El tráfico de drogas es una condena que afecta a los más pobres

El tráfico de drogas es una condena que afecta a los más pobres

mayo 22, 2013
in Category: Análisis jurídico
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El tráfico de drogas es una condena que afecta a los más pobres

El Ecuador refundó su estructura estatal de forma profunda mediante una Asamblea Constituyente que promulgó una carta magna garantista de derechos. No obstante, su trabajo también recayó en efectuar, paralelamente, algunas resoluciones que, sin alterar los debates constitucionales, respondían a una demanda urgente de la sociedad civil.

Los constituyentes, en el año 2008, hicieron un análisis de las fuertes presiones que se han generado en el mundo sobre el fenómeno de consumo, tráfico y producción de estupefacientes ilegales y las políticas que han implementado, teniendo como corolario el incremento de la violencia, la utilización burda de la pobreza como herramienta del negocio del narcotráfico y, la ineficacia de la lucha de los estados contra los carteles. Consecuencia de esto, es que a la fecha de la resolución de la Asamblea, en los centros de privación de la libertad existía una población penitenciaria de 13.532 personas y de éstas, 4.572 que representaban el 34 %, estaban por vinculación con delitos de estupefacientes y droga.

Ante esta realidad, la Asamblea Constituyente, el 4 de julio de 2008, concedió indulto a las personas que hubiesen transportado pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En el artículo uno dice: “Indúltese a toda persona que estuviere sentenciada a pena privativa de libertad por los delios de tráfico ilícito, transporte, tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de acuerdo a los siguientes requisitos: a) Haber recibido sentencia condenatoria al momento de la presente resolución en cualquiera de los delitos previstos en este artículo y no haber reincidido en ellos; b) Que el peso neto de la sustancia estupefaciente por la que fue sentenciado debe ser equivalente o menor a dos kilogramos; y, c) Que la persona solicitante deberá haber cumplido el 10 % de la sentencia impuesta”.

Este hecho permitió que la Defensoría Pública del Ecuador brinde inmediata atención para garantizar el efectivo cumplimiento de la resolución de los constituyentes, iniciando con un trabajo de diagnóstico e identificación de los casos que serían materia de patrocinio y de esta manera hacer justicia, considerando que cuando se ejecutan políticas en beneficio de las personas que son explotadas por los capitales que surgen de negocios ilícitos, las sociedades se revisten de justicia y dignidad. En el caso ecuatoriano, se beneficiaron más de 2.200 personas que se encontraban en las cárceles por haber sido “mulas del narcotráfico”.

4,1Estas personas fueron procesadas como delincuentes, pero también fueron víctimas de una legislación retrógrada, discriminatoria y desproporcionada que persigue la pobreza y al enfermo adicto que merece otro tipo de tratamiento. Lo dramático de este fenómeno es que más del 50 % de las personas privadas de la libertad fueron directamente beneficiarias de esta decisión de carácter político con la que germinó el artículo 364 de la Constitución del Ecuador, en el que se reconoce a las adiciones como un problema de salud pública y obliga al Estado a desarrollar programas de prevención y control e incorpora la prohibición de su criminalización. Ante esto emerge la necesidad de reformar la legislación draconiana en materia de drogas en el país.

Pero la legislación vigente también incide directamente en el ya saturado sistema penitenciario, porque ha generado un significativo aumento de la población carcelaria, principalmente de mujeres, y con penas que han ido en incremento, por lo cual es importante que reflexionemos seriamente sobre la proporcionalidad de las penas por el delito cometido.

Las cárceles se han convertido en verdaderas bombas de tiempo por la deficiente infraestructura, un presupuesto bajo, violencia sistemática contra la población penitenciaria y la ausencia total de mecanismos de inclusión en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

Las consecuencias que acarrea el encarcelamiento de las madres de familia, en sus hijos, es la desprotección de cualquier forma de control familiar pudiendo generarse una espiral hereditaria de la prisión. Este tema debe ser abordado desde el punto de vista del sufrimiento humano que implica para el entorno familiar.

El ingreso de un ciudadano a un centro de privación de libertad, por delitos menores, puede desencadenar en una inscripción en conductas delictivas graves como lo anota el mexicano Marco Lara Klahr en su libro Prisión sin codena: “los presos de delitos menores no siempre son separados de los criminales o violentos. Esto significa que quienes han delinquido por primera vez, o peor incluso, los acusados injustamente, suelen pasar largos períodos relacionándose con delincuentes experimentados. Al mismo tiempo, se debilitan sus lazos con el mundo exterior. Las investigaciones realizadas en otros países demuestran, por ejemplo, que muchos matrimonios terminan divorciándose cuando uno de los cónyuges vive en un proceso de encarcelamiento.

4,2No sorprende que los detenidos pierdan el contacto con los demás miembros de su familia durante ese mismo período. Como resultado, hacen nuevas amistades y relaciones con otros internos, lo que lleva a que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. Y aunque un detenido pueda intentar apartarse de esas amistades, existen enormes riesgos para quienes no se unen.

Las bandas carcelarias reclutan a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad y los que intentan apartarse de ellas acaban siendo víctimas o testigos de violencia. Se estima que el 66,7 % de los internos ha sido víctima de robos en la cárcel”.

Esta evidencia exige que toda la región se enrumbe hacía la generación de leyes y políticas que apunten los esfuerzos del Estado a perseguir a los capos del narcotráfico y a los negocios conexos para evitar que los ciudadanos utilizados por su condición económica adversa sean encarcelados.

Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Púlico General

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