Coordinar y cooperar para construir pluralismo e interculturalidad

Coordinar y cooperar para construir pluralismo e interculturalidad

abril 1, 2014
in Category: Interculturalidad
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Coordinar y cooperar para construir pluralismo e interculturalidad

El Ecuador en 1998 asistió a un reconocimiento de la diversidad de culturas y etnias que por primera vez en la historia fueron reconocidas en la Constitución a través del desarrollo de un capítulo completo que reconocía a los colectivos como sujetos de derechos. Esto obligó al Estado y a la sociedad en general a adoptar medidas tendientes a fortalecer sus prácticas ancestrales tanto para su organización político – administrativa, educativa, cultural y de justicia.

El reconocimiento, por parte de legislación occidental, de los cabildos y de otras autoridades indígenas como capaces de resolver conflictos internos que alteren la armonía y buena convivencia solo fue la formalización de su conocimiento heredado por años, el mismo que entre sus habitantes es socialmente aceptado y culturalmente justo. Es que para estas sociedades el conflicto no es un problema entre el actor y el demandado sometido ante unas personas expertas en solucionarlos, en su lugar es concebido como un hecho que puede trastornar la fraternidad de toda la comunidad. Por eso se trasforma en un proceso en el que todos deben interactuar y asumir un rol de juzgadores –en caso de las personas de mayor edad y referentes morales- y en activos proveedores de pruebas tanto del hecho por el que se acusa así como en favor del procesado para demostrar su inocencia o atenuar la pena.

Este proceso altamente participativo tiene como clímax el Ñawinchina, en esta forma de audiencia confluyen los elementos principales del proceso judicial indígena, por un lado la doctrina basada en el derecho consuetudinario y la oralidad en búsqueda de mantener la buena convivencia y el equilibrio espiritual; por otro lado la potestad de la autoridad para llevar adelante una equilibrada conversación en la que incluso existen técnicas de parafraseo y síntesis. Y, finalmente, durante este careo es importante que el procesado mire el rostro de la autoridad que lo interpela y aconseja, que conozca que su familia está expuesta ante la comunidad, pero que también la comunidad es corresponsable de la resolución que sobre él recayere.

Entre la legitimidad de la autoridad y el respeto de las prácticas culturales se construyen los procedimientos judiciales para garantizar el estado de armonía y todo lo que pretenda alterarlo es un conflicto interno sin que esto diferencie si el cometimiento de un hecho es penal o no. Se adiciona a esto que la justicia indígena no toma como elemento para sus fallos la afectación o no del mercado o el crecimiento o no de la inseguridad, es por esta razón que se excluye como pena la privación de la libertad posterior a la realización del procedimiento y se convoca a la colectividad para que se haga efectiva la ejecución de la sanción.

9-27Estos elementos, que son ajenos a los procedimientos occidentales, han hecho que sectores conservadores miren las sanciones como incivilizadas y en otros casos como blandas ante los delitos cometidos. De ahí que es importante que las propuestas emergidas para cooperar o coordinar entre los sistemas de justicia existentes en el país contengan fundamentalmente la capacidad de mutuo aprendizaje y eliminen cualquier intensión de sumisión que limite su ejercicio.

La Asamblea Nacional dispone de un proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria que tiene como principal cimiento el artículo 171 de la Constitución de la República que textualmente establece: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

“El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.

El objetivo de la propuesta incorpora la necesidad de una coordinación y cooperación intercultural dadas las diferencias de los dos sistemas jurídicos en su origen, normas y procedimientos. Reconoce la autoridad que existe dentro de los colectivos y grupos indígenas circunscrito dentro de comunas, comunidad, centro, pueblo o nacionalidad para que efectúe diligencias de carácter investigativo o indagatorio y administrativas para que en base a sus procedimientos y derecho propio puedan resolver sus conflictos sin que estas resoluciones sean desconocidas por ninguna otra autoridad estatal.

De manera detallada incorpora principios como la diversidad, que se basa en el reconocimiento pleno de la interculturalidad, plurinacionalidad, valores, tradiciones, símbolos y creencias; el pluralismo jurídico, entendido como la existencia simultánea de diversos sistemas de regulación social y resolución de conflictos como lo estable la Constitución para el ejercicio de la justicia indígena; la igualdad entre los sistemas jurídicos, que persigue el respeto mutuo entre los sistemas precisamente por sus diferencias, diversidad y pluralidad; non bis ídem, con el fin de evitar la revisión de los fallos que emanen des de la jurisdicción indígena; pro jurisdicción indígena, otorgando la autonomía necesaria a este sistema, pero también invocando la mínima intervención del otras autoridades del estado, además de preferir a esta justicia en caso de conflicto con la jurisdicción ordinaria; y, la interpretación intercultural, para que los casos que se sustancien en la justicia ordinaria y estén vinculados indígenas se adopten resoluciones mediante la interpretación intercultural considerando elementos culturales, el idioma, prácticas ancestrales.

La limitación con respecto a las causas que deben ser conocidas por la jurisdicción indígena es el principal elemento de discusión pretendiendo definir como conflicto interno exclusivamente a asuntos de propiedad, imposibilitando así que conozcan otras causas. No obstante, este establecimiento de fronteras con respecto al tipo de delito no se encuentran en la Constitución ni en los instrumentos internacionales, en su defecto invita a que se respeten y consideren los métodos y procedimientos propios que los pueblos indígenas aplican para resolver sus conflictos y así restituir la armonía entre sus habitantes.

Esta propuesta desarrolló la metodología que se debe seguir para construir un archivo de los procesos y fallos que se hayan generado, promueve la capacitación para el mutuo aprendizaje en las cuales convoca a las universidades, Función Judicial y colegios de profesionales para que paralelamente se construya en el país la plena implementación del Estado Intercultural y Plurinacional; y, el pluralismo jurídico.
Por ello, la cooperación y coordinación deben circunscribirse en el mutuo apoyo de los sistemas para que puedan desarrollarse los procedimientos y se ejecute la pena sin que de por medio exista condicionamiento alguno e inclusive con la implementaciones de sanciones para las autoridades judiciales, fiscales, policiales y administrativas del Estado que entorpecieren la plena aplicación de la justicia indígena.

Julio Ballesteros experto en análisis político

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