Los regímenes democráticos contemporáneos en el mundo se caracterizan por ser sistemas de derechos positivos, con el fin de garantizar condiciones en las que los ciudadanos hagan efectivos sus derechos y obligaciones políticas.

Los derechos en tal sentido se erigen en coordenadas para construir una relación armónica entre las instituciones públicas y sus ciudadanos, con miras a la consecución de un desarrollo sostenible con base en la equidad (Przeworski, 1998).

Dichas coordenadas se plasmaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Entre los objetivos sostenibles figuran el “logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”, el “aseguramiento de la participación plena y efectiva de las mujeres” y “la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” (ONU, 2015).

El empoderamiento político
requiere de igualdad de condiciones
entre hombres y mujeres.

Para los hombres la participación en la esfera política tiene menos restricciones, debido a la construcción social de género en la que vivimos: el cuidado de la familia, en particular, no está bajo su responsabilidad.

Al respecto, Nydia Pesántez, Oficial de Programa de ONU Mujeres, afirma que: “Cuando una mujer tiene la oportunidad de asumir una responsabilidad política, acceder a una posición jerárquica o ser parte de la directiva de una empresa, primero tiene que garantizar el cuidado de la familia. Si no tiene redes de apoyo sólidas o suficientes recursos económicos, lo más probable es que deje pasar esta oportunidad”.

Para los hombres la participación en la esfera política presenta menos restricciones por la construcción social y roles históricos asignados para la mujer, como el cuidado de los miembros de la familia y la administración del hogar.

Bajo estos preceptos, que todavía prevalecen, se considera prioritaria la reducción de brechas para el acceso, en términos de participación política  entre hombres y mujeres, a través del establecimiento de parámetros para la creación y aplicación de políticas públicas que incorporen a la igualdad de género como un eje fundamental del desarrollo (CEPAL, 2016).

En ese contexto, se constata la necesidad de garantizar condiciones a las mujeres para ser designadas en cargos de elección popular, en la representación de diversos sectores, en las distintas esferas del gobierno y en particular en cargos jerárquicos o de toma de decisiones.

Solo de este modo se fortalece la democracia, al tiempo que se cumple con lo que establece el marco normativo vigente.

Como parte del fortalecimiento de la participación ciudadana, bajo una mirada pluralista, se hizo un estudio que permitió evaluar el empoderamiento de mujeres en cargos públicos a nivel subnacional en todo el país. Para ello, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPSCS), por medio del Proyecto Índice Territorial de Transparencia (ITT, 2017), aplicó encuestas dirigidas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), a escala cantonal y provincial, en relación al indicador “Empoderamiento de mujeres”.

Análisis del empoderamiento femenino en el ámbito público

El proyecto contó con la participación de 121 Gobiernos Autónomos Descentralizados, que representan el 49.38 % de un universo de 221 GAD cantonales y 24 GAD provinciales.

El primer aspecto de análisis fue la identificación del número de mujeres que desempeñan cargos de elección popular, el porcentaje de mujeres en puestos directivos dentro de los GAD municipales y provinciales así como los ámbitos de trabajo asignados.

Para el presente estudio se tomó en cuenta la reglamentación de base, calidad de la participación, espacios de participación, gobierno pluralista y equitativo. Los cuatro indicadores suman el puntaje total de la dimensión de participación ciudadana.

Como segundo objetivo está la exposición de los resultados que se obtuvieron en la encuesta institucional en materia de políticas de equidad de género, que se orientan a aumentar el acceso de mujeres en niveles jerárquicos superiores.

Los datos muestran un amplio margen de diferencia en la participación de mujeres en los GAD provinciales (2 de 23 prefecturas), en comparación con los GAD municipales (86 mujeres y 114 hombres).

El caso ecuatoriano: participación de mujeres en cargos de poder

En el contexto del presente estudio, la presencia y participación de mujeres en puestos de autoridad en los GAD municipales y provinciales brinda una oportunidad concreta de análisis al respecto de cómo se combate en Ecuador la desigualdad de género en términos de representación política.

En el análisis se consideraron dos factores: 1) participación por “elección popular” en el caso de designación de alcaldesas, concejalas, prefectas y viceprefectas; y, 2) participación de mujeres que ejercen a nivel jerárquico superior “no designadas a través de elección popular”.

En las elecciones 2014, de un universo de 200 GAD municipales, 86 mujeres fueron designadas como alcaldesas y concejalas (43%), en comparación con 114 hombres (57%).

En cuanto a la participación femenina en los GAD provinciales, los datos evidencian que solo 2 de 23 prefecturas están representadas por mujeres.

Las cifras muestran un amplio margen de diferencia en la participación de mujeres en los GAD provinciales, en comparación con los GAD municipales.

Si bien existen avances significativos 
en la participación de mujeres en la
vida política de sus localidades,
aún existen brechas con
respecto al género.

En los cargos de nivel jerárquico superior no designados por elección popular, se observó que se mantiene la tendencia de mayor presencia de hombres en dichos puestos de poder.

El 64% de estas funciones se encuentra a cargo de hombres, mientras que el 36% de mujeres.

La brecha evidente se traduce en una reducida presencia de mujeres en espacios de representación jerárquica y, por lo tanto, la concomitante falta de opciones para incidir en la toma de decisiones trascendentales dentro de las instituciones públicas.

Las mujeres no acceden a estas funciones jerárquicas, a pesar de contar con niveles educativos semejantes o superiores a los hombres: el 14,7% de mujeres cuenta con nivel de estudios superior y/o posgrado frente a un 13,6% de hombres con el mismo nivel de estudios (INEC, 2010).

Cerrando brechas: una nueva aproximación

Los datos permiten concluir que, desde el punto de vista de equidad de género, el reto no sólo consistiría en la plena incorporación de mujeres al ámbito laboral y político, sino también en el establecimiento de las condiciones que posibiliten el ascenso profesional en espacios que, por tradición, han sido reservados para los hombres.

Desde varios ámbitos sociales, como la academia y movimientos pro-equidad de género, se muestra preocupación constante por la ausencia de mujeres en puestos directivos y representativos.

Además, pone en evidencia cómo hombres ocupan, de forma usual, los niveles jerárquicos superiores, mientras que las mujeres suelen encontrar su “techo” profesional en niveles intermedios o inferiores.

Sin embargo, también es necesario resaltar que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la participación de mujeres en gabinetes ministeriales se ha incrementado desde el último período presidencial en Ecuador.

En la actualidad, nuestro país ocupa el noveno lugar entre 36 países de América Latina y el Caribe respecto al porcentaje de mujeres en cargos ministeriales (27,8%).

A pesar de los avances, el proceso evidencia posibles retrocesos en un contexto social y político que no garantiza que los logros se mantengan y menos que se incrementen de manera significativa.

Desde esa premisa, se requieren acciones afirmativas y esfuerzos conjuntos, entre el sector público y la sociedad civil, que exija mayores niveles de meritocracia dentro del Estado y acceso equitativo a puestos de poder y toma de decisiones.

Desde el punto de vista de la equidad de género, el reto no sólo consiste en la plena incorporación de mujeres al ámbito laboral y político, sino también en establecer condiciones que posibiliten el ascenso profesional en ámbitos, por tradición, reservados para hombres.

María Mercedes Bastidas
Juan Redrobán
Gabriela Pazmiño

Universidad Internacional SEK

Ángel Torres

Defensor Público Gener