Feminismo punitivo: cuando el género se redujo al castigo del agresor

Feminismo punitivo: cuando el género se redujo al castigo del agresor

septiembre 14, 2013
in Category: Análisis jurídico
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Feminismo punitivo: cuando el género se redujo al castigo del agresor

Para algunos lectores, el presente artículo forma parte del conjunto de irreverencias, indolencias e incomprensiones a las actuales militancias feministas –sobre todo de Ecuador y América Latina–, muy próximo de ser tachado como machista, androcéntrico, misógino o patriarcal. Confieso que no es mi intención hacer una generalización ni abrir una guerra –más– al denotado activismo que ha coronado en la agenda feminista el discurso del castigo, sino, poner en cuestión el por qué su lenguaje social se redujo a un lenguaje penal, haciendo que el debate público hoy en día sea simplemente monotemático, es decir, ubicando exclusivamente en la agenda política de la acción colectiva feminista a la penalidad como centro del balance para eliminar la violencia y quizá también la discriminación.

A diferencia de otros colectivos sociales –como los trabajadores– que centralizan su discurso en la redistribución de las riquezas, el feminismo ha condensado en los últimos años un activismo basado en el reconocimiento de derechos (Fraser, 1997: 20) a partir de la victimización. Esta nueva forma de centralizar el debate ha silenciado agudas diferencias sociales que siguen latentes en la relación hombre/mujeres, toda vez que el desempleo en las mujeres es mayor que el de los hombres mientras sus salarios siguen siendo inferiores. Aquello ha distorsionado la concepción misma de uno de los grandes aportes del feminismo: el género. La concepción del género no es ya una expresión ideológica para criticar las diversas y agudas manifestaciones del poder –incluso contra los hombres–, sino que ahora se recoge bajo el empleo sexista (biológico) del código binario hombres vs. mujeres.

La acción colectiva feminista se inscribe en diversas corrientes, tales como el feminismo socialista o el feminismo liberal (de la igualdad y de la paridad) hasta llegar a los feminismos esencialistas, diferencialistas o ecologistas, entre otros. Estos últimos resaltan y hacen prevalecer los valores femeninos bajo un peligroso –tramposo– debate de igualdad de sexos, cayendo en definitiva dentro de un fundamentalismo igualitarista con fuertes representaciones fundadas en la diferencia biológica y sus particularismos (Badinter, 2003: 132-135). El histórico discurso y militancia feminista por la igualdad ha caído en un enclave de enjuiciamiento moral contra los hombres, usando como herramienta a la schifosa scienza –como decía Francesco Carrara– del derecho penal –ahora derecho penal de la diferencia–.

En este nuevo escenario donde se emplea el discurso del poder punitivo para demandar el reconocimiento de derechos, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿será que el feminismo está yendo por el camino equivocado? A partir de la presente crítica trataré de resolver esta hipótesis, usando para ello una estructura inversa y aleatoria de las leyes de la dialéctica diseñadas primariamente por Hegel y repensadas más adelante por Marx (unidad y lucha de contrarios; cambios cuantitativos a cualitativos; y, negación de la negación). Atrevámonos entonces a confrontar algunas de las características de esta encrucijada política en la que ha caído el debate del género: el feminismo punitivo.

1.- Tesis: el victimismo o la lucha sin unidad de contrarios.

Por victimismo entenderemos a la corporativización de los intereses y demandas de un grupo que manifiesta particularmente su daño, y que además en alguna medida se convierte también en actor político de sus particularidades. En el siglo pasado hubo un marcado victimismo alrededor del exterminio judío a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuyo drama estimuló la construcción más adelante del Derecho Internacional Humanitario y, en los últimos años, del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional. Frases como “prohibido olvidar” o la sola idea del Holocausto resaltan la memoria del aniquilamiento exclusivo del pueblo judío. No obstante, el arrasamiento de poblaciones o minorías acaecido en el mismo siglo pasado desplaza de la construcción de la memoria mundial el aniquilamiento de otros grupos, tales como: el exterminio de más de dos millones de armenios a manos del gobierno turco entre 1915 y 1923; la masacre del pueblo tutsi en Ruanda que segó la vida de cerca de un millón de personas en 1994; o, la eliminación física de más de cinco mil militantes –en las cifras más austeras– de la Unión Patriótica, partido político fundado en 1985 en nuestra hermana República de Colombia. Existen muchísimos ejemplos más de exterminios en la historia de la humanidad que seguro no los tenemos muy presentes, como el arrasamiento de Troya por los griegos o el aniquilamiento de Cartago por los romanos (Feierstein, 2012: 31).

El victimismo tiene la característica de (in)visibilizar la agresividad o violencia ejercida sobre otros grupos. Al igual que las estructuras y agencias creadas a partir del holocausto judío –pues poco o nada se dijo sobre la masacre ejercida también contra gitanos, rusos y homosexuales por mano de los nazis– como los procesos de Nüremberg, el feminismo de estos días exalta generalmente la eliminación de la violencia contra la mujer, relegando materialmente a un segundo plano otras manifestaciones de poder ejercidas, por ejemplo, sobre los sexodiversos. Los grupos GLBTI o LGBT –el orden de las identidades no afecta el espíritu de la nomenclatura en sí–, es decir lesbianas, gays, bisexuales o personas transgénero e intersexuales, entre otras –incluyendo “seropositivos” o quienes padecen de enfermedades terminales de trasmisión sexual–, carecen de una representación hegemónica en los colectivos sobre violencia de género, la cual ha sido enfática en reclamar la expresión “violencia contra la mujer” en lugar de violencia intrafamiliar. Por ende, el reconocimiento de derechos de parejas lesbianas o gays por el matrimonio y la adopción, o la violencia ejercida sobre travestis en las calles de nuestras ciudades, no forma parte del núcleo del discurso de la agenda política del feminismo actual.

6-19-1La normativa internacional creada a partir del victimismo ha posicionado temáticamente el discurso sobre la violencia o discriminación contra la mujer, postergando los discursos para una mayor difusión de los problemas o conflictos de las personas sexodiversas. De esta forma, tenemos por ejemplo: i) la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que en su artículo 1 deja por sentado el entendido denotativo de referirse a cualquier menoscabo o anulación en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la mujer; ii) la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belem do Pará de 1994, que resalta en su artículo 1 el derecho de toda mujer a tener una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado; iii) la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín de 1995, que en su acápite 113 construye una tipología de formas de violencia contra la mujer; iv) el Protocolo Facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1999, que en sus considerandos reafirma la decisión de asegurar para la mujer el disfrute pleno y la igualdad de derechos; v) las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bankok) de 2011, cuya regla 19 sugiere la adopción de medidas que tiendan a resguardar la dignidad y asegurar el respeto de las reclusas durante el registro personal, el cual será realizado por personal femenino; y así podemos citar otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.

A pesar del alto contenido progresista de los citados instrumentos internacionales, en cualquiera de estas declaraciones no aparecen las agudas formas de violencia contra gays o lesbianas ni las medidas para asegurar un registro personal digno para personas homosexuales encarceladas. La lucha política y legislativa contra las estructuras estatales, sociales y culturales androcéntricas tuvo éxito en el ámbito del reconocimiento del daño a las mujeres mas no de las personas sexodiversas. A ello se suma el contenido moral del enjuiciamiento sobre la violencia de hombres contra mujeres, el cual no prioriza la violencia ejercida también contra las trabajadoras sexuales o travestis golpeados por agentes de la seguridad pública o clientes. Aquello aumenta las sospechas sobre la existencia de una solidaridad organicista (sexista) y no de género. De ser así, el reduccionismo en el tratamiento discursivo de la violencia de género podría distorsionar el espíritu en sí de la acción colectiva en favor del derecho social de alimentos de niñas, niños y adolescentes, estimulando el victimismo de la mujer-madre para enjuiciar al hombre-padre. En otras palabras, nos preocuparía saber si lo que ha impulsado a la militancia feminista por los derechos de alimentos no es solo la búsqueda de una solución alimentaria a las hijas e hijos, sino, fundamentalmente, la prisionización del hombre-padre a partir de reproches morales y sexistas más que socioeconómicos y familiares, es decir, de soluciones a través del castigo y no la reparación de la deuda alimentaria (Paladines, 2013: 16-17).

El victimismo puede contenerse a nivel nacional en la Ley contra la violencia a la mujer y la familia de 1995 (Ley 103), que en su artículo 2 enuncia como víctima a la mujer en el entendido de ser la parte más débil de la violencia intrafamiliar, desplazando a un segundo plano a los demás integrantes del núcleo familiar. Este posicionamiento del daño y la víctima-mujer es incluso reconocido en la vigente Constitución de la República, que en su artículo 81 consagra un programa expedito y especializado para su juzgamiento y sanción. Bajo este imperativo, la Ley 103 judicializa la violencia intrafamiliar, sea por medio de comisarías, intendencias o tenencias políticas (justicia administrativa o ejecutiva), o mediante jueces de familia o jueces y tribunales de garantías penales (justicia jurisdiccional o judicial). A pesar de que en el proyecto de COIP se reenvía al sistema penal el tratamiento de la violencia intrafamiliar para ser concebida como delito (Art. 82), el acceso a la justicia para mujeres a través de las comisarías de la mujer y la familia (CMF) en Ecuador ha logrado romper el círculo de violencia proveniente del hombre-agresor (Camacho et. al., 2010: 236); sin embargo, en el tratamiento de esta forma de victimización han sido también recurrentes los casos de hombres que han padecido violencia doméstica, en cuyo caso los reportes los han relegado a las estadísticas de lo risible.

Desde la Península Ibérica también ha sido frecuente la cooperación internacional en la creación de programas especiales para el juzgamiento y sanción contra la violencia a la mujer. Así mismo, existen múltiples interpretaciones antiviolencia que van desde expresiones culturales hasta criminológicas. Desde lo cultural, son usuales las campañas de concienciación a través de medios audiovisuales; una de ellas es la música que reconoce estas formas de victimización en canciones como “Malo” (2004) de la cantante española Bebé. Desde la criminología –victimología feminista–, Elena Larrauri cuestiona la estructura dogmática de la legítima defensa al promover la indefensión para las mujeres; y, por el contrario, propone un régimen de excepción para las causas de justificación penal en el homicidio o lesiones como consecuencia de una respuesta de la mujer a la agresión machista, pues: “Debido a que la mujer, para poder tener éxito en su ataque, mata siempre cuando el otro está desprevenido, ello conlleva la aplicación del delito más grave. Por el contrario el marido no necesita que la mujer esté desprevenida ni indefensa para poder matarla” (Larrauri, 2008: 45)

Este planteamiento expandió su ideología en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) presentado oficialmente el 12 de Octubre de 2011 ante la Asamblea Nacional, que en el inciso final de su artículo 16 establece expresamente: “Tampoco habrá infracción alguna cuando una persona mata o causa lesiones a otra en el momento de ser víctima de infracción de abuso sexual o violación”

Es claro que el injusto penal del abuso sexual no es equiparable al de la violación. También es cuestionable el saber cuál es exactamente el “momento de ser víctima”, pues éste puede comenzar –iter criminis– en una aparente expresión moral o psicológica –sospecha– del supuesto agresor antes que con una acción material. Finalmente, no es proporcional matar a cualquier persona por el hecho de sentir un peligro de victimización de abuso sexual; aquello desparramaría más violencia en nombre de la legítima defensa (Paladines, 2007: 208-214).

De la norma tradicionalmente androcéntrica que oculta los enfoques de género (Facio, 1999: 108-113), se pasó a las normas que solo enfocan las formas de violencia o discriminación contra la mujer, ocultando semántica y materialmente espacios literarios y procesuales de los conflictos de género más allá de las mujeres, es decir, no incluyendo a las personas sexodiversas e incluso a los hombres. Tal situación se agrava cuando en los procesos penales se trata de recoger o anular algunas de las garantías del debido proceso del supuesto victimario, enarbolando la bandera del peligroso equilibrio entre el régimen procesal de la víctima (seguridad ciudadana) y el del imputado mediante procedimientos expeditos o veloces, lo cual conduce a una inevitable y centrífuga condena en función de la gravedad del tiempo. Por su parte, la misma Corte Interamericana ha caído en un manifiesto victimismo, el cual ha servido para expandir la penalidad por encima de las garantías del debido proceso además de las normas consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ejemplo de lo anotado podemos observarlo de su propia jurisprudencia en casos como Almonacid Vs. Chile (2006) o La Cantuta Vs. Perú (2006), llegando a excepcionar incluso principios como el non bis in ídem, la irretroactividad de la ley penal in bonam partem del procesado o el plazo razonable (Malarino, 2010: 45-48).

El victimismo puede viciar la democracia toda vez que, por una parte, corporativiza una visión y un sujeto de la violencia; y, por otra, reduce el debate en el espacio público a una o poquísimas expresiones de agresividad, anulando en consecuencia otras manifestaciones que reflejan diversas formas de victimización de género. De ninguna manera estoy diciendo que no existe agresividad o violencia contra la mujer, sino, que en el interés de expresar el daño el activismo feminista podría posicionar sólo este enfoque, lo cual trae consigo la (in)visibilización de otros actores así como de sus situaciones y daños. En consecuencia, el dolor de las personas sexodiversas no es representado desde el feminismo, pues la única forma de ser escuchadas es por sí mismas.

2.- Antítesis: el falocentrismo o la afirmación de la negación.

La conflictividad penal que involucra como actores a hombres y mujeres es interpretada desde una hermenéutica falocéntrica, es decir, se trata de explicar generalmente que la causa del conflicto es el hombre-peligroso. A pesar que el causalismo penal ha sido superado, en la dogmática de los delitos de género se halla más de una posición positivo-criminológica fundada en “razones” biológicas del delito. La imputación no se reprocha sobre la acción o el acto, sino sobre el actor o procesado. Con ello se despierta lo que aparentemente quedó proscrito en el Derecho penal liberal: el derecho penal de autor.

Como es natural en la edificación político-criminal de toda la penalidad legislativa (criminalización primaria), los delitos y las penas son posicionados desde lo político –desde apreciaciones profundamente morales–, es decir, desde el decisionismo sustentado en el lobby y la representación mayoritaria basada en la aparente sensibilización con la víctima-electora (clientelismo político). No es popular legislar desde una criminología del procesado, sino desde las particularidades del daño de la víctima, pues teológicamente las ideas del bien/mal aún forman parte de la retórica republicana. Por ende, la construcción del sujeto a quien reprochar el hecho, acción o conducta en la violencia de género es simbolizada a través de la relación amigo-enemigo (Schmitt, 1985: 23). Evidentemente, no es necesario redundar en qué bando de esta relación se encuentra el presunto agresor del género.

La acción colectiva feminista, que demanda del poder punitivo el enjuiciamiento y la sanción a los agresores de las múltiples manifestaciones de violencia contra la mujer, podría inscribirse dentro del denominado Derecho Penal del Enemigo (Jakobs, 2006: 93-116). Esta doctrina se caracteriza por las siguientes consecuencias: a) por una parte, se construye un Otro a quien reprochar la violencia y sobre quien se estructuran criterios de peligrosidad, el cual generalmente es el hombre; y, b) por otra parte, se excepciona su régimen jurídico de persona al negársele algunas de las garantías judiciales, tanto en la fase sustantivo-penal (más agravantes abstractas y delitos sin estricta legalidad) como en la procedimental (juicios rápidos y sin contradicción) y las penitenciarias (no indultos o amnistías y vigilancia punitiva ex post condena). El victimario en la violencia contra la mujer no es merecedor de un mismo estatus de igualdad jurídica como lo es generalmente el procesado en los demás delitos. Muestra de ello es la obligatoriedad de las y los jueces de garantías penales para ordenar la prisión preventiva sobre los procesados en las infracciones contra la integridad sexual, tal como lo establece el artículo 611 del proyecto de COIP.

Dentro de la investigación de delitos contra la libertad sexual es alarmante observar cómo se niega de “normalidad” al procesado. Aunque jurídicamente todas las personas procesadas gozan del estatus de inocencia, el ritual de la pesquisa las etiqueta como sujetos peligrosos. La prognosis de los peritajes en este tipo de delitos adelanta la culpabilidad bajo cuestionables criterios sicológicos o científicos. De esta forma, podemos encontrar la siguiente valoración psicológica (Informe No. 083-IC) del Instituto de Criminología de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, de fecha 24 de mayo de 2012, dentro de la investigación de un caso de atentado al pudor, que dice:

“b) Piscodiagnóstico [2] Área Emotiva Afectiva: Presenta rasgos de trastorno esquizofrénico depresivo, con sentimientos de derrota, impulsividad, carga y descarga instantánea y agresividad. Con confusión en la identidad sexual, rasgos de homosexualidad, falta de control, inadecuación sexual y sentimientos de rechazo por parte de una mujer. También rasgos de alcoholismo, es sensible a la crítica u opinión social, con excesiva preocupación por el contacto con la realidad, vida acentuada en la fantasía y con defensas contra el temor de que la fantasía escape de su control”.

A simple vista, la lectura de este informe coloca sobre el investigado el rótulo de “culpable del delito de atentado al pudor”, el cual lejos de gozar de criterios científicos presenta manifiestas calificaciones morales y (pre)juzgamientos a partir de adjetivos. Sin embargo, la narración de procesos penales sobre la sexualidad está llena de representaciones sobre los monstruos de la violencia sexual, consagrando nada menos que una alianza entre lo jurídico y lo biológico, es decir, entre lo imposible y lo prohibido (Foucault, 1999: 61). En ello, los medios de comunicación han contribuido a proferir un mayor etiquetamiento del enemigo a través de casos paradigmáticos como “Camargo”, “El Monstruo de los Andes” o “El desdentado del Pichincha”. La idea del criminal conjuga con el mito; no obstante, en todo caso, éste nunca dejara de ser percibido como el enemigo de la sociedad, sobre quien además se instauran las más inverosímiles propuestas de castigo por parte del activismo feminista, tales como; la esterilización química, la castración o la pena de muerte.

Desde el biologismo feminista el hombre es el sujeto de la agresividad y la violencia, lo cual ha sido develado a través de campañas publicitarias donde se lo muestra como un ser (des)culturizado y proclive al irrespeto de la mujer, sobre todo por no controlar –reprimir– su libido. Cualquier gesto o mirada puede ser interpretado en clave de agresión sexual o atentado al pudor. Las campañas han llegado incluso a establecer códigos binarios sexistas para la transportación pública, pero no precisamente a partir de representativos reportes estadísticos sobre la inseguridad ciudadana contra la mujer, sino, simplemente, sobre criterios biológicos fundados en la desconfianza al comportamiento sexual del hombre. La cultura penal que emerge del biologismo no reprime el hacer, sino el ser, atrofiando aún más el yo a través de un sentimiento de culpabilidad que termina por angustiar al mismo supuesto agresor, haciéndole creer que todo su hacer debe cambiar su forma de ser (Freud, 2000: 66-92). Las coacciones externas (cultura penal) se convierten entonces en coacciones internas (auto represión y vergüenza), configurando así sociedades donde “lo civilizatorio” es lo que menos contacto tenga con lo humano (Elías, 1994: 449-463). Tal es así que en algunos países del bloque Noroccidental no se tolera si quiera el arrimarse a otra persona involuntariamente en el metro, aunque éste haya estado saturado de pasajeros.

A su vez, la agresividad no siempre desencadena en agresión, aunque existan fuertes pulsiones para hacerlo; por ende, agresividad y violencia no son sinónimos. La agresividad en sí es común al sujeto mientras que la violencia –que no necesariamente es su consecuencia– depende de patrones más allá de éste (Seguí, 2012: 55-56). No obstante, la acción colectiva feminista imprime en su discurso la promesa de eliminar la violencia de género reprochando públicamente al agresor, empleando para ello la filuda herramienta del Derecho Penal, es decir, del instrumento legal más violento del ordenamiento jurídico. El falocentrismo contradice al mismo principio de igualdad; en consecuencia, no garantiza la eliminación o reducción de la violencia contra la mujer generada por el hombre, sino su eliminación a través de la cognitiva construcción del sujeto peligroso. Aquello no contribuye en nada a mejorar la relación entre mujeres y hombres, sino, por el contrario, la empeora.

3.- Síntesis: el punitivismo o los cambios cualitativos a cuantitativos.

El punitivismo es una estrategia para inducir en la actividad legislativa la creación de nuevos delitos y/o el endurecimiento de las penas, sin importar la inflación de penalidad a partir de la norma. La gran característica del clima punitivista es el incremento cuantitativo de injustos penales, es decir, de reproches a acciones que antes no fueron concebidas en el espacio público como tipos penales, pero que hoy en día deben ser sólo leídas a través de un catálogo de delitos. Por ende, el punitivismo agrega todos los corporativismos penales sin importar su procedencia u origen; existe, por tanto, un punitivismo ambiental, un punitivismo antidrogas, un punitivismo fiscal o tributario, un punitivismo patrimonial o de defensa a la propiedad privada, un punitivismo para regular el tránsito, un punitivismo para resguardar el patrimonio cultural, un punitivismo de género, entre otros. Muestra de ello es el escalamiento del castigo en el caso del acoso sexual, que de ser un comportamiento reprobable pasó a tener sanciones de tipo administrativo o civil hasta, finalmente, llegar al mundo del Derecho Penal, desde donde no hay retorno –prohibición de regreso– hacia un tratamiento no penal para la solución de este tipo de conflictos.

En el caso de los injustos penales sobre género, el punitivismo se alimenta de las demandas feministas para incorporar nuevos delitos y que fundamentan su discurso en forzadas casuísticas. Un caso particular de violencia contra la mujer se convierte en el caso estándar para cualquier reproche a las diversas manifestaciones o formas de agresión. La sola expresión “violencia contra la mujer” nos traslada al infinito de hipótesis sobre agresiones que van desde la violencia doméstica –en términos por ejemplo morales o psicológicos– hasta una violación agravada. El salto dialéctico a la inversa de lo cualitativo a lo cuantitativo no se refiere a los tradicionales, compartidos y condenables casos que tenemos sobre violencia doméstica, sino a las paradojales circunstancias en que se desenvuelven nuevas formas de criminalidad que, forzadamente, todos ahora debemos compartir.

En este escenario surge la demanda para tipificar en todas las legislaciones latinoamericanas el delito de femicidio. Sin importar las singulares formas de violencia que padece la sociedad mexicana –y que enhorabuena no tenemos en Ecuador– a raíz de la expansión de la criminalidad organizada y el debilitamiento de las instituciones estatales, lo cual ha sido incluso visibilizado ante el sistema interamericano dentro del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México de 2009, el activismo feminista ha incorporado en su agenda el interés de legislar el delito de femicidio, el cual importa de otras legislaciones subjetivos supuestos de hecho que incluso han sido cuestionados en países como Guatemala, donde también existen los tribunales especializados para su juzgamiento. El femicidio es vertido desde la concepción del feminicidio, que es la muerte generalizada y sistemática de mujeres, trasladando este mismo axioma al enjuiciamiento de casos en particular con énfasis en circunstancias devenidas de la relación de pareja. Sin embargo, a pesar que la propuesta para su tipificación adolece de una débil consistencia jurídico-dogmática, la presión para su tipificación se sostiene desde el sentimiento de inseguridad, sin importar que Ecuador no comparte la misma realidad mexicana y que cuenta con suficiente legislación penal para sancionar el asesinato. A pesar de ello, la propuesta genera una desigualdad de lo punible entre la muerte de mujeres y hombres, que no hacen más que reafirmar también la desigualdad entre hombres y mujeres, pues “…si decimos que la mujer es un grupo de por sí débil y debe ser protegido por el sistema penal, estamos perpetuando la debilidad”. (Böhm, 2012).

Aunque empíricamente no existan investigaciones fiables y representativas que demuestren la necesidad de tipificar nuevos delitos, la demanda de más punitivización coloca al Ecuador como el país del turismo sexual (Art. 64 COIP), la inseminación no consentida (Art. 96 COIP), la distribución de material pornográfico (Art. 98) o la esterilización forzada (Art. 99). En algunos casos el punitivismo presenta exageraciones de corte moral, que han llevado a penalizar subjetivos comportamientos sociales bajo indefinibles apreciaciones de lo sexual, e incluso, a superar la pena del homicidio de once a quince años de prisión (Art. 77 COIP), tal como ocurre en el siguiente delito propuesto:

Artículo 63 COIP.- Exhibición pública no consentida.- Quien organice, promueva, adquiera, contrate o presencie la exhibición total o parcial del cuerpo con fines de naturaleza sexual, en que utilicen a niñas, niños o adolescentes, personas mayores de sesenta y cinco años de edad o personas con discapacidad empleando sobre ellas violencia, intimidación o engaño será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco años (cursivas mías).

El punitivismo en la militancia feminista es un contrasentido. Si las reivindicaciones históricas del feminismo han servido para cuestionar la microfísica de la cultura machista, patriarcal o androcéntrica, el empleo del poder punitivo desdice de ello, toda vez que éste se funda precisamente desde las estructuras más patriarcales y machistas que ha tenido la humanidad. Cabe recordar entonces que fue en 1484 cuando los inquisidores Heinrich Kramer y James Sprenger publicaron el afamado Malleus Maleficarum, más conocido como “El Martillo de las Brujas”, instrumento que, por una parte, consagró el nacimiento del Derecho penal a través de la consolidación de estructuras literarias dogmáticas, procesales, ejecutivas y criminológicas; y, por otra parte, sirvió de discurso para que millones de mujeres fueran lanzadas a la combustión más grande que ha tenido el Medio Evo (Zaffaroni, 2000: 19-37). Los tribunales de la Santa Inquisición usaron el Malleus Maleficarum para ejecutar a las mujeres bajo el argumento de servir al demonio mediante la mazonería, apostasía, herejía o brujería.

La militancia feminista que demanda transformaciones en el sistema penal presenta también sus contradicciones, pues a la vez que exige el incremento de nuevos tipos penales y el aumento de las penas, demanda la descriminalización del aborto, lo cual despierta como oposición a un activismo mucho más fuerte –ideológica y políticamente– en nuestros pueblos: la Iglesia Católica. A su vez, mientras el punitivismo de género plantea el incremento de la penalidad, miles de mujeres son presas mayoritarias de la expansión del mismo poder punitivo en los delitos de drogas (Edwards, 2010: 57), situación que al parecer tampoco forma parte de la centralidad o núcleo del discurso en los intereses actuales de la acción colectiva feminista. El punitivismo en sí es contradictorio para la política, pero aún más para la construcción de los derechos humanos.

Conclusiones inconclusas: ¿cuál es el camino?

El feminismo punitivo se alimenta de funciones que complejizan aún más el desarrollo de la democracia, la afirmación de la igualdad y la construcción de una política al tenor de los Derechos Humanos. Si bien me inscribo en las grandes reivindicaciones de género que, por ejemplo, han permitido una mayor inserción laboral de la mujer en los espacios de la política; el acceso, ascenso y permanencia al servicio público; y, la conformación de las judicaturas, el sólo empleo del lenguaje penal me despierta más de una duda en saber si efectivamente se está mejorando la democracia.

Las demandas para efectivizar las medidas de acción afirmativa y la aplicación de leyes de cuotas en términos de derechos sociales han sido desplazadas por la seducción del poder punitivo, lo cual ha llevado al género a un reduccionismo de su militancia, usando el castigo como mecanismo para exigir políticas sociales para la reducción de la violencia y las formas de discriminación. El feminismo punitivo silencia mediante el victimismo otras formas de violencia, enfoca falocéntricamente como la causa del conflicto al hombre y amplifica un arma de doble filo como es el Derecho penal. Con ello, irónicamente, si el machismo es violencia, el feminismo punitivo también.

Creer que con el poder punitivo se van a sellar los conflictos de agresividad y violencia contra la mujer es más que delirante. El empleo del lenguaje punitivo no solo arremete al progresismo del activismo feminista, sino también a la misma construcción de ciudadanía, pues con ello son cada vez mayores las demandas de penalidad en el resto de las organizaciones de la sociedad civil mediante una peligrosa adscripción hacia una cultura del castigo (Garland, 2006: 290-292). No obstante, el discurso del castigo no cohesiona sino que fragmenta aún más el tejido social.

Sin duda este no es el camino correcto, pues la eliminación o reducción de la violencia no es una tarea que se realiza políticamente contra los hombres sino con los hombres. Solo así podemos cohesionar el sentimiento que los maltratos contra las mujeres son heridas para todos.

Jorge Vicente Paladines

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