Una nueva visión sobre las drogas, el consumo y la cárcel en Latinoamérica

Una nueva visión sobre las drogas, el consumo y la cárcel en Latinoamérica

mayo 30, 2013
in Category: Perspectivas
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Una nueva visión sobre las drogas, el consumo y la cárcel en Latinoamérica

El 2009, bajo el título “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”, se publicó el documento en el cual los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México), junto a 17 personalidades y especialistas integrantes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, proponían un aspecto fundacional: romper el silencio y abrir el debate sobre un modelo que ha fracasado estrepitosamente y cuya autoría proviene de Estados Unidos.

Como todo modelo, la política de guerra antidrogas se fue convirtiendo estos años en un tabú, una especie de “acto de fe” frente al cual nadie estaba autorizado a pensar diferente ni a cuestionar esa política, a riesgo de ser condenado a los quintos infiernos. Han transcurrido cinco años desde aquel llamado público para que nuestros países y sus organismos internacionales empiecen a romper el silencio, abrir el debate, pero sobre todo cuestionar con acciones concretas y más allá de la retórica, un paradigma que muestra en toda su desnudez un rotundo fracaso.

El periodista colombiano Camilo De Guzmán, en el diario El Tiempo de Bogotá, afirma sin equívocos que “además de no cumplir su objetivo, la estrategia actual ha tenido devastadores costos sociales, tanto en países productores como consumidores. Empujar una industria de semejante magnitud al mercado negro no solo no la ha hecho desaparecer, sino que ha empeorado la situación, pues en el mundo subterráneo las reglas son distintas: la corrupción es ley y la violencia es justicia. El caso del alcohol en los Estados Unidos, cuya prohibición en los años 20 fue rápidamente abandonada porque desató una crisis de corrupción, crimen y violencia sin precedentes, es citado como ejemplo de lo que sucede cuando lo prohibido es negocio”.

“Como bien sabemos –subraya De Guzmán-, los narcos defienden su poderoso negocio del Estado y de la competencia sin escrúpulos. Masacran a civiles, despojan a campesinos, sobornan jueces, policías y militares, eligen políticos y destruyen ecosistemas endémicos para sembrar materia prima. Además venden lo que quieren, sin control alguno sobre la calidad, toxicidad o niveles de adicción del producto, poniendo en peligro la vida de los consumidores y generando grandes problemas de salud pública. En varios países, las cárceles están llenas de consumidores mientras que ellos negocian su libertad a cambio de colaborar con las autoridades en la lucha contra una interminable línea de sucesores”.

Mantener esta situación es insostenible desde todos los puntos de vista: político, de salud pública, de seguridad, ambiental, de justicia. Precisamente aquel grupo de alto nivel “puso el dedo en la llaga” hace ya un quinquenio, con dos ingredientes: fundamentos y valentía. Es imposible que haya desacuerdo con alguno de estos puntos. Por lo menos en público. Nuestros países han empezado a tomar este asunto con responsabilidad y por qué no, con una dosis de soberanía y sentido común, pensando en la salud pública de los ciudadanos y de los estados.

Una rápida lectura muestra esta tendencia

Colombia: Probablemente es el país que más ha sufrido los efectos nefastos del narcotráfico y de todos sus males subsecuentes: carteles, guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales, de cuyo histórico azote se han empezado a recuperar recién en los últimos años.  Por eso mismo, Colombia tiene una voz autorizada para hablar del tema, por las enormes implicaciones que ha tenido en todos sus ámbitos y por el dolor que ha causado a su población, ante la violencia y el terror del narcotráfico.

El presidente Santos habló en la línea del cambio de paradigma, afirmando públicamente que es necesario abrir un debate para revisar la política mundial antidroga, cuyo enfoque ha fracasado tras más de 40 años de implementación. Los medios locales han informado que el gobierno está preparando un nuevo estatuto nacional de drogas progresista, menos draconiano y con un enfoque superior de salud pública. Inclusive las FARC han tomado posición sobre las drogas ilícitas, en el marco de las negociaciones de paz en curso.

México: Enrique Peña Nieto, el actual presidente de ese país, definió los pilares fundamentales de su política para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, cuya violencia ha cobrado la vida de más de 50 mil personas. Solo en el período de Felipe Calderón se calcula 26 mil personas desaparecidas, según información de la Secretaría de Gobernación, publicada por la revista Gatopardo (14).

Contrastando con la estrategia de su predecesor, Peña Nieto ha privilegiado una política de prevención del delito y protección de la población, antes que la “guerra abierta” promovida por Felipe Calderón, pero sin salirse del paradigma de la “seguridad”, que sigue siendo el clamor de la ciudadanía mexicana.  Medios locales resaltan las declaraciones de Peña Nieto, en el sentido de que los pilares de la nueva política de seguridad serán la planeación, la prevención del delito, la protección y respeto de los derechos humanos, la coordinación, la transformación de las instituciones policiales y de procuración de justicia, y la evaluación. Se añade a la agenda una reorganización de la Policía Federal y el fortalecimiento del marco legal para atender la desaparición forzada de personas.

En cuanto a la legalización, existe el “Decreto del Narcomenudeo”, que eliminó todas las medidas punitivas por posesión de una tabla de cantidades para uso personal: 5 gramos de Cannabis, 2 gramos de Opio, 0,5 gramos de Cocaína, 50 miligramos de Heroína o 40 miligramos de Metanfetamina. Además, se determinan tratamientos de salud pública obligatorios después del tercer arresto. No es todo lo que uno quisiera, pero al menos hay signos de enrumbar una política nefasta que estuvo lejos de combatir la violencia brutal del narcotráfico. Peña Nieto se ha opuesto a la legalización del consumo de la marihuana, pero no descarta considerar la opinión mundial en esta materia.

20,1Uruguay: El presidente José Mujica tiene muchas cosas que enseñar de su vida. Desde su pasado como guerrillero, junto al legendario líder Tupamaro, Raúl Sendic, hasta las revolucionarias políticas de drogas llevadas a cabo como Presidente de Uruguay, pasando por su tormentosos años de encarcelamiento en aislamiento total, lo cual no impidió que se comunicara con los otros presos inventando con ellos un lenguaje de toquecitos en las paredes. Y es que este caballero está pasando a la historia como uno de los grandes estadistas y referentes humanos de América Latina.

Para él, el narcotráfico es el principal problema antes que el consumo de drogas, por una razón muy sencilla: genera una violencia brutal y afecta principalmente a los sectores más pobres de la sociedad. Por lo tanto, allí radica la razón de estado para impulsar abierta y valientemente la despenalización del consumo de marihuana.

“La humanidad hace 100 años que reprime el consumo de drogas y no plantea ninguna alternativa”, afirma este personaje de figura afable y bonachona, cuya profundidad y tenacidad han sido notables, pues así como cree que “la marihuana es una plaga, el narcotráfico es mucho peor”, razones suficientes para impulsar con firmeza, pero al mismo tiempo con un profundo espíritu democrático, la ley para legalizar la producción y venta del consumo de cannabis, con lo cual el Estado regula la producción y comercialización de la marihuana y sus derivados.
Incluso quienes apoyan la idea de discutir abiertamente el tema y proponer alternativas como la legalización, no dudaban en afirmar que sería una locura legalizar por separado, pues las mafias del narcotráfico terminarían con la institucionalidad y cosas parecidas. Pero no ha sucedido nada de eso. Al contrario, este país está dando lecciones de ruptura, de originalidad y de creación, pues así como ha tomado “al toro por los cuernos” en materia de drogas, hizo lo mismo con la despenalización del aborto, colocándose a la vanguardia de estos temas “tabú”, sobre todo porque “salvan más vidas”, tal como sintetiza el presidente Mujica.

Brasil: “El día en que el poder público lleve a todos los niños más escuelas, música, teatro, gimnasios, bibliotecas, y menos redadas de la policía y balas ‘perdidas’, tendremos menos adictos y traficantes”. Esa sentencia de Frei Betto corrobora la estrategia que implementó el mítico José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río, con la creación de las unidades de Policía Pacificadora (UPP) desde hace cinco años y con un éxito reconocido por todos en varias de las favelas de la ciudad. Se trata de una política de pacificación, pero combinada con apropiación del espacio público y algo fundamental: la provisión de servicios públicos.

Los datos revelan que el sistema penal es selectivo y las personas que venden pequeñas cantidades de drogas constituyen el 60 % de los condenados. De los 500 mil presos existentes en Brasil, el 65 por ciento está preso por drogas. Esa es la lacerante realidad extraída de una investigación realizada sobre procesos criminales por tráfico de drogas en Río de Janeiro y Brasilia. Es verdad también que se realizaron cambios legislativos en la última década hacia la despenalización parcial de la posesión para uso personal, así como la creación de medidas sustitutivas de carácter educativo y de servicios comunitarios. Pero esto no ha obstado para que se apliquen penas de hasta cinco años de prisión por la venta de pequeñas cantidades.

Bolivia: Despenalizar las drogas, como forma de eliminar el narcotráfico, es la tesis principal del presidente Evo Morales. En estos términos fundamentó su pedido a la OEA, a través de su canciller David Choquehuanca, de evaluar el impacto positivo de la experiencia de países que despenalizaron la posesión y el consumo de drogas.

El punto 9 de la propuesta boliviana señala que “como parte de la implementación de la política integral sobre drogas en el hemisferio, que adopta un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario, se requiere tomar en cuenta los aprendizajes de países y gobiernos subnacionales que han despenalizado la posesión de drogas ilícitas para el consumo personal; y el impacto positivo que esas medidas tienen en la salud pública, la disminución del crimen en las calles, el descongestionamiento en el sistema judicial y en la población carcelaria”. Esto deja sentada la posibilidad de impulsar una estrategia encaminada hacia la legalización.

Argentina: De acuerdo con la ley penal, todo lo relacionado con la simple tenencia, producción, comercio, almacenamiento y transporte de drogas es delito. Sin embargo, en agosto de 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional enjuiciar a los ciudadanos por utilizar medicamentos para su uso personal, tal como se argumenta en el famoso “fallo Arriola”, en el cual recomienda al Congreso hacer modificaciones a la ley vigente, para adaptarla a la jurisprudencia asentada. Esto ha sido interpretado en relación al consumo, como una legalización de facto.

Chile: En este país es legal el cultivo previa autorización del Servicio Agrícola Ganadero. Sin embargo, la legalidad no se aplica, pues hasta lo que se conoce, se habría emitido una sola autorización, que luego fue retirada. Mientras tanto, el consumo privado de cannabis es legal.

Guatemala: El presidente Otto Pérez Molina dio un giro en la política de este país pro despenalización de las drogas, siendo el proponente de una agenda en este sentido, que incluiría a toda la región centroamericana, para ser debatida en la próxima Cumbre Centroamericana de Presidentes.

20,2Estados Unidos: Ha sido una verdad incuestionable que la estrategia de lucha antidrogas impulsada por Estados Unidos, se utiliza como brazo político para incidir, condicionar y colonizar nuestras naciones y así se deja leer la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy, NSS 2010) aprobada por el presidente Barack H. Obama, que no trajo sino tibias modificaciones en este renglón antidrogas y algunos ligeros cambios en su relación con el mundo, cuando afirman que “la seguridad de los norteamericanos a largo plazo no vendrá de su habilidad de infundir temor, sino de su capacidad de alimentar esperanzas”.

En todo caso, con Estados Unidos conviene “prestar atención a lo que hacen, no a lo que dicen”. La estrategia antidrogas fuera de sus fronteras es de guerra total, porque buscan centrar el tema en la oferta, pero casa adentro prefieren legalizar el consumo en una varianza enorme, pues los niveles de permisividad varían entre un estado y otro, incluso entre un condado y otro.

Colorado fue el primer Estado de la Unión que legalizó el consumo de marihuana con fines recreativos el 28 de mayo, pues para fines médicos ya había antecedentes. Se trata de un paquete legislativo radical por su cobertura, que regula la venta, la producción y los impuestos sobre la marihuana para uso recreativo. Lo  mismo sucedió con otros estados que siguieron el ejemplo: Washington aprobó la Iniciativa 502 argumentando que la legalización le quita a las pandillas y carteles la posibilidad de enriquecerse con el tráfico y venta de drogas, y aportaría recursos al estado por impuestos de venta. Mientras que Massachussets aprobó su uso para fines médicos, lo que es interpretado como un primer paso hacia la legalización total.

Incluso un ex presidente mexicano, Vicente Fox, se ha dedicado a propiciar eventos pro legalización en territorio estadounidense. En San Francisco, realizó el Primer Simposio Internacional sobre la Legalización de la Marihuana, en julio pasado, bajo la premisa de crear una estrategia de legalización. Más allá del anecdótico hecho, está claro que en Estados Unidos ya no se debate si se debe o no legalizar la marihuana, sino cuándo. Mientras fuera de sus fronteras, expresa un total rechazo a propuestas en este sentido.

Cabe preguntarse entonces que tan inteligente es seguir defendiendo el uso de ingentes recursos en la lucha antidrogas en nuestros países, con todas sus secuelas de violencia e inseguridad, cuando en algunos estados de la Unión se ha legalizado toda la cadena de producción y consumo.

Con OEA o sin OEA…

América Latina vive una “primavera política” de recambio, de búsquedas y de poscolonialismo. A los esfuerzos integracionistas de UNASUR y ALBA, se suman en el seno de organismos como Organización de Estados Americanos (OEA), las voces que reclaman soberanía en un sinnúmero de temas, incluidas las drogas.

La 43º Asamblea de la OEA, celebrada en junio en Guatemala, debatió el informe “el problema de las drogas en las Américas”, elaborado a su solicitud durante un año, de cuyos puntos principales destaca cuatro conclusiones: es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; los países con menos recursos y menor fortaleza institucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; el fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.

El secretario General del organismo internacional, José María Insulza, advirtió que en el informe “hemos procurado no callar ni ocultar nada”, porque se trata de “mostrar el problema tal cual es y cómo se manifiesta, de diferentes maneras, en nuestros diversos países y subregiones; mostrar el volumen de dinero que mueve y quiénes se benefician de él; cómo erosiona nuestra organización social y cómo debilita la salud de nuestros pueblos, la calidad de nuestros gobiernos y aún de nuestra democracia”.

Aunque no se suscribió una decisión abierta hacia la legalización del consumo, quedó claro en el ambiente que es fundamental buscar alternativas innovadoras que sustituyan la estrategia actual de lucha antidrogas y que ofrezca resultados positivos para nuestras naciones. Fue elocuente la conclusión del presidente Santos, de Colombia, al afirmar en ese evento que “los mandatarios del Hemisferio iniciamos una valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato a la OEA para tal fin”.

Como conclusión, anotemos que desnarcotizar los lenguajes, descriminalizar los usos, derrotar los temores infundados y despertar de la pesadilla, parecerían ser los paradigmas alternativos a la lucha antidrogas, tal como sugiere el CONSEP en su propuesta para la creación del Observatorio Suramericano de Drogas como un espacio orgánico del saber y del conocimiento sobre este capítulo central de nuestros estados.

Los fundamentos para América Latina

  • América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas;
  • Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa.
  • En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas.
  • Asistimos en las últimas décadas a un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte de los grupos criminales;
  • Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes;
  • La criminalización de la política y la politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas;
  • La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden

 Marlo Brito

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