El encierro no implica la exclusión de los adolescentes en conflicto

El encierro no implica la exclusión de los adolescentes en conflicto

marzo 1, 2013
in Category: Análisis jurídico
0 7010 0
El encierro no implica la exclusión de los adolescentes en conflicto

1. Internamiento institucional del adolescente infractor

Desde la posguerra, el incremento de la delincuencia en varios países del mundo ha sido una tendencia generalizada. Con el cambio de los estados del modelo de bienestar social a un sistema punitivista, la idea del encierro, como retribución frente al delito cometido, no es exclusiva del derecho penal de adultos. Así, el internamiento preventivo e institucional de menores es frecuentemente utilizado por los jueces que conocen los casos de adolescentes en conflicto con la ley.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 37, establece que la privación de libertad de un menor debe estar sujeta a la ley, constituye el último recurso y su duración será lo más breve posible. En apego a esa norma, nuestro Código de Niñez y Adolescencia establece el carácter excepcional de esta medida (artículos 22, 321 y 330).

Según la legislación ecuatoriana, el fin del internamiento institucional de los adolescentes en conflicto con la ley es el de resocializarlos a través de herramientas educativas. En el sistema penal de justicia juvenil, el derecho a la educación adquiere particular importancia puesto que durante el encierro los jóvenes deben tener total acceso al sistema educativo, a fin de que adquieran capacidades específicas y formación académica que les permitan asumir roles productivos en la sociedad.

El interés superior del niño impone que el Estado reconozca y garantice el ejercicio de todos aquellos derechos de los que no se ha privado al menor. Sin embargo, la práctica indica que el sistema de justicia y el de educación no siempre van de la mano en la etapa de ejecución.

Dentro del proceso judicial, el principio de especialidad (establecimiento de un sistema, autoridades, leyes, procedimientos especializados para la resolución de causas de  adolescentes en conflicto con la ley) responde a la obligación del Estado de brindar a sus adolescentes un trato diferenciado al de los adultos.

Esta distinción es necesaria por cuanto los adolescentes gozan de particulares condiciones, derechos y obligaciones que requieren un tratamiento diferenciado. El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño hace hincapié en la obligación de los estados de respetar la dignidad de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, de manera que se “fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.

No sólo la sanción, sino todo el proceso judicial debe cumplir un particular rol: la resocialización del adolescente. No obstante, si el adolescente se encuentra en un proceso de desarrollo y de inclusión en la comunidad, ¿en qué momento puede establecerse que ha cumplido con su proceso de socialización?

No son ajenas a nuestro conocimiento las condiciones precarias en que muchos menores viven en medio de conflictos familiares y sociales e insatisfacción de necesidades básicas, por tanto una conclusión lógica sería que no todos los jóvenes que ingresan al sistema de justicia han cumplido con este proceso de integrarse a la comunidad. De este modo, el fin establecido para las sanciones de menores (la resocialización) no podrá realizarse o al menos encontrará serios obstáculos.

Pero, ¿por qué la importancia del principio educativo en el procesamiento de adolescentes?

El proceso que enfrenta el adolescente se convierte en la primera etapa educativa. A través de ésta se da la posibilidad al adolescente de comprender la relevancia y consecuencia de sus actos, sin embargo, es necesaria su participación. Cuando se resguarda el derecho del menor a contradecir la prueba participando dentro del juicio, éste se convierte en el primer medio para aprehender que su acto ha lesionado los derechos de otra persona y, por ende, la sanción se vuelve en una consecuencia lógica de esa conducta.

Como lo señala Antônio Carlos Gomes da Costa, “el proceso permite al adolescente responder, en el sentido más pleno de la palabra, por las consecuencias de sus actos. Aunque las circunstancias sean, en sí mismas, notoriamente difíciles, el hecho es que la relación acto – consecuencia se presenta frente a él con la nitidez y consistencia que los discursos pedagógicos, normalmente, no consiguen alcanzar”.

En los procesos seguidos contra adolescentes en conflicto con la ley se propenderá a su reinserción social, por tanto, el encierro no debe constituir exclusión ya que si se desea una resocialización (y algunas veces socialización), es necesario brindarle al joven herramientas que le permitan comprender la importancia de un rol productivo dentro de la sociedad (artículo 14, número 4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Por ello es trascendental que durante el cumplimiento de la pena se garantice el acceso a todos los servicios públicos (salud, educación, justicia), de manera que el cumplimiento de la sanción no conlleve al agigantamiento de las desigualdades con otros adolescentes y niños.

18.12.El derecho a la educación de los menores privados de libertad

Uno de los objetivos del tratamiento en establecimientos penitenciarios es la educación y formación profesional de los menores a fin de que asuman un papel constructivo y productivo. Por ende, debe garantizarse la educación a fin de no generar una desigualdad de oportunidades para el joven, una vez que termine el encierro (Reglas de Beijing, número 26).

El anexo a las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, establece la obligación de los gobiernos de garantizar el acceso a la enseñanza pública, como una de las principales maneras de prevenir la comisión de delitos por parte de niños y jóvenes.

El mismo instrumento determina que al considerar a los jóvenes como sujetos activos del modelo educativo, no sólo se debe incluir formación académica y profesional, sino también la enseñanza de valores fundamentales; el desarrollo de la identidad, personalidad y capacidades; el sentido de pertenencia a la escuela y la comunidad; y el respeto a las diferencias.

La educación de los jóvenes, sin embargo, no es una obligación exclusiva del Estado, debe empoderarse la posición e influencia de la familia que constituye el primer escalafón para la socialización de los menores (Reglas de Beijing y Directrices Riad).

El sistema educativo debe siempre contar con el apoyo de los padres y las organizaciones sociales, pues no sólo se limita al aspecto académico, sino también deben crearse políticas públicas paralelas de salud, de prevención frente al consumo de alcohol y drogas, de atención especial a grupos vulnerables, etc.

Varios juristas consideran que “el enfoque de derechos nos lleva a concebir la política pública y no como estrictamente gubernamental, sino concertada entre los diferentes actores sociales. (…) En el terreno de las políticas para la adolescencia, esto significa que deben ser construidas a partir del diálogo entre adolescentes y adultos”.

La falta de datos, estadísticas e información sobre la participación de adolescentes en delitos, ha limitado el estudio y análisis de nuestro sistema penal juvenil. Esa restricción de acceso a la información por parte de operadores de justicia ha impedido también un control de la legalidad y constitucionalidad de sus actos, permitiendo muchas veces que estos devengan en arbitrarios.

Si bien la identidad de los adolescentes en conflicto con la ley debe ser resguardada, no es menos cierto que ello no debe impedir un control y el levantamiento de estadísticas a fin de obtener datos fidedignos y reales que permitan fundamentar no solamente las decisiones judiciales, sino también legislativas.

Si el principal fin del internamiento es la resocialización, la primera herramienta que debe brindarse a los adolescentes es un sistema educativo debidamente estructurado que les permita continuar con su educación o que les brinde la posibilidad de acceder a ella sin importar la edad.

Si bien, el Estado es el principal ente llamado a garantizar y favorecer el derecho a la educación de niños y jóvenes, también debe limitarse su poder punitivo. Bajo pretexto de la educación no pueden permitirse medidas arbitrarias, el internamiento institucional no debe ser utilizado para suplir “fallas” o “modificar” conductas; no sólo porque atentaría contra la dignidad de la persona, sino, además, porque no es ese el fin que la ley establece para esta medida de carácter excepcional. El internamiento institucional únicamente puede utilizarse para casos específicamente establecidos y tipificados en la ley.
El número 2 de los principios fundamentales del anexo a las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices Riad), señala que la prevención de la delincuencia juvenil requiere de un “desarrollo armonioso de los adolescentes, y [que se] respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia”.

De ninguna manera el juez o la jueza puede convertirse en padre o madre de quien es sometido a su potestad de decisión. Hasta hace algún tiempo, el sistema de justicia juvenil era utilizado para “corregir” conductas inadecuadas de menores (se permitía el ingreso a los CAI, aunque los menores no hubieran cometido delitos, sin boletas judiciales que autoricen esa privación de libertad).

A pesar de que el término legal que se adopta para el encierro de los adolescentes es el de internamiento institucional, no debe olvidarse que detrás de él existen las mismas restricciones a la libertad personal que las de cualquier cárcel. La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “cuando se trata de niños es común que los estados miembros y sus legislaciones evadan la utilización de palabras como cárceles, privación de libertad, encierro o celdas, sustituyendo estas palabras por eufemismos como hogares, centros de atención integral, internación, dormitorios, albergues, entre otros”.

Por tanto, al tratarse del confinamiento de personas que están en pleno proceso de construcción de su personalidad, debe garantizarse con mayor empeño que la medida privativa de libertad constituya la última y más proporcional alternativa de sanción y que al cumplirla el adolescente podrá continuar su proceso de desarrollo físico y sicológico.

El estado, en su posición de garante de los adolescentes que cumplen internamiento, debe garantizar que una vida digna después del encierro sea posible; que a través de los mecanismos de apoyo adecuados (sicólogos, trabajadores sociales, maestros, médicos) se brinden nuevas oportunidades a los jóvenes que han cometido errores, que el estado y la sociedad podamos darles verdaderas oportunidades de crecimiento personal.

Alicia Contero Bastidas

, ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *