Resumen

Llegó marzo, seguramente miles de mujeres serán homenajeadas a nivel mundial, pero ¿son homenajes lo que necesitamos? la realidad femenina ¿es realmente conocida? Todos sabemos que existen millones de mujeres encarceladas en el mundo entero? ¿Conocemos las razones de éste encarcelamiento?. Conocemos los delitos en que las mujeres incurren a nivel mundial y las causas por qué lo hacen?… La población carcelaria femenina total en América Latina ha aumentado en 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20% para el caso de los hombres. En el Ecuador, actualmente, se encuentran privadas de su libertad 2.812 mujeres, siendo 1.633 privadas por delitos de drogas, constituyéndose en la infracción que ha privado el mayor número de mujeres en el Ecuador. 

Los delitos de drogas se han incrementado, es por ello que hoy quiero compartir con ustedes información que los motivará a investigar sobre esta realidad. 

Intentaré en éste artículo compilar y compartir los principales aspectos abordados en la guía: “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe” que de forma completa puede ser analizada en la siguiente página: https://www.wola.org/es/analisis/mujeres-politicas-de-drogas-y-encarcelamiento/ aspirando que puedan revisar, observar, aportar con sus comentarios y compartir la guía antes mencionada.

Introducción

Por invitación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), De justicia y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos participé, junto a un grupo de expertos y expertas en derechos humanos, especialistas legales y funcionarios de gobiernos latinoamericanos en el proyecto Mujeres, Políticas de drogas y encarcelamiento, presentado el 02 de febrero de 2016 en Washington. 

Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, recomienda que los gobiernos propendan por la descriminalización del consumo de drogas y el uso de alternativas al encarcelamiento —especialmente para mujeres embarazadas o con dependientes— así como los programas de educación y formación que pueden conducir a un empleo digno.

Desarrollo

Actores sociales generadores de la guía 

La guía fue preparada por un grupo de trabajo compuesto por expertas y expertos en las áreas de género, derechos humanos y políticas de drogas, que trabajan en los gobiernos, la academia, o son representantes de la sociedad civil, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Reino Unido y Uruguay – Giselle Amador (ACEID, Costa Rica). Demaluí Amighetti (ACEID, Costa Rica). Isabel Blas (Equis: Justicia para las Mujeres). 

Luciana Boiteux (Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil). Luz Piedad Caicedo (Corporación Humanas, Colombia). Ernesto Cortes (ACEID, Costa Rica). 

Nina Chaparro (Dejusticia, Colombi. Sergio Chaparro (Dejusticia, Colombia). Luis Felipe Cruz (Dejusticia, Colombia). Valdirene Daufemback (Departamento Penitenciario, Brasil). Corina Giacomello (INACIPE; Equis: Justicia para Mujeres, México). Zhuyem Molina (Defensoría Pública, Costa Rica). Marie Nougier (IDPC, Reino Unido). Gabriela Olivera (Junta Nacional de Drogas, Uruguay). Nischa Pieris (OAS-CIM, Costa Rica). Luciana Pol (Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina). Daniela Quintanilla (Corporación Humanas, Chile). Ana María Rueda (Ministerio de Justicia, Colombia). Adam Schaffer (WOLA, EE.UU.). 

María Cristina Meneses Sotomayor (Defensoría Pública, Ecuador). Rodrigo Uprimny (Dejusticia, Colombia). 

Verónica Vélez Acevedo (Sociedad para Asistencia Legal, Puerto Rico). Coletta Youngers (WOLA, EE.UU.)-. 

El grupo inició su trabajo en San José (Costa Rica), en febrero de 2015 manteniendo hasta hoy reuniones permanentes de evaluación y difusión del proyecto. 

Realidad carcelaria y humana 

La guía destaca en su introducción la realidad carcelaria de las mujeres en las Américas, compartiendo datos y cifras alarmantes proporcionadas por instancias oficiales, mismas que, por su importancia, reproduzco, en forma textual, a continuación: “Según el Institute for Criminal Policy Research, la población carcelaria femenina total en América Latina ha aumentado en 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20% para el caso de los hombres. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. La población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó 271% en Argentina entre 1989 y 2008, y 290% en Brasil entre 2005 y 2013. Las fuerzas impulsoras que están detrás de las tasas exorbitantes de encarcelamiento son la expedición de leyes de drogas extremadamente punitivas y la imposición de penas desproporcionadas. 

Tanto los delitos que cometen las mujeres para obtener drogas para el consumo, como su involucramiento en delitos relacionados con la producción, la distribución, el suministro y la venta de drogas, tienen que ver, a menudo, con la exclusión social, la pobreza y la violencia de género. La mayoría tiene poca o nula educación, vive en condiciones de pobreza y es responsable del cuidado de dependientes, sean ellos niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o personas con discapacidad. 

Por ejemplo, en el caso de Colombia, el 76% de las internas ni siquiera ha podido concluir su educación secundaria. Además, las mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina son, en su gran mayoría, madres solteras. En Costa Rica, por ejemplo, en 2012, más del 95% de las mujeres en prisión por introducir drogas en centros penales, no solamente eran madres solteras, sino también las únicas que respondían por sus hijas e hijos. No sorprende, entonces, que muchas se involucren en el negocio de las drogas como una manera de mantener a sus hijos, y que mientras estén encarceladas sufran por no estar respondiendo al lado de sus hijos e hijas, y estos últimos por estar separados de sus madres. Las explicaciones de las mujeres que ingresan a la cárcel por delitos de drogas son muy diversas, y es recomendable tomar en serio y explorar más lo que ellas dicen. Aunque hay mujeres que reportan haberse involucrado por su propia voluntad y eran conscientes de los riesgos asociados con el negocio, aparece con frecuencia la coacción de la pareja o de un familiar, lo que se facilita por la construcción de vínculos sentimentales bajo estereotipos de género y de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Hay mujeres encarceladas que manifiestan haber sido engañadas y no tener conocimiento de lo que estaban haciendo, en tanto que otras señalan no haber sido conscientes de todos los riesgos que estaban tomando, y hay las que simplemente afirman haberle creído a su pareja. 

Las mujeres encarceladas por delitos de drogas rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Y sin embargo, están recluidas con sentencias excesivamente largas, cuando no en prisión preventiva. Terminadas sus condenas y puestas en libertad, sus antecedentes penales perjudican la posibilidad de encontrar un empleo decente y legal, lo cual perpetúa el círculo vicioso de exclusión social y encarcelamiento. Las mujeres acusadas de delitos de drogas a menudo crecen en entornos propicios para el involucramiento en actividades ilícitas, y no cuentan con los medios o el capital social para generar alternativas. 

En numerosos casos han sido, en algún momento de su vida y de manera reiterada, víctimas de violencia, abuso sexual, explotación sexual comercial, etc., sin que hayan recibido una atención oportuna por parte del Estado. Una vez encarceladas, los patrones de violencia se extienden también a la prisión. Entre las mujeres, algunos grupos son aún más propensos a ser objeto de discriminación en la aplicación de las leyes de drogas: indígenas, afrodescendientes y personas de orientación sexual, identidad o expresión de género diversas, entre otros. Estudios demuestran que en algunos países, como Canadá y Estados Unidos, las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y minorías étnicas tienen más probabilidades de ser detenidas, procesadas y condenadas. 

El impacto negativo de las leyes de drogas en las mujeres indígenas y campesinas –que dependen económicamente de la producción de cultivos de marihuana, coca y amapola– también debe tenerse en cuenta. La eliminación de su principal fuente de ingresos en efectivo, a través de campañas de erradicación forzada, o su encarcelamiento, las empuja más hacia la pobreza, conduce al desplazamiento interno y desencadena una serie de violaciones de los derechos humanos en contra de ellas, reforzando su situación previa de vulnerabilidad y discriminación. 

Según los estudios disponibles, la mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas en la región, están en el más bajo nivel de la cadena del crimen organizado, sea como pequeñas vendedoras, “correos humanos” de drogas o transportadoras de drogas. Ellas son fácilmente reemplazadas, es decir, su detención no tiene ningún impacto en la disminución del tráfico de drogas, o en la inseguridad ciudadana, la violencia o la corrupción que el negocio ilegal genera; son actores menores del tráfico. La mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas en la región lo están en el más bajo nivel de la cadena del crimen organizado”.

Conclusiones y Recomendaciones

En dicho documento investigativo y de análisis encontramos, orientaciones generales básicas que son fundamentales para toda la región y se constituyen en “Ejes transversales para las políticas y la acción”; así como también una gama de recomendaciones. De forma breve compartiremos las siguientes: 

Ejes transversales para las políticas y la acción:

Quienes trabajamos la guía de referencia consideramos “que las políticas de drogas deben ser integrales, tener perspectiva de género y basarse en un enfoque de salud pública, reducción de daños, con estricto apego a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos e inclusión social. Así mismo, han de fundamentarse en la evidencia científica. Entre las recomendaciones en éste ámbito, destaca: 

  • Para las políticas de drogas es fundamental el principio jurídico de que la herramienta penal debe ser utilizada solo como un recurso de última ratio. 
  • Es imperativo atender el enfoque de transversalización de género en el desarrollo, la implementación y la evaluación en las reformas de la legislación y las políticas de drogas. El derecho penal se construye desde una mirada androcéntrica y el sistema penitenciario ha sido pensado por y para hombres, por lo que se hace necesaria una revisión con perspectiva de género de los delitos, las penas y las formas como las personas que transgreden las normas pueden retribuir a la sociedad. 
  • El enfoque de salud pública que debe guiar las políticas de drogas garantiza que prevalezcan las respuestas de inclusión social y de protección de la salud sobre las de carácter punitivo. 
  • Las políticas de drogas deben tener un enfoque en el desarrollo humano”.

Recomendaciones:

Referente a las recomendaciones, el grupo enfoca sus propuestas categorizadas en siete temas específicos:

  •  Políticas de drogas más incluyentes.
  •  Reformas a las políticas de drogas.
  •  Alternativas al encarcelamiento.
  •  Cultivo o procesamiento de drogas.
  •  Programas de inclusión social.
  •  Mujeres embarazadas o con personas dependientes.
  •  Generación y recopilación de datos.

En la guía de forma puntual se exponen experiencias de referencia positiva de algunos países, entre las que se destaca el caso ecuatoriano, antes de la contra reforma de drogas. Para finalizar, como parte de este grupo, extiendo la invitación a ustedes amigos para conocer más sobre esta propuesta, cuyo único objetivo es desarrollar e implementar políticas de drogas más humanas y más eficaces en la región, conscientes que la represión no es la solución.