“Los pueblos y nacionalidades estaban invisibilizados en el Ecuador”

“Los pueblos y nacionalidades estaban invisibilizados en el Ecuador”

abril 1, 2014
in Category: Entrevistas
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“Los pueblos y nacionalidades estaban invisibilizados en el Ecuador”

Zobeida Gudiño es asambleísta por Zamora Chinchipe. Pertenece al bloque de Alianza País y preside la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad en la Asamblea Nacional. Desde este espacio, comenta los avances que ha experimentado el país en materia de interculturalidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, a partir de la Constitución del 2008. Además, se refiere a los proyectos de ley tratados actualmente por el Legislativo, que pueden incidir en estos pueblos.

¿Cómo ha avanzado el Ecuador en temas de interculturalidad? ¿Cuáles son los cambios más significativos?

Revisando la historia del Ecuador, vemos que los pueblos y nacionalidades estaban invisibilizados. Es a partir del 2008, con la nueva Constitución, que hemos logrado algunos cambios significativos y le hemos dado interés al tema pueblos y nacionalidades. En la Constitución se establecen, por primera vez, los derechos colectivos para los pueblos y nacionalidades a través del artículo 57. También es relevante el tema de una consulta prelegislativa, de manera que cada vez que se plantee una normativa que pueda afectar los derechos colectivos de los pueblos, la Asamblea debe consultarles primero.

Se ha avanzado mucho. Antes se decía que el Ecuador es un país mega diverso en culturas e identidad, sin embargo, no se aplicaba ningún derecho en beneficio de estos pueblos. A partir de la promulgación de la Constitución de 2008, cuando hablamos de derechos colectivos, buscamos justamente darle al tema la importancia que merece decir que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a su propia forma de constituirse en su territorio y de cuidar sus territorios ancestrales.

¿Cree que se aplica plenamente lo que establece la Constitución en este tema? ¿Qué falta aún lograr?

Bueno, faltan algunas normativas legales. Si bien el marco constitucional nos permite de manera general establecer algunos derechos para los pueblos y nacionalidades, no es menos cierto que necesitamos también algunas leyes que se acoplen a la Constitución.
En ese sentido, se encuentra en tratamiento en la Comisión de Derechos Colectivos, la Ley de los Consejos para la Igualdad, que busca una institucionalidad fortalecida, desde donde los consejos para la igualdad puedan transversalizar, observar, hacer seguimiento y formular política pública para visibilizar de mejor manera los grupos en vulnerabilidad; dentro de ellos se encuentran los pueblos y nacionalidades que tendrán su propio consejo para la igualdad.

Otro de los intereses de la Comisión es trabajar en una normativa legal sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos del Ecuador, con la finalidad de aclarar cuáles son sus derechos.

¿En qué estado se encuentra la Ley de los Consejos para la Igualdad?

Está prácticamente lista para segundo debate. Existían algunas discrepancias con respecto a lo que establece la propia Constitución, en el artículo 257, en relación a la conformación paritaria de estos consejos para la igualdad entre la sociedad civil y las funciones del Estado. Estábamos estableciendo si se refería a todas las funciones del Estado o solamente al Ejecutivo, dado que es el encargado de la formulación de las políticas públicas.

Estamos desencadenando este nudo y en dos semanas entregaremos el informe definitivo para que la ley sea debatida en el pleno de la Asamblea.

En este momento, todos los consejos se encuentran en transición. Por ejemplo, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, después de aprobarse la ley, se transformará en el Consejo Intergeneracional. De igual manera, el Consejo de Mujeres (hoy Comisión de Transición) será el Consejo de Género y así sucesivamente se conformaría la institucionalidad de los nuevos consejos a través de esta ley.

¿Cómo mira usted la pluralidad jurídica? ¿Existe ya en Ecuador una plena coordinación entre la justicia ordinaria y los otros sistemas de justicia?

Decía que es la Constitución del 2008 la que ha permitido visibilizar a los pueblos y nacionalidades, es esta también la que permite hablar en el país por primera vez de una justicia indígena reconocida constitucionalmente. No existe una normativa legal específica para este tema. Sin embargo en el 2009, cuando se promulgó la Ley Orgánica de la Función Judicial, se estableció un reglamento con el que pueden coordinar la justicia ordinaria y la justicia indígena

¿Se ha avanzado?

Hemos avanzado, ya que los jueces cuando encuentran alguna contradicción entre la justicia ordinaria y la indígena, declinan competencias en favor de la aplicación de la justicia indígena. Sin embargo, un tema por trabajar es la defensa de los derechos de las mujeres. Si bien es cierto que la justicia indígena habla de reparar los daños, no es menos cierto que cuando hay violación de los derechos de las mujeres existe todavía una gran desigualdad. Ante ello, hay que definir en estos casos quién tiene la competencia: la justicia ordinaria o la indígena y quién repara el daño causado a la víctima.

¿Qué falta por hacer?

Todavía falta mucho por trabajar en este tema. Por ejemplo, comprender a qué se refiere la justicia indígena y cómo todos los que somos parte de los pueblos y nacionalidades estamos también integrados en su aplicación.

No se puede plantear que el tema le pertenezca solo a un sector de los pueblos y nacionalidades, porque la aplicación de la justicia indígena no solo es para quienes son indígenas en el Ecuador. Revisando la historia, los afrodescendientes también somos indígenas, porque así fue declarado en el Encuentro de Durban (Sudáfrica) 2001, en el que se establece que todos somos indigenistas cuando hemos sufrido algún tipo de esclavitud, al igual que los hermanos y hermanas indígenas.

Considerando la importancia de la Ley de Aguas para las comunidades y pueblos del Ecuador, ¿qué tipo de coordinación ha realizado la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, con respecto a esta ley?

Hemos realizado un seguimiento muy cercano al tema y lo seguimos haciendo en coordinación con la Comisión encargada de tratar esta ley y hacer la consulta prelegislativa correspondiente, que es la Comisión de Soberanía Alimentaria. Inclusive, hace una semana, estuvimos presentes en el Consejo Nacional en Zamora Chinchipe, donde se llevó a cabo la consulta en esa provincia.

Cuando finalice la fase de socialización en las provincias, nosotros, como Comisión de Derechos Colectivos, entraremos a velar porque se respeten todos los pronunciamientos de los compañeros y compañeras de pueblos y nacionalidades.

Los derechos colectivos con respecto al agua tienen que ver con costumbres ancestrales, rituales, fuentes de agua y territorios. También es necesario tomar en cuenta cómo los pueblos y nacionalidades formarán parte activa de la configuración de las autoridades en temas administrativos de los recursos hídricos.

9-20¿Con qué pueblos y nacionalidades se ha dialogado sobre esta ley y cuáles han sido sus demandas?

Como Comisión, no hemos mantenido una reunión con los pueblos y nacionalidades específicamente sobre el tema de la consulta prelegislativa, pero sí hemos tenido un acercamiento con la Comisión encargada de ley y conocemos cuáles han sido los pronunciamientos de los pueblos y nacionalidades.

Uno de los temas es, como ya lo había mencionado, la forma en que los pueblos y nacionalidades entrarán a ser parte de la administración de las fuentes de agua, el momento en que ya tengamos establecido cómo se configurará la autoridad regente. Otro tema, es la manera en que se van a establecer los territorios y fuentes de agua que se considerarán sagrados de los pueblos y nacionalidades para sus rituales y costumbres ancestrales y cuáles, no. En ese sentido, se han mantenido conversaciones con el Presidente de la Comisión encargada para establecer zonas protegidas, como lo hace el Ministerio del Ambiente.

Una de las materias en las que la Defensoría Pública brinda atención es justamente la legalización de tierras. En ese sentido, hemos tenido algunos casos en los que los pueblos y nacionalidades luchan por el respeto a sus territorios ancestrales. ¿Cuál es su mirada sobre este tema y cómo la Comisión de Derechos Colectivos ha apoyado a los pueblos en estas luchas?

Como Comisión, hemos permanecido preocupados por esta demanda, en tanto y en cuanto somos quienes ayudan a que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales.

Hemos tenido acercamientos directamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, bajo el cual funciona la Subsecretaria de Tierras, para establecer con claridad cómo mejorar los proyectos de ley de la Comisión de Derechos Colectivos. Uno de esos es justamente la Ley de Comunas, a través de la cual se brindará una respuesta a los problemas que existen aún sobre los territorios ancestrales de las comunas que existen en el país.

¿En qué estado se encuentra la ley?

Hay que tomar en cuenta que esta ley que no se ha reformado en más de 30 años. Estamos unificando en una sola normativa los diferentes proyectos de ley que existen con respecto a las comunas, de manera que se cumpla con lo que establece el artículo 57 de la Constitución. Después mejoraremos esta ley con el aporte de las propias comunas.

También hemos mantenido reuniones con algunos comuneros. Por ejemplo, conversamos con ciudadanos de Santa Elena, que estaban preocupados porque sus territorios ancestrales han sido vendidos para fines turísticos. Este proyecto de ley nos permitirá dar una respuesta frente a esta problemática y buscar junto con los mismos comuneros las respuestas más adecuadas.

Otra particularidad que debemos tener en cuenta es que hay algunas comunas que ya no lo son, es necesario revisar si se están cumpliendo o no los parámetros para considerar a las tierras comunales. Existen características muy específicas; los territorios comunales son indivisibles e imprescriptibles, por lo tanto no se pueden vender. Conocemos casos de algunas comunas que han vendido sus terrenos o que no cumplen con el tema productivo, eso significaría que esas tierras ya no serían comunales.

¿Cómo se puede fortalecer el mecanismo constitucional de la consulta prelegislativa?

Cuando el Presidente de la República envió a la Asamblea la petición de declaratoria de interés nacional para explotar los recursos del Yasuní, como Asamblea Nacional aclaramos que no debería aplicarse la consulta prelegislativa, sino la consulta previa establecida en el artículo 57, porque la prelegislativa se aplica a una normativa y en este caso hablamos de una resolución. Entonces, lo que cabe es la consulta previa, que es la que hace el Ejecutivo cuando una medida tomada puede afectar a los pueblos y nacionalidades.

En ese sentido, como Comisión de Derechos Colectivos hemos hecho el seguimiento adecuado y fuimos parte actora en la resolución de la Asamblea Nacional, emitiendo el informe correspondiente. En ese documento señalamos con claridad la necesidad de que se efectúe la consulta previa por parte del Ejecutivo, para informar de manera adecuada a los pueblos y nacionalidades asentados en sector afectado, cómo se va a desarrollar la actividad extractiva. También señalamos la necesidad de utilizar los protocolos adecuados y existentes para no afectar la autodeterminación de los pueblos en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane), precautelando así sus derechos colectivos. Por eso, dejamos sentado que la zona intangible debía respetarse considerando que es en ella donde se ha evidenciado mayor presencia de estos pueblos.

María José Lasso, periodista

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