La Defensoría Pública del Ecuador busca el bien superior de los niños y niñas

La Defensoría Pública del Ecuador busca el bien superior de los niños y niñas

marzo 1, 2013
in Category: Análisis jurídico
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La Defensoría Pública del Ecuador busca el bien superior de los niños y niñas

Nuestra Constitución instituye, como obligación del Estado, promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece a la familia como ámbito natural por excelencia para el desarrollo y crecimiento de los niños(as), independientemente del estatus legal o vínculo de sus padres, ambos tienen obligaciones comunes en la crianza, inclusive, posterior a un divorcio, considerando que los menores jamás se separan de sus padres aun que sus padres se hayan separado por cualquier causa.

El Estado es parte importante en garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, sea por la vía judicial o cuando los padres o cuidadores de los niños(as) no cuentan con los medios suficientes. Le corresponde abastecer de servicios o recursos necesarios para su desarrollo y de esta manera lograr a mediano plazo una mayor equidad en el acceso a los recursos disponibles en la sociedad, tomando como estrategia el aseguramiento de las situaciones de partida lo menos desiguales posibles para todos los niños y niñas.

Tanto desde el ámbito privado, esto es la familia, como desde el ámbito público, el Estado en su conjunto, existen disposiciones concretas que persiguen garantizar el bienestar de los menores en sus familias y en la sociedad. Estas disposiciones deben, por tanto, corresponderse con la realidad y estatus social de los niños, niñas y adolescentes, y distribuirse justamente entre los miembros de las familias, de tal forma que conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer la educación de los hijos y preparar su porvenir. Deben vivir en un mismo hogar salvo que por motivos de conveniencia o de salud para alguno de ellos o de los hijos, justifique residencias distintas. Además, el marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia y la esposa está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos propios.

4.1Actualmente, la familia ecuatoriana ha experimentado cambios importantes, el modelo de la familia nuclear tradicional ha dejado de ser la norma en los arreglos familiares. Es evidente la amplia existencia de hogares extendidos, monoparentales y compuestos, y dentro de ellos el aumento de los divorcios y separaciones entre padres con menores que integran esos hogares.

Cuando los padres del niño no están viviendo juntos o han disuelto su vínculo legal, deben generar acuerdos para proveer al niño los recursos necesarios para su bienestar y que en lo posible no se altere su estatus de vida. Estos acuerdos se logran entre los propios cónyuges o bien son trasladados al ámbito judicial. Es aquí donde la legislación, las necesidades de los niños y niñas, y las posibilidades de ambos padres entran en juego.

Según el Censo realizado en el año 2010, se evidencia que 996.478 mujeres son jefas de hogar, de ese número, 477.264 son hogares monoparentales con jefatura femenina, cuyas madres tienen bajo su cuidado aproximadamente a 2.984.934 hijas o hijos, y adolescentes con o sin capacidades especiales menores de 21 años; así como 33.356 padres que son jefes de hogar y tienen a su cargo a 63.262 menores de 21 años y a 3.422 discapacitados.

Actualmente, madres y padres tienen que recurrir a la Justicia para reclamar el derecho que tienen sus hijos a contar con disponibilidad de una pensión de alimentos, así como a ser legalmente reconocidos por el padre o madre biológicos.

Cuando hablamos de alimentos, hacemos referencia a todo lo que los hijos necesiten consumir para vivir y crecer, conforme las posibilidades económicas de sus padres. El término alimentos conlleva otras necesidades básicas como vivienda, salud, vestimenta, esparcimiento, educación y por supuesto, alimentos propiamente dichos.

La pensión alimenticia se define como un deber de solidaridad con la familia.  Este beneficio es aplicable para quien no puede generar su sustento, siendo el derecho de cualquiera de los cónyuges, con hijos menores, adoptados, reconocidos o incapaces.

4.2Desde el 20 octubre de 2008, la Constitución de la República del Ecuador establece por primera vez la existencia de la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la Función Judicial y tiene como obligación proveer varios servicios legales gratuitos a la ciudadanía, en materias como niñez y adolescencia, laboral y violencia intrafamiliar, entre otros. Así, una de nuestras competencias es brindar asesoramiento y patrocinio legal sobre pensiones alimenticias.
Hasta la fecha, hemos prestado servicios de patrocinio judicial en 35.000 causas vinculadas a alimentos para menores, con un promedio de pensión alimenticia fijada en los juzgados de cien dólares mensuales, que ha generado un ingreso directo para los menores que supera los 31 millones de dólares, constituyéndose así en una actividad de redistribución de ingresos dentro de un marco de proporción y razón.

Es importante mencionar la gran responsabilidad que tienen los padres para con sus hijos de cubrir todas sus necesidades básicas, que garanticen su máximo bienestar. Ante ello, el Estado se ha preocupado en promulgar leyes para mejorar la calidad de vida de muchas familias acompañadas de programas enfocados al logro de ciertos resultados por parte de los niños, niñas y adolescentes.

Las prestaciones se han visto fuertemente condicionadas a que los hogares realicen ciertas actividades, como enviar a los niños a la escuela y realizar controles médicos para lograr efectos positivos en el nivel de educación y reducción del trabajo infantil.

Ernesto Pazmiño Granizo

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