Sistema de Justicia: la cárcel que viven los abuelos en Ecuador

Sistema de Justicia: la cárcel que viven los abuelos en Ecuador

marzo 1, 2013
in Category: Análisis jurídico
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Sistema de Justicia: la cárcel que viven los abuelos en Ecuador

El 28 de julio de 2009, se publicó en el Registro Oficial 643 la reforma legislativa que, agregando normas innumeradas al artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia, faculta a la Función Judicial a encarcelar a los familiares (abuelas/os, tías/os y hermanas/os) de los deudores alimentarios directos de las niñas, niños y adolescentes. Lejos del utilitarismo que algunos sectores sociales alientan para “justificar” tal medida, lo cierto es que a simple vista algo anda mal en esta norma aún vigente en nuestro ordenamiento jurídico. A continuación, me permito adelantar algunos cuestionamientos:

1.- El interés superior del niño no está por encima de los demás derechos humanos.- Una errónea lectura de la Constitución de la República podría hacernos caer en la trampa de creer que hay derechos supremos, al menos si descontextualizamos la interpretación del artículo 44 que reza: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.

Si se interpreta este artículo sin observar la integralidad de los derechos, el interés superior del niño gozaría de un mayor estándar de protección frente al resto de los derechos humanos, dando por clausurado cualquier debate de ponderación y proporcionalidad. Siendo así, no habría duda que estaría por encima del derecho a la vida. Sin embargo, el escenario descrito carece de sustento jurídico. El constitucionalismo moderno ha superado esta forma invasiva de interpretar los derechos humanos, que sin duda partieron de la tragedia –dentro de la historia del derecho constitucional– de haber creído que existen derechos de primera, segunda y tercera generación cuando todos gozan del mismo estándar de protección. La Constitución zanja este debate cuando en su artículo 11(6) expresa taxativamente que: “Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”.

16.12.- El apremio personal no es distinto a la prisión preventiva.- El apremio personal bajo la razón alimentaria es una excepción a la prisión por deudas, pues el núcleo que activa al poder punitivo es el derecho social de alimentos. Aunque las nomenclaturas no sean las mismas y el procedimiento que las activa sea distinto, el apremio personal junto con la prisión preventiva tienen el mismo contenido óntico: el encierro. Mediante una orden judicial se encierra o encarcela a personas de carne y hueso en los mismos Centros de Detención Provisional, y que generalmente yacen en los mismos Centros de Rehabilitación Social.

Aunque la Constitución de la República, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal o el Código de Ejecución de Penas no establezcan una diferencia entre penas impuestas y penas conminadas, la privación de la libertad bajo cualquier nomenclatura o procedimiento es una aflicción a la vida de un ser humano, es decir una pena. La privación de la libertad como sanción a la comisión de un delito es una pena impuesta; mientras que la privación de la libertad bajo cualquier lógica cautelar es una pena conminada, toda vez que el padecimiento del encierro es exactamente el mismo que el de la pena impuesta. Si bien el apremio personal no es una pena formalmente, las “lógicas” del encierro lo convierten materialmente en una pena conminada al igual que la prisión preventiva. De ahí que la medida de tiempo en que se imponga el cautiverio es de fundamental importancia para impedir que, formal y materialmente, el apremio personal se convierta en prisión preventiva, con lo cual se desnaturalizaría el derecho social.

No obstante, el innumerado 22 agregado al artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece para el apremio por alimentos el mismo plazo para la caducidad de la prisión preventiva cuando se imputan delitos sancionados con prisión (180 días o seis meses o medio año), con lo cual aparecen preguntas como: ¿es justo privar de la libertad medio año a un moroso de alimentos? ¿Da igual cometer un delito que deber alimentos? El elevado grado de incertidumbre en el encierro por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, hace que las personas privadas de la libertad accionen garantías constitucionales como el Hábeas Corpus. Esta es una garantía que aplica a cualquier forma de encierro en cualquier situación jurídica; por ende, pretender restringirla atentaría a la misma estructura de los derechos que debe garantizar el Estado.

16.23.- La obligación subsidiaria no significa igual extensión de la punibilidad del deudor directo.- No cabe duda que la obligación de alimentos subsidiaria dirigida abuelas/os, tías/os y hermanas/os es una garantía que brinda de mayor eficacia al derecho. Entendido así, las personas obligadas subsidiarias deben responder civilmente por el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de sus hijos (padre y madre). No obstante, el problema jurídico emerge del innumerado 23 del artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia, que habilita judicialmente al encierro bajo apremio personal de las personas obligadas subsidiarias, esto es a abuelas/os, tías/os y hermanas/os, y que en el caso de las personas adultas mayores son grupos de atención prioritaria.

Si el apremio personal es una pena conminada, ¿por qué extenderla a otras personas no titulares principales de la obligación alimentaria? Es ahí donde sucumbe el derecho social y se desmantela al derecho penal, pues si la pena es personalísima ésta no debe extenderse a terceras personas: sería como exigir el cumplimiento de una pena (privativa de la libertad) a la madre o padre de la persona condenada por homicidio, sencillamente para satisfacer la pretensión punitiva de la víctima o por no haberse encontrado al condenado.

El mensaje social del legislador del 2009 pretende efectivizar los derechos sociales y en el caso concreto el derecho de alimentos. Aquello sin duda constituye un gran avance para el programa de derechos sociales establecido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos; sin embargo, el avance parcialmente peca de simplista, pues a la vez que se inscribe a los obligados subsidiarios en una relación civil con el alimentante, se los coloca como personas sujetas a la prisionización mediante el apremio personal. Aquello debe repensar la forma –no el concepto– de exigibilidad penal de los derechos sociales de alimentos, pues de ninguna manera la garantía para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias debe expandir un “modelo” de poder punitivo sin frenos, lo cual nos permite siempre preguntarnos: ¿a qué costo debemos hacer efectivo el derecho de alimentos?

La Corte Constitucional aún no ha resuelto la interpretación de esta reforma, con lo cual sigue activa la posibilidad de encerrar a nuestros abuelos por la deuda alimentaria de sus hijos frente a sus nietos. No cabe duda que en el afán de garantizar el pago algo se hizo mal. Las y los legisladores son garantes de los efectos creados por sus normas, la que en el presente caso extiende la punibilidad alimentaria a personas que nunca imaginaron ir a la cárcel por las deudas de sus hijos.

Jorge Vicente Paladines

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