Los avances de la participación política de mujeres en el país son notorios y relevantes. El camino para alcanzarlos fue lento, tortuoso y lleno de obstáculos.

En la actualidad, no solo se puede considerar la escasa asistencia de mujeres en política como un tema de su falta de voluntad o de los partidos políticos, sino remitirnos al contexto social, económico e histórico. De ahí que es mucho más complejo para las mujeres incursionar en igualdad de condiciones que con los hombres.

La historia permite ver la implementación y evolución de acciones afirmativas, que han experimentado un leve incremento a favor de las mujeres en la esfera política ecuatoriana.

Esta aceleración va mucho más rápida que la real inclusión de las mujeres en otros aspectos de la vida social y económica del país.
Los roles de género se mantienen  todavía profundamente marcados y, en esa medida, encontrar mujeres que pudieran participar en las contiendas electorales se volvió tarea verdaderamente difícil, debido a que la inmensa mayoría seguía sumida en labores secundarias o se incorporaba a la fuerza laboral, pero sin toma de decisión en las tareas públicas.

Un avance reciente para los derechos políticos de la mujer se dio en la elección de la segunda autoridad de los concejos municipales, como una premisa empírica, la misma que debe efectuarse “de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible” [ CITATION Def \l 12298].

Si bien, la normativa avanza y la igualdad formal sigue ganando terreno, de manera positiva, en la realidad material aún existen latentes necesidades insatisfechas por parte de las mujeres para el pleno ejercicio político dentro de la sociedad, lo que provoca dificultad al momento de ser interpretadas ya que generan enfrentamientos que, en lugar de favorecer los derechos políticos de la mujer, los lesionan.

Por esta razón, se crean dudas e incertidumbres por conocer cuál será el mecanismo que utilizarán los partidos y movimientos políticos para interpretar el término “progresivo” y quizás salte una incertidumbre mucho más profunda al hacer notar el por qué hoy debatimos y analizamos la igualdad de las mujeres en cuentagotas.

La normativa vigente es aplicable en lo referente a las inscripciones de las listas políticas, tanto que si no se cumplen con los requisitos de paridad no se inscriben.

Sin embargo, para llegar a una igualdad material se requiere ir más allá de las leyes actuales.

Las acciones afirmativas no son más que una herramienta en un proceso complejo de inclusión. Las normas deben articularse con un sinnúmero de acciones de una política pública coherente, asentada y definida.

En las elecciones 2019, según la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), de los 81.149 candidatos inscritos, el 47.09% fueron mujeres, con un incremento de 5.08% de participación femenina en comparación con las elecciones realizadas en 2014, en las que solo se alcanzó el 42.01% de participación. [CITATION CNE20 \l 12298].

La participación política de la mujer incrementó, pero es notorio que el 55.08% de las inscritas corresponden a candidatas para la suplencia.

Desde el punto de vista estadístico es evidente que la cifra contribuyó a un resultado favorable en números, más no en participación efectiva.

La desigualdad existente responde a un problema estructural, asentado en la cultura del real acceso, es decir, las mujeres constan en listas de candidaturas, pero, en general, ocupan puestos complementarios y, cuando figuran para un cargo importante, no tienen el apoyo popular suficiente, en parte, solo por el hecho de “ser mujer”.

No se puede hablar de una paridad al momento de participar en las candidaturas, ya que las mujeres aún se ven dentro de este campo con dificultades para el ejercicio de sus derechos políticos.

El acceso a los espacios de ejercicio de poder existe para ellas. El problema radica en la aceptación de esos puestos por parte de la sociedad. Ante esta realidad, se realizó una encuesta a treinta y dos mujeres, entre 20 y 65 años, que participaron en procesos electorales, políticos o sociales dentro de los últimos cinco años, con el fin de conocer el escenario práctico en el que se desenvuelven y, con ello, determinar el tipo de igualdad.

El estudio evidenció la existencia de obstáculos que se creían solventados con la normativa vigente pero que, en la actualidad, todavía siguen formando parte de la vivencia política de las mujeres en el país.

La encuesta arrojó resultados con respecto a la motivación para iniciar una participación política donde primó el “compromiso comunitario”, como respuesta principal, seguido por las “relaciones personales” y la “educación”.

De las tres respuestas, la primera denota un estereotipo que manejan las mujeres al considerar que su rol en la política consiste en el cuidado a la comunidad, que exige de ella una especie de sacrificio.

La violencia hacia las mujeres en política parece ser el principal factor negativo que ataca esta actividad.

La “violencia hacia las mujeres en política” parece ser el principal factor negativo que ataca esta actividad.

El tema es relativamente nuevo dentro de nuestro derecho; sin embargo, es una realidad que sufren muchas mujeres que, mediante un acto de valentía, intentaron ganarse un lugar que solo se concebía para los hombres.

La directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, en entrevista para este estudio, señala que dentro de la participación de la mujer política se deben tomar en cuenta tres dimensiones: institucional, política y social que, a su vez, deben ser analizadas en su conjunto. [ CITATION Rut20 \l 12298].

Las respuestas tales como: “menos violencia hacia las mujeres políticas y más educación”, “la igualdad de condiciones en el ámbito laboral y la igualdad de oportunidades en los cargos públicos es esencial para que las mujeres participen en la política”, “ingreso propio de recursos económicos.”, “igualdad, respeto”, “autonomía de decisiones”, “libre acceso” expusieron las mujeres al momento de responder sobre las necesidades para el logro de una participación política plena.

Algunos criterios y situaciones, tal vez, se pensaron superados, pero aún subsisten en la realidad de la mujer, que ejerce la política en Ecuador.

Dentro de la encuesta se considera que el factor económico es fundamental para acceder a un cargo político, así como contar con independencia económica al que no todos tienen acceso.

El 84.38% de las encuestadas considera que el factor económico sí influencia o es indispensable para incursionar en la política.

La parlamentaria Andina, Patricia Terán, cuando se refiere al aspecto económico menciona que: “…en el ámbito privado vemos cómo la mujer ocupa cargos de mucha importancia a escala mundial, pero hay una brecha salarial que indica que ganan 20 a 25% menos que los hombres…” [ CITATION Pat20 \l 12298].

El 43.75% de las mujeres indican que la toma de decisiones no las otorgan ellas o están sujetas a lo que diga otra autoridad, lo que incide en su acierto o desatino.

La asambleísta Encarnación Duchi considera que no es suficiente ser electa para ejercer el poder.

“Hay que conocer las leyes y seguir preparándose, porque aunque muchas mujeres ocuparon puestos de poder, en la década pasada, fueron objeto de manipulación y han sido serviles al gobierno de turno” [ CITATION Enc20 \l 12298].

El tema es nuevo dentro de nuestro derecho; sin embargo, es una realidad que sufren muchas mujeres que, mediante un acto de valentía, intentaron ganarse un lugar que solo se concebía para los hombres.

La autonomía de llegar a tomar sus propias decisiones se ve inmersa desde poseer el conocimiento suficiente para desenvolverse en el ámbito político, con una educación adecuada.

Conclusiones:

Las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres son producto de condiciones históricas, sociales y culturales, como se señala en este trabajo.

De las encuestas, estadísticas y entrevistas realizadas se evidencia que aún subsisten los estereotipos y prejuicios creados por la sociedad hacia la mujer y éstos persisten en la vida política.

Hay una igualdad formal, más no material. La violencia que sufren las mujeres, dentro del ejercicio político, no queda ajenos a su realidad.

Las diferentes formas de violencias, que se trasladan de lo privado a lo público, se manifiestan en redes sociales y hacen que su participació  plena no pueda darse de manera dinámica, sino más bien pasiva.

Aún queda pendiente impulsar la autonomía de la mujer, de manera integral, como un elemento de trascendencia que facilitará su activa participación en la política.
La evidencia empírica demuestra que la participación de mujeres, en cargos y actividades políticas, es inferior a la masculina.
La participación plena de la mujer en la política todavía no es visible.

Los elementos necesarios para que sea una realidad se traducen en:

1. Trabajo transversal entre instituciones, partidos, movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil para el logro de la participación plena de la mujer.

2. Diseño e implementación de políticas públicas integrales y efectivas que cuenten con fondos económicos sostenibles.

3. Ejercicio de la política libre de violencia contra la mujer.

4. Creación de varios proyectos que se encaminen a la formación política de mujeres para fortalecer su autonomía integral, participación y empoderamiento.

En el proceso de conquista de derechos de la mujer queda pendiente el ejercicio de su autonomía, vista desde su aspecto integral, que permita su desenvolvimiento dentro de la política en condiciones paritarias.

Maritza Cárdenas
Stephanie Coronel
Diego Flores
Fátima González

Universidad de los Hemisferios