La historia de Segundo Zurita, un adulto mayor que luchó por sus derechos

La historia de Segundo Zurita, un adulto mayor que luchó por sus derechos

marzo 1, 2013
in Category: Casos
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La historia de Segundo Zurita, un adulto mayor que luchó por sus derechos

Es un hombre fuerte y muy lúcido. A pesar de que su cabellera blanca delata el inminente paso de los años, el tono de su voz muestra su vigor. Sus manos ásperas reflejan todos sus años de trabajo como maestro de la construcción. Él es Segundo Zurita, un hombre, un luchador de 73 años.

Después de 21 años de aporte al Seguro Social y una vida de trabajo como maestro de la construcción, Segundo quiso reactivar su afiliación en el IESS y acceder a la pensión de jubilación como lo establece en el artículo 14 de la Resolución del Consejo Directivo No.C.D.100, emitido el 21 de febrero de 2006. En esta se indica que las pensiones por vejez que quedaron cesantes pueden reingresar al Seguro General Obligatorio siempre y cuando acrediten 12 imposiciones mensuales.

28.1Por esta razón, Segundo inició un trabajo como mensajero en junio de 2009, en el cual su patrono aportó al IESS durante un año ininterrumpido, acto con el que se reactivaba automáticamente su afiliación y podía acceder a su pensión por vejez. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2010, el IESS negó esta solicitud alegando que faltaba un certificado médico de no padecer enfermedades crónicas o degenerativas en su historial, definiendo como “indebidas” a las aportaciones realizadas.

Segundo decide impugnar esta respuesta y luego de recibir una negativa en tres instancias dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, decide acercarse a diferentes instituciones estatales, “fui hasta la Presidencia. Ahí me escucharon y respondieron mi carta. Pero no pudieron hacer nada”. Ya creyendo que no había solución, acude al Ministerio de Inclusión Económica y Social para solicitar el Bono de Desarrollo Humano. Aquí estudiaron su caso y lo remitieron a la Defensoría Pública. “Voy a ser sincero, cuando vine no tenía mucha fe de que esto se resuelva, pero me gustó la honestidad con la que me trataron desde el inicio, un doctor estudió el caso y dijo -esto no es para mí, este caso es para un abogado constitucionalista-”.

Daniel De La Vega, defensor constitucionalista llevó el caso, cuenta que al conocer esta situación decidió interponer una acción de protección alegando “que fue violentado un derecho que está precautelado y garantizado en la Constitución de la República y es de directa e inmediata aplicación”.

Durante el proceso, se fundamentó que resultaba discriminatorio que se solicite un certificado de no padecer enfermedades crónicas o degenerativas para que una persona acceda a la pensión de jubilación. Este certificado fue solicitado a destiempo, luego que el ingreso al Seguro Social fue aceptado y las imposiciones pagadas durante un año. De ser el caso, esta es una obligación del empleador, no del afiliado. Además, “estamos hablando de la exigencia de un certificado que estaba previsto en un instructivo para la aplicación de un reglamento. Se estaba exigiendo el requisito que estaba previsto en una norma que no tiene ni jerarquía de reglamento para impedir el cumplimiento de un derecho constitucional”, afirma el Defensor de este caso.

“Yo tuve la osadía de pedirle la palabra a la señora jueza y sólo le pregunté: ¿dónde quedan mis 21 años de aportes y todos mis años de trabajo?”, cuenta con firmeza Segundo. Estos argumentos, además de recalcar la ligereza con la que se desconocieron las aportaciones y se niega el acceso a la jubilación de una persona de 70 años hicieron que el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia resuelva “otorgar de forma inmediata la prestación de jubilación por edad avanzada a Segundo Zurita, retroactivamente, es decir desde el mes posterior desde que se presentó la solicitud de acceder a la jubilación, esto es septiembre de 2010”.

A pesar de este fallo, el representante del IESS y de la Procuraduría del Estado interpusieron un recurso de apelación para evitar el pago de esta pensión con su respectivo retroactivo. El juicio estuvo en manos de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.

Los representantes del Estado alegaban el incumplimiento de la ley para defender las actuaciones del IESS en la resolución de este caso. Sin embargo, “en esta instancia pudimos argumentar de manera más amplia la inconstitucionalidad de cada una de esas actuaciones”, explica De La Vega.

Se amplió el razonamiento sobre lo discriminatorio que resultaba solicitar un certificado médico a las personas para acceder a la jubilación. Además, se replanteó lo ilógico que resultaba negar la pensión de jubilación a un adulto mayor por omitir un requisito legal. “Son prácticas que, en algunos casos, aún tiene el Estado ecuatoriano y son atentatorias a la nueva Constitución. Hay una gran resistencia por parte de la administración pública y muchas veces de la administración de justicia para aplicar directamente la Constitución, debido al formato legalista o reglamentarista, a través del cual, las autoridades nos exigen el cumplimiento de requisitos legales por sobre el cumplimiento de derechos de orden constitucional, a pesar que contamos con un orden constitucional plenamente garantista”, afirma Daniel De La Vega.

Bajo este marco constitucional, se ratifica la sentencia dictada en primera instancia y se dispone adicionalmente que el IESS cumpla con lo dispuesto en el primer fallo al término de cinco días. Dentro de la resolución emitida el martes 5 de febrero del presente año, se hace un llamado de atención en el que se afirma que “Es necesario que las instituciones del Estado como la Procuraduría enfoquen la defensa institucional bajo una perspectiva constitucional, evitando la defensa de posiciones francamente regresivas al desarrollo progresivo de los derechos garantizados por la Constitución de la República del Ecuador, ya que es evidente la escasa preparación del Abogado que intervino en la audiencia de contestación de esta acción, al confundir la naturaleza y fines del anterior recurso de amparo con lo que constituye la acción de protección en la Constitución del 2008”.

Esta sentencia marca un precedente en la resolución de causas en las que debe primar la perspectiva constitucional para validar los derechos de los seres humanos, sobretodo de los grupos más vulnerables de la sociedad.

“Cuando salió la sentencia, yo quise invitarle a mi defensor a tomar un café y me dijo -no, a mí me paga el estado para protegerlo-. Por eso me siento satisfecho, porque yo en mi defensor tengo un amigo, y quizá hasta un hijo que hizo todo por mí, puso todos sus argumentos, su sapiencia y su énfasis en mi persona”, afirma con la voz entrecortada Segundo Zurita.

Teresa Ovando

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