El antes, el ahora y el después de una desaparición sigue siendo un misterio en nuestro país. Sus organismos especializados no han podido demostrar cómo enfrentar el drama humano que padecen muchas familias ecuatorianas, y está demostrado que no son casos aislados ni esporádicos. La desaparición de personas se ha convertido en noticia lacónica de todos los días, en los medios de comunicación. En la actualidad, en el Ecuador se conoce más de un millar de personas desaparecidas.

Cuando una persona desaparece se deja de tener noticias sobre ella; y los esfuerzos que emprenden los familiares y amigos, sin resultado alguno, agotan nuestras fuerzas físicas y las esperanzas se desvanecen cuando los diferentes organismos estatales, que son los encargados de proteger la seguridad integral de los ciudadanos e indagar sobre su paradero, muestran omisiones y negligencias, evadiendo el deber de servidores públicos. Ellos no responden a las preguntas de los familiares de las víctimas, y de la misma sociedad. La única información que nos entregan solo es más incertidumbre y postas falsas para aplacar nuestra angustia.

Un solo desaparecido debería ser un problema para los gobernantes de turno. En nuestro caso ecuatoriano esto no ocurre; son más de 1.500 desaparecidos, según los registros estadísticos. Sin embargo, en el registro social, los desaparecidos duplican la primera cifra.

Por su parte, el Estado se siente incapaz de dar una respuesta rigurosa a estos casos de conmoción social porque para los servidores públicos, un desparecido es tan solo un número más. Ellos son tan indolentes que no se conmueven del dolor ajeno, olvidándose que tienen la obligación de dar una respuesta veraz y convincente.

Es fundamental que avancen las investigaciones y se aclararen los hechos. Que se sancione a los responsables, que se repare a los familiares; de manera que ninguna familia tenga que sufrir la ausencia de un ser querido por razones desconocidas. El Estado debe evitar que estos hechos queden en el olvido y en la impunidad.

Las caminatas que hacemos por un ser querido que ha desaparecido son todos los días, a toda hora. El clamor es unánime: “busquen a nuestros hijos, esposos, hermanos”. No nos cansamos, ni desfallecemos. Perdemos las fuerzas físicas sí, pero no la esperanza que nos abriga. Es increíble tanta resistencia, como también es increíble tanta indolencia.

La realidad de los desaparecidos es la misma. “No se tiene noticias de su paradero, no se sabe si hubo o no un atentado contra su integridad física y psicológica. No sabemos quiénes son los autores”. Son algunas respuestas de las autoridades.

Todos quienes atravesamos por esta dolorosa tragedia, no pedimos que el Estado nos haga el favor de buscar e investigar; sino que cumpla su más alto deber y obligación que es generar y garantizar las condiciones necesarias para que nuestros derechos se respeten.

Las personas desaparecidas y sus familiares merecemos VERDAD, JUSTICIA y MEMORIA. La misión del Estado es devolverlos con VIDA, porque con vida se los llevaron. Salir a las calles, hacer plantones, vigilas, marchas, concentraciones en plazas y lugares públicos, es para visibilizar la ausencia de David, Carolina, Luis, Luzmila, Geovanna, Viviana, Daniel, Leonor, Telmo, Camilo, Juliana, Alfredo, Christian, José, Michelle, Nathalia, y una larga lista de personas.

Salimos a manifestar por la impotencia; el no poder conseguir que las instituciones del Estado hagan su trabajo con responsabilidad, que se capaciten y, que además, sus actuaciones cumplan con las expectativas. Estas instituciones solo han reflejado el desconocimiento de los procedimientos básicos de la investigación y la irresponsabilidad.

El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de Ecuador debe visibilizarse y materializarse, haciendo públicos los informes de seguimiento de los casos de las personas desaparecidas. Estos informes dan cuenta de las debilidades e inconsistencias de la investigación inicial, para que los funcionarios incompetentes sean sancionados e investigados por los entes de control.

Entonces, el tema no es que la ciudadanía conozca lo que sí se ha hecho, sino también lo que no se ha hecho; y esto no es más que transparencia y respeto de los derechos. Buscarlos y denunciar ante la sociedad que siguen desaparecidos es mantener viva su memoria. Es una tarea de tenacidad para no ser cómplices de la omisión e impunidad y de la amnesia, dice Enriqueta Barnes de Carlotto, “porque antes de ser desaparecidos, eran personas que pensaban, que sentían, que deseaban aportar al desarrollo de su país”.

No se pueden justificar los hechos porque no hay deducción lógica, ni una teoría creíble, de cómo sucedieron. Hasta ahora nadie ha podido conocer por qué se produjo su desaparición. Aquí cabe decir que no hay crimen perfecto sino una deficiente investigación.

Es hora de que las investigaciones generen resultados. El caso de mi hijo, David Romo Córdova, desaparecido el 16 de mayo de 2013, es muestra de una serie de violaciones a los Derechos Humanos; al derecho al debido proceso; a los actos procesales por parte de agentes y Fiscalía, quienes tienen la obligación de entregar las pruebas a los jueces. Reitero que es su deber demostrar qué ocurrió con cada uno de los ciudadanos desaparecidos, quiénes son los culpables y quiénes están detrás de estos actos inhumanos. Ante la falta de respuestas claras, hemos tenido que entender que el sistema de investigación no cumple con las expectativas y que se requiere una reingeniería en este tema. Irónicamente, vivimos en un país en el que las autoridades pregonan el aforismo “isla de paz”.

No solo es mi denuncia como madre de David. También lo menciona la Defensoría del Pueblo en su informe sobre el caso de mi Hijo; informe que fue solicitado por el señor presidente, Lenín Moreno, en junio de 2018. Pero más allá del informe que señala la responsabilidad del Estado, el señor Presidente debió solicitar una exhaustiva investigación de las graves omisiones y violaciones de derechos en más de cinco años. Lamentablemente, el silencio y la indolencia continúan campeando.

Se continúa vulnerando nuestro derecho a la verdad. El DEBER de investigar de manera eficaz. El DEBER de informar y posibilitar el acceso a la información a los familiares. El derecho a la verdad no solo incluye encontrar a los supuestos responsables del hecho, ni obtener de los tribunales una sentencia condenatoria, sino dar a conocer a la familia del desaparecido qué es lo que sucedió, por qué y quién lo desapareció. En esto consiste cerrar un caso y hablar con efectividad. Que las personas nos sintamos seguras al caminar libremente por nuestras calles.

En el Ecuador existe una legislación para temas de desaparición, estipulada en el artículo 3 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y en el artículo 84, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La misma contiene los elementos (internos y externos) de los autores de este delito. Esto permite que la continencia de la denuncia no pueda dividirse en subdelitos, como ha ocurrido en el caso de David Romo, dejando de investigarse indicios relevantes sobre la ubicación de la víctima. El hecho de esconder información por parte de los servidores públicos se desprende una responsabilidad estatal.

En el caso de David, su desaparición sigue siendo un misterio. Al no poder demostrar en dónde está, se visibiliza la flagrante responsabilidad del Estado, al ser incapaz de proteger la integridad personal de los ciudadanos, aunque esta sea contemplada en la Constitución.

Sobre el DEBER de investigar de manera eficaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, indica lo siguiente: “el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.

La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de Derechos Humanos”.

Pese a que, según versiones de varios ciudadanos, David fue visto por último vez dentro de una unidad de servicio público, la investigación no ha logrado establecer si bajó o no de dicho bus; tampoco hay certeza alguna sobre su paradero. Tampoco se ha investigado exhaustivamente por qué una ciudadana nos escribía mensajes vía Facebook a su ex novia, a su hermana y a mí, indicando que “tendría datos sobre su paradero”.

Ni siquiera se ha realizado una investigación sobre el chip del teléfono celular de David, dispositivo que fue robado por el controlador del bus y que fue encontrado en la casa de su hermano. No se ha logrado realizar una ruta técnica del teléfono celular después de la desaparición de mi Hijo, mucho menos ubicar dónde estaba a las 22:20, de ese 16 de mayo de 2013, cuando hablamos por última vez.

Desde noviembre de 2014, nos continúan engañando: que “Fiscalía y Policía tienen acceso a fuentes humanas que tendrían información certera del paradero de David Romo”. Incluso me indicaron que David estaría muerto y enterrado, en determinado lugar. Los servidores públicos que ocultan información incriminan directamente al Estado, y deberían responder ante los tribunales nacionales e internacionales por estos actos.

Algunas investigaciones terminan siendo infructuosas y la Fiscalía las ha llevado a cabo como trámites o diligencias. Más que demostrar una teoría del caso, todo esto ha servido para justificar de alguna manera el trabajo ineficiente que realizan dicha institución y la Dinased.

La investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. El derecho a la justicia implica la existencia de recursos eficaces e idóneos que permitan la consecución de la verdad de los hechos ocurridos. Por tanto es DEBER del Estado proporcionar los medios para que aquello se efectúe. Es decir, hay una cadena de derechos violados, ya que sino no hay justicia no hay verdad, y sin verdad nunca habrán responsables.

La inexistencia de recursos eficaces conlleva, de manera sistemática, a una situación de impunidad. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “(…) si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”. Entendiendo la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

El derecho a la justicia no solo es finalizar la situación de impunidad, sino evitar que hechos similares se repitan. En mi caso, esperaron más de 5 años para decirme que ya conocen lo que pasó con mi Hijo, acudiendo a pericias apócrifas, por demás atentatorias contra la dignidad humana; cayendo incluso en la tortura y en la revictimización. Dos fiscales de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos fueron quienes mentalizaron  esta indolente práctica, con la que pretendían sostener su teoría (asesinato e incineración) en la audiencia de juicio.

Claro, como mi Hijo  no está para defenderse y decir lo que en realidad sucedió, se les hace fácil crear una historieta. Pero como siempre la mentira se descubre, en plena audiencia, el fiscal solicitó al juez ponente, suspender la misma. Después de recibir una llamada telefónica en la que le mencionaron al “experto” fiscal que los restos de mi Hijo, estaban en el sector de Calderón. Dijo que debía salir; y ese momento fuimos testigos de que Fiscalía no confiaba en su propia teoría, y que lamentable, se juega con el dolor de las personas. Al final, los jueces declararon la inocencia de las personas que estaban siendo procesadas por el supuesto asesinato de mi Hijo; y, a la vez, dictaminaron se investigue a fiscales y policías partícipes.

El 16 de agosto de 2018, se reactivó la denuncia por la desaparición forzada de David Romo Córdova. Por todo lo expuesto, este proceso cumple más de 5 años de falsedades, mentiras, omisiones, negligencias y violaciones a los Derechos Humanos. Repito que a pesar de que el Estado tiene la obligación de precautelar la seguridad y la vida de sus ciudadanos, no lo hace.

Cabe recalcar que el 14 de septiembre, mi abogado y yo nos reunimos con varios funcionarios de la Fiscalía General. Reunión en la que Fiscalía asumía el deber de hallar  la verdad sobre los hechos denunciados en 2013 y reactivados en 2018. La investigación se realizaría sin Policía y sin la Dinased y afirmaban que “existiría un grupo de trabajo conformado por funcionarios de la Fiscalía, la madre como víctima,  sus abogados e investigadores “expertos” en desaparición forzada (nacionales e internacionales)”. Resaltaban que este equipo estaría conformado por profesionales del más alto nivel, y que yo como víctima podría sugerir a los “expertos”. Una mentira más. Todo esto fue tan solo otro ofrecimiento.

Nunca imaginé que esa noche de mayo de 2013, una dolorosa tragedia llegaría a nuestra vida. Que sería el inicio de un caminar por la indolencia, por la ineficacia; por tratos crueles e inhumanos. No solo desaparecieron a mi Hijo, desaparecieron también la verdad y la justicia. Aquella noche, simplemente, alguien no permitió que mi Hijo llegue a nuestro hogar.

QUERIDO HIJO

Muchos dirán que el tiempo es el mejor amigo del olvido, que el tiempo borra el dolor, pero no es así. Después de 2.021 días, fecha en la que escribo estas líneas, aún mantengo vivo ese beso en la mejilla. Ese beso que solo era un “Hasta luego”; ese beso que nunca imaginé que sería el último. De haberlo sabido, Hijo adorado, te hubiese protegido con mi vida para que nadie ni nada te cause daño.

Querido David, te apartaron de mi lado, del lado de quienes te amamos. Aquella noche no solo te desaparecieron, también me arrebataron la vida, me arrebataron lo más grande que una Madre puede tener.

Davicito, tú me enseñaste a luchar por lo que más amo. Desde aquella noche no he dejado de buscarte, ni un solo instante. No he dejado de exigir tu retorno y gritar al mundo entero que ya no estás. Sabes mi Flaquito, Dios envió a muchos de sus ángeles para ayudarme. Entraste al corazón y a la vida de cada uno de ellos. Pero también me encontré con la desidia del Estado, al igual que tú, miles de personas siguen desaparecidas.

Más de cinco años caminando por todas partes. Acudo a donde sea, a la hora que sea, con la única esperanza de hallarte sano y salvo. Al final de mi jornada diaria, mi cuerpo retorna a casa, pero mi alma se queda en la calles. Deseo gritar al mundo entero que no pierdo la esperanza de tenerte junto a mí. En esta lucha me encuentro con otras madres y padres, familias enteras a quienes les sucede lo mismo, nadie tiene derecho a desaparecer a nadie. Somos miles llorando la ausencia de nuestros seres queridos.

Hijo mío, no estás físicamente con nosotros, pero tu esencia está más presente y más viva que siempre. Solo quienes tuvimos la dicha de compartir contigo, de contar con tu amor sabemos el gran ser humano que fuiste, eres y serás.

Mi Davicito, no ha sido fácil sobrevivir a tanto dolor y luchar contra tanta desesperanza, pero el AMOR hacia ti es más grande. Un amor que va más allá de todo es el que me impulsa a seguir.

Te buscaré hasta encontrarte Hijo mío.

Alexandra Córdova
Madre de David Romo Córdova.
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