El desafío es que la política esté orientada a mejorar el servicio

El desafío es que la política esté orientada a mejorar el servicio

enero 3, 2013
in Category: Entrevistas
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El desafío es que la política esté orientada a mejorar el servicio

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, reitera sus convicciones de fortalecer el sistema de justicia a través de un trabajo coordinado entre las funciones del Estado y la importancia de atender todas las necesidades de la ciudadanía en el ámbito legal. Además, reconoce el trabajo que la Defensoría Pública ha desarrollado desde el inicio de sus funciones.

¿Cómo asume la presidencia de la Función Judicial?
Hay un gran compromiso con el país y este es un gran desafío. Es el primer Consejo de la Judicatura definitivo de acuerdo a las normas de la Constitución de Montecristi  y de la Consulta Popular de mayo del 2011. Tenemos seis años por delante, lo que significa que debemos generar políticas de solución inmediata, de mediano plazo y de largo plazo, en el marco de la independencia de la justicia, pero también en el marco de la coordinación entre las funciones del Estado.
El gran desafío es que toda la política pública esté orientada al mejoramiento del servicio de justicia. Esa es nuestra obsesión en sí, que el servicio de justicia alcance los más altos estándares de calidad, que logremos el acceso integral a la justicia por parte de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso implicará también un trabajo coordinado hacia adentro con la Función Judicial, hacia jueces, defensores y fiscales.

¿Cómo enfrentar la mala campaña que intenta posicionar la idea de que no ha pasado nada,  que nada ha cambiado?
Un criterio fundamental es el de los usuarios del sistema de justicia, ellos saben que durante muchos años el sistema de justicia estuvo abandonado, sin recursos, sin apoyos institucionales, sin los financiamientos necesarios, sin planes de modernización que se ejecuten con el apoyo necesario que estos requieren y que ahora hay cambios increíbles en corto plazo. Hoy, es uno de los países que más invierte en justicia en América Latina.
Así que hay cosas que se han hecho, sin duda, bien hechas, pasos importantes en los temas de medios como infraestructuras, pero evidentemente quedan cosas por hacer; uno de los ejes fundamentales para nosotros es el tema de la carrera del Funcionario Judicial.

¿Cómo los jueces, los fiscales, los defensores entran en un sistema disciplinario para mejorar la calidad de los servicios?
Creo que nadie podría afirmar que hay que eliminar los sistemas disciplinarios, las instituciones tienen como objetivo servir a los ciudadanos y para atenderlos de buena manera se requieren medios materiales y también los mejores talentos humanos y estos se desarrollan con preparación, con capacitación permanente, con evaluación de desempeño, con meritocracia y también con un adecuado sistema disciplinario que no puede dejar de existir. Lo que sí es cierto es que todo debe ser aplicado según las normas del Código Orgánico de la Función Judicial y de la Constitución.
En esto también desarrollaremos un trabajo coordinado con las cabezas de los entes autónomos porque es importante recibir de estas entidades los insumos de lo que debe ser una aplicación correcta en la evaluación del sistema disciplinario, eso sí aplicando lo que dice la ley, sin afectar la independencia interna pero tampoco dejando en abandono a los usuarios del sistema de justicia.

¿Cómo acercar la justicia a la ciudadanía?
Hay que romper todas las barreras de acceso para que esté mucho más cercano el ciudadano a la justicia y esas barreras son de diverso índole como las barreras geográficas. En eso ya se han dado pasos bastante grandes, es decir, acercar el servicio, nueva infraestructura, más cercana y mejor distribuida en las ciudades, rompiendo esta barrera de acceso, llegando a todos los cantones del país con las judicaturas necesarias para la solución de conflictos.
Es importante la diversificación del servicio de justicia, es decir, no solamente la oferta del servicio de juzgados sino atender la demanda de solución de conflictos. En esa diversificación cuentan más juzgados pero también centros de mediación, la implementación de la justicia de paz, el desarrollo de los medios alternativos de solución de conflictos, una adecuada ley de justicia indígena. Es decir, esta diversificación hace que se rompan barreras geográficas y culturales esto nos permite adaptar el servicio a las necesidades y no que las necesidades se adapten al servicio de justicia. No todos los conflictos deben transformarse en un proceso judicial o en una sentencia, muchos pueden resolverse con parámetros propios y culturales de las comunidades o a través de acuerdos. Romperemos así las barreras geográficas, económicas y culturales para lograr una justicia efectiva, eficiente, rápida y que se aplique en el país. Necesitamos tener un sistema de ejecución de sentencias mucho más adecuado.

14.1Pero hay temas trascendentales en la vida de las personas. Por ejemplo. el tema de la violencia contra los niños, contra las mujeres, o los despidos laborales que son hechos que tienen que ver prácticamente con la vida de la gente y que buscan en la justicia una salida. ¿Cómo van a actuar?
Son temas prioritarios. Dentro del Consejo de la Judicatura se pretende impulsar programas junto a las instituciones del sector justicia, inspirados a la mejor protección de las víctimas y destinados a la lucha contra la impunidad en todos estos delitos, bajo un sistema de protección, precautelando que no se re victimice a las personas.
Por otro lado, hay que desarrollar coordinadamente con el Ministerio de Justicia una política complementarla relacionada con la normalización de la vida de los adolescentes infractores, porque son personas que habiendo cometido infracciones contra la ley, deben ser sujetos a medidas socioeducativas. Esas medidas deben ser objetivas, deben estar acordes a su situación y, por lo tanto, deben estar en concordancia con la gravedad del hecho causado, pero con una mayor énfasis en la reinserción social.

Hay una idea generalizada que la justicia es lo penal, porque está relacionada con la seguridad, sin embargo, la mayor conflictividad está en el tema civil ¿Cómo mira la posibilidad de que se renueve el Código Civil y permita destrabar la conflictividad social y generar seguridad en los actores?
Ese es un tema pendiente, desde hace muchos años la implementación de la oralidad procesal en todas las materias no solamente en las penales sino en las materias no penales; eso está en la Constitución desde el año 98 y no han salido las normas secundarias que lo complementen. Han habido varios ejercicios que se han quedado en proyectos y anteproyectos de código, ante lo cual debemos recuperar todo aquello y generar una discusión con la academia, con los profesionales del derecho, pues hay variedad de perspectivas y de visiones, y para el Consejo de la Judicatura todas son importantes, pues no podemos quedarnos con una sola.
Lo que nos interesa es la calidad de los servicios para los usuarios, la calidad procesal y esto hay que mirarlo desde las necesidades del juez, de los abogados, de los fiscales, de los defensores y de los usuarios. El código es fundamental, pero la implementación integral involucra capacitación a jueces para la comprensión de una nueva cultura organizacional que deje de lado la cultura del papel para que pase a la cultura de la argumentación.

¿Es necesaria una reforma legal en el área penal?
El Derecho es una ciencia que evoluciona, hay nuevas figuras delictivas que aparecen, hay nuevas actividades sociales que antes no existían y que van generando nuevos comportamientos, entonces las normas tienen que irse ajustando a los fenómenos sociales. Un ejemplo son los delitos informáticos, antes no existían, por ello, las normas tienen que irse poniendo al día regularmente y siempre tienen que estar buscando los diseños con la mayor agilidad y rapidez. Justicia que tarda no es justicia y esto es más cierto en lo penal porque está en juego la libertad de las personas, está en juego el derecho de las víctimas que anhelan justicia.

Sabemos que usted fue uno de los principales promotores para que se cree la Defensoría Pública, ¿qué lo motivó a hacerlo, cree que los objetivos primarios se han cumplido?
Desde las aulas universitarias anhelábamos que el Ecuador cuente con una Defensoría Pública, era el único país de América Latina que no la tenía y siguió así hasta el año 2007. Tener una Defensoría Pública involucra las garantías del debido proceso. El debido proceso es un bien público que el Estado debe garantizar, desde esa perspectiva se debía crear la defensa pública para que prime la verdad procesal.
Por eso, nuestra Constitución establece que la Defensa Pública y la Fiscalía tengan igualdad de recursos y de posibilidades de trabajo para garantizar que el juez tenga los suficientes elementos para juzgar adecuadamente. No se trata de liberar culpables, sí se trata de evitar que inocentes sean sancionados y sobretodo se trata de garantizar el debido proceso.
Algunos desde una visión represiva critican a la Defensa Pública y dicen que libera delincuentes, eso es una apreciación incorrecta ya que la Defensa Pública defiende el debido proceso y por supuesto un buen defensor público lo que defiende es la verdad.

¿Cómo se puede fortalecer a la Defensoría Pública que es una institución prácticamente nueva?  
La Defensoría Pública es una de las instituciones de mayor relevancia a nivel regional, creo que nuestra Defensoría Pública se ha ganado un espacio regional muy interesante, ha logrado tener un cuerpo de defensores muy buenos, la capacitación ha sido un eje y esto hay que reconocerlo, creo que en esto Ernesto Pazmiño (Defensor Público General) ha tenido mucha visión para ir conformando equipos de alta capacidad. La capacitación siempre es necesaria y hay que tener claro que el defensor público defiende la verdad, defiende el debido proceso y que tiene que estar siempre alejado de otras prácticas que muchas veces ejercen otros abogados.
¿Cómo fortalecerla más? Continuando con la capacitación y diversificando más sus servicios con recursos. La defensa pública ya puede entrar en terrenos adicionales que la Constitución permite, es decir, en la defensa, en la asistencia legal en áreas sociales, laborales, en tema de niñez y adolescencia, en el cobro de alimentos.

¿Qué características deben tener los actores de justicia?
Todo funcionario judicial debe ser un obsesionado por la verdad porque es la condición básica para que haya justicia, es decir, no podemos hablar de justicia solo porque tenemos más jueces o edificios. Tenemos justicia si en el escritorio del juez hay elementos suficientes para saber qué ocurrió y que él a la luz de las normas pueda dictaminar una sentencia protectora de los derechos de una persona y sancionadora por las acciones de otra persona. Un funcionario de justicia debe ser un garante de la vigencia de la ley, pero para ello se requiere la verdad.
Por lo tanto, el perfil de un funcionario judicial es tener la capacidad para apreciar las cosas con objetividad, con una gran formación jurídica, una gran formación técnica, en el caso de los peritos, para que todo esto coadyuve a que el juez tenga la verdad procesal en sus manos y pueda resolver adecuadamente. Por eso insisto, un buen abogado es aquel que conoce el derecho y litiga con lealtad procesal, esa es una obligación de la ley. Litigar con lealtad significa litigar con la verdad, igualmente un defensor público debe defender con la verdad,  si no es así hay más errores y por lo tanto hay injusticias.

¿Estaría de acuerdo con un proyecto de ley que está pendiente en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que consiste en que la Defensoría Pública también se haga cargo de la defensa de las víctimas?
Yo creo que ahí hay que afinar bien qué sistema queremos o cómo se puede gestionar el modelo. Estoy abierto al análisis de cualquier sistema que nos ayude a dar un mejor servicio, siempre dentro de la lógica. Ahora bien, si hay un área de trabajo que la Fiscalía no pueda atender y que la Defensoría Pública pueda solucionar, de acuerdo, pero hay que analizarlo con detalle, porque tampoco hay que duplicar esfuerzos ni invadir terrenos de otras instituciones. Siempre es bueno hacer las cosas en la lógica de cada institución.

Andrea Benalcázar y Amelia Ribadeneira

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