Las conquistas de la defensa pública son conquistas de la ciudadanía

Las conquistas de la defensa pública son conquistas de la ciudadanía

marzo 1, 2013
in Category: Entrevistas
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Las conquistas de la defensa pública son conquistas de la ciudadanía

Héctor Sánchez Ureña, defensor público de Costa Rica, realiza un análisis comparativo sobre la defensa pública en Ecuador y su país. Además, presenta su visión en cuanto a los procesos juveniles, la ejecución de la pena, los delitos contra la integridad sexual y el rol que deben desempeñar las defensorías públicas en América Latina.

¿Cómo está en este momento la Defensoría Pública en Costa Rica?

La Defensoría Pública de Costa Rica es la más antigua de Latinoamérica, tiene 43 años de existencia. Sin embargo, en los últimos años, lamentablemente, no ha podido crecer en proporción a la demanda del servicio. Hay un discurso de seguridad ciudadana que se ha extendido por todo el mundo, incluso, a costa de los derechos humanos, que ha generado que nuestras cárceles, en Costa Rica en particular, pero también a nivel de todo el mundo, estén viviendo niveles de hacinamiento insólitos y vergonzosos. Tenemos una tasa de privación de la libertad altísima que nos coloca en los primeros lugares de América Latina y que hace que nuestra capacidad esté desbordada.

¿Se trata entonces de una respuesta al discurso de la seguridad ciudadana?

Totalmente. Recordemos que esto viene con el alegato al derecho penal del enemigo, que es una posición que nace de la doctrina alemana y que está muy vinculada incluso al discurso del nazismo para que sea maquillado con el discurso moderno, en donde se dice que el enemigo no tiene derechos.
A  partir de ahí, en los años 90 empiezan una serie de reformas de la materia penal y procesal penal que ha endurecido severamente las penas de prisión, no ha logrado resolver el problema que se propuso resolver después de 20 años, lo que nos deja una lamentable herencia: una población penal cada vez más vulnerada, en condiciones de vida más difíciles, convirtiéndose en un fenómeno común en nuestros países y, en el caso de Costa Rica que es un país pequeño, país pobre, que no cuenta con muchos recursos, se nota día a día el hacinamiento.
La situación está totalmente ligada al discurso de seguridad ciudadana que vincula la seguridad únicamente al tema de la delincuencia, cuando el ideal de seguridad de las personas tiene que ver con muchas otras variables.

¿Por qué razón la sociedad se tiene que interesar sobre lo que está pasando con las personas detenidas?

Debemos tener claro, que al menos Costa Rica, es un gran suscriptor de escritos en pro de los derechos humanos, eso nos obliga por una cuestión ética y también normativa a respetar los derechos humanos, sobre todo, los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Forma también parte de nuestra plataforma normativa las reglas de Brasilia que suponen los derechos de los grupos vulnerables y la privación de libertad. Las personas privadas de libertad son un grupo que reúne varias condiciones de vulnerabilidad, en particular, cuando hablamos de personas que además de estar presas pertenecen a algún tipo de minoría, ya sea por razones étnicas o por razones de migración, etc.

Entonces, ¿la sociedad tiene que elegir entre las víctimas y los victimarios, entre las personas que cometen un delito y las que no?

Lo que ocurre es que se maneja un discurso de venganza, pero se debe tener claro que un proceso lleno de garantías no afecta a las víctimas, por el contrario, garantiza un proceso transparente y seguro.
Un proceso que se realice sin garantías probablemente llevará a vicios que pueden generar la anulación de una sentencia, entonces, es una falsa dicotomía que entre más derechos tienen los victimarios menos derechos tienen las víctimas, eso es falso. Todos deben tener derechos y garantías, pues el derecho de uno no significa la mutilación de los derechos de los otros, insisto, esa dicotomía no es cierta, lo que ocurre es que el proceso penal es algo que está por encima del concepto de la venganza.
Hay una obligación del estado y en eso prácticamente toda América Latina comparte este principio, por el Pacto de San José, de que el objetivo de la sanción penal no es la venganza ni el castigo, es la reinserción social. Sabemos que la delincuencia está justamente vinculada a las condiciones de vida de los sujetos y en el caso de América Latina es muy claro que eso se debe a la forma en que se reparte la riqueza, a las condiciones de vida. Entonces, no vamos a pretender que a raíz del castigo se pueda atender un conflicto que no hemos podido resolver a lo largo del tiempo.

En ese contexto, la Defensoría Pública sale muy mal parada porque es ubicada como la defensora de los delincuentes, es decir, la que está del lado de los malos.

Lo que pasa es que toda persona está cubierta por una presunción de inocencia y toda persona tiene derecho a una defensa adecuada, sea inocente o culpable, si es inocente para que no sea sancionada injustamente y si es culpable para que sea sancionado conforme a lo que la ley  establece. Es una obligación, es un derecho que tenemos todos los seres humanos de tener garantizada una defensa técnica y de calidad; el reconocimiento de este derecho es un gran síntoma de la defensa de todas las personas que pueden estar sometidas a un proceso penal.

¿Qué es lo que tiene que hacer la Defensoría Pública con esta presión fuerte que se instala en el escenario público?

Las defensorías tienen conexión con el discurso normativo, por ejemplo, Ecuador cuenta con una Constitución muy moderna con un catálogo de garantías formidable. Las defensas se convierten en ese agente de cambio que con sus comparecencias, sus alegatos, sus impugnaciones, sus recursos empiezan a darle vida a los contenidos de esos derechos, por eso a mí me encanta que el concepto de Defensoría Pública en el Ecuador sea tan amplio, que incluya tantas materias; casi en todos los países de Latinoamérica la Defensoría Pública nace desde lo penal y de ahí se va extendiendo como por ósmosis, o casi que por apuro a otros temas.
En Ecuador, desde que nace la Defensoría Pública se diseña todo un concepto muy amplio que reconoce la necesidad de otorgar patrocinio e información a tantos otros temas como los de tenencia de tierras, los derechos laborales, los derechos de niñas y niños, que requieren también la atención del Estado y, sobre todo, un patrocinio de calidad. En eso las defensorías son insustituibles, porque usualmente se convierten en el recurso de más calidad, y en esa discusión poco a poco se va ganado con el trabajo cotidiano, demostrando calidad, poniendo en evidencia injusticias históricas que hay en todos los países.
Usualmente, los espacios que conquista la defensa son espacios de conquista de la ciudadanía. Recordemos que lo más importante dentro de los parámetros de la democracia, no es un tema de elecciones sino el día a día de la vida de las personas. Lo más importante es contar con un pueblo que tenga conocimiento de los derechos fundamentales, que tenga a quien recurrir en casos de una vulneración, es un pueblo que va ganado espacios que ya no los va a perder.

¿Cómo funciona la Defensoría Pública en  Costa Rica?

La Defensoría Pública de Costa Rica nació hace 43 años para atender procesos penales específicamente, era una versión muy tímida con profesionales de medio tiempo, con presencia en no todos los lugares del país. Conforme fue creciendo la complejidad del proceso penal se fue expandiendo el sistema de justicia penal por todo el país, mejoraron las vías de comunicación tanto físicas como electrónicas. La Defensa Pública fue creciendo en otras materias como en materia agraria, luego se creó la defensoría para atender lo que es la defensa en el sistema penal juvenil.

¿Tienen un procedimiento especial para los jóvenes?

Claro, porque Costa Rica es suscriptor de derechos fundamentales del niño y eso nos obliga a cumplir con el principio de especialidad, lo que requiere que tanto jueces, fiscales y defensores de trabajo sean profesionales capacitados para asumir ese tema. Hay un servicio que exige muchísima demanda como es el tema de las pensiones alimentarias, fundamental en nuestra vida social debido a que hay muchos hombres que no cumplen con su obligación. La ejecución de la pena también se creó hace unos 18 años.

Amelia Ribadeneira

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