El Ecuador necesita de manera urgente una reforma civil integral

El Ecuador necesita de manera urgente una reforma civil integral

enero 3, 2013
in Category: Análisis jurídico
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El Ecuador necesita de manera urgente una reforma civil integral

La reforma civil en el Ecuador se asemeja al problema de la (in)seguridad ciudadana, donde se nos ha hecho creer que con la mayor contratación de policías se reduciría la inseguridad. Lo mismo ocurre en el ámbito civil de la administración de justicia, cuya distorsión es creer que su eficiencia está en la incorporación de un mayor número de jueces  cuando la solución de fondo es de políticas públicas, de modelos de gestión y de cambios del sistema. Cabe resaltar entonces algunas de las realidades del proceso civil en Ecuador:

1.- El proceso civil todavía tiene prácticas inquisidoras. En primer lugar, en el procedimiento no se analizan las evidencias porque existe la preponderancia absoluta de la prueba testimonial. En la mayoría de juicios todo se resuelve con base en el testimonio de las personas, es decir, los testigos son quienes prácticamente deciden el litigio en un proceso judicial.

2.- La declaración del actor o demandante realizada “bajo juramento” es suficiente para que el juez considere los hechos como probados. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se desconoce el domicilio de una de las partes y a pesar de ello el proceso puede seguir con normalidad. El resultado es que la mayoría de procesos en el país se desarrollan en ausencia de una de las partes, generando no sólo impunidad sino también indefensión.

3.- Cabe preguntarse si ¿se motivan constitucionalmente los fallos? Categóricamente la respuesta es no, pues aunque se pueden encontrar casos muy esporádicos, existen pocas motivaciones en virtud de los principios constitucionales y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En el procedimiento civil ecuatoriano, el Derecho constitucional y los Derechos Humanos en pocas ocasiones son motivo de expresión, motivación o argumentación de una resolución, lo que no sucede en el ámbito penal donde se ha avanzado mucho.

4.- Asimismo, cabe también preguntarse si ¿se dinamiza el litigio? No. Hay una escrituración de las actuaciones procesales, lo cual es también un mecanismo de utilización del poder económico en algunos casos, y en otros, del poder de ciertos “carteles” de abogados que aprovechan el sistema escrito para generar las famosas “nulidades”. Un proceso podía durar 15 años y a esas alturas del recorrido recién encontraban algún motivo de nulidad procesal para volver a fojas cero.

5.- En la cultura jurídica de los abogados existen modos de pensar y actuar que no corresponden a la realidad de la justicia ni del país. En las contestaciones a las demandas se repite una y otra vez el viejo formulismo de “niego pura y simplemente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”. En lo relacionado a la prueba, es usual leer “impugno y rearguyo a los testigos presentados y a los que posteriormente presente la parte contraria”. Se anticipan, sin conocer, a tachar un testimonio.

6.- El 96 % de las audiencias de conciliación, que son un paso previo a abrir la etapa de prueba, terminan sin conciliación, lo cual ocurre básicamente por dos razones: la primera es que el actor, mediante su abogado, automáticamente responde “me afirmo y me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. El 99,9% de los abogados dice eso. Además, en muy pocas ocasiones está presente el juez en la audiencia, usualmente la pasa el secretario o el amanuense del juzgado. No tenemos una cultura de conciliación. No hay ningún esfuerzo por parte del juez para motivar a las partes  a que lleguen a una conciliación y pongan término en etapas tempranas a un juicio civil. Es una cultura que no nos acerca a la justicia.

7.- Lo más grave es la saturación, impunidad y deserción que ocurre en la justicia civil. Por ello, es imprescindible hablar frontalmente de una reforma radical que incorpore la oralidad como la herramienta de gestión esencial que promueva agilidad y calidad en los procesos. La Constitución de la República, en  su artículo 168 numeral 6, establece con absoluta claridad que la oralidad es un principio de la administración de justicia, cuando taxativamente señala: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”. Sin embargo, estos principios constitucionales no se están cumpliendo a pesar de que urge adecuar nuestra legislación en materia no penal. Incorporar la oralidad es fundamental, pero no como un simple ritualismo legal o un formulismo en la audiencia; la oralidad debe ser entendida como el mejor mecanismo para defender los derechos de los ciudadanos, especialmente, de los más pobres.

4.2En este contexto, el anteproyecto de Código General del Proceso propone un sistema de audiencias como la metodología central del trabajo. La audiencia se realiza entre los actores y el juez, para que el juez tome la decisión relevante con información clave que le entregan las partes. Esta misma acción por escrito no funciona, por eso, reitero, que la oralidad acerca la justicia a los más pobres.

Creemos que la reforma en materias no penales es un reto al que nos vemos abocados los actores del sistema de justicia, fundamentalmente, a través del cambio cultural. Sin embargo, también somos conscientes que las reformas legales no son suficientes a pesar de que se pueda contar con un código moderno, técnico y que garantice la oralidad. Lo cierto es que si no existe un cambio cultural los cambios normativos no guardarán relación con ninguna reforma, consecuentemente todo el proceso de cambio se estancará. Por lo tanto, toda política pública de reforma judicial debe estar vinculada especialmente a cinco temas fundamentales:

1. Acceso integral al sistema de justicia, para que la justicia esté más cerca de la ciudadanía, aplicando el debido proceso como política esencial.

2. Seguridad jurídica y transparencia, para evitar que toda acción de coima pueda incidir en el cambio de una resolución judicial.

3. Independencia e imparcialidad de todos los servidores judiciales, lo cual es esencial para tener un sistema de justicia adecuado.

4. Mediación y utilización de mecanismos alternativos en la solución del conflicto.

5. Uso eficiente de los recursos públicos para el mejor cambio, así como el empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Es menester también resaltar la calidad de la competencia profesional, yuxtapuesta a la aplicación de los principios de buena fe y lealtad procesal. En ello es preciso resaltar que la Defensoría Pública del Ecuador no quiere competir con los abogados en libre ejercicio. Las defensas públicas en América Latina tienen que ocuparse únicamente del patrocinio de las personas y grupos vulnerables, de quienes no pueden contratar los servicios de un abogado privado sea por su condición de vulnerabilidad económica, social o cultural.

En el caso ecuatoriano, la Constitución de la República determina que los grupos de atención prioritaria que requieren la protección del Estado son: niñas, niños y adolescentes; adultos mayores; mujeres embarazadas; personas en situación de victimización o riesgo; personas en situación de movilidad humana; personas pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro descendientes y montubia; y, personas privadas de la libertad.

Finalmente, cabe recalcar que en materia civil la Defensoría Pública ha extendido sus líneas de acción, pues, principalmente, trabajamos en los casos de divorcio, en el reconocimiento de hijos, en las prescripciones adquisitivas de dominio, en la legalización de tierras no invadidas, entre otros. Este último punto ha sido revelador para la Defensoría Pública, pues hemos encontrado que cerca de 1.700.000 predios se encuentran sin legalizar, lo que significa que existen muchas  personas que tienen un pedazo de terreno en el área rural pero que no cuentan con una escritura, lo cual tiene consecuencias que van en detrimento de su misma situación económica, pues no pueden ser sujetos de crédito, no pueden incorporar su trabajo a la producción nacional, no pueden incorporarse a la política pública de seguridad alimentaria, etc.
4.1En suma, la reforma civil es una necesidad. Con ello es imperioso también un urgente cambio en la cultura jurídica de los servidores y operadores de justicia, con la visión de incluir socialmente a las personas más postergadas de la sociedad. En este sentido, la Defensoría Pública siempre estará presta a contribuir en tan noble empresa, como hasta la fecha lo ha venido haciendo.

El acceso a la justicia tiene serias limitaciones

  • Se considera que los tiempos de acceso superiores a las dos horas constituyen un acceso limitado o inexistente a la justicia.
  • En el Ecuador existen 160 poblaciones con pobre o inexistente acceso a la justicia civil, en un rango que va de  4 a 38 horas de recorrido a un juzgado.
  • En 9 provincias, el  10 % de la población tiene dificultad para ir a la justicia.
  • Los sectores rurales no tienen adecuado acceso. Los juzgados están en en las capitales de provincia.
  • Las provincias de la Amazonía tienen los tiempos y distancias medias de acceso, por ende son las que menos accesibilidad tienen a los servicios de justicia (una media de alrededor de 2 horas y 14 minutos).
  • En las cuidades con alta densidad poblacional, los servicios de justicia se encuentran concentrados en zonas específicas sin considerar el crecimiento poblacional territorial.

 Ernesto Pazmiño Granizo

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