A tiempo que este escrito es leído por usted, los casos de violencia en nuestro país habrán construido realidades bastante dolorosas. Realidades que nos conminan con urgencia a cuestionar/proponer desde el campo jurídico-social, herramientas para la construcción de procesos de paz en nuestro país. El presente escrito articula reflexiones muy generales que pretenden aproximarse a este fin. 

Para este objetivo, se presentan tres perspectivas: la primera que asume la necesidad de una visión sociológica desde el derecho. La segunda, analiza el contexto normativo como garantía en la protección de los derechos de las víctimas y, reflexiones sobre la impunidad en las infracciones de violencia contra la mujer y la familia. Finalmente se delinean ideas en cuanto a la tutela,  judicial efectiva de las víctimas en procesos de violencia y el acercamiento oportuno y necesario dejando de lado la re victimización. 

El primer punto, da referencia al cuestionamiento que hiciera García Villegas, en alusión a Jeffrey Sachs, esto es: “los desafíos del mundo están relacionados con la incapacidad del derecho de responder a la demandas de regulación social, y como contrapartida a este reto, se requiere, según Sachs, sociólogos del derecho”. (García Villegas, 2010) 

La visión sociológica-jurídica como necesidad en nuestro país, es imperante. La entrada sociológica permite por una parte analizar lo que sucede en el campo jurídico y por otra, evaluar los sucesos en el campo social. Perspectivas que permiten analizar las estructuras de configuración estatal, discursos, y formas de articulación del derecho y sociedad. 

Para aproximarnos a presentar en las siguientes líneas ideas que den cuenta de esta problemática, haré uso de las herramientas académicas a cargo de Michel Foucault por una parte y por otra de Byung- Chul Han. Estos insumos cotejados con la percepción empírica de quienes presentan este escrito. 

Michel Foucault al referirse al discurso señala: “Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas sometidos al poder o levantados contra él. Hay que admitir un juego complejo e inestable donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia opuesta. El discurso transporta y produce poder; lo refuerza pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo” (Foucault: 1997). 

El juego complejo e inestable que tiene el discurso es producto de la naturaleza del poder, pues para Foucault el poder está en todas partes, pero a través del discurso se puede cumplir la función ambivalente de encubrir o desenmascarar (Foucault: 1997). 

El discurso al ser por una parte instrumento del poder, puede articular diferentes formas. Foucault presenta una perspectiva de la articulación de un poder soberano impone su voluntad con la proeza de muerte al otro. Sin embargo, dirá que la era que se inaugura es la del “bio-poder” (Foucault: 1997). 

Biopoder que articula la administración de los cuerpos a través de la disciplina y ya no la muerte, evidente esta configuración en los espacios: “escuelas, colegios, cuarteles, talleres; aparición también, en el campo de las prácticas políticas y las observaciones económicas, de los problemas de natalidad, longevidad, salud pública, vivienda, migración; explosión, pues, de técnicas diversas y numerosas para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones” (Foucault: 1997). 

Esta transformación del poder soberano en un poder disciplinario entraña indiscutiblemente un proceso apegado a la configuración de las relaciones políticas, económicas y sociales de la comunidad. Esta forma de ejercicio del poder construye realidades en cuanto a determinar las reglas de juego en la sociedad. 

En el campo jurídico-penal, que asume la tarea de normar los comportamientos de los cuerpos en una sociedad, se afianza en la enunciación de reglas.

El primer momento, refiere la lógica clásica de concreción de una regla expresada a través de un enunciado normativo: determinación del presupuesto fáctico que en caso de que se adecue una conducta a tal precepto,  se determina una sanción. Esto es: garantizar derechos restringiendo derechos. 

Esta lógica clásica pretende ejercer el control social de la criminalidad en la sociedad. Sin embargo, veremos que esta lógica que actúa como discurso directo en contra de los cuerpos y mente, no está cerca de atacar la pisque del individuo, por lo que ese bio-poder asume en cuanto al proceso del discurso que lo dirige, una “transformación” y en su caso se configura un psico-poder (Chul-Han: 20:2014). 

En este punto es evidente los dos escenarios: por una parte el poder disciplinario que ataca a los cuerpos (capitalismo) y por otra la necesidad de develar el poder  psico-político vigente en las fase de evolución del capitalismo, esto es el neoliberalismo (Chul-Han: 2014)  

Este somero diagnostico desde el campo jurídico implica cuestionarse que el discurso clásico, por así denominarlo, a la concreción de reglas que pretenden normar el comportamiento no es suficiente a la par de la forma psico-política de configuración del poder en esta etapa denominada neoliberalismo. 

Esta conclusión ligera, se coteja con la percepción empírica, que refleja la insuficiencia de la concreción de reglas pues estas al final no precisan la tutela de los derechos en el campo social, es decir que en las relaciones sociales que a diario se liberan se erosionan las reglas. Me atrevo a pensar que los dispositivos que atacan la psique del individuo ganan la partida en cuanto a determinar los comportamientos, deseos, reacciones que implican una expresión de corporalidad que se escapa de la reflexión de la prohibición dictada por la norma. 

Una herramienta, para develar o intentar afianzar ese proceso psico- político vigente, tiene que ver con la construcción de realidades a través de las palabras, imágenes, etc. John Searle lo denominaría: “la realidad social es creada por nosotros para nuestros propósitos, y nos parece tan prestamente inteligible como los propósitos mismos”. 

Autores como Peter Berger y Thomas Luckman, han sido minuciosos en señalar las formas de construcción social de la realidad, esto es: los medios de comunicación, las palabras, construyen realidades. Y los agentes envueltos en esta trama de discurso (realidad artificial) obvian su efecto psico-político que cumple el programa, por ejemplo: cosificación de los seres humanos. 

Este sutil instrumento de asumir los problemas sociales, no hace sino en preparar el campo para la comisión de comportamientos que pueden atentar contra los derechos ajenos. En este punto veremos, que el “delito” acarrea comportamientos previos que deben ser tenidos en cuenta, es decir el “delito” es el elemento terminado, el desafío es detectar los comportamientos previos a su comisión o factores que inciden en su comisión.

En la sociedad del espectáculo somos como esponjas que absorbemos patrones de comportamiento pero que “asumimos” que lo hacemos de forma consciente y “libre”. Si en esta sociedad, los dispositivos del poder atacan la psique del individuo, sería menester aproximarnos a entender formas de atender este fenómeno. Ahora bien, las ideas planteadas, sugieren aterrizar al tema de la violencia en contra de la mujer en el contexto ecuatoriano. 

Algunas líneas que pueden coadyuvar en este fin parten del planteamiento de que si las realidades se construyen, la utopía real en el campo jurídico, sería cuestionar la ideología que han conducido los sistemas penales y cotejarla con la configuración de la sociedad en cuanto a relaciones políticas, economías y sociales, que permitan construir otra realidad o realidades. Como utopía en el campo jurídico social se entrenan los sistemas de justicia indígena. 

La justicia indígena sigue alumbrando formas de control social que pasan desapercibidas por el discurso estatal, por este camino se deberá transitar. Estos insumos se delinean a fin de poder tender una aproximación al diálogo de sistemas de justicia en Ecuador. La problemática de violencia contra la mujer amerita entradas ínter y multidisciplinarias. En este contexto, se presenta el segundo tópico de este trabajo.  

La violencia contra la mujer es una violación grave y recurrente de los derechos humanos, lo cual ha aumentado considerablemente en los últimos años en nuestro país, su impacto es inmediato y de largo alcance, incluyendo múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas; afectando negativamente el bienestar de las mujeres e impidiendo su plena participación en la sociedad, adicional a ello, estas consecuencias negativas no solo son vividas por las mujeres, sino que impacta de forma categórica a familias, comunidades y países. 

Por esta razón, se han promovido una serie de movilizaciones sociales por los hechos sumamente alarmantes que se han dado en estos últimos días, tanto así que la eliminación de la violencia contra las mujeres ocupa hoy un lugar prioritario en las agendas nacionales y hasta internacionales. 

Sin embargo, es claro que dichas movilizaciones no son suficientes si no se cuenta con leyes preventivas, que limiten los patrones de violencia en la sociedad. En nuestro país se encuentran normadas leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia, así tenemos en la Constitución de la República, especialmente: Artículo 11 numeral 2, Artículo 66 numeral 3 literal a) y b), Artículo 35, Artículo 46 numeral 4, Artículo 81, Artículo 78 (Por primera vez en una normativa constitucional ecuatoriana se especifica sobre los derechos de las víctimas de infracciones penales), en su Código Orgánico de la Función Judicial: Artículo 286, numeral 6, Código Orgánico Integral Penal, especialmente: Artículo 155 al 159; Delitos contra la integridad sexual y reproductiva: Artículo 166, 167, 170, 171,168, 169, 172, 173, 174; Artículo 643; Procedimiento: Artículo 558 Medidas de Protección; Art. 641 No se admite Conciliación. 

Además de toda esta normativa se han ratificado varios acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales numerales 12 y 19 y de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem  do Pará), misma que entiende que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, una violación de derechos humanos, que es generalizada y trasciende las diferencias de clase, raza o grupo étnico, edad, religión, nivel educacional, nivel de ingresos, etc.; en el mismo cuerpo legal se determinan una serie de recomendaciones que deberán adoptar los países firmantes tales como: Adoptar las medias jurídicas que impidan que el agresor continúe ejerciendo diversas formas de agresión, implementar los servicios especializados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuidado custodia de los menores afectados, alentar a los medios de comunicación para que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer a través de campañas publicitarias, seminarios, cursos y diferentes espacios donde participen tanto hombres, mujeres y niños con la finalidad de llegar a una mayor parte de la comunidad y sensibilizarnos mucho más con la problemática social. 

Existen desafíos en la aplicación de estas leyes y políticas públicas, pues el objetivo último; es lograr que se garantice la prevención a estas agresiones, un adecuado acceso a la justicia por parte de las mujeres y sus familias, la eliminación de la impunidad y la restitución y reparación de sus derechos.

En el Ecuador solamente 1 de cada 4 procesos por violencia doméstica pasa de Investigación Previa y la impunidad que ha caracterizado a este tipo de delitos, que hay que entenderlos con sus especificidades propias, en el sentido de que se deriva del contexto relacional en el que se producen, fruto de una construcción social, en la que el hombre siempre ha tenido una relevancia central (Bodelón,2012), con raíces históricas de discriminación y odio a la mujer, lo que ha hecho que las mujeres no crean en una justicia verdadera, pues la tutela a sus derechos por parte del Estado son escasas, por no decir nulas, lo que contribuye a que continúe existiendo estereotipos y prácticas culturales que influyen en el mantenimiento de relaciones de poder que perpetúan la situación de subordinación de las mujeres frente a los hombres. 

Por ello, debemos preguntarnos si las leyes que tenemos; cuentan con elementos suficientes para no dejar en la indefensión a las víctimas de violencia, pero sobre todo que se garantice una reparación integral, que cuando se solicite el auxilio de un miembro policial, este haga su trabajo defendiéndola y sabiendo que no será juzgado también por actuar de una forma y otra, que cuando se necesite de asistencia psicológica se tengan los medios idóneos y necesarios para cumplir con esta demanda y no se queden estancadas las peticiones por falta de profesionales en la materia, al interior del aparataje judicial, y que los procesos de violencia se tramiten de forma expedita y con urgente atención. 

Impunidad que lleva consigo inseguridad, haciendo que sea la mujer quien se sienta culpable por lo que le ha sucedido, cuando en realidad lo que se debe lograr es prevenir el fenómeno de violencia y castigar al agresor. En países desarrollados, debido a la gran cantidad de casos de violencia contra la mujer se han implementado Centros de Antiviolencia, trabajando en conjunto con los miembros policiales, promoviendo acciones e intervenciones de sensibilización y formación dirigidas a modificar la cultura institucional que invisibiliza a la mujer, considerándole a ella como la responsable de lo sucedido. 

Igual tratamiento se podría dar en nuestro país, inicialmente armando mesas mixtas de diálogos contra la violencia, con los cuales se inicie un camino a la solución de estos problemas, implementando planes de ayuda necesarios y óptimos para mujeres que han sufrido de maltratos y violencia doméstica, laboral, y en cualquier ámbito; ofreciendo servicios de escucha y recepción, acompañamiento legal, apoyo psicológico, orientación en el proceso de separación de la pareja violenta, reinserción laboral y contribución a la autonomía como persona sintiéndose capaz de valerse por sí mismo. 

El objetivo es darle voz a la mujer y hacerla visible en una sociedad que la respete, y luche por ella, que las oportunidades no deban ser pedidas sino otorgadas sin que medie una protesta y que sean reafirmados tanto los derechos, como la dignidad y el valor de la mujer como ser humano. 

Finalmente, se presentan breves apuntes en cuanto al protocolo de atención a las víctimas de violencia en el contexto ecuatoriano. Se lleva al tablero el principio de acceso a la justicia, así como la tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia, es un derecho que debe estar garantizado por el Estado, pero no únicamente de forma taxativa dentro de los códigos, sino aplicándolo de forma real y efectiva, sabiendo que aquello implica no solo con el reconocimiento de un mayor o menor número de derechos, sino la forma en la que se desarrolla el mismo en los juzgados. 

El contexto del ejercicio del derecho a la justicia, está claramente marcado también, por las prácticas de los juzgadores, en este caso en particular, de los jueces que administran justicia en lo referente a materia de violencia contra la mujer y la familia, donde dichas prácticas pueden evidenciar sin lugar a duda, la existencia o ausencia de formación especializada por parte de los magistrados en el campo referente a la violencia de género. 

Centrándonos en estricto sentido a lo que acontece en el Ecuador con respecto al acceso de justicia en términos generales; la Constitución de 2008, en su artículo 169 señala: “EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), igualmente el artículo 75 del mismo cuerpo legal determina: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; sin que en ningún caso quede en indefensión” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). De aquello, se pueden analizar elementos de los citados artículos, donde resaltan ciertas características, una de ellas, es la que ocupa el presente ensayo como es el acceso a la justicia, y es que previo a la existencia de una tutela judicial efectiva e intervención del Estado, es necesario que los ciudadanos tengan la plena certeza de que podrán acercarse a una justicia verdadera que se encargará de tutelar sus derecho de forma real y expedita, en este caso, de la mujer que ha sido agredida, es decir, que aquella decida de forma voluntaria, el someterse a la jurisdicción correspondiente para ventilar la controversia suscitada de una agresión que en el caso que nos ataña, pudo ser propiciada por uno de los miembros del círculo familiar, tal y como determina el Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), en su artículo 155.  

Cuando una mujer sufre una agresión por parte de un miembro de su círculo familiar cercano, pasa por muchas situaciones anteriores; que debe asumir, previo a iniciar un proceso contravencional, en materia de violencia contra la mujer y la familia, y es que el impacto físico o psicológico que sufre la persona a causa de aquella agresión, deja una huella palpable difícil de borrar y la cual la víctima  cree o está convencida debe aceptar e incluso dejar atrás, ya sea por mantener unido su hogar, por el simple hecho de tener un apego sentimental fuerte por su agresor, por depender económicamente de aquel, etcétera, razón por lo que en muchos casos, prefieren evitar estas denuncias pese a su plena certeza de que esa situación insostenible, con el tiempo llega un momento crucial en el que la víctima debe decidir, si ponerle un freno a las constantes vejaciones perpetradas por parte de su agresor, o seguir soportando aquello que durante tanto tiempo toleró. 

Decidir activar el órgano jurisdiccional competente a fin de plantear una denuncia en contra del presunto agresor, se ha explicado brevemente en líneas anteriores, no es sencillo, lleva consigo inmerso un sin número de connotaciones de índole psicológica, social, y familiar, y hasta de violencia económica; que genera en las mujeres que han sido víctimas de maltratos constantes, inseguridad y temor al qué dirán sus parientes más cercanos o la sociedad misma, que juzga a las víctimas sin conocer realmente lo que han pasado dentro de su propio hogar; previo a dar ese importante paso de poner en conocimiento de las autoridades, empero, quienes después de atravesar todas aquellas vicisitudes que implica el afrontar este serio problema de violencia en sus casas, han decidido denunciar, deben cumplir con una serie de pasos previo a entrar en disputa con su presunto agresor en un tribunal. 

Aquellas mujeres que deciden denunciar los malos tratos perpetrados por uno de los miembros de su círculo familiar cercano, deben acudir donde un abogado de su confianza, sea particular o público, quien tendrá que entrevistar a la víctima para obtener todos aquellos presupuestos fácticos y fundamentos de derecho, que permitan a su defensor sustentar en juicio, una teoría del caso convincente que permita al juez, tomar la decisión más acertada sobre su situación en particular, para ello, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos: 

Una condición indispensable para desarrollar una adecuada primera entrevista con la víctima, es garantizar la privacidad y la confidencialidad. Lo recomendable es que con quien se entrevista, sea quien asuma el patrocinio. 

Identificar el grado de riesgo que está corriendo la víctima y la posibilidad de solicitar medidas de protección pertinentes en cada caso. 

Reconocer las necesidades y expectativas de la víctima (qué es lo que busca) y aclarar a través de información precisa y comprensible, qué puede conseguir y lo que no, a través de la iniciación de un procedimiento penal, ya sea expedito (en el caso de contravenciones) y ordinario (en el caso de delitos). 

Es probable que, en la primera entrevista, la víctima tenga dificultad en contar lo sucedido o tenga una crisis emocional. En este caso, es importante dejar que la víctima se desahogue, mientras se le brinda un ambiente de contención. 

Se debe brindar una detallada información sobre el procedimiento establecido para contravenciones o delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, los pasos que se seguirán, las pruebas que es necesario aportar, el rol de la víctima en dicho proceso, el tiempo aproximado de duración y los posibles resultados que se obtendrán. 

Finalmente, se preguntará a la víctima si desea iniciar un proceso penal. De ser positiva la respuesta, se debe indicar con precisión, la información necesaria para que acuda a la Fiscalía General Del Estado (a denunciar un delito) o siga el procedimiento adecuado cuando se trate de una contravención. 

Este último paso es muy importante, pues es muy común que las víctimas de estos maltratos, crean en principio que la solución a su inconveniente, sea únicamente obtener una boleta de auxilio para amedrentar a su presunto agresor, algo que no es del todo propicio para tratar estos casos de agresión, pues la víctima, descuida y no sigue de cerca el caso iniciado, dejándolo en el posterior abandono. 

Una vez que la parte agredida es informada por su abogado defensor del procedimiento y pasos a seguir en su caso particular, tomando como ejemplo que se trate de una contravención tipificada en el artículo 155 del COIP, redactada la denuncia misma que contendrá las respectivas medidas cautelares que le asisten a la víctima y constan en los 12 numerales del artículo 558 del mismo cuerpo normativo, será necesario su respectivo sorteo, mismo que recaerá en uno de los juzgados de la Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia, donde una vez calificada, se procederá con la citación al presunto agresor, quien podrá ejercer su derecho a la defensa, que es, parte del derecho al Debido Proceso en el que su objetivo principal, es lograr el cumplimiento de los derechos inherentes a todas las personas en todo el transcurso del proceso, pues este lo que hace es buscar la justicia, legalidad y equidad dentro de un marco de defensa a los derechos de las personas tanto víctimas como procesados. 

El artículo 642 del COIP, establece que cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener conocimiento que se ha cometido este tipo de infracción, notificará a través de los servidores respectivos, a la o el supuesto infractor para la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un plazo máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho a la defensa.

Una vez en audiencia, las partes tendrán que presentar todas aquellas pruebas que les asistan, a fin de sustentar lo que han alegado tanto la víctima en su denuncia cuanto el agresor en su contestación, circunstancia, que dará como resultado una sentencia dictada en audiencia, acorde a las reglas del antes mentado código, que de forma debidamente motivada condenará o ratificará el estado de inocencia del presunto infractor, sentencia que podrá ser apelada, ante la Corte Provincial. 

De esta manera, hemos dado un recorrido sucinto del trámite que tiene que llevarse a cabo; cuando una agresión es cometida entre miembros del núcleo familiar cercano de la presunta víctima, mismo que evidencia situaciones que no son en principio inherentes únicamente a la administración de justicia en el Ecuador. 

La violencia intrafamiliar no es per se, una situación subsanable únicamente en los juzgados de familia, es un problema social que debe ser erradicado desde las bases de la sociedad misma, debe ser un tema tratado con la importancia que amerita desde los hogares y escuelas, donde el Estado debe tener un rol protagonista no solo con el objeto de solucionar estas controversias de violencia contra la mujer en los juzgados, sino también, tratando de prevenir que estos hechos sucedan. 

El acceso a la justicia cuando se suscitan estos problemas está plenamente garantizado, al menos en lo que a la Constitución respecta, son más los casos día a día que se tratan en los juzgados del país intentando buscar una solución a un problema social que crece con el tiempo, no obstante, tomar conciencia y educarnos al respecto, es lo que hará que en un futuro no se hable de cómo la justicia actúa frente a estos casos, sino como la sociedad los evita.