Las cifras de violencia contra la mujer son contundentes, pero la respuesta de la Defensoría Pública es firme, en el ámbito de sus competencias sobre la materia.

La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (2019) revela que 65 de cada 100 mujeres ha experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La psicológica (56.9%), física (35.4%) y sexual (32.7%) son las que tienen mayor incidencia.

El último reporte de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) señala que, desde enero de 2014 hasta el 2 de marzo de 2020, se produjeron 748 femicidios y al menos 999 hijos quedaron en la orfandad.

Si bien, existen estudios que visibilizan y dimensionan la violencia de género contra las mujeres y, con ello, nuevas acciones para disminuir y erradicar su incidencia, en la década de los 80 Ecuador empezó a contemplar a este fenómeno social como un problema de salud pública.

La suscripción de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw-1981), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) dieron más fuerza a esa visión.

Los documentos reafirman la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el principio de la no discriminación y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Además, reconocen que la plena realización de sus derechos es fundamental para el desarrollo, la democracia y la paz social.

En Ecuador, la Constitución de 1998 incorporó algunas disposiciones como el derecho a la integridad personal, a una vida libre de violencia, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, entre otros avances.

La Constitución de 2008 incluyó la protección especial a víctimas de delitos sexuales y violencia de género; y, la no revictimización y protección prioritaria.

En 2014, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipificó el femicidio e incluyó como delito la violencia física, sexual y psicológica.

En 2018, evolucionó la visión de la problemática hacia un cambio de paradigma, con la erradicación estructural e integral de la violencia, así como con la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres.

En febrero de 2018, la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres puso énfasis en la prevención, atención, protección y reparación de derechos e incorporó otros tipos de violencia: patrimonial, simbólica, política y gineco- obstétrica.

En ese marco, creó un Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, que integran 16 instituciones, entre ellas la Defensoría Pública, con algunas obligaciones, como brindar a las víctimas de violencia de género asesoría y patrocinio jurídico gratuito, velar por el cumplimiento del debido proceso e implementar programas y campañas de sensibilización.

Respuesta institucional

En 2019, la Defensoría Pública profesionalizó a 102 defensores públicos en atención a víctimas de violencia de género.

La labor se complementa con charlas, capacitaciones, ferias ciudadanas y jornadas de sensibilización.

La Institución también es parte de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, por una vida libre de violencia, que busca articular acciones entre el Ejecutivo y la Función Judicial.

Campaña ¡Defiéndete¡ Mujer

En noviembre de 2019, la Defensoría Pública inició la campaña de comunicación ¡Defiéndete! Mujer, con el propósito de fortalecer la prevención de la violencia en su contra y del núcleo familiar, reconocer y empoderarla sus derechos para fomentar el pleno acceso a la justicia y motivarla a una mejor calidad de vida.

Los objetivos de la campaña son:

• Generar acciones que promuevan la prevención de la violencia contra las mujeres, creando conciencia desde la propia mujer -como una de nuestras principales usuarias- para defender sus derechos.

• Socializar los servicios que presta la Defensoría Pública del Ecuador para la atención de la violencia contra la mujer y la profesionalización del personal, con el fin de que se empoderen de sus derechos y acceda a los mismos.

• Crear acciones que motiven a las mujeres a usar los servicios, con el fin de mejorar la calidad de vida de este sector social, la de sus familias y de la sociedad.

Liliana Mejía Caguasango
Mayra Clavijo Moreno

Subirección de Cooperación y Comunicación Social