Solanda Goyes: El COIP está en deuda con los derechos de las mujeres

Solanda Goyes: El COIP está en deuda con los derechos de las mujeres

febrero 8, 2014
in Category: Entrevistas
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Solanda Goyes: El COIP está en deuda con los derechos de las mujeres

En el último piso de un edificio ubicado en el sector de Miraflores (Quito), Solanda Goyes, abogada experta en temas de género y derechos humanos de las mujeres, toma su ejemplar del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se dispone a contar cómo, después de largas conversaciones y luchas, los derechos de las mujeres no lograron mayor avance en este instrumento legal y una oportunidad histórica para las mujeres pasó de largo, dejando como único avance, la tipificación del femicidio.

18.¿Qué demandas de la Agenda de las Mujeres quedan dentro del Código Penal Integral (COIP) y cuáles fuera?

Hacer un balance completo nos llevaría a enumerar a una serie de instituciones que no han sido consideradas y obviamente decir las que sí lo han sido. El principal avance es el reconocimiento del femicidio como un delito específico, que ha sido una lucha del movimiento de mujeres desde hace muchos años.

Hablando de las cosas que quedan fuera, la más relevante, que incluso se constituye en una deuda del Estado y de la Asamblea, sobretodo de las mujeres asambleístas- que representan nuestros intereses y que han llegado allí por una cuota electoral que fue disputada por las mujeres- es el mandato constitucional, contenido en el artículo 81 referente al establecimiento de un procedimiento expedito que permita el juzgamiento y la no impunidad de los delitos de violencia física y violencia sexual.

El haber logrado que esto conste en la Constitución, fue producto del trabajo de mucho tiempo de las mujeres, para que se comprenda que el derecho penal en este tema debe ser abordado desde otra perspectiva a la de los delitos comunes; que se trunque esto en la Asamblea Nacional paritaria, realmente es una deuda y hasta una vergüenza para el país.

¿En qué consistía este procedimiento expedito?

En términos generales lo que se busca es que se reduzca una serie de pasos en los procesos penales para violencia contra las mujeres. Si bien todas y todos estamos de acuerdo en que en materia penal los procedimientos deben ser muy rigurosos, para no juzgar a personas inocentes, en violencia intrafamiliar y sexual hay un conjunto de elementos que pueden facilitar al juez el determinar si una persona es agresora o no, porque existe una serie de parámetros, como los estudios sicológicos, que dan cuenta del perfil de una persona en sus relaciones personales y de pareja. Se busca evitar que se recurra a cuestiones necesarias en procesos por delitos comunes, como un robo, en el que las partes no se conocen. En esos casos, el proceso judicial debe ser mucho más intenso para descubrir quién realizó el delito, pero cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, tiene que haber menos etapas en el proceso, deben ser abordados desde otra perspectiva. Por eso se debía diseñar un proceso expedito y la Asamblea Nacional no lo hizo.

18-1¿El proceso expedito iba a aportar a la protección de la vida de las mujeres violentadas?

Hemos planteado desde hace mucho tiempo que en términos de derechos de las mujeres no solo tiene que considerarse la parte penal, las víctimas de violencia necesitan una serie de atenciones, porque muchas de ellas no quieren denunciar, quieren resolver los problemas por otras vías, que les dejen de golpear, tener los recursos para vivir con sus hijos y que se aleje el agresor. Entonces las soluciones a los problemas de violencia intrafamiliar no tienen que ser netamente en el ámbito penal, como hasta ahora. Ese es solo un abordaje del problema. Hay otros aspectos como la prevención, la reparación de derechos, que una mujer reciba atención inmediata cuando ha sido violentada. Eso no es cuestión de jueces, ni de abogados o de la Fiscalía, sino de asistencia social, que debe ser implementada en el país, constar en este procedimiento expedito para que existan las instancias en las que las mujeres puedan encontrar una respuesta a su situación de violencia.

Muchas veces se escucha que las mujeres denuncian en el momento de la agresión y cuando conocen lo que implica la boleta de auxilio y otras medidas de protección desisten de la denuncia, y que en ese sentido existen recursos del Estado que están siendo “desperdiciados”. ¿Qué decir ante esto?

Una pérdida de recursos para el Estado es que existan mujeres violentadas. La violencia contra las mujeres genera pérdidas económicas para las empresas y para el Estado porque las víctimas de violencia viven una situación tan dura que afecta su productividad. Lo que deben preguntarse es porqué las mujeres están renunciando a estas acciones y qué reformas hay que hacer en el proceso, ante esta situación.

¿Hay un avance o un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el COIP?

Yo diría que el COIP, en términos de los derechos de las mujeres, es mediocre. No avanza, solamente recoge lo que en el pasado se ha logrado, salvo femicidio, y lo recoge después de grandes luchas de las mujeres, porque la primera versión del COIP era realmente un retroceso que hubiese puesto en riesgo las conquistas de las mujeres en el Ecuador, que tampoco es un país que esté en la cúspide de los derechos. Tenemos muchas deudas en este sentido.

El COIP que fue aprobado ya contiene una cantidad de reformas que fueron impulsadas por el movimiento de mujeres. Esta era una oportunidad histórica del Ecuador. Teniendo una Asamblea paritaria, tuvo que haber resuelto los problemas de violencia contra las mujeres y no lo hizo.

¿Cómo cambian en la práctica, para las mujeres víctimas de violencia, los mecanismos para buscar la protección de sus derechos?

El COIP generará cambios negativos. Por ejemplo, el haber incluido en el artículo 588 que las medidas de protección serán dictadas siempre y cuando existan méritos, será un aspecto negativo para las mujeres, porque actualmente las medidas de protección se dictan ante la simple denuncia de un caso de violencia, justamente para proteger la vida y la integridad de las mujeres. ¿Quién va a juzgar que existan méritos? El abogado de la contraparte en todo caso va a alegar que no hay méritos y eso debilita lo imperativa que debió haber sido la norma de las medidas de protección. Eso fue advertido por nosotras, sin embargo, no fue tomado en cuenta.

Otro tema que nos preocupa es que el COIP establece en el artículo 643, numeral 14, que para este tipo de casos se podrán presentar certificados de honorabilidad. En eso tenemos una gran crítica, porque está comprobado que en los casos de violencia intrafamiliar, un agresor puede aparecer en sociedad como un gran personaje; obviamente los certificados de honorabilidad le van a llover, pero en su vida privada puede ser una persona que comete violencia contra la mujer. Esto está debidamente comprobado con estudios. Entonces, es una mala decisión permitir estos certificados. Durante los quince años de existencia de las Comisarías de la Mujer habíamos logrado que estos certificados no tengan validez. Tenemos muchos jueces que todavía tienen una visión patriarcal, que piensan que las mujeres nos buscamos la violencia. En ese sentido, la aceptación de estos certificados estaría contribuyendo a la impunidad.

También sugerimos que se acoja en el COIP la especialización para los delitos y contravenciones en asuntos de violencia contra las mujeres. Primero, porque la carga judicial en estos temas es bastante alta y luego, porque, como había mencionado, el abordaje debe ser distinto. Los juzgados de violencia contra la mujer, según nuestro criterio, debían asumir las contravenciones y los delitos en estos temas, pero eso no lo aclara el COIP y lo deja totalmente ambiguo. De tal manera que nosotras hemos acudido al Consejo de la Judicatura para que mediante sus facultades lo aclare. Esta es otra gran deuda del COIP.

¿Con estos temas la protección de las mujeres queda reducida?

Sí, queda bastante reducida.

¿Qué cambia al tipificar como “violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar”, lo que antes se denominaba violencia intrafamiliar?

Nada. No le encuentro ningún cambio, porque uno de los pedidos contantes ha sido que debe singularizarse la violencia contra las mujeres, de manera que realmente exista un desarrollo con respecto al deber del Sistema de Justicia de contribuir a combatir la violencia hacia la mujer. Con esta modificación, se está diciendo lo mismo que violencia intrafamiliar, porque esta se conceptualiza como la que se ejerce contra personas dentro de la familia. En la Ley 103 ya se hacía referencia a quien se considera miembros del núcleo familiar. Es importante que se describa lo que es el núcleo familiar. En este sentido, el COIP solo reproduce lo que establecía la Ley 103, pero no avanza nada.

¿Cómo mira el Movimiento la tipificación del femicidio?

Ese es el avance que tiene el COIP y se dio por los casos que conocimos en los últimos meses, como el de Karina del Pozo, que contó con un gran seguimiento mediático. Esto permitió que el femicidio se mire como un problema existente en nuestra sociedad y que se decida tipificarlo, porque conocemos que estuvo a punto de no incluirse.

Es un avance en cuanto podrán ser singularizados los casos de muertes de mujeres en manos de sus agresores.

¿El tema del aborto?

Ese es tema aparte. Hay indolencia del Estado. No puede ser que el Presidente de la República piense de determinada manera en su vida particular y por eso se desconozca que existe un problema de salud pública. El aborto es una de las primeras causas de muerte de las mujeres. No se puede permitir que las mujeres sigan teniendo problemas con sus vidas por practicarse abortos clandestinos.

Más allá de que una persona piense que la mujer deba practicarse o no el aborto, existen muchas mujeres que lo hacen y esta es la realidad que tiene que enfrentar el Estado.

Pretender imponer algo a través de una norma y así intentar transformar una realidad, no es efectivo. Es ineficaz ponerlo en la norma, eso complica el problema.

El hecho es que muchas mujeres todavía sufren por embarazos no deseados, producto de una violación y deciden abortar.

Mientras el aborto sea una realidad desconocida por el Estado, las mujeres seguirán acudiendo a lugares clandestinos y eso las conduce a la muerte. Es lamentable todo lo sucedido con respecto al aborto en el COIP. Lo aprobado es lo mismo que estaba en el código de hace 70 años. Eso quiere decir que se reproduce lo que estaba estipulado hace casi un siglo. En términos jurídicos solo cambió la terminología: en lugar de “mujer idiota”, ahora dice “mujeres con alguna discapacidad mental”. No se avanzó nada y se desconoce que el 60 % de la población está de acuerdo con que sea la mujer embarazada la que decida si tener o no un hijo, producto de una violación.

¿El tema del aborto es otra deuda del COIP con las mujeres?

Es una deuda no solo del COIP, sino del Estado, del Presidente de la República, de la Asamblea Nacional. Realmente es no comprender la realidad de muchas mujeres ecuatorianas.

Entonces, ¿cómo quedan los derechos de las mujeres en el COIP?

Reproduce en gran parte las conquistas logradas. Va a tener éxito siempre y cuando el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, a nivel administrativo, conduzcan adecuadamente las normas que están en el COIP. En el caso de que esas instituciones dejen a la libertad de interpretación de jueces, fiscales y defensores públicos, yo creo que este Código va a ser un retroceso, porque tiene la gran deuda de no abordar en un nivel específico la misión que tiene toda ley de transformar una realidad. En ese sentido, lo que deja el COIP es instituciones más laxas que pueden hacer que se relativice lo logrado hasta la fecha.

El COIP podría ser conducido para que sea mejor utilizado, siempre y cuando haya decisiones muy firmes a nivel administrativo de quienes determinan cómo aplicar las normas.

¿Cuáles son las grandes deudas con los derechos de las mujeres?

Desde el punto de vista de las deudas que tiene este Código Penal es lamentable que no haya sido abordado con la seriedad que ameritaba el tema de violencia contra las mujeres, que en el Ecuador es gravísima. Cuatro millones de mujeres hemos sufrido violencia alguna vez. Este es un porcentaje muy alto de la población ecuatoriana. El Estado no puede desentenderse, peor contando con estas cifras que sustentan cualquier acción legislativa. Esta es una deuda que la historia tendrá que juzgar.

En el movimiento de mujeres ya estamos buscando la vía para formular una reforma ya que nuestro Estado no ha respondido a las necesidades de las mujeres.

María José Lasso

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