¿En qué prácticas y discursos se asienta la violencia del Estado ecuatoriano contra su propia población migrante y qué efectos produce sobre éstos? Entre 2000 y 2002, el discurso hará énfasis en la ilegalidad del movimiento migratorio a la par que refrendará la presencia benévola de la armada estadounidense patrullando las costas del Ecuador para salvaguardar la seguridad (regionalización del conflicto colombiano) y lograr la interdicción de drogas.

Al considerar a las embarcaciones un “peligro para la libre navegación”, estas se hundían. La práctica se produjo con apoyo de las autoridades ecuatorianas, según el periodista Juan Carlos Calderón y solo se pudieron dar aconocer al fin del gobierno de Lucio Gutiérrez, a la salida del canciller Patricio Zuquilanda, luego de lo cual se recibieron 60 denuncias en la Fiscalía de Manta (Calderón 2007, 158). 

Tres fueron los casos de hundimientos de barcos con migrantes que conmocionaron a la opinión pública producidos el 29 de diciembre de 2004, y los ocurridos el 13 y 23 de agosto de 2005. En menos de 9 meses, estas tragedias registraron 203 muertos, 135 ecuatorianos rescatados. La revisión de los informes y la prensa muestran que existieron más casos. El drama de la migración a través del mar en la prensa provocó el incrementó del patrullaje en el mar y se desató una persecución contra los coyoteros por el delito de tráfico de personas. 

El caso Jorge IV de reporte tardío, colocó en la agenda pública los naufragios de migrantes en el mar y marcó el incremento de patrullajes en el mar. Las declaraciones de un comandante del cuerpo de Guardacostas de los EE.UU. explica que el procedimiento usual cuando un buque no tiene bandera ecuatoriana o no está registrado en la Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER), es aplicar en aguas internacionales la ley del país de la nave que captura la embarcación. Si la Guardia Costera de los EE.UU. notificó a la Armada del Ecuador en todas las capturas de barcos cargados de migrantes sigue bajo investigación.

Las autoridades suelen confundir los casos Jorge IV (2002) y Caso Manta (2005), probablemente porque la situación legal del proceso tiene el mismo estatus: cuenta con dos a tres meses de trabajo de investigación y está bajo indagación previa por lo que los testimonios no pueden ser abiertos al público. El número de migrantes abordo es impreciso: 103-105 migrantes muertos por el naufragio ocurrido en las costas de la provincia de Esmeraldas, y nueve migrantes sobrevivientes (Diario El Comercio, 16 de noviembre de 2005, A2).

Esta coyuntura justifica la interdicción de naves para el control de drogas y migrantes ilegales que se evaluaría por sus incipientes resultados en estudios posteriores. Sin embargo, la responsabilidad de las autoridades locales e internacionales es pasada por alto. El principal efecto de esta práctica discursiva es la judicialización de los reclamos y acceso a la justicia que tiene respuestas la invisibilización de la corrupción de las fuerzas de seguridad y el amedrentamiento hacia los denunciantes, víctimas o solicitantes de información. 

En sentido, la respuesta más significativa que interpela al Estado ha venido desde el propio Estado cuando el caso del Jorge IV pasó a conformar la serie de denuncias que investigó la Comisión de la Verdad conformada en 2010, el irrespeto a los derechos humanos que provocó la ocupación de la Base de Manta, así consta en el informe público de 2010:

No se conoce qué pasó con el barco Jorge IV, sus tripulantes se encuentran desaparecidos. Durante los abordajes, los pescadores aseguraron haber sido objeto de vejaciones y maltratos por parte de los marinos estadounidenses. La presencia del FOL en Manta, por lo demás, trajo otros problemas como aumento de la prostitución, limitación de las faenas de pesca por razones de seguridad, desalojo de familias campesinas, y riesgos para las poblaciones cercanas a los polígonos de tiro. (FGE 2010, 106).

A pesar de que la migración es un derecho de toda persona. La ilegalidad de la emigración es un concepto que se había posicionado en la prensa empeñada además en mostrar la tragedia y los riesgos. Bajo el discurso de rescate, las autoridades disfrazaron la cooperación entre Ecuador y EE.UU. para la contención del flujo migratorio desde Sudamérica hacia EE.UU. La Dirección de la Marina Mercante Ecuatoriana dijo rescatar a 7599 emigrantes que viajaban en barcos pesqueros desde enero de 2000 a julio de 2005, y que capturó a 56 barcos entre 2000 y 2005. A continuación se revisan brevemente elementos contextuales y casos referenciales.

La principal consecuencia de la violencia estatal contra migrantes nacionales es la invisibilización de ese accionar violento.

La migración “Irregular” “Ilegal”

Los migrantes se embarcaban en canoas o fibras a motor que los llevará a otra embarcación de mayor tonelaje al costo de 30 dólares americanos por cada persona. Desde las playas, el viaje en alta mar, llevaba a los migrantes a través de Nicaragua, El Salvador y Guatemala para luego internarse por tierra a México con destino final a Estados Unidos. El proceso de enganche y transporte de migrantes provenientes de Azuay, Azogues, y Loja para zarpar se retrata así en la prensa local:

…llegaban grupos de diez a quince personas de todas partes del país, los “clasificaban” de acuerdo a los barcos que tenían contratados y listos para el embarque y los “despachaban” a los sitios de playas clandestinas de donde zarpaban hada las costas de Guatemala o México. Contó que para cada permiso de zarpe, los coyoteros pagaban 8 mil dólares a las autoridades de los puertos desde donde se ejercía la vigilancia y el control de las playas. Y como no existía control policial que impidiese el tránsito de la Sierra hasta el mar, porque los propios agentes de la Policía brindaban seguridad y en algún momento escoltaban a los buses y camiones cargados de emigrantes. Toda una industria.” (Calderón 2007, 77).

Para la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la desaparición del barco pesquero Jorge IV con su tripulación, ocurrida en junio de 2002, tiene “vinculaciones con las actividades de la Base de Manta, y los hechos de los siguientes años develaron que las sospechas que se expresaban en ese entonces no estaban muy lejos de la realidad.” (Saavedra y Coba 2007, 181). Como se verá, la desaparición del Jorge IV se produjo en el mismo contexto que al menos otras 30 naves, reportaron interdicciones ilegales por parte de la Guardia Costera estadounidense, y el hundimiento en algunos casos.

El control del mar y el Plan Colombia

Se han registrado viajes en rutas marítimas antes del año 2000, sin embargo, para efectos de este estudio, se establece un periodo de investigación entre 2000 y 2005 marcados por la implementación del Plan Colombia y la mediatización del hundimiento de barcos con migrantes abordo. Para el año 2002, la Policía de migración y la Marina incrementaron la vigilancia de los 2258 km de la costa ecuatoriana, con el financiamiento de los EE.UU. Su prioridad era desmantelar más de 40 puertos de zarpe clandestinos.

La Digmer –que entonces operaba– coordinó acciones en tierra y mar de siete capitanías de la Costa: Manta y Bahía (Manabí), Salinas y Guayaquil (Guayas), Esmeraldas y San Lorenzo (Esmeraldas) y Puerto Bolívar (El Oro). Con tan solo 10 lanchas la Armada ecuatoriana pretendía controlar 250 millas de zona costera y se presume reportaba directamente a la Guardia Costera estadounidense.

El Acuerdo de ocupación de la Base de Manta vigente desde 1999 instituía de forma clara que las operaciones de interdicción en territorio ecuatoriano son de exclusiva responsabilidad del Ecuador. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el establecimiento del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en Manta para monitorear el tráfico de migrantes, constituyó una fragrante violación a de derechos humanos (FGE 2010, 106).

El caso de los tripunlantes de San Jacinto terminó con una condena dictada en octubre de 2003, de 27 meses de cárcel.

Casos

El Reglamento de Actividad Marítima vigente desde el 21 de marzo de 1997, respaldaba la captura de embarcaciones que transportaran “ilegales”. Los primeros casos se registran a comienzos de la década del 2000 con el abordaje del barco pesquero Angélica I, Philip Guayaquil, Elizabeth I, Los Piguayes y Daiki Maru . En todos los casos el gobierno de Estados Unidos justificó en sus reportes en la actitud sospechosa de los barcos. En el año 2002, Viviana II será la primera nave hundida. Le siguieron las naves San Jacinto, Alexander II y Éxito. El “Caso Puerto Cayo” dejó 26 desaparecidos en junio de 2003, y “Caso Manta o Jorge IV” con 104 desaparecidos en agosto de 2005 frente a las costas de la provincia de Esmeraldas.

En los siguientes años continuaron las denuncias del hundimiento de embarcaciones, muchas de ellas reportadas sin nombre como consta en Anexo 1. (pág.10) el armador del barco Diego Armando en declaración juramentada del 6 de julio de 2004, aseguró que mientras la embarcación navegaba a 195 millas de Punta Ayangue “fue interceptada por una fragata norteamericana de nombre USS Stephen Grover, la misma que procedió a pedir a la tripulación que abandone el barco. El capitán de mi buque protestó negándose a cumplir con lo solicitado por los marinos norteamericanos, y les comunicó su decisión de regresar al puerto de Manta…” (Calderón 2007, 51).

Lo mismo ocurrió en marzo de 2004 con los barcos pesqueros Santa María y Margyl Margarita que fueron reportados por el marinero estadounidense Jason Bustamante como “deshabilitada, sin combustible, si comida y agua abordo” y sin estatus de nacionalidad. El capitán del Santa María, Teófilo Lorenzo Chávez Lucas, declaró bajo juramento el 6 de julio de 2004, que la nave fue abordada el 3 de marzo por la fragata estadounidense USG Long Way 179, a 180 millas de la isla San Cristóbal en Galápagos: “Fuimos trasladados a la patrulla norteamericana, nos taparon los oídos y comenzaron a hundir el barco con tres cañonazos haciendo explotar los tanques de gas, lo cual vimos” (Calderón 2007, 53). El barco Margyl Margarita fue hundido por el USS Ruben James, a 660 millas náuticas del oeste del Ecuador, por considerarla un peligro para la navegación.

Los casos de los barcos Diego Armando, Santa María y Margyl Margarita en 2004, muestran que el hundimiento como práctica se llevaba a cabo de forma sistemática por la Guardia Costera estadounidense en mar territorial y en cooperación con las autoridades ecuatorianas. Este también pudo ser el caso de los barcos pesqueros entre 2002 y 2004: Don Ignacio, Bryan Paul, Vania Mariela, Diego Armando, Santa María, El poder de Dios, Carla Tatiana, Ochossi, por mencionar algunos.

Desde 2005 los informes de EE.UU. reportaron el hundimiento de otros tres barcos ecuatorianos a pesar de que la Dirección de Marina Mercante aseguró que no se hundió uno solo durante ese año, y reportó la interdicción de 19 embarcaciones y la captura de 2035 emigrantes de ellos (Calderón 2007, 269). La Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa, del Congreso Nacional emitió un informe donde se aseguraba que la Marina sí conoció las acciones de la armada estadounidense, en los casos del Daiki Maru, Margyl Margarita, Vania Mariela, Challenger, Diego Armando y Don Ignacio.

La reacción que vino de la Embajada de los EE.UU. justificaba los hundimientos de barcos como una práctica internacional estándar cuando se consideraba al navío un peligro para la navegación de barcos comerciales que utilizan los carriles de navegación internacional. El excanciller del Ecuador, Luis Valencia, respondió afirmando que “una acción contra este (barco) sin ninguna autorización del Estado al que pertenece, es un atentado contra esa nación.” (Calderón 2007, 59).

Entre 2006 y 2007, se registraron intercepciones de barcos y migrantes como el San Antonio, Dios es mi guía, Escalio, Jimmy Xavier, Santa Cruz, Mi Esperanza, La Fortuna, Sagrado Corazón II” afirma Calderón (2014, 2) con datos de organismos de derechos humanos como Coalición No Bases, Inredh, ACJ, Servicio Paz y Justicia, ProDH y Apdh (Inredh 2009).

El caso de Puerto Cayo dejó 26 desaparecidos en junio de 2003; y el caso Manta, 104 desaparecidos en agosto de 2005.

Detenciones ilegales de tripulantes

La interdicción de las embarcaciones se dio infringiendo las normas internacionales de navegación marítima que dicen que un barco solo puede ser abordado con el permiso del capitán. Las aduanas estadounidenses estaban instaladas en las oficinas de la FOL, donde los ecuatorianos detenidos en su propio país, eran fichados por el delito de tráfico de personas. Tras la captura y toma de datos y huellas digitales de los ilegales, el siguiente proceso es la deportación o repatriación al país de origen, por lo general desde Guatemala y México que cubren los gastos con financiamiento de los EE.UU.

Reportes de 2002 señalan que entre enero y mayo, 1535 emigrantes fueron capturados en alta mar (en siete buques). El 16 de mayo de 2002, cinco tripulantes del barco San Jacinto y cuatro tripulantes del pesquero Alexander II también llamado Anconcito/Ronald, fueron detenidos en aguas mexicanas y conducidos a Washington para ser juzgados bajo el cargo de conspiración contra el gobierno de EE.UU.

Los ecuatorianos detenidos sin informar a su gobierno y trasladados directamente a Washington, fueron condenados a 25 años cada uno por poner en grave riesgo la vida de más de 530 ciudadanos ecuatorianos que trasportaban en condiciones indignas. “El gobierno ecuatoriano nunca hizo una nota de protesta ni cuestionó la detención de los ecuatorianos que según el juez del Distrito de Columbia fue arbitraria y violatoria al derecho internacional” (Calderón 2007, 67-82).

Ambos casos se harían de conocimiento público gracias a las gestiones de Hernán Gregorio Párraga, pariente de tres de los detenidos, quien solicitó ayuda al Defensor del Pueblo en agosto de 2002, denunciando además la actuación de los representantes diplomáticos: “estando detenidos hasta el 7 de junio en Chiapas, México, la Cónsul (ecuatoriana) les hace creer que los deportaban al Ecuador, cuando en realidad, el avión hizo escala en Houston y ahí los detuvieron agentes federales, y les indicaron un documento en inglés, el mismo que no entienden los ahora detenidos” (Saavedra y Coba 2007, 182; Calderón 2007, 70).

Elita Amato y Heather Shanner, dos abogadas asignadas por la defensoría pública estadounidense, representaron en el juicio a los ecuatorianos que tripulaban el San Jacinto. Amato y Shanner contactaron a la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Una vez en Guayaquil, reunieron pruebas de la precariedad de las condiciones de vida de las familias de los acusados y las amenazas de los coyotes. La diplomacia ecuatoriana se limitó a solicitar la reducción de la condena por tratarse de víctimas de los coyoteros y de la pobreza de su país; pudo interponer una nota de protesta.

Amato y Shanner lograron la reducción de la pena a 27 meses en la cárcel en octubre de 2003. El juez estimó que “la detención de los agentes estadounidenses fue ilegal, al llevar a los tripulantes ecuatorianos a EE.UU., sin autorización ni aviso de las autoridades ecuatorianas y con engaños.” (Calderón 2007, 82). De esta forma, el expediente de Amato y Shanner es la primera investigación internacional sobre el fenómeno del coyotaje en Ecuador.

Los tripulantes retornaron a Ecuador en junio de 2004. La detención arbitraria de los tripulantes del Barco Pesquero San Jacinto y Barco Pesquero Alexander II puso en evidencia la coordinación o al menos el consentimiento tácito de los gobiernos de Ecuador, México y Guatemala para trasladar a los acusados de tráfico ilícito internacional de personas a EE.UU., dejándolos en la indefensión por carecer de representación diplomática.

La justicia que no llega

El número de víctimas es indeterminado en el caso de Jorge IV explicó la fiscal Gina Gómez de la Torre quien llevó la desaparición en calidad de Fiscal No. 2 de la Dirección Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Se tomaron entre 15 a 20 versiones de las víctimas. Se han llevado a cabo 23 audiencias en la gestión de Gómez de la Torre según refirió ella misma en entrevista.

Entre los nombres que constan como ‘desaparecidos’ en el informe de la FGE (2010) se encuentran José Enrique López Santos, Jorge Luis Patrón Anchundia, Manuel Enrique Alarcón Meza, Wilmer Kléver Rivera. La fiscal explica que las víctimas se pueden agrupar como desaparecidos, torturados, quienes reportan pérdidas materiales, sentenciados, y los tripulantes del Jorge IV.

Luego de la salida de la fiscal Gómez de la Torre, el responsable de darle seguimiento es el fiscal Óscar Burga actualmente en funciones, quien en entrevista aclara que al no contar con un número determinado de víctimas, tampoco se puede hacer efectivos los mecanismos de reparación que contempla el gobierno ecuatoriano para los casos en donde se ha comprobado la violencia estatal . Los fiscales expresaron el arduo trabajo que representó investigar a probables miembros de las fuerzas policíacas y militares involucrados en las redes del coyoterismo en Ecuador.

Wilma Castro, hermana de uno de los fallecidos en el Jorge IV, declaró en 2008 que funcionarios de la Embajada de EE.UU. “llegaron a su casa y que al verla triste por la muerte de su hermano en el incidente, con el rostro y cuerpo quemados y preocupada por las deudas de este segundo intento de viaje, le ofrecieron un visado a EE.UU., también para su hija, sus dos hermanas menores y su madre.” (Diario El Universo, 27 de febrero de 2008). El 16 de noviembre de 2005, los nueve sobrevivientes habrían visitado la Embajada de EE.UU. en Quito con este fin.

Al cierre de la redacción de este documento, el gobierno del presidente Correa finalizó su mandato en mayo de 2017, sin presentar resultados de las diligencias del caso de la desaparición del barco Jorge IV y su tripulación.

Gabriela Ruiz Agila
Investigadora en prensa, Derechos Humanos y Migración.
gabrielaruizagila@gmail.com
Twitter: @GabyRuizMx