución es la respuesta más habitual; los argumentos: falta de pruebas suficientes o por cumplimento cabal de las garantías del procesado

El tratamiento de estos delitos es, comúnmente, diferencial, cuidadoso, complaciente, tolerante e impreciso. Los procesos o expedientes en manos de jueces y fiscales terminan, a la postre, en el olvido, archivados o caducados, y finalmente impunes.

En síntesis, las características màs destacadas de este tipo de delitos se relaciona con: la cercanía estrecha al poder económico o político; el uso de la credulidad o ignorancia de la víctimas; la astucia y conocimientos de la lógica del poder y de los espacios económicos màs vulnerables; la imagen de honorabilidad que presentan los autores, en razón de su posición social, estudios, profesión o situación económica y/o política; escasa visibilidad del delito; falta de estadísticas criminales, alto costo patrimonial en los perjuicios hacia los damnificados

Uno de los principales inconvenientes con los que se encuentra quien intente estudiar este tipo de delito, está dado porque las estadísticas al nivel internacional e incluso regional y por cierto local están viciadas, ya que no se establece una relación entre la cantidad de ilícitos cometidos y las condenas aplicadas a sus autores.

Es importante destacar, que estas personas, no suelen ser detectados fácilmente por los órganos de control, fiscalización o supervisión y su apariencia de honradez hace que puedan camuflarse perfectamente en la sociedad, ya que normalmente cuentan con una actividad que les permite desenvolverse en un ámbito profesional o comercial de cierto prestigio.

El delito de “cuello blanco” si bien tiene caracteres especiales, no deja de ser un delito común, es decir, una conducta prohibida por el Estado contra la cual éste reacciona por medio de un castigo.

Reconocer la importancia de la prevención como estrategia fundamental, implica entenderla como un modo de actuar, una cultura, que aporte capacidad de anticipación a los problemas, una actitud proactiva en cada tarea, misión o meta que se trace la organización económica.

Fomentar la ejemplaridad de los directivos y funcionarios constituye la premisa fundamental para el ejercicio de la función pública en un ambiente ético, por su carácter multiplicador y movilizador para con el resto de los subordinados; lo que reafirma cada vez más la necesidad de preservar la ética como un elemento esencial de la política, como guía e hilo conductor de la gestión de gobierno.

Algunas conclusiones

Una de las principales amenazas de estos delitos está relacionados con la indiferencia con la que son conocidos por la sociedad, lo que deriva que ni el público ni los delincuentes de cuello blanco los consideren como tales. Esta ambigüedad moral está justificada por el hecho de que los delincuentes no se ajustan al estereotipo social del delincuente (Sutherland, citado por Sanchis 90).

La prevención y castigo de este tipo de delitos todavía es un asunto pendiente. Es màs, no se ha planteado un espacio de análisis y debate sobre los posibles impactos de estos delitos en la sociedad.

Las personas involucradas en estos delitos no son consideradas como delincuentes sino como infractores, cuando màs como sospechosos. En este sentido es imprescindible modificar la imagen de este tipo de criminalidad y asociarla con los estratos de poder elevados tanto en las normas como en la aplicación de ellas.

Al parecer la corrupción está tan arraigada en nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta de su magnitud y cotidianidad. Tampoco es patrimonio de una u otra tendencia política porque ha sido, en nuestro país, un tema reiterado esté quien esté en el poder. La corrupción, como decía el cantautor argentino León Gieco, “es un monstruo grande que pisa fuerte, igual que la guerra”.

Para acabar con estos perversos e impunes crímenes hay que romper la “cultura” de la “viveza criolla”, de quién es más “sapo”. La educación, en valores que viene de casa, es clave. Por eso es más difícil, porque depende de nosotros, de nuestra generación ya irremediablemente corrupta, educar a nuestros hijos para que sean personas honestas.

Es necesario fortalecer la acción ciudadana: crear veedurías para controlar la corrupción, pública o privada. El artículo 100, numeral 4 de la Constitución ya lo determina “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”. Pero poco se ha implementado para cumplirlo y en realidad hay muy pocos ejemplos de este tipo de control social en nuestro país.

Se debería transparentar cada decisión que tenga que ver con recursos públicos. Que toda la información sobre cualquier contrato esté disponible para que cualquier ecuatoriano la revise. También resultaría útil contar con un efectivo órgano estatal que garantice transparencia.

Hay que fortalecer la idea de “cero impunidad”. Necesitamos un poder judicial capaz de juzgar con todo el peso de la ley todo acto de corrupción venga de donde viniere. Pero también cero impunidad en la función pública, en la empresa privada, en las comunidades, en escuelas, colegios y universidades, en el deporte y en la ciencia. 

La erradicación de la corrupción debe ser una tarea que debe ser combatida desde todos los ámbitos posibles.

No debemos quedarnos callados. Entre los males que tenemos los ecuatorianos están no hablar, no gritar, no denunciar, en definitiva, “no hacer olas”. Es necesario entender que, aunque nos tilden de exagerados, denunciar grandes o pequeños actos de corrupción es un deber moral con el país y con nuestros hijos

Por último, siempre habrá quien se equivoque sin ser un corrupto contumaz, y luego se arrepienta. Pues esas personas primero deben pagar su delito ante la ley, devolver todo lo que robaron y pedir disculpas públicas, pero sobre todo disculparse ante sus hijos.  Y claro, nunca más volverlo a hacer. Solo así iremos creando una cultura de honestidad, en la que poco a poco, los actos de corrupción dentro o fuera del Estado, sean la excepción y no la regla.

Bibliografía

  • Villacís, Berenice Catalina (2013) “Delito y discriminación social en los medios de comunicación”, Tesis de licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Comunicación Social, UCE. Quito.
  • Lautaro Ojeda Segovia (2013) Tratamiento mediático de los delitos de cuello blanco o del poder, Revista Latinoamericana de Comunicación, Chasqui 122, CIESPAL, Quito.
  • Sutherland, Edwin (2009) El delito de cuello blanco, Euros editores, Montevideo, Buenos Aires
  • Sanchis, José Ricardo y Vicente Genovés Garrido (1987) Delincuencia de “cuello blanco” Instituto de Estudios de la Policía, Madrid.

Lautaro Ojeda Segovia

Docente Universitario