El Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el castigo manicomial

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el castigo manicomial

febrero 8, 2014
in Category: Análisis jurídico
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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el castigo manicomial

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), publicado en el Suplemento del Registro Oficial 180 del 10 de febrero de 2014, faculta en su artículo 76 para que cualquier juzgador interne en un hospital siquiátrico a una persona “diagnosticada” con trastornos mentales y considerada procesalmente como inimputable, por el tiempo y la modalidad que el informe psiquiátrico lo establezca, aún cuando todavía no se ha comprobado el valor científico de las neurociencias en el estudio de la culpabilidad ni existan institutos neuropsiquiátricos de detención. Sin embargo, ¿ha prestado el estado este servicio?, ¿cuán científico es un informe siquiátrico dentro de un proceso penal?, ¿bajo qué condiciones se mantienen a los psiquiatrizados? Estas y otras cuestiones trataré de abordarlas a través de este breve análisis para tratar de resolver la interrogante de si: ¿se está enviando a personas de carne y hueso a un sistema verdaderamente desconocido por la justicia?

8-111I. ¡Sacar a los locos de las calles por ser peligrosos!

Por muchísimos años la salud pública estuvo en manos de la religión. La significación de lo que se entendía por enfermedad y sus concomitantes tratamientos fueron durante años abordados desde una concepción católica. Muchas fueron las enfermedades consideradas como epidemias –como el caso de la viruela con sus rebrotes en los años 1782 y 1802– que generaron una abierta cruzada desde el poder católico para controlar hospicios. Las acciones para la higiene pública fueron entonces propiciadas desde el sentido cristiano de la caridad, es decir, desde un horizonte eminentemente religioso. Al menos así ocurrió con el tratamiento de la lepra, cuyos pacientes fueron milenariamente considerados como apestados dando lugar a los afamados ´leprocomios´, algunos de los cuales aún expandieron resquemor entre sus vecinos, tal como ocurrió en la zona de La Vicentina en la ciudad de Quito.

Con el cambio de la salud pública a manos de estado se transforma la concepción para el tratamiento de las enfermedades. Este nuevo abordaje, potenciado desde momentos en que se cocían los movimientos libertarios por la independencia contra el Reino de España, adquiere un carácter eminentemente económico en términos de garantizar desde el estado el aumento de la población laboralmente activa (Castro-Gómez, 2010: 154). Poco a poco se va adaptando la idea del higienismo europeo a la realidad ecuatoriana, tomando una mayor presencia en la década de los años 30´s del siglo pasado en cuestiones como el control de la natalidad, longevidad, mortalidad y anomias (Kingman, 2008: 273). La concepción higienista de la salud pública estuvo alimentada en nuestro país por una fuerte preservación del ornato de las ciudades, así como el tratamiento de las enfermedades desde la beneficencia o caridad pública a través de entes filantrópicos como la Junta de Beneficencia de Guayaquil en Ecuador –que regenta el mayor hospital psiquiátrico del país, el afamado “Lorenzo Ponce”– o la Sociedad de Beneficencia de Lima en Perú. Con ello, no solo se implementaron políticas de adecentamiento, ordenamiento u ornamentación de las ciudades, sino que se establecieron prácticas de exclusión o separación para muchas personas del ambiente social (Kingman, 2008: 325), entre los cuales estaban los ´mendigos´ y los ´locos´.

Por su parte, fue también determinante el papel que jugó la policía, que en el caso ecuatoriano tuvo una raigambre de policía médica (moral) para la vigilancia del espacio público mediante corporaciones como la ´Junta Superior de Sanidad Marítima y Urbana´ de Guayaquil y el ´Consejo Superior de Sanidad e Higiene´ de Quito. A inicios del siglo pasado se expandió el control salubrista de los comportamientos sociales de la época. Tal es así que en 1938 se crea el recién derogado Código Penal, mediante el cual se construyó un manual de buenas prácticas a través del régimen de contravenciones, catalogando como infracciones “conductas” que en su mayoría tuvieron penas de encierro (Paladines, 2010: 4-6), tal como las siguientes: “los que salieren vestidos de una manera indecorosa o contraria a las buenas costumbres”; “los que se bañaren quebrantando las reglas de la decencia”; “los que públicamente ofendieren el pudor, con acciones o dichos indecentes”; “los que permanecieren mucho tiempo y sin objeto alguno plausible parados en las esquinas de las calles u otros lugares no destinados al recreo de los habitantes”, entre otras.

La legislación civil también plegó al control higienista de las “enfermedades” (comportamientos sociales), colocando en interdicción la vida jurídica de las personas consideradas como dementes a quienes además se las somete a las denominadas curadurías. Se afianzó un sentimiento social que consideró al ´loco´ como un trasgresor de las reglas de comportamiento generalmente aceptadas, imputándoles además el estereotipo de desviados. Esta noción ha influido no solo en el espacio público, sino también en la familia. Por ende, ambos sectores ven en la hospitalización del ´loco´ no sólo un posible mecanismo de curación, sino su separación del espacio público y privado por ser eventualmente peligroso.

8-112II. ¡Usar el discurso de la ´ciencia´ para prisionizar!

Para segregar del espacio público a las personas con comportamientos distintos y no aceptados socialmente, se configura imaginariamente un mundo ideal: el mundo de los ´normales´. Por el contrario, quienes no apelan a estos patrones y aunque no manifiesten síntomas físicos de enfermedad alguna, los cuestionables Manuales de Diagnóstico y Estadísticos de Trastornos Mentales (DSM) registran un cada vez mayor catálogo de enfermedades o trastornos mentales, concebidas dentro de lo ´anormal´ aunque hasta el día de hoy no se sepa a ciencia cierta qué es lo normal. No obstante, desde los años 60´s se ha desarrollado toda una corriente que ha puesto en cuestión el valor científico de la psiquiatría a través de los estudios de David Cooper (Inglaterra), Franco Basaglia (Italia), Thomas Szasz (Budapest-New York), Ervin Goffman (EEUU), entre otros. En esta crítica, las fronteras entre los comportamientos sociales versus los trastornos mentales, son peligrosamente delimitados sencillamente por la subjetividad política. Algunas prácticas culturales pueden sufrir estereotipos siquiátricos ridiculizándolas como excesivas, patológicas y problemáticas. Muchas acciones (conductas) que se encuentran en el marco del simple desarrollo de la personalidad tienden a ser abordadas bajo los enfoques de la salud mental por ser consideradas como alteraciones del comportamiento. De esta forma, resulta que muchas personas presentan hoy en día “ desórdenes” de personalidad, con lo cual podrían ser fácilmente catalogadas como bipolares, esto es, como esquizofrénicas.

Se denuncia mundialmente la crisis de la definición sobre salud mental, al menos por la existencia de un abierto interés por parte de empresas morales, farmacéuticas y de rehabilitación en asumir lucrativamente su tratamiento mediante un cada vez mayor catálogo de enfermedades. Sin embargo, no existe empíricamente la salud perfecta en la noción de la normalidad gaussiana, pues en el fondo una acción o conducta parte del ejercicio del mismo derecho a la libertad. Al estudiar el curso de la comisión de un delito, la psiquiatría adopta el mismo criterio que emplearon en su tiempo Lombroso, Ferri y Garófalo para hacer un supuesto estudio del iter crimis alrededor del estudio de la personalidad del agente. Las causas entonces tienden a ser consideradas como complejos trastornos mentales, definiendo así a los procesados como inimputables y, por ende, como no merecedores del sistema privativo de la libertad comúnmente conocido: la cárcel; sino, del sistema desconocido de medidas de seguridad: el manicomio.

No hay un procedimiento médico universal y comprobado que mitigue de forma científica el impulso de cometer un delito, dado que este no deviene de disfunciones orgánicas neurocerebrales sino de la misma voluntad humana, además que la construcción misma del delito es artificial (innovación del legislador) y no natural. Pese a ello, audazmente la política criminal del COIP recae otra vez en tratar al inimputable bajo la supuesta sintomatología de los trastornos mentales a partir de sus efectos, usando para ello el peligroso camino de la siquiatría. Sin negar algunos de sus aportes ni asumir una posición totalmente excluyente, la siquiatría ha tenido prácticas intrusivas y violentas que nos recuerdan abominables experiencias como la lobotomía (taladramiento del frontal del cráneo) o el electroshock (descargas de energía eléctrica). En tal sentido, el mecanismo para “deshabituar” a una persona de la libre voluntad de cometer un delito adopta infraestructuralmente similares funciones que las de las cárceles: el aislamiento. Por ende: “La violencia y la exclusión son justificadas en estos sitios en nombre de la necesidad, como consecuencia de la finalidad educativa para las primeras, y de la culpa y de la enfermedad para las segundas. Estas instituciones pueden definirse como las instituciones de la violencia” (Basaglia, 1972: 131-132).

En las clínicas u hospitales psiquiátricos, además de la administración de drogas o medicamentos (tranquilizantes, antidepresivos, etc.), se adoptan terapias morales de enfrentamiento con el sujeto, quienes son concebidos como objeto (cosas) de la operación terapéutica. Queda por saber si algunas de estas terapias se aplican mediante tormentosas prácticas bien definidas jurídicamente como torturas, pues durante este proceso al menos se debe admitir que (Foucault, 2008: 27-28): 1.- que de ninguna manera se trata de un proceso médico; 2.- que no existen recetas que ´curen´ los trastornos mentales; 3.- que la medicalización está enfocada en modificar u ocultar la personalidad pero no la voluntad; 4.- que a través del enfrentamiento moral –y en algunos casos físico– se propende al debilitamiento de la personalidad; y, finalmente; 5.- que el constante enfrentamiento se sella con el ´reconocimiento´ forzado del paciente de su calidad de enfermo y su atemorizada promesa de no volver a delinquir en su vida.

8-113III. Conclusiones: ¡del juzgado al manicomio!

La relación entre los profesionales del servicio penitenciario con los del hospital psiquiátrico se mide por la tecnología de la vigilancia (evitación de la fuga). De esta forma, el manicomio y la cárcel cumplen la función de castigar. Queda solo en la retórica del expediente judicial si el ingreso a cualquier de estas instituciones se da por pena o medida de seguridad. Sin embargo, aún en las peores condiciones de encierro, dentro del régimen de ejecución de la pena se mantiene al sistema progresivo que, cuestionable o no, asegura con certidumbre la salida de los condenados de las cárceles; al cabo que en los manicomios el expediente judicial es completado con la historia clínica de un paciente al que no se sabe a ciencia cierta cuándo se le dará el alta.

Las instituciones siquiátricas de mayor cobertura no están en manos del estado, sino de corporaciones filantrópicas o religiosas, con lo cual queda en ciernes el control total al menos de los métodos de tratamiento. A ello se suma el cuestionable aporte científico de las neurociencias en la determinación del estudio de la culpabilidad bajo parámetros estrictamente apegados al estado de derecho (debido proceso) y a la dignidad humana. Aún persisten las dudas sobre si los DSM están llenos de calificaciones subjetivas y prejuicios que de verdaderos diagnósticos científicos. Por ende, al no estar claros que todos los trastornos son en estricto sentido enfermedades mentales, podríamos estar habilitando una falsa ciencia que legitime con su discurso las mismas postulaciones peligrosistas del positivismo criminológico supuestamente superado. Siendo así, la administración de justicia penal estaría abriendo una dimensión que no acabaría por comprender ni mensurar completamente, bajo el claro riesgo de internar en instituciones desconocidas a personas libres calificadas ahora como dementes por los mismos profesionales del poder siquiátrico. De ser así, no estaría en manos precisamente del procesado el emplear o perder la razón…

Jorge Vicente Paladines

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