El papel del defensor intercultural, declinar competencias

El papel del defensor intercultural, declinar competencias

abril 1, 2014
in Category: Interculturalidad
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El papel del defensor intercultural, declinar competencias

Para la compresión de esta cualidad que planteamos como una necesidad dentro de la gestión de la Defensoría, debemos acercarnos al horizonte de lo que se llama o llamamos interculturalidad. En el preámbulo de la Constitución del 2008, a nombre del pueblo soberano del Ecuador, en los reconocimientos históricos y de la naturaleza de este pueblo invocado, se nombran “nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos”, o sea que el pueblo del Ecuador ha estado conformado, desde hace milenios por distintos pueblos, ¿no es este un enriquecimiento, un pueblo conformado por distintos pueblos ?, y ratificando este sentido el preámbulo dice: ”Apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad”, anticipando ya el concepto de cultura, no de una cultura, sino de todas las culturas, lo multicultural, para pasar a la decisión de construir en base de estos supuestos históricos, “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir , el sumak kawsay”.

Dice una nueva forma de convivencia ciudadana, en “diversidad”, dejando implícito que la anterior no ha sido una convivencia en la “diversidad”, por eso es nueva, porque reconoce expresamente la existencia de la diversidad de los pueblos y culturas que conforman el Estado.

No es difícil una retroalimentación histórica mirando la primera constitución ecuatoriana de 1830, jurada en Riobamba, y ver que tenemos un pasado monista que estableció requisitos para el ejercicio de los derechos de ciudadanía. El artículo 12 mandaba: “Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; 3. Saber leer y escribir.”, o sea del ejercicio de los derechos estaban excluidos toda la población indígena, analfabeta, propietarios de nada o huasipungeros, que en ese entonces equivalía al 90% de la población, (el año 1826, primer censo medianamente exacto, censa 550.700 almas; el año 1830, al separarse de la Gran Colombia, había medio millón de habitantes, 90% cobriza y mestiza).

Todos los trabajadores del campo y la ciudad, y todos los analfabetos que era el 95%, el pueblo en su conjunto. O sea un estado excluyente, heredero y conservador de la Real Audiencia Española, de cuyas formas políticas, supuestamente se liberaba, quienes asumían la república, los denominados criollos, los hijos de españoles nacidos en América, establecieron la hegemonía de la cultura blanca europea, ni siquiera mestiza.
Es decir, después de 178 años, por la lucha de los pueblos invisibilizados y excluidos, la Constitución del 2008, reconoce y conforma una forma de Estado radicalmente distinto, anticolonialista y lo hace enfáticamente en su artículo primero donde establece la esencia del mismo: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.

Para el ejercicio de los derechos no puede existir ningún requisito, ni de propiedad, ni de renta, ni de instrucción, ni de condición de trabajo y más bien el artículo 6 declara: “La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a algunas de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional”. Se visibiliza las raíces históricas ancestrales de la misma, al definir el estado como plurinacional, culturas y naciones, diversas y coexistentes.

Lo intercultural está, por tanto, como principio fundamental del Estado. La deriva de este principio hacia los órganos de gestión del estado, es por tanto transversal, y la Defensoría Pública como parte de la Función Judicial, tiene que actuar conforme el principio de interculturalidad, definido en el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 344 sobre los principios de la interculturalidad: “La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes principios:

a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural.

b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena.

c) Non bis in idem. – Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional.

d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible. Y,

e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.

9-23Los defensores públicos deben defender en sus actuaciones respecto a las nacionalidades y pueblos indígenas, afros y montubios, estos principios sencillos pero fundamentales, que garantizan los derechos de los sujetos definidos como pueblos y nacionalidades en la constitución, y el ejercicio y la vida del pluralismo jurídico, derivado de estos supuestos constitucionales de interculturalidad y plurinacionalidad, cualquier actuación en contrario está sujeta a demandas constitucionales de protección.

Y como la matriz del racismo y la discriminación tiene una larga noche colonial predecesora, de negación de lo diverso y diferente, debemos conocer nuestras culturas, hablar sus lenguas, indagar en sus derechos propios, llegar al espíritu de justicia de esas sociedades no occidentales, para salir del monismo, de la universalización arbitraria del derecho europeo heredado, como el único válido. No es un asunto de cultura general, es un asunto de formación profesional integral del defensor público, consignado en el artículo 346 del Código Orgánico de la Función Judicial, que manda: “Promoción de la justicia intercultural.- El Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

Especialmente, capacitará a las servidoras y servidores de la Función Judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de su competencia en territorios donde existe predominio de personas indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, prácticas ancestrales, normas y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas.

El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena”.

De manera que nuestra misión no es solo en la justicia ordinaria, es respetando la absoluta autonomía e igualdad, con la justicia indígena, en un diálogo de saberes jurídicos, para lograr cooperar y coordinar los dos sistemas. Un tema primordial de la cooperación es lo que señala el artículo 345 del Código: “Declinación de la competencia– Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena”.

El defensor público deber ser proactivo en patrocinar la declinación de competencias cuando esta haya sido requerida por las autoridades indígenas, en el horizonte de la nueva constitucionalidad del pluralismo jurídico.

Si se hace conciencia y práctica de lo que está plasmado e invocado en la Constitución de la República y el Código estaremos cumpliendo con nuestra misión. No hay lugar a confusión ni dudas, pero esto requiere de una capacitación continua en el conocimiento de las diferentes culturas y sistemas de justicia indígena, requiere diálogo intercultural, encuentros con las autoridades indígenas diversas en cada provincia.
Porque el objetivo estratégico y el eje transversal de nuestro trabajo es lograr la gestión intercultural desde la Defensoría Pública. Podemos, en ciertas circunstancias, especializar la atención dado lo complejo del mundo de las culturas, sin embargo, por lo señalado anteriormente, todos lo debemos asumir, como horizonte utópico de nuestra humanización y descolonización.

Fausto Corral Guevara

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