Pluralismo jurídico: Un camino festivo de celebración de la diversidad

Pluralismo jurídico: Un camino festivo de celebración de la diversidad

abril 1, 2014
in Category: Interculturalidad
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Pluralismo jurídico: Un camino festivo de celebración de la diversidad

Así como décadas atrás, en la literatura se han reconocido no solo las búsquedas, sino sobre todo los hallazgos acerca de la “heteróclita pluralidad que definiría a la sociedad y cultura nuestras” (Cornejo Polar: 2003), desde hace un buen tiempo –unos cuantos años- se ha hecho por fin evidente la necesidad de restituir la pluralidad del derecho (pluralidad jurídica) en nuestras sociedades.

¿Qué significa esta pluralidad? Sin escamoteos de ninguna naturaleza, significa simple y llanamente convivencia ecosistémica, mutua influencia y capacidad sentido común, diría- para reconocernos en las representaciones que hacemos del “otro”, muchas veces ignorando que en esas representaciones están revelados los principales componentes de nuestro propio “ethos”, como si de tatuajes identitarios inocultables se tratara.

Puesto que el derecho y el universo jurídico en general hacen parte de las ciencias sociales, después de 500 años lo menos que debíamos hacer en nuestros países, es pensarnos en matriz de diversidad y leernos desde aquella “heteróclita pluralidad”. A menos que se consideren (el derecho y el universo jurídico) un “campus” intocable congelado en el lejano y anacrónico mundo de la “toga”.

Si más allá de la voluntad de ciertos operadores de justicia, existen y/o coexisten en tensa calma una diversidad jurídica, tenemos que reconocer tal como Cornejo Polar hace con la literatura- que el derecho es como nuestra sociedad: heterogéneo, contradictorio y conflictivo.

Heterogéneo porque nadie en su sano juicio podría negar ya la existencia de la “justicia indígena” o un derecho indígena con sus normas y sus protocolos, entrelazado con el derecho formal. Contradictorio, porque una cosa dice la Constitución y otra cosa dicen las leyes y los reglamentos, los mismos que urge actualizar. Y conflictivo porque unos pretenden desconocer o menoscabar el derecho de los otros.

Los portadores de la “toga” nos están diciendo desde un orden, desde una estructura simbólica de poder y desde una jerarquía, que “el otro” no tiene derecho, no tiene su propia jurisprudencia, o la tiene pero reducida a su mínima expresión. O como en otras palabras algún dirigente indígena decía: “nos quieren dejar a las comunidades, solo para resolver conflictos de gallinas y puercos”.

En efecto, esa visión multiculturalista y abiertamente colonial que concuerda en la existencia del “otro” siempre que se quede en el límite de sus fronteras, ha sido fuertemente cuestionado y no tiene traje que luzca, menos aún en tiempos de revolución ciudadana. Al contrario, lo que está vigente es la interculturalidad, como aquel proceso que pasa del mero reconocimiento de la diversidad, a la celebración de la diversidad, tal como expresa Boaventura de Sousa Santos, para quien “la demonización de la justicia indígena pasa a ser uno de los principales vectores de la política de deconstitucionalización”.

Primera conclusión: la “justicia indígena” convive en tensa calma con la “justicia ordinaria”, estando la primera en condiciones desventajosas de subalternidad.

Cuenta la historia que cuando Hernán Cortés puso un pie en tierra aborigen, trajo tras de sí no solo una tripulación hambrienta de oro, sino un título de bachiller en derecho por la Universidad de Salamanca.

A las tierras del sur llegaron los hermanos Pizarro, que no conocieron escuela alguna. Pero esta situación no hizo ninguna diferencia, pues no varió en absoluto la situación de los pueblos indígenas de la época. Al contrario, allá y acá fueron diezmados por enfermedades desconocidas y por la fiebre del oro.

Pero también hay otra coincidencia lamentable: “la derrota jurídica” de los pueblos indígenas del continente, ese ocultamiento deliberado –incluso el desprecio- de las normas que las comunidades tenían para resolver sus conflictos.

Sin embargo, a lo largo de la historia los pueblos y las comunidades indígenas han logrado mantener vivas sus culturas y, por supuesto, sus normativas, con préstamos, rupturas y continuidades. Es decir, en la justicia indígena –como parte constitutiva de la cultura- también sucede aquella “hibridación” -parafraseando a García Canclini-, en la búsqueda de nuevas lecturas acerca de las “luchas que se producen entre la cultura y el poder, entre lógica del mercado y producción simbólica, entre modernización y democratización”.

Es decir, las luchas indígenas siguen siendo aquellos vientos huracanados que “desafían todo el edificio jurídico y político del Estado moderno colonial”, tal como define Boaventura de Souza Santos a la situación.

Quizá por esto mismo exista tanto recelo por cumplir –en la simpleza del cumplimiento cabal- con los preceptos y el mandato constitucional respecto a la justicia indígena, en su Art. 171, que otorga a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales conforme a su derecho propio, puntualizando como únicos límites la misma Constitución y los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

Por cierto, para su plena aplicación se debe promulgar una ley que establezca los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

Pero a decir verdad, en el ejercicio autónomo de la justicia, a los pueblos indígenas no les ha ido tan mal, pues en varias jurisdicciones –no en todas- se han ejercido competencias civiles y penales, aunque cabe la aclaración de que esta separación no existe y es impensable en una comunidad indígena.

En cualquier caso, al momento existen por lo menos dos posiciones: La primera que tiene pretensiones de recorte de competencias y que el ex fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, resumió de la siguiente manera: la justicia indígena debería ser regulada y las reformas deben enfocarse a que únicamente los casos civiles, agrarios, problemas de agua y delitos menores, deberían ser juzgados en las diferentes comunidades, mientras que los casos penales, sin importar el territorio donde se hayan cometido, deberían ser conocidos por la justicia ordinaria y sancionados en base al Código Penal.

La posición de contraste plantea que la justicia indígena no debe tener ninguna restricción y, al contrario, debería ser valorada en su justa dimensión como factor fundamental para la restitución de la armonía comunitaria, tal como afirma Luis Maldonado, filósofo, abogado y líder indígena, para quien “la comunidad, el trabajo y el servicio, ayudan a rehabilitar a una persona que ha cometido un delito”. En su experiencia, señala algunos aspectos fundamentales a destacar:

  • El conocimiento y la decisión sobre un caso es tomado por la comunidad en su conjunto y no por un individuo
  • Se basa en la restitución de la armonía comunitaria y no en una visión sectorizada o individualizada
  • La sanción al infractor, si amerita, se extiende incluso a su familia, con una reparación económica y verbal
  • El proceso es oral y público
  • No existe la figura de la cárcel, porque no rehabilita
  • Es casi nula la reincidencia del sancionado(a) bajo la justicia indígena

9-18Segunda conclusión: la justicia indígena sin cortapisas, la interculturalidad y la pluralidad jurídica son una oportunidad para humanizar y encontrar nuevas pistas civilizatorias, no solo para el Ecuador, sino para el mundo, pues como diría Arguedas, se trata de “vivir todas las patrias”.

La celebración de la diversidad es, sin lugar a dudas, un camino festivo para la radicalización de la democracia y para una especie de epifanía de la justicia. Su negación es la lluvia gris que actualiza la dominación con los rasgos característicos de la colonialidad.

El Pueblo Kayambi ha logrado ejercer en su integralidad la justicia indígena, cuyas autoridades han conocido y resuelto todos los casos, sean estos civiles o penales, términos que como dijimos antes, no son válidos en el seno de una comunidad.

Guillermo Churuchumbi, líder Kayambi y flamante Alcalde electo del Municipio de Cayambe, condujo varios de aquellos procesos como máxima autoridad de este pueblo y ha sido enfático en calificar como “racista” toda pretensión por cercenar competencias de la justicia indígena, porque “es como decirnos que no somos capaces para ciertas cosas que los mestizos si lo son”.

Pero también cree firmemente en la necesidad de coordinar con la justicia ordinaria, identificando puntos fundamentales de encuentro y de colaboración.

El Pueblo Kayambí ha ejercido así su competencia y ha hecho vigente el pluralismo jurídico. Sin embargo, el camino de la interculturalidad aún está por caminar, aún carece de huellas reconocibles, sin desconocer esfuerzos germinales que se desarrollan en algunos segmentos del Estado y de las organizaciones indígenas.

Existen recelos, sin duda. Pero es fundamental que todos los actores abran espacios de diálogo, de mutuo reconocimiento, para que, superando las “demonizaciones”, se retome aquel camino festivo de celebración de la diversidad.

Conclusión final: es indispensable no dejarse arrebatar ese universo simbólico intercultural en todos los escenarios: en las facultades de derecho, en los pasillos jurídicos, en las oficinas públicas del sistema de justicia, en los lugares de encuentro, para seguir infatigables todas las posibilidades emancipatorias, pues el momento en que no se ganan derechos, es que se los está perdiendo.

Marlo Brito, investigador de temas de cultura

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