La política intercultural y plurinacional de la Defensoría Pública

La política intercultural y plurinacional de la Defensoría Pública

abril 1, 2014
in Category: Interculturalidad
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La política intercultural y plurinacional de la Defensoría Pública

Del multiculturalismo a la plurinacionalidad e interculturalidad: Boaventura De Sousa Santos posiblemente el más importante autor sobre sociología jurídica de la actualidad. Este pensador mantiene en su obra la idea de que es necesario hacer un nuevo contrato social. Parte de la idea de que la metáfora del contrato no es una mera ficción, sino un acuerdo social en términos reales entre los súbditos y el soberano, entre ciudadanos y el poder constituido. Para él, el contrato social no está completo, pues fue, otra vez en términos reales, un acuerdo entre pocos. Así, la “ciudadanía”, añeja institución greco-romana rescatada de las abadías por el iluminismo francés, fue un mecanismo de exclusión de ese contrato social de la modernidad.

De acuerdo con esto, las mujeres no fueron incluidas; tampoco los niños, los diferentes colectivos étnicos, los pobres, las personas con discapacidad, los extranjeros, las personas de diversa opción sexual… Fueron excluidos, en una sola frase: “los diferentes”. Aquello ocurrió por la propia lógica del proceso político europeo que se basaba en la necesidad de tener un solo estado y una sola nación. Y, también, por la naturaleza violenta del capitalismo individualista y del proyecto colonizador por parte de los países centrales.

Sin embargo, la república, como paradigma de la revolución y remedio a todos los males de la política y la sociedad propuesta por Rousseau, no se convirtió en la solución a la perversión provocada por la sociedad política en la libertad de los individuos. No era, entonces, un problema de reunir una voluntad general para someterse a un soberano en términos igualitarios. Se convirtió en un problema de emancipación política frente al pacto político al que no fueron invitadas todas las personas.

Todas las luchas sociales, entonces, fueron por ampliar la ciudadanía, es decir, el pacto social de la modernidad. Se fue logrando la inclusión paulatinamente por el impulso de grandes procesos políticos y sociales. La agenda contra la injusticia de ese pacto social fue entonces extender la ciudadanía hasta el infinito.

Así fue que en la Constitución del Ecuador de 1998 se implementó la denominada ciudadanía universal, según la cual todas las personas se convirtieron en ciudadanas, con lo que se lograron dos efectos importantes. Por una parte, se sacó de la esfera de los derechos políticos al concepto de ciudadanía y se lo proyectó hacia el ejercicio de la democracia con el llamado al sistema político de ejercicio real de todos los derechos. Y, por la otra, la ciudadanía incluyó a todas las personas eliminando casi todas las barreras de acceso.

Una de las dimensiones de inclusión de la ciudadanía universal fue la relativa a los colectivos étnicos mediante el enorme abanico político del Estado multicultural y pluriétnico. Como consecuencia de esto, el Estado se planteó por primera vez políticas culturales específicas en favor de los colectivos indígenas en casi todos los ámbitos, particularmente respecto de la participación y la educación.

Este modelo de Estado, sin embargo, en un contexto de auge del modelo neoliberal, ante la debilidad del Estado en crear políticas públicas y la crisis política desencadenada por los grupos de poder, boicoteó gran parte de las iniciativas y aspiraciones de los colectivos indígenas.

Por estas razones, en el proceso constituyente de 2007, el Movimiento Indígena y varios sectores progresistas de izquierda propusieron con mucha fuerza tres ejes fundamentales de transformación de las tradicionales estructuras sociopolíticas. En lo político, el Estado plurinacional y la plurinacionalidad que ya se había incluido en la agenda política de 1997; y, en lo social, la interculturalidad y el sumak kwasay. La Constitución de 2008 se convirtió así en un instrumento para derrotar la colonialidad y sustituir el capitalismo desarrollista y extractivista por un ideal holístico de vida social y relaciones comunitarias.

En consecuencia, si el multiculturalismo de 1998 estuvo pensado en la tibia reforma del clásico estado liberal y de mercado, y en el ideal de crear un espacio público de tolerancia étnica, pero sin alterar las estructuras. La plurinacionalidad de 2008 supone en cambio una reforma profunda al sistema político mediante la incorporación de mecanismos de participación social en todos los niveles; la interculturalidad, un principio para la construcción de una sociedad democrática desde el diálogo igualitario entre las diferentes perspectivas culturales; y, el sumak kwasay una orientación sociopolítica complementaria y relacional de los esfuerzos colectivos hacia la realización integral del ser humano y la naturaleza, runa y pachamama. De esta mutación profunda del sistema político y social se esperaba un cambio radical hacia la construcción de una nueva política. Nació así en las instituciones del Estado, junto con los actuales esfuerzos para su consolidación, la necesidad de adoptar políticas consecuentes con el Estado plurinacional e intercultural aprobados por los ecuatorianos en la Constitución de 2008.

II. Nuestra política plurinacional e intercultural de defensa pública

La realidad de nuestra población que se reconoce como indígena, montubio o afrodescendiente es del 21,6% del total según el Censo de 2010. Aquello llevó a la Defensoría Pública a incluir a las personas pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos entre los grupos de atención prioritaria de defensa pública. Inspirados en la Constitución de 2008, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Plan Plurinacional del Buen Vivir, la Defensoría Pública y la publicación de los Siete Estándares de Calidad de la Defensa Pública el 6 de agosto de 2012, ha creado su propia política plurinacional e intercultural de defensa pública. Nuestra política tiene tres ejes fundamentales, los cuales se articulan en defensa de los colectivos indígenas, montubios y afrodescendientes.

(1) Eje programático, que consiste en la articulación de nuestra política plurinacional e intercultural a las políticas nacionales de planificación, especialmente, el Plan Plurinacional del Buen Vivir. Aquello significa la inclusión entre las prioridades de atención de la defensa pública con un enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad fortalece la construcción del Estado plurinacional e intercultural, y una sociedad en la diversidad cultural y la materialización de los derechos colectivos.

Nuestra motivación surge de la consideración de un debido proceso intercultural como horizonte de nuestro trabajo en favor de los colectivos indígenas, montubios y afrodescendientes, pues no nos es suficiente la garantía del derecho a la defensa desde una mirada de igualdad de armas procesal, sino al mismo tiempo desde el entendimiento comunitario de las formas culturales de estos colectivos, con el fin de garantizar la autonomía de su derecho propio y la supervivencia de los sistemas jurídicos para administrar sus relaciones jurídicas.
Creemos que la transformación de la justicia no es posible sin la materialización efectiva de los sistemas de justicia indígena y su derecho propio, ni tampoco es viable un poder judicial democrático que no incluya políticas de justicia específicas para un tratamiento igualitario de los colectivos indígenas, montubios y afrodescendientes.

(2) Eje estructural, que permitió la creación de nuestra Dirección de Pueblos y Nacionalidades, encargada de ejecutar la política no misional de la Defensoría Pública. Una de sus misiones principales ha sido la creación de espacios de articulación y aprendizaje entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, la publicación de siete cuadernos de la interculturalidad, los cuales compilan documentos que buscan ser instrumentales para la defensa especializada en favor de los colectivos indígenas.

Nuestra Dirección, también ha participado en varios espacios institucionales para promover la incorporación de políticas interculturales en todos los niveles del Estado, y ha acompañado diversos procesos de discusión de políticas en favor de los colectivos indígenas del país.

(3) Eje estratégico, finalmente, incorpora directrices particulares para la atención, asesoría y patrocinio de personas y colectivos indígenas, montubios y afrodescendientes, que guían el litigio estratégico en determinados casos que pudieran propiciar cambios estructurales en el sistema político y jurídico, lo cual ha llevado a acompañar algunos casos particulares para la defensa del debido proceso intercultural. En abril de 2014, por ejemplo, presentamos un amicus curiae para dotar a la Corte Constitucional de criterios interculturales para la resolución de los casos “La Cocha”, y la defensa del proceso penal por genocidio que se sigue en contra de varios ciudadanos huaoranis de la comunidad de Dikaro de la provincia de Francisco de Orellana.

Nuestra política, por lo tanto, no es una respuesta sencilla a los intereses procesales de los colectivos indígenas, montubios y afrodescendientes. Es una apuesta por una sociedad más justa y solidaria, y por un Ecuador jurídicamente descolonizado y anclado en la defensa políticamente comprometida con los que fueron excluidos, con sus luchas históricas que son nuestras, y con otro mundo que reclama cada día ser más que nunca posible.

Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General del Ecuador

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