Waoranis, Mapuches y la Corte de Derechos Humanos

Waoranis, Mapuches y la Corte de Derechos Humanos

abril 1, 2014
in Category: Interculturalidad
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Waoranis, Mapuches y la Corte de Derechos Humanos

En el periódico La Hora se publicó, a finales de abril de 2014, un artículo que hacía referencia a un conflicto en Yarentaro. Señalaba: “La muerte de dos trabajadores de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, en Tiwino, hace dos semanas, al ser lanceados por una familia de waoranis, acentúa el debate sobre cómo debe ser la administración de justicia en ese pueblo. Se habla de una ley que respete el código guerrero waorani” (21.04.2014). Desde la perspectiva comparada, la solución que se propone parece interesante. Si bien el contexto es diferente, quiero hacer referencia al caso chileno.

Desde fines de los años 90, en el sur de Chile, se está dando un proceso de reivindicaciones del pueblo Mapuche, que va acompañado por demandas territoriales. El proceso de movilización y protesta conllevó tomas de predios, incendios de inmuebles, maquinaria y vehículos. El Estado chileno reaccionó con frecuentes operativos policiales, con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista, con acciones judiciales (allanamientos, desalojos y encarcelamientos), llegando a lo que se podría llamar un fenómeno de criminalización de las demandas y de la protesta social. Fruto de ello es lo que algunos investigadores han denominado las “cárceles de la etnicidad” (Fabien Le Bonniec), haciendo alusión al libro “Las cárceles de la miseria” del sociólogo francés Loic Wacquant. Los medios de comunicación han etiquetado este proceso como “conflicto mapuche”.

Hasta el día de hoy, la restitución y el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales sigue siendo una de las principales fuentes de tensión con el Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile critica “la insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar los derechos de estas comunidades (mapuches) y reparar la usurpación y discriminación histórica que han sufrido. (…) La respuesta del Estado ha provenido principalmente de su capacidad punitiva” (INDH, Estudio exploratorio: Estado de Chile y pueblo Mapuche, p. 15). Como señala el mismo Instituto, según los datos del Ministerio Público de Chile, se han investigado, entre los años 2008 y 2012, un total de 843 presuntos delitos cometidos por personas mapuches en el marco del conflicto. Según la Organización Mapuche Meli Wixan Mapu, al final del mes de marzo de 2014, el número de “presos politicos mapuche“ era de 20 personas, entre ellas autoridades tradicionales.

En este contexto, Le Bonniec considera que la elección de la novena región denominada Araucanía (Chile cuenta con un total de 15 regiones) como laboratorio de la implementación de la reforma procesal penal no fue coincidencia. Según el investigador de la Universidad Católica de Temuco, la región de la Araucanía corresponde en el imaginario de muchos, e incluso de las autoridades políticas, a un lugar donde se requiere hacer respetar el estado de derecho. Situados en la historia chilena, la apreciación de Le Bonniec es pertinente, ya que el ejército de Chile ocupó recién en 1881 el territorio que queda al sur del río Biobío habitado por los Mapuches.

En el imaginario colectivo chileno sigue presente, que los Mapuches fueron un pueblo nunca conquistado por los españoles, hecho que conllevó a que se les reconociera autonomía a lo largo de la colonia.

9-25En ese escenario se puede interpretar la creación de una dependencia especializada de la Defensoría Pública para la atención de imputados (procesados) mapuches (2003). Es igualmente aquí donde radica una diferencia con el caso de los waoranis, citado al comienzo de este artículo. En el caso chileno no existe una norma parecida al artículo 171 de la Constitución ecuatoriana del 2008. La Constitución chilena, aprobada el 11 de septiembre de 1980, exactamente siete años tras el golpe militar y vigente hasta el día de hoy, no reconoce la justicia indígena ni el pluralismo jurídico. No existe norma constitucional que diga que las autoridades originaras “aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos”. Es decir, la creación de la oficina especializada en materia indígena en Chile, correspondió inicialmente a la criminalización de un conflicto social y no a la necesidad de litigar la declinación de competencia de la justicia formal. La defensa mapuche litiga en el sistema formal, una defensa indígena litigaría para que el sistema formal no se aplique.

Hoy en día, gran parte de las causas asumidas por la Defensoría Penal Pública mapuche no están relacionados directamente con conflictos territoriales. Los defensores mapuche han aludido en varios casos a la costumbre como atenuante, respaldando sus teorías del caso con participación de peritos antropológicos, facilitadores interculturales y autoridades tradicionales en los juicios (según Fabien Le Bonniec). Esta estrategia también responde a la falta de reconocimiento del pluralismo jurídico.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe No. 176/10, casos 12.576, 12.611, 12.612) muestra que en el caso del denominado “conflicto mapuche”, el litigio en el sistema formal nacional chileno tenía sus límites. Si entendemos el derecho -con Lawrence Friedman- como un fenómeno social, podríamos decir que su componente cultural (entendido como las actitudes y los valores que con respecto al derecho prevalecen en una sociedad en un cierto momento histórico), impidió que se aplique justicia. Esto, al desconocerse las garantías constitucionales e internacionales que debieron aplicarse también, y de manera igualitaria a los inculpados mapuche.

Según la CIDH, las autoridades judiciales chilenas que condenaron a los líderes indígenas, por delitos terroristas, “se basaron en una representación de un contexto denominado como el ‘conflicto Mapuche’, sin efectuar distinciones entre el contexto más general de reivindicaciones legítimas del pueblo indígena, caracterizado por diversas formas de protesta social, y los actos de violencia… De esta manera, la invocación de la pertenencia y/o vinculación de las víctimas al pueblo Mapuche constituyó un acto de discriminación racial mediante el cual se criminalizó, al menos en parte, la protesta social de miembros del pueblo indígena Mapuche”.

Pero la Comisión Interamericana va más allá en su argumentación. No solo reprocha la criminalización de la protesta social, analiza el impacto que esta tiene sobre la comunidad. Argumenta que para una comunidad indígena, el procesamiento penal de sus autoridades tradicionales (Lonkos y Werkén) “bajo condiciones de discriminación racial y violación del principio de legalidad (…) constituye un agravio con repercusiones sobre el tejido social entero”. En suma concluye, que el derecho internacional de los derechos humanos, “reconoce ampliamente el derecho de los pueblos indígenas a la preservación de su integridad sociocultural”. Por ello, los estados partes de la OEA deben “respetar y garantizar plenamente dicho derecho a la preservación de la integridad sociocultural, que tiene dimensiones tanto individuales como colectivas”.

Son estos los argumentos los que permiten relacionar el caso de los waoranis con el de los mapuches, ya que según la citada noticia existe una orden de prisión preventiva en contra de 15 waoranis, estando seis de ellos detenidos en la ciudad de El Coca. Habría que preguntarse si se violaron principios constitucionales al aplicar el derecho formal y no la justicia indígena al caso concreto. A su vez cabe la duda, si el procesamiento penal de 15 integrantes de la comunidad indígena se debe, a lo menos en parte, a una discriminación racial que podría causar repercusiones sobre el tejido social entero de la comunidad waorani. Similares preguntas surgen en el caso de los seis huaorani acusados de genocido tras la muerte de un grupo no especificado de taromenanes en supuesta venganza por la muerte de dos ancianos, hecho ocurrido en una apartada zona del Parque Nacional Yasuní.

La codificación de la justicia indígena, intencionada con la propuesta de elaboración de un código guerrero waorani, aparece como un camino que podría ayudar a acercar ambos sistemas de justicia. Es el camino clásico del positivismo jurídico. Habría que constatar que existen otros sistemas jurídicos, como el inglés o americano, que no requieren que todos los derechos sean plasmados en normas abstractas. Cabe esperar cómo va a interpretar la Corte Constitucional la relación entre el derecho formal y la justicia indígena. La sentencia tendrá que tomar en consideración los criterios de la CIDH.

Vale recordar lo que declaró Marcial Colin Lincolao, presidente de la Asociación Comunal Mapuche Poyenhue de Villarica: “Mientras se siga destruyendo y usurpando nuestros recursos naturales, mientras siga impune el asesinato de jóvenes mapuche; mientras sigan encarelando dirigentes mapuche creo que no es posible avanzar en un camino de entendimiento y paz social” (Reforma a la Justicia, una visión de los derechos Indígenas, Stippel/Valenzuela).

Jörg Stippel penalista y docente universitario

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