La CEPAL, en su estudio sobre la violencia de género, la define como aquella que “está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer”[1][1] https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf

“El ejercicio de la defensa debe ser no solo permitido sino favorecido, como garantía en la protección de los derechos de las víctimas”

De la misma manera se establecen diversas formas tales como: “violación sexual e incesto, asedio sexual en el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica”[1]. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”[2] . 

El PNUD, define a la violencia de género como una “violación de los derechos básicos que se da en todas las regiones y continentes del mundo, e impide que las mujeres ejerzan sus derechos económicos y políticos. La violencia de género no es ni inevitable ni aceptable”[3]. 

Con lo anotado, se puede concluir, que la violencia de género, tiene lugar contra la mujer, por el solo hecho de serlo, y que vulnera sus derechos como la integridad y a vivir en una vida libre de violencia, conforme así lo establece nuestra Constitución de la República[4].

En el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 180 del 10 de febrero del 2014, estableció en su disposición transitoria Vigésima, que dentro de los sesenta días contados de su publicación, la Defensoría Pública debe implementar, la Unidad de Defensa Jurídica de Víctimas.

Para cumplir con dicha disposición legal, la Defensoría Pública, con oficio No. DP-DPG-2014-0126 de 17 de marzo del 2014, presentó ante el entonces Ministerio de Relaciones Laborales, la correspondiente Reforma a su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, creando a su interior la Unidad de Defensa jurídica de Víctimas, de ahí que se dictó adicionalmente la Resolución No. DP-DPG-2014-043 de fecha 1 de abril del 2014. 

El objeto fundamental fue de regular el Servicio de Defensa Jurídica de Víctimas  por parte de la Defensoría Pública del Ecuador para las personas que como sujetos de la infracción penal establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, y que por su condición socioeconómica o cultural de vulnerabilidad o por su estado de indefensión no puedan contratar los servicios de una defensa privada para su representación legal. 

Mediante resolución defensorial No. DP-DPG-CNG-2017-039, de fecha 13 de marzo del 2017, se reforma  la resolución DP-DPG-2014-043, estableciendo el patrocinio para víctimas, de delitos de genocidio, lesa humanidad, asesinato, femicidio, homicidio, delitos contra la libertad sexual; víctimas de estafas masivas en el sistema financiero nacional y programas habitacionales; víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo familiar; así como casos de desapariciones de personas. 

Finalmente, se dicta la resolución defensorial DP-DPG-DAJ-2018-038[5], de fecha 8 de mayo del 2018, que deroga las dos anteriores y expide el instructivo para la prestación del servicio de Defensa Jurídica de Víctimas, por parte de la Defensoría Pública del Ecuador a nivel nacional, estableciendo como objeto a) Las personas que, como sujetos pasivos de la infracción penal establecidos en el Código Orgánico Integral Penal,y que por su condición socioeconómica o cultural de vulnerabilidad o por su estado de indefensión, no puedan contratar los servicios de una defensa privada para su representación legal y b) Las personas, debido a su condición de victimización que individual o colectivamente, hayan sufrido daños o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal, pero violen normas constitucionales o internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. 

En el campo penal se presta el servicio al sujeto pasivo de la infracción penal, las familias o víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad, asesinato, femicidio, homicidio, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y diversas formas de explotación, víctimas de estafas masivas en el sistema financiero nacional, y programas habitacionales; víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo familiar, personas afectadas por delitos informáticos relacionados a violencia de género, así como para los casos de desaparición de personas, priorizando la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y diversas formas de explotación, con el fin de efectivizar en todas las actuaciones de la defensa el principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

En el campo de violaciones por acción u omisión, a derechos humanos, el servicio se prestará a personas pertenecientes a pueblos, nacionalidades indígenas, personas en condición de movilidad humana incluidas aquellas en necesidad de protección internacional, personas pertenecientes a grupos LGBTI, personas con discapacidades, enfermedades raras y catastróficas. 

De la misma forma, mediante resolución defensorial No. DP-DPG-DAJ-2016-100 de fecha 22 de agosto del 2016, disposición general Primera, se establece que “La Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas, será la encargada de “c) Aprobar y atender los requerimientos de información estadística misional, externos o internos, como única instancia autorizada”

[1] https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf

[2] https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/

[3] https://www.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality/gender-based-violence.html

[4] Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

  1. El derecho a la integridad personal, que incluye:
  2. a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
  3. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Constitución de la República del Ecuador.

[5] http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/2166/1/Resoluci%c3%b3n%20038-2018.pdf 

ACCIONES ADOPTADAS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA

Internamente se adecuó espacios físicos independientes para la atención prioritaria a la víctima, garantizando la reserva del caso y evitando su revictimizacion. 

Brindamos la atención a nuestros usuarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con turnos rotativos en la Unidad de Flagrancia a fin de cubrir las necesidades judiciales y sobre todo la atención oportuna a la víctima en defensa de su derecho vulnerado de forma eficiente, técnica y gratuita. 

Es importante recalcar que  la Defensoría Pública a través del Subproceso de “Víctimas y Movilidad Humana” se encuentra conformada por defensores públicos especializados en la materia y que están siendo capacitados constantemente para asesorar y patrocinar tanto en contravenciones como en delitos, además de un departamento de Psicología Clínica donde se brinda intervención psicológica en procesos terapéuticos (contención en crisis, reparación emocional, mejoramiento a la salud mental) que tienen por objetivo restablecer emocional y psicológicamente a la víctima para el mejor desenvolvimiento individual, familiar y social; contamos con una Trabajadora Social el cual realiza el acompañamiento y direccionamiento a las víctimas en los casos patrocinados de ser necesario.

PREVENCIÓN

Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se realizan, ferias, charlas, capacitaciones, visitas de defensorías móviles en barrios, unidades educativas, organizaciones sociales, con el objeto de evidenciar el problema y generar conciencia en la sociedad, charlas que se enfocan en 4 temas claves: 

1.- Informar a la sociedad sobre este problema, y mostrar la vulnerabilidad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

2.- Conseguir que todos los sectores, ámbitos y agentes directa e indirectamente relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes se involucren en la prevención del abuso sexual contra menores de edad. 

3.- Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, y el derecho que tienen a que se respeten y protejan sus derechos humanos. 

4.- Recalcar la importancia que tienen los defensores públicos en la fase de investigación previa y etapas del proceso penal a fin de poder  brindar una defensa técnica de la persona que por su estado de indefensión o condición económica no cuente con los medios para contratar un abogado.