Si el Estado no precautela sus derechos, ¿quién más por ellos?

El 31 de mayo de 2016, las cámaras del Centro de Rehabilitación Social de Turi registraron el odio y la crueldad. No se sabe exactamente cuántos privados de libertad sufrieron esta vulneración de derechos; solo que a las 10 de la mañana 42 policías ingresaron al centro carcelario, bajo la consigna de que ellos eran la autoridad. En cuatro horas se llevaron la dignidad de los internos del pabellón de mediana seguridad.

Los miembros del grupo Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional (UMO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR)alegaban contar con la orden del director del recinto carcelario, y de los ministerios de Justicia y del Interior, para realizar una “requisa”. Pero gritaban “esta es la presentación del nuevo grupo UMO, no somos sus amigos, ustedes son escoria”.

Con el pecho erguido y miradas altivas, se dirigieron al tercer piso y, a punta de tolete, sacaron a los privados de libertad de las celdas. El gas pimienta empezaba a invadir el lugar y marcaba el inicio de una pesadilla. Uno a uno, pidieron a los internos que se acostaran boca abajo. Mientras que los policías, sin dejar de gritarles palabras humillantes, caminaron sobre ellos, aplastándoles las extremidades. Les dijeron que no se atrevan a mirarlos. Algunos fueron obligados a desvestirse y a hacer “sapitos”.

El caos se desató a los pocos minutos. Los internos que estaban en el patio central trataron de intervenir para salvar a sus compañeros, pero no pudieron porque las puertas estaban cerradas. “Ya bajamos por ustedes”, “A ustedes les irá peor, aprenderán a respetarnos”, gritaban los uniformados.

Si algún interno tosía o estornudaba por el gas pimienta, los policías le decían con voz burlona “eso es bueno para la gripe”. Algunos decidieron quemar colchones y cartón para disipar el gas. A los otavaleños, los amenazaron con cortarles el cabello, ya que ante los policías se veían como mujeres. “José”, atosigado por el pánico y la desolación, se embadurnó con excremento para que ningún policía se le acerque.

Mientras esto ocurría, el personal administrativo realizaba sus actividades diarias. Entre ellos, el trabajador social y la psicóloga. Ante el pedido de auxilio de los privados de libertad, los funcionarios intentaron socorrerlos, pero también fueron impedidos por los perpetradores. La escena duró cuatro horas. Finalmente, después de causar tanto sufrimiento y de destruir las pocas cosas que los internos tenían en las celdas, abandonaron el pabellón. El Director entró al patio de mediana seguridad e indicó que tomaría las medidas pertinentes.

Los videos de las cámaras de seguridad fueron difundidos en las redes sociales. También se registraron agresiones al personal penitenciario. La sociedad conoció sobre la mal llamada requisa y el calvario que se vivió en Turi.

La Defensoría Pública del Ecuador asumió la defensa de los privados de libertad desde el 21 de junio de 2016, cuando interpuso una acción constitucional de habeas corpus, con el fin de proteger a este grupo de atención prioritaria de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad. En este caso se identificaron 42 procesados, que además eran servidores públicos; de los cuales 5 fueron ratificados en su inocencia y 37 responsables del delito de tortura, como consta en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 10 a 13 años de prisión. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2018, se los sentenció por delito de extralimitación de funciones, artículo 293 del COIP. La Defensoría Pública apelará dicha sentencia porque esta decisión no obedece a la realidad histórica del proceso ni a los hechos comprobados procesalmente.