Cuatro jóvenes fueron víctimas de la arbitrariedad del sistema

Cuatro jóvenes fueron víctimas de la arbitrariedad del sistema

enero 15, 2013
in Category: Casos
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Cuatro jóvenes fueron víctimas de la arbitrariedad del sistema

Todo empezó cuando fuimos a almorzar al asadero “El Leñador”, en Latacunga, el 12 de febrero de 2007, hicimos un chiste y nos pusimos a reír. Cuando salimos de ahí nos detuvieron sin saber por qué”. Son palabras de Luis Oswaldo Casa Toaquiza, un hombre humilde que se encontró de manos a boca con una sentencia de 12 años de reclusión junto a cuatro personas más. En ese entonces, Luis tenía 23 años, como cuenta, fueron años preciosos de su vida los que estuvo encerrado.

En la madrugada del 11 de febrero de 2007, cinco delincuentes encapuchados atacaron a una pareja, la amordazaron, maltrataron y robaron; ella recibió la peor parte: además de todo, fue violada. La pareja presentó la denuncia ante el sistema de justicia y sobre la base de la risa de los acusados, las víctimas creyeron reconocer a sus victimarios.

Así, Luis Casa y sus amigos Marco Casa, Luis Toaquiza y el menor Segundo Chancúsig fueron arrestados sin ninguna orden judicial. Coinciden en los apellidos, pero no son parientes, “allá donde yo viví, así nos llamamos todos”. Allá es la parroquia Huaytacama del barrio Pilacoto, en Latacunga.

“Nos llevaron a la Policía Judicial, nos metieron en unos cuartos, nos empezaron a pegar, nos decían que confesemos que somos los violadores y nos preguntaban, ¿en dónde están las motos?, pero no sabíamos de qué hablaban”, cuenta Marco Casa con la voz entrecortada; él también tenía 23 años cuando fue a la cárcel. Las motos a la que hace referencia Marco, pertenecían a las víctimas, y no eran varias, sino una, pues cuando la pareja de esposos fue asaltada viajaba en su motocicleta hacia la localidad de San José Guambo Alto.

Los jóvenes detenidos fueron sometidos a prácticas de tortura: golpes, asfixia con gas lacrimógeno y hasta agresiones de tipo sexual con el fin de que se declaren culpables. Ante la violencia de la “investigación”, la autoincriminación fue la única opción de estos jóvenes para salvar sus vidas, no obstante,también fue el sustento para que se iniciara un proceso legal en su contra.

El fiscal Marco Loza, encargado de la investigación penal, solicitó que se realice un análisis comparativo de ADN entre los restos biológicos tomados a la víctima, sus prendas de vestir y la información extraída de la sangre de los detenidos. El primer informe, emitido por la Cruz Roja, fue negativo; el segundo, realizado sin ninguna orden judicial, presentó probabilidades de coincidencias que podrían existir entre las muestras tomadas, ante lo cual, el Fiscal dispuso un tercer análisis que se realizó en el Laboratorio de Genética del Hospital Metropolitano, el resultado de este informe fue definitivo: “se descarta cualquier tipo de coincidencia entre la información genética obtenida de los restos biológicos extraídos del órgano sexual de la víctima y de sus  prendas y la de los perfiles genéticos de los detenidos”.

Este informe, más los testimonios de varias personas que habían visto a los cuatro jóvenes acusados en un concierto público la noche y la hora en la que se cometió el crimen, y la versión de la víctima que afirmó que jamás pudo observar el rostro de sus atacantes, hicieron que el fiscal Loza se abstuviera de acusar a los imputados. Sin embargo, fue el Ministro Fiscal Distrital de Cotopaxi de ese entonces quien revocó el dictamen absolutorio tomando en cuenta que los imputados se autoincriminaron “voluntariamente”.

La audiencia preliminar se realizó el 6 de julio de 2007, en esta el juez afirma que el informe genético presentado es escueto y da prioridad a las declaraciones a través de las cuales  los imputados se autoincriminaron en el cometimiento del delito.  Después de la audiencia de juzgamiento, el tribunal, mediante la sentencia de 23 de octubre de 2007, resolvió condenar a 12 años de reclusión mayor a los tres jóvenes por haber cometido el delito de violación. El menor de edad fue juzgado en otro proceso.

Después de tres años y medio en prisión, con familias que debieron vender terrenos, animales y todas las cosas que pudieron para pagar a seis abogados privados que no lograron hacer mucho por ellos, la Defensoría Pública tomó el caso y presentó un recurso de revisión sustentado en la errónea aplicación de una pericia.

Durante el proceso se solicitó una nueva prueba de ADN, cuyos resultados volvieron a demostrar que no existía ninguna compatibilidad entre la víctima y los acusados.

Fue así que el 26 de julio de 2011, Luis Casa, Marco Casa y Luis Toaquiza fueron declarados inocentes del crimen por el que injustamente permanecieron en prisión cuatro años y medio. El menor de edad, Segundo Chancúsig, para esta época, ya había cumplido arbitrariamente toda la condena impuesta.

“Fue una experiencia muy dura, en ese tiempo éramos jóvenes que teníamos un futuro por delante, cuando pasó todo, nuestro futuro se fue al suelo. No puedo olvidar ese tiempo que estuvimos encerrados, fueron casi cinco años, hasta ahora me pregunto por qué me pasó a mí”, recuerda Marco con lágrimas en sus ojos.

Una demanda de reparación

La Defensoría Pública patrocina a cada uno de los perjudicados en procesos judiciales activados en el Tribunal Contencioso Administrativo, a través de los cuales se demanda al Estado ecuatoriano el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales ocasionados por los errores judiciales que se cometieron en este caso. En cada demanda se pretende medidas de reparación integral para cada uno de los afectados: el pago de una indemnización de un millón de dólares; disculpas públicas y difusión de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que ratifica su inocencia; y, que el Estado ejerza el derecho de repetición en contra de los funcionarios judiciales y de la fuerza pública que procedieron arbitrariamente en este proceso.

Las demandas fueron ingresadas el 15 de octubre del 2012, dos de las tres fueron admitidas por los Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, mientras que en la tercera aún está definiéndose la competencia del Juez. El caso lo lleva Daniel De La Vega, defensor público en materia constitucional.

Teresa Ovando

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