La familia indígena incide en el sistema de justicia del Estado

La familia indígena incide en el sistema de justicia del Estado

septiembre 14, 2013
in Category: Interculturalidad
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La familia indígena incide en el sistema de justicia del Estado

En América Latina, los derechos de los individuos y grupos han sido ganados por las luchas de sus actores sociales, aún más cuando los sujetos se han autodeterminado por el orden represivo que ha brindado la posibilidad de tener una identidad para actuar o resistir hasta efectivamente incidir en la política pública.

Esta realidad no ha sido ajena a la población campesina e indígena que gesta su proceso de visibilización política a partir de la tierra y crece con la reforma agraria planteando una propuesta de recuperación de territorios que les fueron sustraídos desde la conquista española y agresivamente desplazados hacía tierras de zonas andinas. En estas circunstancias accedían a lugares en los cuales las condiciones para subsistir eran terriblemente precarias, y aún así empezaron a generarse modelos de producción alimentario para autoconsumo y para el mercado interno, paralelo al aparecimiento de estructuras político organizacionales internas en especial las organizaciones de segundo grado que juegan un papel de intermediación para el acceso a recursos y servicios que demandan las comunidades de base.

Las estructuras organizacionales emergen desde su obligado espacio local –la hacienda– que tiene una territorialidad marcada y por sus grandes extensiones, incluso, fue posible configurar comunidades pequeñas totalmente definidas, reconstruyendo unas formas de gobierno y representación social distintas hasta las que en ese momento eran las que disponían como curas, presidentes de concejo, hacendado, entre otros.

Para la década de los ochenta se había tejido una gran presencia de organizaciones sociales indígenas diseminadas en casi todo el territorio nacional inclusive habiendo creado una representante nacional, todas dispuestas a irrumpir en la disputa por el control del Estado, mostrando una propuesta nacional que fundamentalmente critica a las formas de democracia excluyente impuesta desde las élites, y con estructuras dirigenciales internas que mantienen un alto grado de contacto con sus bases para acciones de movilización y toma de decisiones.

Su ingreso en el escenario nacional logra el reconocimiento del poder como sujetos de derechos y participación, y toma para sí una actoría en el aparato estatal, además, de conseguir traducir su proceso en la Constitución que reconoce la existencia de un estado plurinacional y multiétnico así como un capítulo específico de derechos colectivos. Esta irrupción también gesta instituciones públicas en ámbitos de educación, salud y desarrollo dirigido a los pueblos y nacionalidades indígenas para de esta manera atender las exigencias y aspiraciones que también motivaron sus movilizadoras.

Paralelo a la lucha por la tierra y su participación en espacios de poder político de los campesinos e indígenas, en el mundo occidental se gestan procesos sociales inclusivos, siendo el más fuerte el tema de género, que fueron adoptados también por la población indígena tanto en sus estructuras dirigenciales internas así como en la representación política dentro del Estado. Las agendas de cooperación estatales e internacionales para con el mundo indígena incorporan programas específicos obligándolos a proponer iniciativas que se enmarquen en el desarrollo e “inclusión” de las mujeres en lo de económico, productivo y educativo, sin observar su papel importante en el proceso socio – organizativo y familiar.

Pero las decisiones internas no abandonan la realidad de su estructura social y fundamentalmente de su riqueza cultural que cuenta a la familia como el principal vehículo para evitar su extinción. Las mujeres indígenas son las que usan el kichwa; con el proceso de migración hacia las grandes urbes, en los hogares las que mantienen las prácticas culturales, formas de convivencia y lengua materna son las madres y gracias a ello se ha podido efectivizar una política lingüística que desde el hogar y la comunidad se ha trasladado actualmente a los espacios públicos.

6-30-1Estas relaciones internas provocan que emerjan a la sociedad política también propuestas en el orden de autoregulación para la solución de sus conflictos, motivados por la dificultad de acceder a la justicia y la necesidad de convivencia armónica observando siempre su realidad; en estas circunstancias podemos evidenciar que las mujeres son participantes activas en los procesos judiciales internos en la fase de juzgamiento y ejecución de las decisiones adoptadas en las que mantienen sus códigos culturales, de esta manera se empezaba a construir el pluralismo jurídico en el Estado.

Por ello, en sociedades plurinacionales e interculturales, el acceso a la justicia está sujeto básicamente a dos condiciones: primero, al mejoramiento de la calidad de los servicios de justicia ofrecidos por el Estado, mediante el respeto y la observancia de los operadores de justicia, de sus particularidades culturales, tanto en el proceso de defensa, como en los fallos y resoluciones, y segundo, al respeto por la vigencia del pluralismo jurídico igualitario, es decir, efectivizando en la práctica el respeto a la potestad jurisdiccional de los colectivos indígenas. La conjunción de ambos factores permitiría un real acceso a la justicia de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Además sabiendo que en los procesos judiciales practicados en la justicia indígena se cuenta con un alto grado de participación ciudadana y la búsqueda de la reinserción en su sociedad y en su cultura que fue mantenida fundamentalmente por las madres en sus hogares.

Lo anotado permite observar que el derecho propio de los colectivos indígenas generan muchas particularidades en la forma de su aplicación y en la responsabilidad colectiva de la infracción para el momento de la ejecución, esto es que las recomendaciones generadas en el proceso de juzgamiento son también a sus familiares próximos e incluso a la dirigencia comunal, obligando a la corresponsabilidad sociedal para garantizar la buena y armónica convivencia que se traduce también en la real ejecución de la pena.

Considerando a la familia indígena el núcleo de toda su propuesta política, incluyendo el pluralismo jurídico, es aún de mayor responsabilidad para el Estado ecuatoriano garantizar los derechos que permitan el acceso a la justicia de los sectores poblacionales históricamente marginados y que frecuentemente no coincide con la visión de la cultura mayoritariamente mestiza que además desconoce los diferentes sistemas jurídicos indígenas que operan al interior del país.

Si ese es el panorama de los colectivos indígenas y sus miembros con respecto al derecho de acceso a la justicia, es prioritario que el Estado ecuatoriano impulse la implementación de unidades especializadas para los colectivos indígenas y sus miembros tendientes a fortalecer su sistema, pero dicha implementación debe partir de una información empírica de su real situación, es decir, se debe contar con una información veraz y objetiva de los casos que normalmente la justicia indígena no resuelve en su jurisdicción y remite a la justicia ordinaria; qué dificultades enfrentan los colectivos indígenas y sus miembros cuando recurren a la justicia ordinaria.

La construcción del Estado Plurinacional se debe a la familia indígena que ha logrado transmitir por generaciones su visión cultural traduciéndolas en plataformas políticas con fuerte incidencia. De ahí que ese núcleo social debe ser fortalecido, pero insertando prácticas de equidad de los derechos de cada miembro respetando sus patrones culturales y sin dejar que sea allanado por el desarrollismo capitalista que impone estereotipos de dominación interna identificados claramente por Federico Engles en su obra “El origen de la familia”, la propiedad privada y el estado: “Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, que alimentar a la familia, por lo menos en las clases poseedoras; y esto le da una posición preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. El hombre es en la familia el burgués; la mujer representa en ella al proletario. Pero en el mundo industrial el carácter específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado no se manifiesta en todo su rigor sino una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase de los capitalistas y jurídicamente establecida la plena igualdad de las dos clases”.

Julio Ballesteros Vaca

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