La Conversión es un medio jurídico útil para alcanzar la libertad

La Conversión es un medio jurídico útil para alcanzar la libertad

marzo 1, 2013
in Category: Análisis jurídico
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La Conversión es un medio jurídico útil para alcanzar la libertad

La entrada en vigencia del sistema acusatorio oral en el Ecuador, hace más de diez años, trajo consigo varias formas alternativas para dar por terminado el proceso penal, como “la  Conversión” que se entiende como la institución jurídica que incentiva la indulgencia del ser humano en favor de otro y alcanza el trueque de la acción penal pública a privada. Esta institución se encuentra dentro del Código de Procedimiento Penal, en su artículo 37, que otorga la factibilidad al convertirse en un proceso reglamentario pedido en temprana actividad judicial, pero irrestrictamente luego de haberse formulado cargos por un delito menor, no obstante, no puede hacerse sino hasta cinco días luego de que avocara conocimiento del caso uno de los tribunales de garantías penales. Además, es vital que no exista reincidencia del sujeto activo, ni bienes públicos gravemente comprometidos.

Este mecanismo legal se agregó al sistema penal en su parte procesal dentro de la publicación del Registro Oficial – S 360, del 13 de enero de 2000, ingresando en vigencia  y aplicación el 13 de julio de 2001. Desde ese día, la investigación en los asuntos penales sufrió una transformación, dejando de un lado el caduco y poco garantista sistema inquisitivo, de ingrata recordación.

La Fiscalía General del Estado (Ministerio Público) jugó inicialmente un rol muy importante en los pedidos de la Conversión, enfrentado un sinnúmero de dificultades procesales y miedos iníciales de dar viabilidad a un mecanismo que buscaba frenar la persecución penal por parte del Estado como propietario de la vindicta pública y por el supuesto cometimiento de un delito considerado leve sin consecuencias dañosas para los bienes públicos, ni en contra de las personas ya sea de tipo sexual o contra la vida.

Este insólito mecanismo utilizado para solucionar los litigios de acción penal pública, que luego de la aceptación personal del sujeto pasivo, apoyada de una decisión justa y legal, se convierten en procesos de acción penal privada, resultando de beneficio común y que podemos percibir y discrecionar de esta forma: el Estado se hace merecedor de una economía de recursos, puesto que se termina el proceso de forma prematura, evitando un posible juicio y el despliegue de toda una maquinaria humana para solventar la averiguación de un hecho, realidad jurídica que puede atravesar por una serie de facetas y procedimientos hasta llegar a determinar a un culpable en juicio penal, para ello  la Fiscalía  inició, dirigió y organizó la investigación, sustentó su dictamen y pasó a juicio, momentos en que el procesado  pudo cumplir entre 30 y 90 días de haber sido privado de su libertad. Los juzgados de garantías penales y tribunales pasaron también por un recorrido tramitológico y procesal considerable, generando un gasto social significativo, sin dejar de lado a los efectivos de la Policía Judicial y los gastos que estos representan.

Este análisis permite plantear una reflexión sobre valor social y el gasto económico efectuado por el Estado, que alcanzaría una cifra que pudiera superar en demasía el valor del perjuicio inicial y peor aún, el gasto jamás superado que representa el tiempo de reclusión de un ser humano y posible inocente.
De esta forma es muy importante tener presente como profesionales del Derecho y defensores legales, los múltiples delitos contra el patrimonio en los cuales se puede usar y aplicar la institución jurídica de la Conversión, que casi en su totalidad se encuentran en el Código Penal, Título Décimo: hurto, robo, abigeato, extorsión, estafa y otras defraudaciones,  usurpación,  usura y los demás que vayan en contra del derecho a la propiedad, que por las circunstancias lastiman la pertenencia o patrimonio de las personas ya sean naturales o jurídicas.

Con estas consideraciones fue acertada entonces la concepción del legislador, al otorgar la transformación de las acciones penales públicas a privadas, siempre previa aceptación y permisión de la parte ofendida, dando como resultado la terminación del litigio y dejando a salvo la posibilidad que posee el ofendido de interponer querella para y ante el mismo juez de la causa, lo cual no se vuelve un requisito para acceder al beneficio de la Conversión.

Conforme lo estipulado en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal (reformado), se determina que el ofendido o su representante son los únicos que pueden solicitar la conversión, no obstante, se amplia el abanico de personas, como a falta de este el derecho lo tiene su cónyuge o conviviente en unión libre, dependiendo del caso sus ascendientes o descendientes y los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; extendido el derecho a los socios, respecto de los delitos que afecten la unidad comercial; las personas jurídicas, siempre que se ecuntren  dentro de los delitos que aquejen sus intereses; las personas que por cualquier caso tengan un interés inmediato y que afecten a los beneficios colectivos; deribándose luego a lo que dispone el artículo 68 del Código de Procedimeinto Penal, que siguiendo las bases de la norma, involucra directamente a los preceptos de los artículados 28 y 570 del Código Civil ecuatoriano.

Con los antecedentes expuestos, se pude dilucidar que entre las finalidades que se alcanzan con la Conversión, está la recuperación del bien objeto del litigio, se evita el complejo proceso de investigación en el que están involucrados todos los sujetos procesales, el descongestionamiento laboral y la economía procesal, pero la más importante de las finalidades es alcanzar la libertad de un ser humano que por acción u omisión se involucró en un proceso penal.

La conclusión de lo sentado está en la racional utilización de la Conversión en beneficio de la justicia social y humana, respetando por sobre todas la cosas los derechos y garantías de los ciudadanos, en especial, el derecho a la libertad, sin que esta acción sea un percutor para dejar impune un delito, sino más bien que sea el mecanismo legal que se otorga a una persona para su reivindicación con la sociedad, reconociendo el acto como injusto e indebido, lo demás está especificado en la norma, artículo 37 del Código de Procedimiento Penal.

El uso de este mecanismo nos provee la factibilidad de no incrementar los libros de antecedentes penales en el Ecuador, de esta forma es importante destacar uno de los principios legales básicos que median en la Conversión, el principio de oportunidad, que el maestro Claus Roxin, en su libro de Derecho Procesal Penal, lo interpreta de la siguiente manera: “(…) autoriza a la fiscalía a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aún cuando las investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha cometido una acción punible (…)”.

Jamil Castro

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