Niñez y adolescencia: la realidad requiere prioridad en la garantía de sus derechos

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) es el responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, mediante la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la temática generacional (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores). Está conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil. Además, ejecuta un trabajo conjunto con los consejos consultivos generacionales.

El CNII como parte del Sistema de Inclusión y Equidad Social, reconoce a niñas, niños y adolescentes como grupo de atención prioritaria y promueve, con las entidades competentes, la aplicación del principio de interés superior del niño, en todas las actuaciones e implementación de normas, políticas, servicios, procedimientos y beneficios públicos, a través de propuestas normativas, acceso a las garantías jurisdiccionales y definición de políticas y servicios públicos.

Según el artículo 44 de la Constitución se establece el interés superior de niñas, niños y adolescentes como una consideración primordial; mientras que, en el artículo 45 dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

Hacia el cumplimiento de derechos

Nuestras actuaciones se enmarcan, principalmente, en la incidencia de las garantías constitucionales con los organismos rectores de política pública e instancias especializadas, en todos los niveles de gobierno, a fin de asegurar la igualdad formal y material, para el ejercicio de derechos de todas las niñas, niños y adolescentes.

Con el propósito de alcanzar este objetivo, el Consejo desarrolló la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (ANII) 2021-2025, que contiene políticas y líneas de acción para superar las brechas de desigualdad generacional e intergeneracional, en la que se encuentran los grupos más vulnerables de niñas, niños y adolescentes.

Consta de 12 propuestas de políticas públicas, con cuatro ejes de derechos: educación, ciencia y cultura; salud, alimentación y hábitos de vida saludable; trabajo y seguridad social; y protección, no violencia y acceso a la justicia. Además, es un referente para las políticas locales que formulan los consejos cantonales de protección de derechos, ya que la ANII se transversaliza e incluye en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.

La política pública llevada a la práctica

La construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2021-2025, se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Agenda de las Naciones Unidas 2030. Se realizó con la participación directa de los Consejos Consultivos Nacionales de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con 5.653 niñas, niños y adolescentes de todo el país, por medios virtuales, entre otros titulares de derechos (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2022, Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2021-2022).

A partir de esta herramienta establecemos espacios de articulación interinstitucional para transversalizar las propuestas de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que se desarrolla y existe para mejorar los niveles de calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores.

La política pública, en el ciclo de vida, demanda de un ejercicio real de la relación generacional e intergeneracional, que responda a un principio y fin, que no implica una visión individual y estática de lo que es la vida, sino un enfoque de continuidad. Desde esta perspectiva es deber del Estado garantizar la protección integral que comprende prevención, atención, restitución y exigibilidad de derechos durante el ciclo de vida; es quien debe generar las condiciones y priorizar su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial, por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia.

Las niñas, niños y adolescentes son un grupo de atención prioritario por lo que, con respecto a la garantía de sus derechos y en el acceso a la justicia, hemos coordinado con las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, de los casos que han llegado a conocimiento de CNII y que han servido de referente para establecer reformas o modificaciones a la normativa y políticas públicas relacionadas. 

Para verificar su cumplimiento realizamos seguimiento y evaluación de la incorporación de las políticas y líneas de acción de la Agenda. Asimismo, establecemos recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas.

Los principales hallazgos de alerta para la política pública responden, entre  otros temas, a los efectos producidos por la pandemia de la Covid-19 y post pandemia, tales como la deserción del sistema educativo por la dificultad de conectarse a educación virtual, un alto porcentaje de niñas y niños con desnutrición crónica, incremento de casos de violencia y aumento en la tasa de suicidios de adolescentes, entre los más relevantes.

Desde otra perspectiva, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional transversaliza el enfoque de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional, mediante normativas, procedimientos y servicios destinados a niñas, niños y adolescentes, con los gobiernos central, autónomos descentralizados, consejos y juntas cantonales de protección de derechos.

En este ámbito, participamos en procesos como la revisión y aportes a la propuesta del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna); la participación en la Mesa Interinstitucional del Caso Paola Guzmán; la propuesta de un Protocolo de Seguridad para la Prevención, Atención Integral y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; víctimas de violencia en servicios intramurales de acogimiento institucional y extramurales; revisión al Protocolo de Protección Especial a Niñas, Niños y Adolescentes, en Contextos de Movilidad Humana; en las mesas interinstitucionales para revisión del proyecto de Ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, entre otras acciones.  El fin es asegurar que las respuestas y acciones del Estado tomen en cuenta los derechos específicos, características distintivas, diversidad de situaciones y condiciones, que se relacionan con este grupo de edad (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 14. 20 de octubre de 2010).

Avances en la garantía de derechos de niñez y adolescencia en el país

• El CNII brinda asistencia técnica para incluir, en las prácticas institucionales y sociales, el reconocimiento de los derechos propios que tienen las niñas, niños y adolescentes.
• Incidencia directa con la Asamblea Nacional para la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, asegurando que los derechos, principios, garantías, mecanismos y procedimientos para el ejercicio, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes sean efectivos, oportunos y universales.
• A través de la observancia, establecimos recomendaciones para mejorar la implementación de las políticas públicas como erradicar el trabajo infantil; atención a los casos de violencia sexual en el sistema educativo; servicios para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana; implementación de manual de atención a adolescentes en conflicto con la Ley, entre otras advertencias.
• A través de la articulación y relación con los sujetos de derechos y de los Consejos Consultivos de Niñas y Niños y de Adolescentes, fortalecimos las capacidades y conocimientos para que las acciones de la familia y la sociedad estén permeadas con el enfoque generacional e intergeneracional.

En concordancia con el mandato constitucional, el artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), que establece la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para adoptar acciones de carácter político, administrativo, económico, legislativo, social y jurídico, que sean necesarias para la garantía, ejercicio efectivo y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, afianzamos nuestras acciones de coordinación interinstitucional, gestión y trabajo, desde nuestras atribuciones para que, además, el  interés superior del niño, se cumpla como ese principio que busca orientar y satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde el CNII incidimos para que las autoridades administrativas y judiciales, así como las instituciones públicas y privadas, ajusten sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Reiteramos nuestro compromiso por lograr, desde nuestro quehacer institucional, un país más justo, tolerante e inclusivo, con quienes, por su propia condición, son susceptibles a vivir mayor vulnerabilidad; reforzamos nuestro trabajo diario para sensibilizar en la ciudadanía el respeto por los derechos humanos; y, garantizamos una gestión con resultados para caminar juntos en la creación de un mundo mejor para las niñas, niños y adolescentes.