1. Participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en la lucha de la violencia contra la mujer

Susana Chiarotti, abogada y activista por los derechos humanos, considera al espacio municipal como el mejor entorno para ejecutar los principios de los derechos humanos.

España, República Dominicana, El Salvador, Brasil y México han implementado la atribución de competencias directas a los gobiernos locales, iniciativas que, dada la proximidad con la colectividad, han tenido muy buenos resultados visibles.

La Constitución de Ecuador, en su Art. 238, establece el importante desempeño de los GAD municipales en la participación ciudadana.

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres confiere atribuciones y funciones a este nivel de gobierno.

Al respecto, el Art. 38, en sus quince literales, prevé las atribuciones que tienen los entes descentralizados en materia de violencia contra la mujer.

En Ecuador existe una gran diversidad étnica y cultural, lo que conlleva a que también existan diferentes costumbres y prácticas de convivencia diaria, factores que pueden influir de manera directa en los motivos de generación de violencia contra las mujeres.

2. Problemática actual de las ordenanzas en la lucha de la violencia contra la mujer

De una revisión aleatoria a las ordenanzas los GAD cantonales de Riobamba, Ibarra, Cuenca, Pedernales, Milagro, San Lorenzo de Pailón, Durán, Eloy Alfaro, San Pedro de Pelileo, Río Verde, Portoviejo, Sucumbíos, Shushufindi, Jaramijó, Sucúa, San Felipe Oña, Gonzalo Pizarro, Buena Fe, Chambo, Pedernales, Quevedo y Quito se observa que son una copia exacta de las disposiciones de la ley.

En Ecuador, según estadísticas, hay regiones y provincias más afectadas por el flagelo de la violencia contra la mujer.

Además, en las diferentes provincias y cantones del país los tipos de violencia que se cometen contra las mujeres son distintos.

A pesar de las campañas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer es evidente que el fenómeno no disminuye en el país. Al contrario, existe incremento de acciones violentas contra mujeres ecuatorianas, con un coeficiente de variación superior al quince por ciento (15%), al igual que la cifra de femicidios, que aumentaron de 27 a 97 mujeres de 2014 a 2017.

Los GAD están cumpliendo con su obligación de dictar ordenanzas; sin embargo, no se ajustan a las necesidades sociales, educativas, culturales y étnicas de cada cantón.

De los índices de violencia contra la mujer, que se presentan en Ecuador, tomando en cuenta los grupos étnicos, culturas, educación y zonas geográficas, es evidente que tomar una plantilla común y dictar ordenanzas iguales para los diferentes cantones no soluciona el problema.

Las mujeres indígenas sufren el mayor índice de violencia con 66,7%, seguidas por las afroecuatorianas con 66,6%; las montubias con 62,9%; las blancas con 59,7% y las mestizas con 59,1%

3. Necesidad de ordenanzas según las realidades de cada cantón

Los gobiernos locales son los más cercanos a los ciudadanos por lo cual asumen los retos de la cotidianidad. En teoría, el municipio ecuatoriano forma parte de la base más descentralizada de la administración pública nacional, subordinado al orden político constitucional, con autoridad autónoma para administrar y regir los intereses cantonales, ya sean urbanos o rurales.

Además, actúan bajo normas y órganos de gobierno que establece la ley y con una competencia que abarca innumerables actividades, tales como: provisión de servicios públicos, equipamiento urbano, regulaciones constructivas y otras funciones vinculadas con la educación y el control de la moral pública en la localidad.

Si bien, el Estado reconoce el principio de autonomía municipal, jurídicamente consagrado en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los gobiernos locales no han podido escapar al asedio de un Estado centralista y concentrador que, pese a las competencias atribuidas, les resta importancia y no les permite desarrollar la potencialidad que poseen para regular situaciones de sus comunidades.

Los gobiernos locales al ser los más cercanos a las comunidades y, en consecuencia, los más próximos para determinar sus respectivas necesidades, es imperioso que sus autoridades realicen estudios en los diferentes cantones de Ecuador sobre las causas, orígenes y estadísticas de los casos de violencia contra la mujer.

Estos estudios deberán aplicarse para la redacción de las respectivas ordenanzas municipales destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en cada uno de los cantones de las diferentes provincias ecuatorianas, para atacar el problema de una forma particularizada y ajustada a las necesidades reales.

Las ordenanzas municipales para que, efectivamente, cumplan su objetivo deben redactarse de tal manera que, dependiendo de las necesidades reales del cantón, se conviertan en un instrumento normativo que permita prevenir la ejecución de todo acto que atente contra la integridad física, salud psicológica y vida de las mujeres.

Si los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales conocen los problemas de los ciudadanos será más viable la elaboración de una normativa y la implementación de políticas públicas, que se ajusten a una realidad palpable que regulen situaciones que se produzcan en su ámbito geográfico.

Los estudios de campo en sus respectivas comunidades determinarán las causas que generan los diferentes tipos de violencia contra las mujeres.
Así mismo, los factores socioculturales y educativos se considerarán y se alinearán a las ordenanzas.

Patricia Salazar Aguilar

Defensora Pública de Galápagos