El Ecuador,  al igual que el resto de países latinoamericanos, actualmente se encuentra en una constate búsqueda de medios adecuados y expeditos para el correcto y efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos.

Desde su reconocimiento hace 70 años, con la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU); y haciendo un breve repaso por los distintos convenios y tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte; el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”; en estas décadas, el Estado ecuatoriano ha tenido altos y bajos de gestión, interna y externamente.

A ciencia cierta, se tienen datos reveladores sobre los distintos fenómenos que en la actualidad azotan a los ciudadanos latinoamericanos y que condicionan a los Derechos Humanos, tales como el hacinamiento carcelario; la re victimización; la trata; y la desaparición forzada de personas. Así también, la violencia intrafamiliar y de género; las cuestionables prácticas judiciales que atentan a las garantías del debido proceso; la criminalización de consumidores; la movilidad humana; entre otros.

Seguro existen y, posiblemente, existirán sendos y serios estudios que intenten identificar ciertos elementos, tratándose de las causas y orígenes de cada uno de estos fenómenos, así como las posibles o eventuales soluciones tanto a nivel preventivo como resarcitorio; sin embargo, en esta ocasión, se debe considerar encomiable dirigir la atención a uno de ellos: las garantías básicas del debido proceso en el sistema penal, en el que resalta el derecho a la defensa.

La Corte Constitucional del Ecuador define este derecho como el valor elemental en el cual se sustenta el debido proceso, pues constituye una de sus más importantes garantías básicas, es decir, se trata del principio jurídico constitucional, procesal o sustantivo, mediante el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso. Además de la oportunidad para ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. 

La Corte manifiesta que el derecho a la defensa, en el ámbito constitucional y en los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, garantiza un equilibrio en las facultades que tiene el sujeto procesal, básicamente, para contradecir la prueba de cargo, aportar medios de prueba que consoliden su condición e impugnar las decisiones legales que le sean contrarias, objetivo político de un Estado constitucional de derechos y justicia. Dentro de este contexto, el derecho a la defensa se traduce en la garantía de igualdad de oportunidades, para acceder a una recta administración de justicia, es decir, asiente que tanto accionante y accionado deben ser escuchados para hacer valer sus razones, ofrecer y controlar la prueba e intervenir en la causa en pie de igualdad.

El derecho de defensa, en el ámbito constitucional y en los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, obliga a que nadie sea privado de los medios necesarios para proclamar y hacer respetar sus derechos en el desarrollo de un proceso legal, con base en la igualdad de condiciones y facultades de las partes procesales.

Dentro de los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal tenemos:

“B. Principios: Principio 7. Prestación rápida y eficaz de la asistencia jurídica 27. Los Estados deben asegurar que se preste asistencia jurídica eficaz y rápida en todas las etapas del proceso de justicia penal. 28. La asistencia jurídica eficaz incluye, entre otras cosas, el acceso irrestricto de las personas detenidas a los proveedores de asistencia jurídica, la confidencialidad de las comunicaciones, el acceso a los expedientes de los casos y la disponibilidad del tiempo y los servicios adecuados para preparar su defensa”.

Como se puede observar, las definiciones de la justicia constitucional, así como la normativa sustantiva internacional sobre la materia, es diáfana en delimitar al debido proceso y al derecho a la asistencia jurídica eficaz e independiente, más la realidad, desgraciadamente, desborda estos conceptos, puesto que en la actualidad, en el Ecuador la celeridad pesa sobre el debido proceso y el cumplimiento de las garantías básicas del derecho a la defensa. 

El poco uso de salidas al conflicto penal y el uso desmedido de la prisión preventiva han significado un aumento significativo en la población carcelaria, que como todos sabemos se encuentra en hacinamiento. Las persistentes denuncias de corrupción y las noticias de crímenes graves, aparentemente, sin respuesta inmediata, hacen que la ciudadanía desconfíe del sistema penal como medio idóneo tanto para las víctimas como para los procesados.

Según el estudio realizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas (Cidac), en México, sobre la implementación y operación del sistema de justicia penal en su publicación “Hallazgos 2015”, establece que existe un compromiso oficial adquirido. Sin embargo, hasta la presentación del informe las cifras propuestas no se habían obtenido, puesto que existe resistencia por parte de las propias instituciones del Estado a la implementación de la reforma, por tanto, la batalla principal se constreñiría a fortalecer las instituciones del Estado, el uso de salidas alternativas al proceso penal; y a que la prisión preventiva como medida restrictiva sea de manera racional. 

Las principales tendencias en cuanto a los sistemas de justicia reflejan que aunque se han realizado esfuerzos por conseguir cambios; aún persisten sistemas caducos y con rezagos de sistemas de justicia de carácter sancionador, controlador, represivo y duro con las conductas que socialmente no son aceptadas, lo que a su vez cree que la única solución al conflicto social es la cárcel como medida rehabilitadora. 

Las prácticas jurídicas enraizadas en las sociedades latinoamericanas acreditan la idea generalizada de que la criminalidad está sedimentada en los estratos sociales más pobres asociadas en su mayoría con cuestiones raciales, condiciones económicas y culturales. 

En contexto general, se establece que “los sistemas penales latinoamericanos castigan ante todo los delitos de bagatela, cometidos por los llamados delincuentes comunes, pertenecientes a las clases marginales”. 

De estas breves líneas se discierne que tratándose de las garantías básicas al debido proceso con miras a la observancia y efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos, son necesarios e indispensables cambios a todo nivel gubernamental, no solo restringidos a espacios normativos, sino a esferas que van más allá de una aceptable gestión pública, como son los ámbitos educativos, culturales e incluso sociológicos, pues a veces parece que este largo devenir de más de 70 años, paradójicamente recién ha iniciado.

Dr. Ángel Torres Machuca

Defensor Público General del Ecuador (e)