Es tiempo de civilizar los códigos de convivencia humana

Es tiempo de civilizar los códigos de convivencia humana

enero 3, 2013
in Category: Perspectivas
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Es tiempo de civilizar los códigos de convivencia humana

El pensamiento latinoamericano tiene tres fases bien marcadas: elaboración y afirmación (años 50 y 60), crisis y crítica (años 70 y 80) y renovación (años 90).  Al esquema tomado de Fernando Henrique Cardoso habría que añadir la última fase, como de transformación (desde los años 2000).

¿Qué ha pasado con el pensamiento jurídico? ¿Ha tenido éste un  transcurrir histórico? No lo sabemos y tampoco este artículo tiene ese alcance. Pero lo que sí sabemos es que hubo elaboración y afirmación, y también hubo y sigue habiendo crisis y crítica. En el caso ecuatoriano, la renovación no llegó en los 90 sino dos décadas después.

Sin embargo y para que la renovación del Sistema Nacional de Justicia se convierta en transformación, hace falta mucho de sentido común, de reflexión y de crítica. Datos oficiales revelan que una enorme mayoría de causas (y por tanto de lo que se comprende como “conflictividad”), tienen que ver directamente con todo ese mundo tortuoso y asfixiante de lo “civil”, más que con el Código Penal. Tortuoso y asfixiante por la “tramitología” que conlleva una causa no penal.

Una madre busca justicia exigiendo una pensión alimenticia para su hijo y el trámite es simplemente insufrible. Un empleado (público o privado) exige el respeto a sus derechos laborales y el pago justo por su trabajo, pero al oír los plazos y otras truculencias connaturales al sistema, desiste y renuncia a sus derechos. Un joven indígena ha sufrido expresiones racistas, pero en los tribunales no conocen el idioma kichwa y no comprenden el alcance de sus reclamaciones. La lista puede continuar por folios completos.

Por lo tanto, conviene la siguiente pregunta: ¿Siendo lo no penal un asunto que afecta a la mayoría de la población, por qué ha despertado tan poco interés?  ¿Por qué entonces la obsesión por colocar lo penal en la primera línea de batalla, cuando la “penalización” de la vida social no puede ser sino calificada como contraria al sentido común?

Por cierto, uno de los principios rectores de la convivencia humana dice que la sociedad debe evitar lo penal, pero cuando sea inevitable la sociedad debe garantizar que se exprese la justicia en ese ámbito, porque es un ejemplo de ética y un precedente de comportamiento humano. Lo contrario es la barbarie.

El derecho como espacio de lucha emancipatoria

Por contraste, sigue siendo una agenda pendiente -y una oportunidad de oro- la discusión abierta, democrática y nada conventual acerca de una transformación profunda de los instrumentos, los procedimientos y la gestión de lo que se conoce como No Penal, para que la relación de la población y el sistema nacional de justicia sea más ágil, efectiva y oportuna, pero sobre todo más digna.

¿Cuáles son los pilares de una discusión de esta magnitud? Creemos que ha llegado la hora de generar un debate radicalmente democrático como un ejercicio fundamental para sentar las bases de una escuela de pensamiento, pero una donde sea el pensamiento crítico el recurso fundamental para reflexionar sobre los aspectos más problemáticos de nuestra realidad. Precisamente uno de los aspectos más lamentables de la realidad jurídica, es que la sociedad ecuatoriana no es suficientemente reconocida ni asumida en su complejidad socio económica y pluricultural.

Esta relación es fundamental en el debate: lo jurídico inmerso en el mar económico, social y cultural ecuatoriano y no fuera de él. Las normas de convivencia no se construyen en el despacho de un afiebrado jurista, al contrario son una construcción social que tiene lógicas de funcionamiento que es necesario desentrañar. Caso contrario, sucederá lo que siempre ha sucedido: las normas existen de espaldas a la realidad.

18.1Citemos un ejemplo: en el debate –todavía embrionario- de las reformas a las normativas no penales, un tema central se refiere a la incorporación de la oralidad como uno de los esfuerzos más significativos para mejorar la justicia. Este principio legal, que por cierto es además un principio constitucional, se reconoce como una suerte de bien patrimonial novísimo de la ciencia jurídica, olvidando –menosprecio de por medio- que ha sido una práctica ancestral de nuestros pueblos indígenas en su administración de  justicia.

¿Cuánto esfuerzo se ha invertido en aprender de esa práctica milenaria de administración de justicia? Pues nada o casi nada.

Esto revela un gigantesco desconocimiento de la realidad económica, social y cultural de nuestros pueblos y por lo tanto un abismo que separa la ciencia jurídica de la realidad. Esto no puede seguir pasando y es hora de un auto reconocimiento, como un acto indispensable para la construcción de una escuela de pensamiento, que no tiene otro camino que ser emancipatorio, lo cual daría un uso estratégico del derecho como espacio de disputa de sentidos.

Académicos como Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Farith Simon, Gina Benavides, Luis Maldonado Ruíz, por citar unos pocos nombres, han hecho aportes importantes en este sentido, los mismos que se han visto enriquecidos con las reflexiones de pensadores como Boaventura de Sousa Santos o el mismo Eugenio Raúl Zaffaroni.

La Defensoría Pública del Ecuador aportó al debate, colocando el tema en el tapete internacional. Ernesto Pazmiño Granizo, el Defensor Público General, ha señalado con sobrada razón lo siguiente: “La reforma civil constituye un cambio radical en la administración de justicia, pues la mayor saturación (impunidad / deserción) de las causas se da precisamente en las materias no penales, especialmente en la rama civil (civil general, niñez y adolescencia, inquilinato, laboral). Por ello la reforma, con la incorporación de la oralidad, sería uno de los esfuerzos más significativos por mejorar la justicia y, sobre todo, para acercarla a los más pobres, a las personas y grupos de personas más vulnerables. La paradoja es que uno de esos sectores vulnerables, las nacionalidades y pueblos indígenas, son quienes tienen que enseñarnos la oralidad como una práctica de vida y no como una simple técnica jurídica. De ellos tenemos mucho que aprender para hacer del derecho un espacio de lucha emancipatoria”.

Existen otros temas cruciales, como el hecho de que el sistema civil resuelve una proporción cada vez menor en comparación con el número de causas ingresadas. Pero un incremento en el número de jueces no necesariamente va de la mano con una mayor producción y resolución de causas judiciales.

Si la oralidad es entonces una puerta abierta para romper el atolladero, cabe la pregunta: ¿qué estamos esperando?

El ineludible camino de la crítica

En Argentina, varias provincias (dado su modelo federal) se encuentran discutiendo reformas importantes de los instrumentos legales de carácter no penal. En el Ecuador, liderado por la Densoría Pública, se organizó un evento internacional en la búsqueda de alternativas para generar un debate e iniciar un proceso similar.

No obstante, por lo dicho, la única alineación inteligente tiene que ser con el pensamiento crítico, donde se conciba al derecho no solo como simple “regulador”, sino como un instrumento para corregir las enormes desigualdades económicas y sociales que afectan a nuestra nación, porque tal como afirmara hace mucho tiempo el pensador portugés, Boaventura de Sousa Santos, “(…) la ciencia posmoderna ha de estar suficientemente lejos del sentido común existente para poder criticarlo y eventualmente rechazarlo pero, por otro lado, ha de estar suficientemente próxima de él para mantener presente que el único objetivo legítimo de la ciencia es la constitución de un nuevo sentido común”.

Tres puntos clave que se deben tomar en cuenta

  • Hay que construir un nuevo modelo de relación entre la comunidad y el sistema de justicia. En la nomenclatura judicial se llaman “proximidades geográficas, temporales y relacionales”, para indicar que los poderes judiciales deben estar cercanos a la población (geográfica), deben ser ágiles en los servicios que prestan (temporal) y deben resolver los conflictos (relacional).
  • Una reforma a la justicia civil ya no puede pensarse únicamente desde la parcela judicial, ignorando la complejidad socio-económica, cultural y política de la sociedad. Si se asume como capaz de administrar justicia en un territorio, debe no solo conocerlo, sino convivir con el pluralismo jurídico existente.
  • Es fundamental repensar la “cadena de valor” del sistema, concebido ahora como un sistema integral de justicia civil que tenga la capacidad y la virtud de activar, como una primera vocación pública, todos los dispositivos de solución de conflictos, sin menospreciar la función de ninguno de ellos dentro del sistema y, al contrario, revitalizando y dignificando su rol.

Marlo Brito

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