La responsabilidad de los adolescentes no los hace adultos

La responsabilidad de los adolescentes no los hace adultos

marzo 1, 2013
in Category: Análisis jurídico
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La responsabilidad de los adolescentes no los hace adultos

Dentro del proyecto de reforma al Código Penal, (COIP) que se tramita en la Asamblea Nacional, proyecto que a grosso modo busca integrar las normas penales en un solo cuerpo legal, ineludiblemente, se tiene que reformar el procedimiento que establece el Código de la Niñez en su libro IV,  para el caso del tratamiento que se da a los adolescentes en conflicto con la ley.

Los fines de la pena y límites garantistas en un modelo de derecho penal mínimo, que es el que rige para adolescentes, se enfrenta en esta reforma a la opinión diversa de grupos que pretenden eliminar este modelo, aumentando la sanción establecida en el libro IV del Código de la Niñez que es de cuatro años como pena máxima a 6 años para mayores de 12 y menores de 16; y de ocho años para mayores de 16 años y menores de 18. A esto se suma que varios sectores han sugerido que se baje la edad de inimputabilidad: actualmente es desde los 11 años y se ha pretendido que se reduzca a 10, generando responsabilidad penal a niños de 10 años. También se ha querido que sancione con penas para adultos a los adolescentes desde los 16 años de edad; ventajosamente no se dio paso a estas pretensiones.

Estas reformas sugeridas y que ya constan en el proyecto del nuevo Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a las penas de 6 y 8 años, se pretende compensar con una relativa benignidad con las medidas socioeducativas que se pueden aplicar en comparación con el régimen penal general, pretendiendo con ello dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en orden a asegurar un régimen garantista y moderado de punición para adolescentes en conflicto con la ley tal como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En el preámbulo de la Convención se recuerda “que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”, y los artículos 37 y 40 de la Convención aseguran a los adolescentes en conflicto con la ley una serie de garantías fundamentales de carácter material y procesal, en tanto que las notas de necesaria moderación o benignidad se desprenden forzosamente de la existencia de un régimen especial, apegado a la noción de justicia e igualdad ante la ley, se reconoce entonces el deber de un tratamiento diferenciado, con el fin de reforzar el estatus jurídico de los adolescentes infractores.

Es importante resaltar que aceptar la posibilidad de adjudicar una responsabilidad penal a los adolescentes no los hace adultos, pues se debe al mismo tiempo reconocer que por su menor grado de desarrollo y madurez, su responsabilidad debe adoptar ciertas características y tener alcances diferentes de los que se acepten respecto de personas adultas.

Con la aplicación de esta reforma se puede concluir que solo busca atacar las consecuencias jurídicas del delito, porque se prevé un sistema de penas previstas para las infracciones cometidas por adolescentes a la par que los adultos, ya que les rige el mismo sistema punitivo (aumento de penas) sin tomar en cuenta que el endurecimiento de las penas que suben el doble para los menores de 18 y mayores de 16, y de dos años más para los que están dentro del grupo de más de 12 y menos de 16, no contempla el tiempo diferenciado que viven los adolescentes;  para estos grupos esa cantidad de años privados de libertad va en desmedro de la formación de su personalidad.

Con estas consideraciones se debería mantener la pena que se contempla en el Código actual, siguiendo el imperativo de la Convención, de la existencia de un régimen penal menos estricto, y reforzando la previsión de un abanico de posibilidades preventivas que pueden hacer frente a la costumbre de las sanciones tradicionales como el internamiento o privación de libertad.

Sin perjuicio de la legítima discusión en cuanto a que si con este sistema el país estará a la altura de los compromisos internacionales adquiridos, tomando en cuenta que los derechos de protección no pueden ser regresivos, en cuanto a establecer un régimen realmente moderado de punición, no puede al menos negarse que para adolescentes es inferior al que rige para los adultos, pues se mantuvo el régimen diferenciado de sanciones que prevé varias alternativas a la privación de libertad, como son la libertad asistida, se agregó como pena alternativa la prestación de servicios a la comunidad, y reparación del daño causado.

Se incorporaron también a la reforma figuras nuevas como la mediación penal y la justicia restaurativa, tanto para el régimen de adolescentes como para adultos, figuras que todavía se deben desarrollar, pues aún no sabemos cómo van a implementarse al proceso penal, en el mismo Código no se especifica cómo van a funcionar. Sin embargo, considero que si se logra consolidarlas serán de mucha utilidad y podrán aportar a conseguir que el fin último de la justicia especializada en adolescentes no es el castigo per se, sino el rescatar a nuestros adolescentes de ese círculo de violencia que sufren en su vida familiar, y que no debería prolongarse con la imposición de una pena.

Lo que los sistemas alternativos de justicia buscan es integrar a la sociedad en la solución del problema de nuestros jóvenes, que las personas afectadas miren más allá de la consecuencia del acto delictivo. Es necesario mirar quién está detrás de cada conducta, que se tome al problema no como ajeno, ya que si logramos sanar el tejido social alterado cuando se produce un hecho que lesiona bienes jurídicos protegidos, tendremos una red de prevención que a la larga puede dar buenos resultados en los índices delictivos, que ha sido la única bandera para el endurecimiento de las penas tanto para adultos como para adolescentes.

El artículo 37 de la Convención prohíbe la imposición a los adolescentes de ciertas penas aún admisibles para adultos, como la pena capital, en tanto que a propósito del trato humanitario y digno que se le debe en general a todas las personas, impone además, que en éste se tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad.

El artículo 40, numeral 3 de la Convención, dispone: “Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos, para los niños de quienes se alegue hayan infringido esas leyes”. 

El numeral 4, del mismo artículo 40, señala: “Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar, y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”.

María Eugenia Díaz

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