Karina Vance: Las drogas no se tratan en los centros carcelarios

Karina Vance: Las drogas no se tratan en los centros carcelarios

mayo 29, 2013
in Category: Entrevistas
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Karina Vance: Las drogas no se tratan en los centros carcelarios

La ministra de Salud, Karina Vance, considera que es una obligación constitucional del Estado dar cobertura de salud a las personas que sufren adicción a las drogas y así evitar su encarcelamiento. Para ella, las cárceles del país no son el lugar donde deben permanecer las personas con consumos problemáticos.

¿Por qué es necesario que el Estado aborde la problematización de las drogas en el país?

Para nosotros, como Ministerio de Salud Pública y como autoridad sanitaria encargada de velar por la salud de la población ecuatoriana, de fomentar procesos donde tengamos opciones de vida más saludables, sin duda alguna el consumo de drogas y alcohol es una preocupación porque tenemos efectos dañinos relacionados con su uso problemático. No necesariamente son problemas directos, en cuanto a una afectación física de la persona, pero sí en cuanto a problemas externos que se relacionan, sobre todo, con la violencia y accidentes de tránsito.
El abordaje que le damos al consumo de drogas es desde un problema de salud pública. En este momento tenemos alrededor de 4500 personas privadas de la libertad por delitos relacionados a la tenencia de drogas y consideramos que, siendo concordantes con la Constitución que fue aprobada por la población ecuatoriana, una buena parte de esas personas tienen un problema de salud y, por tanto, no es un problema que debe tratarse en el ámbito penal.

Ministra, públicamente han existido voces que consideran que se ha legalizado el consumo.

Los problemas de salud pública no se tratan dentro de los centros de rehabilitación, dentro de las cárceles. Se tratan en espacios aptos para eso que son los centros de salud, las propias comunidades, las familias y en algunos casos, cuando hay consumo problemático de drogas o alcohol, en centros que se especializan en un tratamiento con internamiento, pero no en un centro carcelario.

Con esa visión, ¿cómo va a intervenir el Ministerio de Salud en el tratamiento de esas personas?, pues otra crítica es que el Estado no está preparado.

Nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud tras décadas, en algunos aspectos, de abandono. Estamos en recuperación de la infraestructura física, del talento humano, para abordar la salud de manera integral y eso, sin duda alguna, incluye la salud mental, que es desde donde nosotros miramos el consumo problemático de drogas y alcohol.

Hay una percepción social de que la persona que usa drogas o alcohol de forma problemática o no, requiere de un internamiento y no es así. Los estudios a nivel internacional indican que podemos optar por un trabajo ambulatorio en la mayoría de los casos. En este momento no tenemos personal en todos los centros de salud para atender esta necesidad, estamos trabajando para completar una brecha que aún existe con los profesionales de la salud que requerimos.

Los nuevos centros de salud que estamos construyendo incluyen espacios dedicados a la atención en salud mental. Estamos implementando un modelo de atención distinto para personas que requieran atención especializada, para que puedan realizarlo desde los centros de salud con supervisión de siquiatras de los hospitales, es decir, desconcentrar esa atención porque de lo contario mantendremos esa brecha enorme, cuando podemos fortalecer el primer nivel de atención para brindar el cuidado que pueda requerir una persona.

¿Es muy grave el problema de consumo en el país como para generar una alarma sobre que es un grave problema de salud o es controlable?

No tenemos un estudio nacional, de toda la población ecuatoriana, en cuanto al consumo de drogas y alcohol. Con lo que sí contamos es con estudios que se enfocan en colegios. De acuerdo a los datos del Consep (encuesta 2012), hay un incremento en la edad de inicio del consumo de drogas y alcohol. Es una buena noticia, sin embargo no deja de ser una problemática que tiene que abordarse desde el Ministerio de Salud y otras instancias.

Ahora, el que el Sistema Nacional de Salud esté en un trabajo encaminado a no tener brechas en cuanto a la atención, no implica que a la persona que sufre de un problema de este tipo se le recluya en un centro de rehabilitación especializado en temas penales, no de salud. Estamos vulnerando, en cierta forma, el derecho a que la persona reciba una atención adecuada para ese problema de salud.

12,1Sobre las drogas solo se sataniza a las ilícitas, pero qué hay con las lícitas. ¿El consumo del tabaco y el alcohol ya es un problema de salud pública?

Los problemas más grandes que tenemos en el país tienen que ver con el uso del alcohol y tabaco. Tenemos alrededor de 4000 muertes relacionadas al consumo de tabaco, eso quiere decir que hay 11 muertes diarias. Los accidentes de tránsito, por consumo de alcohol, son la causa número uno de muerte de los ecuatorianos hombres entre los 19 y 35 años de edad.

Hace algunas semanas estuve en un cantón, el jefe de la policía de ese cantón me propuso que se hagan exámenes obligatorios a jóvenes en colegios, con autorización de sus padres, para ver si consumían marihuana. Le contesté, que si bien es importante tener iniciativas para tratar el problema del consumo de drogas, tenemos que preguntarnos dónde está el problema mayor. Los jóvenes no se están muriendo por sobredosis de marihuana, se están muriendo por el consumo del alcohol. Un joven de 18 o 19 años usualmente no tiene problemas de salud, nuestros protocolos de atención para jóvenes de entre 19 y 30 años es una consulta preventiva, consulta relacionada a la planificación familiar, pero no de morbilidad.

El tratamiento para el uso de drogas y alcohol tiene que ser voluntario. Las estadísticas indican que si no es un proceso voluntario, es muy poco probable que esa persona pueda ser rehabilitada o pueda tener un cambio de comportamiento donde se disminuya el riesgo y el daño que pueda causar el consumo de drogas.  Entonces, el que nosotros usemos cárceles para abordarlo sin duda alguna no nos va a resolver el problema.

En ese contexto el debate público está moralizado.

Esa postura que usted menciona se alimenta por falta de información. Para muchas personas en el país, da lo mismo el consumo de marihuana, cocaína o base de cocaína, y no es así por los daños físicos y por las propias externalidades como violencia o accidentes de tránsito. El consumo de la marihuana tiene efectos neurológicos en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad de la persona de responder adecuadamente ante estímulos, pero no tenemos información de, que en este país o en otros países, una persona por consumo de marihuana haya muerto por sobredosis o haya muerto por incremento de la agresividad. Con otras sustancias sí, cada una tiene una particularidad que tiene que abordarse con un enfoque hacia la problemática que pueda generar.

¿El consumo de drogas ilícitas ya es un problema de salud pública en el país?

En efecto, es un problema de salud pública, pero en este momento mucho menor a lo que es el problema del consumo de alcohol, tabaco, de gaseosas o de alimentos altos en grasas, esos son problemas de salud pública muy grandes en el país. Eso no quiere decir que debemos virar la cara y decir aún no nos preocupemos, estamos implementando un proyecto de inversión para tener una oferta pública de centros de rehabilitación para el consumo de drogas y alcohol. Existe todavía la creencia de que toda persona que consume drogas, en cualquier cantidad, requiere ser internada en un centro de rehabilitación y no es así. Pero sí hay personas que requieren de un tratamiento con internamiento y no existe una oferta pública adecuada para esa demanda que en efecto existe a nivel nacional. Nosotros estamos planteando la creación de centros públicos de rehabilitación en distintas zonas del país, para cerrar esta brecha de atención.

Tampoco es un problema exclusivo de salud, ¿con quién está trabajando el Ministerio para abordar toda esta complejidad?

Compartimos un trabajo con el Consep que está cargo de procesos de prevención del uso de drogas y alcohol. La problemática va más allá del propio consumo, por eso tenemos que articular y lo hacemos con el Ministerio del Interior en cuanto tiene competencias relacionadas al tema del control del narcotráfico y al ámbito penal. En el trabajo de regular los centros de rehabilitación, que por cierto han sido instancias donde hemos encontrado mucha irregularidad, hemos encontrado tratamientos que no aprueban el MSP ni ninguna otra instancia en el mundo. También estamos trabajando con Fiscalía, ministerios de Justicia e Inclusión Social.

Tenemos datos importantes: el año pasado teníamos registrados 198 centros de rehabilitación con el Ministerio de Salud, con una proyección de 300 si en efecto incluíamos a aquellos que funcionan de manera irregular, sin cumplir con estándares mínimos. Hemos fortalecido  mucho el proceso de permisos de funcionamiento para estos centros y hasta el 15 julio de este año tienen tiempo para obtener el permiso de funcionamiento.

Han existido denuncias contra clínicas que hacen prácticas nada saludables a personas que tienen algún tipo de adicción.

En lo que va del último año, tenemos clausurados alrededor 18 centros de rehabilitación por denuncias relacionadas a la violación de derechos humanos. Lo que hacemos con el otorgamiento (para funcionar) es verificar no solamente que cumplan con estándares sanitarios sino que exista el personal adecuado para disminuir la posibilidad de que se vayan a dar terapias que no están aprobadas en ningún protocolo.

Qué incluye el tema de salud mental?, porque ahí pueden caber muchas cosas.

Cabe mucho, entre esas cosas está el abordaje del consumo problemático de drogas y alcohol que lo consideramos un problema de salud mental cuando realmente lo es. El abordaje que nosotros le damos parte de la estrategia de establecer un modelo de gestión que funcione, donde fortalecemos el primer nivel de atención para ofertar servicios ambulatorios ligados al segundo y tercer niveles de atención en hospitales, que puede incluir un tratamiento siquiátrico – sicológico con internamiento.

12,2¿Será que hay un problema serio de salud mental, en general, en la sociedad ecuatoriana? Los índices de violencia contra las mujeres son muy altos, lo mismo reflejan las cifras de abuso sexual.

La línea entre un problema de salud mental y un tema dinámico social, como por ejemplo el machismo, es una línea gris. ¿Dónde termina una problemática social – cultural y dónde comienza una de salud mental? Sin duda alguna, la parte curativa no es la solución absoluta, el trabajo de prevención, de concientización no lo va a solucionar el MSP. Tenemos que trabajar intersectorialmente, por eso estamos trabajando en una estrategia con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco que integra el trabajo del Ministerio de Educación, pues es ahí donde tenemos una población cautiva que puede iniciar un consumo, tal vez problemático de alcohol y otras sustancias.

Hablemos de costos, un tema simplista, aunque inevitable. ¿Cuánto le cuesta al Estado tratar a una persona que consume frente a cuanto le cuesta prevenir? A veces se cuestionan las razones por las cuales, como sociedad, tenemos que invertir en una persona que ha decido “arruinar su vida” consumiendo drogas frente a otras que no y que necesitan del Estado.

Si vamos por esa lógica, el Ministerio tendría un trabajo bien pequeñito para solamente atender a aquellas personas cristalinas y puras que nunca han consumido azúcar, que nunca se han tomado una coca cola, porque los problemas de salud se dan en gran parte por un asunto de comportamientos. Las personas que ven demasiada televisión y no hacen una hora diaria de deportes, en efecto, le están causando un tremendo costo al Estado, pero esa no es la lógica de la política de salud pública.

No podemos convertirnos en un Estado sancionador, que sobre la base de criterios, en ocasiones hasta moralistas, determinar quién tiene derecho o no a la salud. Pero sí tenemos que pensar que es mucho más beneficioso realizar un proceso de prevención que realizar un proceso de curación. Un ejemplo: el consumo de tabaco le cuesta al Estado más de cien millones al año y como sociedad ecuatoriana más de 300 millones porque a la gente le toca pagar servicios privados.

Como estado hemos incrementado el impuesto al tabaco que genera un ingreso para la atención, además es una política de salud pública que genera una disminución en el consumo porque se convierte en una barrera de acceso económico. Sin duda alguna es importantísima la prevención, pero no puede ser desde un punto de vista sancionador, estamos hablamos de un derecho básico que es el acceso a los servicios de salud donde tenemos avances importantísimos como gratuidad, cobertura universal, y fortalecimiento de nuestra capacidad de prevención.

Amelia Ribadeneira

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