La política pública de acceso a la justicia por parte de las mujeres

La política pública de acceso a la justicia por parte de las mujeres

septiembre 10, 2013
in Category: Género
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La política pública de acceso a la justicia por parte de las mujeres

N uestras constituciones y leyes repiten el famoso principio de igualdad ante la ley, como un paradigma básico de nuestros ordenamientos jurídicos en América Latina. “Todas las personas son iguales ante la ley”. Aquello quiere decir que las normas están desprovistas de prejuicios a priori y que no establecen diferencias injustificadas para el ejercicio de los derechos subjetivos. Sin embargo, no siempre ha sido así, sino recordemos las reglas del apartheid que determinaban que era legal que los propietarios de locales comerciales puedan limitar el acceso a las personas según su raza o que en el servicio público, de igual manera, las personas “no blancas” ocuparan lugares al final de los buses o tuvieran que ir de pie. Tampoco es común, al mismo tiempo, que las normas jurídicas establezcan formas diferenciadas para el ejercicio de los derechos subjetivos. Por ejemplo, solo luego de la Constitución de 1967 y las reformas al Código Civil y Código de Comercio en 1989, las mujeres pueden realizar actos civiles y de comercio sin autorización de su cónyuge.

Hoy ya no es aceptado socialmente ni el racismo ni el sexismo. Todo lo contrario: es un antivalor vergonzoso y humillante. Poca gente acepta abiertamente que es racista o que le gusta pegar a las mujeres.

En el aspecto normativo, las normas abiertamente discriminatorias están en peligro de extinción. Apenas hace unos años, se despenalizó parcialmente la homosexualidad, se eliminó la causal de excusa en el asesinato de la mujer que fuere sorprendida en el lecho conyugal, y se eliminó la prohibición de que prostitutas puedan ser testigas en un proceso judicial. No obstante, las formas de discriminación se encuentran implícitas en el silencio y omisión de las normas y las políticas públicas. Nos encontramos así ante la existencia de barreras estructurales que afectan el acceso sustancial de determinados grupos de personas y colectivos a la justicia.

Una de las barreras estructurales, en consecuencia, que afecta el acceso sustancial al proceso tiene que ver con la asimetría en todos los niveles que afecta el acceso de las mujeres. Así, el derecho, supuestamente neutro sexualmente, esconde esta asimetría en el principio de igualdad formal, de acuerdo al cual “todos somos iguales ante la ley”. No obstante, la condición de mujer no solo está minorizada y subordinada en las normas jurídicas, sino que los operadores jurídicos reproducen en sus prácticas diarias prejuicios sobre los roles sociales que se creen exclusivos de las mujeres. Aquello ocurre porque la mujer es social e inconscientemente considerada como débil, sospechosa de mentir, tramposa; o, al mismo tiempo, no se toman en cuenta sus condiciones particulares para su participación en el litigio, lo cual reafirma la desigualdad socialmente construida frente a los varones. Una sociedad machista y patriarcal opera como una barrera que afecta el derecho al debido proceso de las mujeres.

6-4-1Lo que pasa hoy, sin embargo, es que la discriminación transita por otros caminos. Por una parte, por actuaciones cotidianas de la gente respecto de las personas diferentes a las del statu quo. Comentarios, gestos, chistes y formas disimuladamente hostiles son muy comunes en contra de personas de elección sexual diversa, de mujeres, campesinos, negros, asiáticos, y un enorme etcétera. Y, por la otra, el excesivo formalismo de las normas jurídicas esconde los problemas estructurales que afectan la igualdad de acceso de las personas al ejercicio de los derechos. Bajo este último problema, podemos decir que existen, además, barreras para el ejercicio de los derechos. Barreras de tipo cultural, de género, de prioridad en la protección de determinados grupos, de diversidad sexual, geográficos, políticos, sociales y económicos que afectan la realización de los derechos. Pensemos en cómo la falta o mala administración de recursos económicos afecta el derecho a la educación. El pretexto consabido es “no hay dinero para educación, pues tenemos que pagar la deuda externa”… Pero sí hubo para salvar el patrimonio de unos cuantos dueños de bancos durante la sucretización de la deuda durante el gobierno de Jaime Hurtado y en el salvataje bancario durante el período de Jamil Mahuad.

Desde una perspectiva teórica, el clásico estado de derecho se lo ha pensado solo desde la obligación negativa respecto de los derechos constitucionales. Una obligación “de no hacer”: no matar, no torturar ni desaparecer personas. Sin embargo, el estado constitucional supone un salto cualitativo, en la medida que tiene, además, una obligación positiva “de hacer”, es decir, tiene el deber de adoptar las medidas adecuadas para el desarrollo efectivo de los derechos. Esta distorsión histórica provocada en el Estado por el liberalismo hizo, en su momento, creer que su naturaleza comercial en América Latina le privaba de considerar también derechos a los económicos, sociales y culturales. De esta manera, se creyó que los únicos derechos humanos justiciables eran los civiles y políticos, al tiempo que el Estado consideró que era más cómodo abstenerse de toda política de intervención, lo cual le generaría gastos enormes y la toma de difíciles decisiones políticas. Un estado irresponsable fue el resultado de este proceso de degradación.

No obstante, la Constitución de 2008 estableció que el Estado es constitucional de derechos y justicia. Aquello significa, no solo que la Constitución es la norma suprema y se sobrepone en caso de contradicciones con las normas jerárquicamente inferiores; sino que el texto constitucional es un límite sustancial, que se opone a todo abuso del poder y que, además, obliga a realizar política pública para romper las barreras estructurales que afectan la realización de los derechos constitucionales. También significa que son los derechos el referente de funcionamiento del Estado y que debe viabilizarse la existencia de otros sistemas de derecho; y, que el rol central del poder judicial, administrando el sistema de garantías constitucionales, debe ser una herramienta al alcance de la gente.

6-4-2Los sistemas de justicia ordinaria y constitucional se vuelven así centrales en el Estado constitucional, puesto que se convierte en el defensor máximo de la constitucionalidad en los casos contenciosos en tres dimensiones: a) invalidando normas infraconstitucionales contrarias a la Constitución; b) interpretando las normas desde la Constitución, determinando su alcance y contenido concreto en favor de personas y colectivos; y, c) elaborando, excepcionalmente, el contenido de la política pública cuando sea contraria a la Constitución o se ha realizado una omisión lesiva de los derechos consagrados constitucionalmente. Pero, principalmente, estos sistemas están comprometidos a dictar política pública de justicia con el fin de romper, en específico, las barreras que hacen imposible el acceso a la justicia de las personas y colectivos, tomando en cuenta que un derecho bisagra de los demás es el derecho al debido proceso, puesto que es una condición necesaria para la materialización de todos los derechos en un Estado garantista.

Aquello significa que el debido proceso, concebido tradicionalmente, como una cuestión únicamente normativa, se transforma en una cuestión de política de justicia. Es decir, no basta con que la norma jurídica diga que, en caso de que en un proceso judicial intervenga una persona que comprenda el idioma español, se debe nombrar un traductor; o en que en caso que se requiera un peritaje especializado, el juez deberá nombrar un perito; sino que es necesario que el sector justicia implemente una política especial, tanto para un sistema nacional de traductores como para un sistema nacional de peritajes, determinando presupuesto, normativa especializada, personal capacitado y logística necesaria para su intervención (locales, equipos, suministros, etc.). De lo contrario, la norma es letra muerta.

Existen, además, otras barreras importantes. Pensemos en la distancia que debe recorrer una persona que vive en Macará –frontera con Perú, a 15 horas de viaje por tierra- para comparecer ante un juez en Quito, los gastos en transporte, alimentación y hospedaje, el dinero para trámites y abogados, lo gastado para el cuidado de sus hijos en ese tiempo y los honorarios de los abogados. Si a esto sumamos el que esta persona es una mujer embarazada y afroecuatoriana, madre soltera y con dos hijos menores de cinco años, y si tenemos, además, que contra quien se litiga es una enorme transnacional, el Estado o un simple y rupestre empleador; esta persona no tiene ninguna posibilidad de ganar. Esta hipotética –posiblemente, cotidiana- situación hace que esta persona desista de reclamar por sus justos intereses. Ante esto, el sector justicia tiene la obligación de decidir una política de justicia integral que apunte a la igualdad material y procesal para el acceso a la justicia. Superar la simple formalidad de las normas jurídicas respecto del debido proceso, es un ejercicio de construir un debido proceso sustancial en favor de la materialidad de los derechos. La simple formalidad esconde la inequidad de la sociedad para recibir una respuesta adecuada y de participar en condiciones de igualdad con los poderosos.

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la creación de un organismo especializado para la defensa de calidad de las personas y colectivos no es sino una política constitucional en sí misma para el acceso sustancial a la justicia de todas las personas que están afectadas por algún tipo de desigualdad. Es un resultado concreto y derivado de la naturaleza sustancial del Estado constitucional de derechos y justicia. Y, a su vez, es una institución que tiene la obligación, en nombre del Estado, de romper las barreras estructurales que impiden el ejercicio de la defensa de los derechos constitucionales por parte de personas y colectivos.

Hagamos un repaso de las barreras estructurales que afectan el acceso sustancial a la justicia de las mujeres, y que es parte de nuestra agenda de trabajo, de acuerdo con nuestros compromiso y opción por las personas y colectivos excluidos. Con un fin didáctico, hemos dividido estas barreras en dos grandes grupos: a) internas al proceso; y, b) externas al proceso. No busca esta mención ser exhaustiva, sino solo destacar las barreras estructurales y más emergentes.

Barreras para el acceso sustancial a la justicia de las mujeres

1. Barreras internas al proceso

a) Una de las principales barreras que afecta el acceso a la justicia de las mujeres hace relación con la percepción judicial de la violencia contra las mujeres. Aquella actitud sistemática de los operadores(as) de la justicia tiene raíces en la naturaleza excluyente del derecho tradicional, el cual separó el espacio público del espacio privado. Operó sobre lo público, invisibilizando lo que consideró privado. Sólo los intereses públicos necesarios para la reproducción económica fueron considerados parte de lo público: los contratos, las obligaciones, el patrimonio familiar y los bienes en general. Todos administrados por hombres blancos, heterosexuales, educados, ricos y urbanos. La mujer fue relegada a la administración de lo privado: parir y cuidar a los niños(as), y la economía informal y de auto sustentación. Lo más grave es que esta estructura se ha naturalizado, se ha hecho común y cotidiana. Y el derecho ha echado tierra sobre estas estructuras ocultándolas, enturbiándolas, en otras palabras, legitimándolas con su silencio.

Esta neutralidad funciona en negativo en la mentalidad de las operadoras(es) judiciales de espaldas al principio de igualdad formal. No se percibe culturalmente la diferencia ni los problemas que afectan a las mujeres. Principalmente, la violencia es vista como un problema sencillamente doméstico. Por tanto, las denuncias de las mujeres sobre la violencia ocurrida dentro de sus casas no son procesadas, mediante comentarios tales como “arregle sus problemas personales en casa”, “algo ha de haber hecho…”, “no me haga perder el tiempo con problemas domésticos”.

Bajo esta lógica, se crearon las comisarías de la mujer en aplicación de las obligaciones asumidas por el Estado de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará”. Originalmente, estuvieron integradas casi exclusivamente por mujeres. La idea era que sólo las mujeres podían entender la violencia ejercida sobre ellas. No obstante, hoy forman parte de una política general del Estado para prevenir y sancionar la violencia. Nuestra institución también la ha asumido como uno de sus políticas principales, defendiendo prioritariamente a las víctimas de violencia intrafamiliar. Creemos, además, que la aplicación de esta política debe ser integral. Por esta razón formamos parte de varias redes de organizaciones de la sociedad civil y el Estado para poder colocar a las mujeres violentadas en casas de acogida inmediatamente luego de ocurrida la agresión.

Al mismo tiempo, estamos firmando un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para dar una atención integral de protección de derechos a las personas privadas de la libertad, a través de acciones conjuntas. El enfoque de género está transversalizado en este convenio.

b) Otras de las barreras estructurales que deriva de la omisión normativa de nuestro ordenamiento jurídico, guarda relación con la aplicación homogénea de los procedimientos, sin considerar las diferencias particulares de la mujeres. Un ámbito en el cual este aspecto es particularmente grave es el penal. Se afecta aquí, principalmente, su derecho a la intimidad y el derecho sobre su cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en la imposibilidad de acudir a un despacho judicial por un reclamo laboral o civil cuando no tiene donde dejar a sus hijos, toda vez que se cree socialmente que es su rol natural o de otras mujeres. Los centros de acogida que se mencionaron pueden servir para este mismo fin. La realidad es que esta situación limita la presentación de denuncias y demandas, especialmente, ante casos que provocan alarma social. Ante esto, la mujer recibe presiones sociales que impiden que los conflictos que la afectan sean tutelados por el poder judicial. Suegros(as), padres/madres que le aconsejan a la mujer que no solicite alimentos a su cónyuge o conviviente para que no se afecte su buen nombre o su estabilidad económica; mujeres y hombres que piensan que el ejercicio del derecho de alimentos de niñas y niños tiene un fin de lucro y es un mecanismo abusivo; una sociedad que solicita a la víctima de la violencia a que calle para que no fracasen los matrimonios. Todas son formas de presión que limitan el acceso a la justicia de las mujeres.

6-4-3Ahora, en el proceso judicial, especialmente penal, la mujer es generalmente tratada sin políticas diferenciadas. Cuando una mujer es víctima de delitos sexuales es entrevistada reproduciendo los hechos del caso y sin consideración a que ella no pudo provocarlos (la forma de vestir o actuar); las pericias practicadas manipulan toscamente su cuerpo de manera infamante; y, no se la incluye en mecanismos de protección ante las amenazas de los agresores. Se victimiza y revictimiza a las mujeres en el proceso penal por delitos sexuales.

La Defensoría Pública está implementado en su gestión en todos los niveles instrumentos que contienen directrices, protocolos y manuales para que la actuación de los defensores(as) no victimicen ni revictimicen a las mujeres, y nuestro personal ha sido capacitado y sensibilizado con el mismo fin.

2. Barreras externas al proceso

a) La participación política de las mujeres fue una propuesta de tipo liberal de las mujeres blancas de la clase media de los Estados Unidos de América durante la primera mitad del siglo XX. Mujeres de todas partes del mundo, que en algunos lugares eran una mayoría numérica, no podían decidir ni elegir a quienes deciden. Esta participación fue de la mano del paulatino acceso al trabajo remunerado de millones de mujeres. Actualmente, las mujeres son elegidas libremente, además, apoyadas por políticas de cuota en las organizaciones políticas e instituciones estatales. Los organismos judiciales no son la excepción. Generalmente, las cortes y tribunales han estado integrados por hombres. Aquello, no solamente, es una afectación por lo ya dicho en el apartado anterior; sino porque las grandes políticas se deciden no sólo en lo operativo en la aplicación de las normas e instituciones. Se deciden, además, desde el espacio de construcción y toma de decisiones, lo cual aumenta la posibilidad de sexuar las políticas de justicia con el fin de materializar el principio de igualdad en favor de las mujeres. La Defensoría Pública cuenta con un 43% de personal femenino; avanzamos paulatinamente y de manera sostenida a la paridad de género en nuestro personal.

b) Finalmente, las mujeres abogadas participan en los procesos judiciales en desventaja con sus colegas hombres. Un hombre se vale de sus relaciones sociales, prestigio, conocimiento o talento para el litigio; la mujer es más valorada por su belleza y camaradería. Frases tales como “mi reina”, “doctorita” o “preciosa”; abrazos, besos y sonrisas que se consideran indispensables; y, groserías y actitudes hostiles que se camuflan de piropos, minimizan a la mujer, y la discriminan condicionando la actuación de los operadores(as) de la justicia a sonrisas y vestimenta ante que a argumentos y talento. Sin embargo, más allá de esto, esta forma de discriminación de la mujer en un entorno machista es un acto de violencia contra la mujer que no puede seguir siendo tolerado. Se hace necesaria una política de justicia que norme protocolos e instrumentos que cambien el patrón cultural sexista y las prácticas machistas que afectan la igualdad de ciento de mujeres abogadas en los procesos judiciales.

Actualmente, nos hallamos en la elaboración de protocolos y directrices particularizadas para regular el trato igualitario y no discriminatorio de las mujeres dentro de nuestra institución y en la atención de nuestro personal a las usuarias.

Conclusiones

Hemos hecho una revisión de algunos de las barreras estructurales que afectan el acceso sustancial de las mujeres al proceso. Nuestro Estado constitucional tiene una obligación negativa de no afectar los derechos, pero, al mismo tiempo, tiene una obligación positiva de desarrollarlos mediante políticas de intervención que les den contenido. Por supuesto, nuestro Poder Judicial, hoy sector justicia, tradicionalmente fue concebido para solucionar conflictos interpartes y no para hacer políticas públicas. Aquello requiere un giro importante en su naturaleza institucional.

La Defensoría Pública es consciente de la realidad de exclusión y discriminación sistemática que afecta a muchos colectivos, en el caso de este trabajo, a las mujeres. Y está tomando decisiones que esperamos muevan las estructuras esta vez en su favor. En esa medida, asumimos nuevos retos en todos los niveles, convencidas(os) de que toda forma de discriminación para el acceso al proceso de las mujeres es, en sí misma, una forma de violencia silenciosa y socialmente tolerada más grave que la violencia física, pues generalmente no es visible. Se hace urgente hacer cotidiana una nueva cultura constitucional. Quiero terminar este ensayo citando a la activista política María Paula Romo, quien en un taller que participó para la Defensoría Pública dijo: “Si no aprendemos ni desaprendemos lo que culturalmente pensamos sobre las mujeres, no podremos tener una solución para la violencia contra ellas”.

Ernesto Pazmiño Granizo

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