Los retos que plantea el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Los retos que plantea el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP)

febrero 7, 2014
in Category: Análisis jurídico
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Los retos que plantea el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Para algunos sectores de la academia, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) representa el mayor instrumento normativo de cristalización del poder punitivo en Ecuador. Sin duda, cada segmento de la sociedad tiene una opinión de lo que es y lo que va a hacer este Código. Lo cierto es que podemos comenzar por señalar que el COIP tiene el gran mérito de concentrar los tres cuerpos de leyes más importantes en la operación diaria de la práctica penal, a saber: i) Por una parte, concentra en su primer libro la parte general o el marco teórico así como el catálogo de delitos; ii) Por otra, contiene las instituciones y procedimientos que viabilizan la discusión sobre el esclarecimiento de la verdad procesal; y, finalmente, iii) regula novedosamente el régimen carcelario en función de los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad.

8-41El Estado no solo tuvo la histórica deuda de actualizar las normas sustantivas, adjetivas y ejecutivas en un solo cuerpo, sino de reformar e innovar las instituciones penales. Fueron más de setecientas leyes penales las que se encontraron dispersas por fuera del Código Penal de 1938, reformado generalmente en la década de los 70´s, mediante normas que establecían verdaderos regímenes de excepción procesal como la ya derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, más conocida como la Ley 108. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal del año 2000 nunca tuvo un hilo conductor o una comunicación tanto con el Código Penal como con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social reformado por la década de los 80´s. Cada uno de estos códigos se constituyó en una especie de ghetto conformando en sí y para sí el concepto y el método.

El COIP consagra, en su Libro I, una altísima difusión de los derechos y garantías, tanto para la víctima como para las personas privadas de la libertad además de las personas procesadas. Nadie podrá negar que esta declaración de derechos es la primera manifestación de un cambio normativo. Su marco teórico ha ampliado los criterios de autoría y participación criminal, adoptando legalmente la tesis del profesor Claus Roxin sobre la autoría mediata en los aparatos organizados de poder, con lo cual no quedarán definitivamente impunes los crímenes cometidos por verdaderas organizaciones criminales que operasen fuera o eventualmente dentro del Estado. A ello se suma la identificación de la persona jurídica dentro de la penalidad en lo que tiene que ver a su empleo como una figura instrumental para la comisión de delitos. De ello se han beneficiado estructuras corporativas que a nombre de su reconocimiento estatutario han perpetrado crímenes en detrimento de personas de carne y hueso e incluso del mismo Estado.

Por su parte, los delitos y contravenciones fueron actualizados en siete capítulos: i) sobre graves violaciones a los derechos humanos y contra el Derecho Internacional Humanitario; ii) sobre los delitos contra los derechos de libertad; iii) sobre los delitos contra el buen vivir; iv) sobre los delitos contra la naturaleza; v) sobre los delitos contra la responsabilidad ciudadana; vi) sobre los delitos contra la estructura del Estado; y, finalmente, vii) sobre los delitos de terrorismo y su financiación. A ellos se suman las contravenciones penales y los delitos y contravenciones de tránsito. En suma, el COIP tiene 270 delitos y 119 contravenciones.

Cabe destacar que uno de los nuevos delitos que propició la Defensoría Pública, que tiene que ver básicamente con una de las actividades ilícitas “más toleradas” del sistema bancario, es el tipificado en el artículo 326 y que trata sobre el descuento indebido de valores en las cuentas de ahorros, corriente o de crédito, lo cual ha producido la sustracción de millones de dólares que nunca más quedará en la impunidad. En otro sentido, la Defensoría Pública no sólo ha presentado propuestas de neocriminalización, sino de despenalización o atenuación de las penas, tal como ha ocurrido especialmente con el capítulo referente a los delitos de producción y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización (drogas), el cual ha sido una de nuestra demandas históricas para generar criterios de proporcionalidad en la aplicación de las penas, las que injustamente han llevado a miles de personas a estar encerradas con penas mayores que las del homicidio. Nunca más este dolor que felizmente termina con la atenuación de las penas de los delitos de tráfico donde participen personas que no son dueñas o líderes del negocio, es decir, narcotraficantes.

El Libro II aumenta los regímenes especiales del proceso, ampliándolo con los denominados procedimientos expeditos y directos. A ello se suman las reformas que se hacen al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando el pool de jueces para la conformación de los tribunales de garantías penales, propuesta que también ha sido planteada desde el servicio público de defensa y que tiene como objeto garantizar la imparcialidad del juzgador al momento de conocer una causa, además de profundizar en la cultura de la oralidad. Este libro resalta la importancia de debatir y excluir la prueba en la audiencia preparatoria de juicio, con lo cual se brindarían audiencias de mayor calidad en función de los derechos de los sujetos procesales. Así, podría decirse en líneas generales, que este libro contribuye al modelo acusatorio adversarial.

8-42El Libro sobre el régimen penitenciario o la ejecución penal cierra el círculo normativo del COIP, desarrollando la judicatura de garantías penitenciarias que tanto ha venido demandando la Defensa Pública, sobre todo porque dentro de nuestra organización contamos con defensoras y defensores capacitados para la ejecución de la pena no solo en cuanto a los trámites que dimanan del sistema progresivo, sino fundamentalmente en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Este libro es en realidad un gran reto para el Estado, pues recoge las directrices que permitirían adoptar un régimen carcelario más acorde con los instrumentos internacionales.

Frente a esta breve descripción, el COIP es un reto especialmente para quienes nos encontramos en el servicio judicial, tanto para jueces como para fiscales y defensores. Es un reto para los abogados particulares, para los organismos técnicos de investigación del delito, para los peritos; y, así mismo, para la víctima y la persona procesada. En este sentido, la Defensoría Pública implementó, al siguiente día de publicado el COIP en el Suplemento del Registro Oficial 180 del 10 de febrero de 2014, un agresivo plan de capacitación para las y los defensores públicos, el cual ha comenzado en las ciudades de Guayaquil (Guayas) y Arenillas (El Oro) y terminará en las ciudades de Manta (Manabí) y Quito (Pichincha), cubriendo geográficamente al personal misional de todas las provincias del país. Complementariamente, esta capacitación viene de la mano del programa que también está realizando en Consejo de la Judicatura, donde se articulan las visiones de los órganos jurisdiccionales así como de las agencias fiscales y defensoriales. Nuestro interés es servir con la mayor calidad y calidez posible a nuestros usuarios, quienes en definitiva son los actores inmediatos del COIP y que merecen el servicio de defensa técnica.

Finalmente, el COIP es un reto en sí mismo. Es ahí donde se pondrán a prueba cada una de sus instituciones, las que deben precautelar en todo momento el debido proceso. Por ello, dentro de la discusión naturalmente democrática también hemos enviado de forma reiterada a la Asamblea observaciones sobre el aumento de algunas de las penas, la disposición que autoriza la expulsión de extranjeros después de cumplida la condena, la necesidad de incorporar el error de tipo y el error de prohibición así como los servicios previos al juicio, la atenuación normativa para el uso de la prisión preventiva, la advertencias procesales a la reformulación de cargos de la agencia fiscal y las técnicas especiales de investigación en lo que tiene que ver al agente encubierto, el desdoblamiento del rol defensorial de asistir a la víctima siendo esta competencia de la agencia fiscal, la cuantificación del 80% para la procedencia del cambio a régimen abierto en la ejecución de la pena, entre otras. En ello ha sido recurrente nuestra demanda de incorporar los denominados “juicios por jurados”, que a pesar de no haber sido insertado en la práctica penal del COIP, nuestra institución no descansará para que un día de estos asumamos el reto definitivo de acercar de una vez por todas la justicia penal a las y los ciudadanos.

Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General

2 comments

  1. Cristian Silva
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    Es verdad el COIP es una herramienta que utilizandola con la debida preparación y estudio servirá como instrumento de protección de los derechos fundamentales de las personas q se encuentran inmersas en una causa penal tanto en calidad de victimas como de procesados, la innovación dogmática que ha sufrido nuestro sistema jurídico penal es de suma importancia ya que en el COIP se recopilan teorías y tendencias juridico-penales que en otrora hubiesen sido de impensable aplicación, creo que todos los funcionarios judiciales debemos aprovechar este cambio y siempre, en cada momento utilizarlo con el fin de darle a la sociedad la tranquilidad de la existencia de la seguridad juridica.

  2. María Antonieta Delgado Ortega
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    María Antonieta Delgado
    Entre los delitos que se ha logrado erradicar en el COIP, como claramente lo menciona el autor Dr. Ernesto Pazmiño, es el tipificado en el artículo 326 y que trata sobre el descuento indebido de valores en las cuentas de ahorros, corriente o de crédito, lo cual nos perjudicaba a millones de ecuatorianas/os con la sustracción de millones de dólares, situación que nunca más quedará en la impunidad. En otro sentido, la Defensoría Pública no sólo ha presentado propuestas de neocriminalización, sino de despenalización o atenuación de las penas, tal como ha ocurrido especialmente con el capítulo referente a los delitos de producción y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización (drogas), el cual ha sido una de nuestra demandas históricas para generar criterios de proporcionalidad en la aplicación de las penas, las que injustamente han llevado a miles de personas a estar encerradas con penas mayores que las del homicidio., con la atenuación de penas que contempla el COIP, se ha logrado que cantidad de personas salgan del encierro.
    Estos artículos que viene publicando la Defensoría Pública, son orientadores sobre la transformación dogmática del Sistema Penal y nos involucra a quienes estamos inmersos tanto en el Consejo de la Judicatura, Profesionales del Derecho, estudiantes, colectivos sociales, ecuatorianos/as.

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