Justicia: El problema para los adolescentes somos los adultos

Justicia: El problema para los adolescentes somos los adultos

febrero 8, 2014
in Category: Perspectivas
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Justicia: El problema para los adolescentes somos los adultos

En los primeros días de marzo, una infinidad de medios de comunicación informaron que en Estados Unidos se estaba procesando penalmente a un adolescente de apenas 13 años y que el sistema judicial lo enfrentaba a una probable cadena perpetua por haber asesinado a su hermanastro de dos años mientras lo cuidaba; también se lo acusaba, en otro proceso, de un supuesto abuso sexual sobre otro hermanastro de cinco años. El primer contacto de este menor con la policía ocurrió cuando tenía dos años, lo encontraron deambulando, desnudo y sucio, una madrugada por las calles de Miami luego de haberse escapado de la habitación de un hotel en el que su abuela llevaba varios días consumiendo drogas.

8-261En general, su vida ha sido matizada por abusos sexuales y violencia. Nació fruto de la violación que sufrió su madre por parte de un vecino cuando apenas ella tenía 11 años, sin que pueda interrumpir su embarazo por la restricción legal que existe en Florida para el aborto. A sus escasos tres años, fue expulsado de la guardería por simular con un compañero un acto sexual que provocó que los servicios sociales concluyeran que el niño había sufrido algún tipo de abuso sexual, años posteriores se confirmó que el responsable había sido un primo. Su padrastro, tras cinco años de convivencia relativamente normal con su madre, se suicidó delante de los hijos de la pareja después de haber propinado una brutal golpiza al menor. Pocos meses después, el adolescente fue detenido y acusado de la muerte de su hermanastro.

Esta familia habita en la nación emblema del capitalismo mundial, en la que incluso se han desarrollado niveles de dependencia de varias economías del mundo. Es el modelo de sociedad y gobierno que varios países se esfuerzan por replicar; se basa en un continuo desarrollo de la propiedad privada en el que los medios de producción pertenecen a los capitales y los obreros están privados de ellos, pero presionados a subsistir y mantener un estatus de consumidores activos hipotecando, inclusive, las relaciones de convivencia familiar y social que se deterioran aún más cuando el modelo económico sufre un quebranto.

8-262La reacción inmediata se inicia por la apuesta de proteger el capital aunque las decisiones lleven a generar desempleo, pérdida de las viviendas, menos acceso y más baja calidad en los servicios de salud y educación públicos, congelamiento de créditos personales, reducción de producción por incapacidad de consumo, entre otros hechos que afectan directamente a las personas de menos recursos. Además, se generan reacciones sicológicas intolerantes en las clases dominantes, con una tendencia a etiquetar como peligrosos a los pobres, incluso, desde su niñez, para presionar a que se generen políticas que limiten el libre tránsito por lugares determinados para proteger la propiedad privada, desviando ingentes cantidades de recursos hacia actividades poco inclusivas.

En Latinoamérica se reproducen debates y reformas a los sistemas penales en los que se lesiona gravemente el desarrollo de los adolescentes y se incorpora el discurso de la mano dura que tiene como origen los Estados Unidos, aún sabiendo que es un discurso de uso electorero que raya en la demagogia, pero con resultados trágicos como ocurre en México, país en el que mueren decenas de miles personas con el justificativo de la seguridad y más lamentable es que esos hechos son extraordinariamente publicitarios. La mayoría de personas muertas son de origen humilde que encajan en ese creciente discurso socialmente aceptado de luchar contra la inseguridad.

8-263Las estadísticas nos permiten evidenciar que la mayor cantidad de personas que ingresan al sistema penal de nuestros países están fundamentalmente en edad económicamente activa, con niveles de instrucción inferiores a la educación básica o ninguna, marcados por una severa pobreza en sus hogares y, en el caso ecuatoriano, con seguridad, sus familias pertenecen a los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución. En ese contexto, los medios de comunicación han aportado en maximizar una situación de conflictividad que termina resultando incómoda para los gobernantes y que, para sacársela de encima o bajar el nivel de angustia, se crea un enemigo al que hay que someter, encarcelar y casi lapidar, incluyendo en este proceso a los jóvenes violentos, aunque su existencia sea excepcional. También se generaliza y elige a los adolescentes vulnerables y residentes en barrios precarios para edificarlos como los nuevos peligrosos e idóneos para ocupar el papel de enemigo, demostrando la poca capacidad de resolución de los problemas reales de las sociedades. Adicionalmente, para los efectos estadísticos de eficiencia y efectividad siempre se pregunta ¿qué es lo más fácil? ¿Detener a un estafador de fondos públicos, a un banquero que se apropió del dinero de sus depositantes o a un joven que va por la calle con uniforme de delincuente?

Ese es el escenario en el que se debaten políticas para reducir la edad de imputabilidad. En Uruguay, a pesar de que en sus estadísticas los índices de conflictividad están muy por debajo de la media latinoamericana, un grupo de ciudadanos trabajó en la recolección de firmas para llevar a un plebiscito esta iniciativa, intentando reflejar que el problema de seguridad de ese país tiene que ver con los menores infractores y que la respuesta que debía dar el sistema político era encontrar la manera de ponerlos en prisión o cualquier otra medida parecida a la privación de la libertad.

En el Ecuador, la Constitución obliga a las instancias públicas y privadas a adoptar medidas de atención especializadas y con prioridad para determinados grupos de la población dentro de los cuales se encuentran las niñas, niños y adolescentes. Además, ubica al Estado como garante de los derechos de las y los jóvenes y lo obliga a promover políticas y programas, instituciones, y, recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos. La Constitución los considera como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantiza la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión, asociación y la promoción de sus habilidades de emprendimiento, considerándolos como sujetos activos en la producción.

Sobre la base de estas disposiciones se deben implementar políticas inclusivas para evitar que se vean inmersos en el sistema penal y si, en cualquier circunstancia, se ve abocado a un evento de conflictividad, el joven debe tener un proceso judicial acorazado de todas las garantías que tiene el adulto. Sin embargo, no se debe someter a las mismas penas porque se trata de un ser humano en construcción y si su desarrollo lo hace en un centro de detención, como los que existen en todo el mundo, podemos asegurar que su formación no será la más adecuada. En casos excepcionales se requerirá el uso de la internación, pero siempre tratando de que sea el menor posible, procurando privilegiar medidas alternativas que sean acompañadas por la familia y la ciudadanía. Debemos entender que a las familias que les toca vivir un hecho violento ejecutado por un adolescente, siempre sufren un dolor. El involucramiento de adolescentes en hechos delictivos no es un porcentaje alto, no obstante, las políticas públicas deben actuar en ese joven para extraerlo de esas redes. Los datos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos corroboran esta afirmación: apenas 204 menores, en un rango de edad de 12 a 15 años, se encuentran privados de la libertad y eso corresponde al 1,40 por ciento del total de la población en esa edad. Bajo esa misma consideración, de los adolescentes de 16 y 17 años, el 4,12 por ciento – 599 personas- están en internamiento.

Solamente la generación de empleo y mejora de salarios disminuye la violencia y el cometimiento de actos delictivos. Además, erradicaría de la cabeza de muchos políticos hacedores de la legislación la idea de que las personas que nacen pobres son punibles siempre.

Es que en nuestro país, las circunstancias económicas adversas son la puerta de entrada para delinquir y ello también se aplica a los adolescentes: para mayo del 2011, el Ministerio de Justicia disponía de información de que los principales delitos que ellos cometen son contra la propiedad (robo, intento de robo, destrucción contra la propiedad) en un 43 %; y los delitos sexuales y contra las personas no sobrepasaban el 14 %.

La nueva legislación ecuatoriana en materia penal, para adolescentes, incrementa gradualmente las llamadas medidas socioeducativas dependiendo del tipo de delito, permitiéndole al juzgador hacer uso de estas de manera acumulada hasta llegar inclusive al internamiento. Precisamente ese es el momento en que la sociedad y el Estado deben entender que en lugar de “meterlos presos” se debe educarlos para que tengan una oportunidad en la vida y gestar originales y novedosos valores en las relaciones humanas, en sus hábitos y costumbres. Debemos retroalimentarnos de sus realidades para aprender y entender que la evolución responsable de las sociedades no es un asunto que deben asumir únicamente los jóvenes sino también los adultos.

 Julio Ballesteros

1 comment

  1. Jenny Maria Escobar Yunda
    Reply

    Si la sociedad y los legisladores pudieran entender q la mejor rehabilitacion es la educación. Enseñar para crecer en un ambiente mejor

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