El debido proceso judicial y el refugio de nivel efectivo en Ecuador

El debido proceso judicial y el refugio de nivel efectivo en Ecuador

junio 7, 2014
in Category: Perspectivas
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El debido proceso judicial y el refugio de nivel efectivo en Ecuador

Conocido como juicio o proceso justo, el debido proceso es considerado como un principio y un derecho que contiene a su vez, una serie de derechos y garantías que viabilizan el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas y la debida aplicación de la justicia en el trámite de una actuación pública, cualquiera sea su naturaleza.

El artículo 76 de nuestra Constitución precisa las garantías del debido proceso en el derecho a un juez natural, competente e imparcial; a un juicio justo; a no ser juzgado dos veces por la misma causa; a la defensa; a la réplica; a la asistencia letrada; a disponer de un traductor o intérprete durante el proceso; a un recurso efectivo; a un plazo razonable; a una resolución motivada y a recurrirla; y, otras garantías que se entrelazan con los principios procesales como el de legalidad, congruencia, igualdad de las partes, imparcialidad de las autoridades, interés público del proceso y publicidad, que dan fe de una indiscutible vinculación del debido proceso como institución jurídica autónoma del Derecho Procesal .

En este marco, un estado de derecho debe prever que toda actividad administrativa, en la que concurra una relación con el ciudadano, se desenvuelva a la par del ejercicio legítimo de los derechos procesales de este último. Para alcanzar este fin, el obrar de la administración debe estar fundado en el debido proceso, en cuanto a la permanencia y defensa del administrado frente a ella, siempre que este accionar no se desborde en una desacertada interpretación de la potestad discrecional que se atribuye a la administración.

Precisando en el tema, sobre la estructura administrativa que dispone el Ecuador para el otorgamiento de refugio, previamente debemos enfocarnos en una rápida revisión al estado situacional del refugio en el país en los últimos años.

Ecuador es uno de los países que acoge el mayor número de refugiados en América Latina. De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Dirección de Refugio, a septiembre de 2013, se registraron 54.865 personas con visa de refugio y 170.965 como solicitantes en espera de una resolución. A la fecha, el Decreto Ejecutivo 1182 de 19 de junio de 2012 da vida al Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho de refugio. Ante este panorama conviene plantearnos la siguiente interrogante: ¿cuáles son los nudos críticos que se identifican en este reglamento y ponen en riesgo el derecho al debido proceso de la población solicitante? A continuación, revisaremos si el procedimiento que hoy rige se armoniza con los principios, derechos y garantías constitucionales así como con los lineamientos dados para los procedimientos administrativos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE):

1. Plazo de 15 días para solicitar refugio: superado este plazo, el solicitante es notificado con la no admisión a trámite a su petición, otorgándole tres días, según el artíuclo 33 del Decreto, para impugnar la resolución o buscar otra alternativa migratoria. Este tiempo no constituye una garantía de plazo razonable que permita la preparación de defensa del solicitante inadmitido. Además de vulnerar el artículo 76 numeral, 7 literal b) de la Constitución, se contraviene a lo dispuesto en el artíuclo 69 del ERJAFE que señala que la impugnación en sede administrativa se hará de conformidad con esta norma jurídica, por tanto, los plazos para la presentación de recursos son, en consecuencia,  de 15 días tratándose de recursos ordinarios y tres años para el recurso extraordinario de revisión. Por otro lado, la recomendación de buscar otra alternativa migratoria resulta ilusoria, si atendemos al tiempo que toma el trámite de cualquier tipo de visa en el país y la particularidad de sus requisitos.

222. Calificación de las solicitudes en la fase de admisibilidad: en infundadas, abusivas e ilegítimas: las definiciones dadas a cada una dejan abierto un amplio espacio de discrecionalidad al “oficial de elegibilidad” para calificar las solicitudes como tales, con el riesgo de caer en la imparcialidad y/o arbitrariedad. Se devela la vulneración del derecho a recurrir contemplado en el artículo 76, numeral 7, literal m) de la Constitución, al no permitir la impugnación de la resolución de inadmisión calificada como ilegítima como consta en el artículo 33 del Decreto Ejecutivo.

3. Extensión del plazo para resolver solicitudes en la fase de elegibilidad: la Comisión para la determinación de la condición de refugiado cuenta con un promedio de cuatro meses y diez días (Arts. 20 y 41) para tramitar la solicitud y expedir su resolución. En este sentido, el tiempo de espera a la resolución (considerando la necesidad humanitaria de protección) puede traducirse en el incumplimiento de un plazo razonable, pudiendo causar un daño irreparable para el ejercicio de los derechos básicos del solicitante.

4. Apelación a la resolución de la Comisión que rechaza la solicitud de refugio: debe efectuarse dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación (artículo 47). En el caso de que la apelación sea rechazada en ‘segunda y definitiva instancia’ el solicitante debe ser deportado; sin embargo, los artículos siguientes contradicen esta disposición señalando que, una vez rechazada la petición, el solicitante contará con un plazo máximo de 15 días para abandonar el país o buscar una alternativa migratoria. El Decreto establece también la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión, sin que ello faculte a la persona a considerarse solicitante de refugio y estando latente su deportación, inobservando a la Constitución de la República, en el artículo 41, que consagra el principio de no devolución a un lugar donde su vida o integridad estén en riesgo. Así mismo, contradice el artículo 2 del mismo reglamento que autoriza la permanencia del solicitante en el país hasta que su solicitud se haya resuelto definitivamente.

235. Motivación de las resoluciones: el Extribunal Constitucional expresó lo siguiente frente a una resolución de apelación a la negativa de refugio en el 2005: El Tribunal deja sentada su extrañeza frente a la interpretación antojadiza […] del Ministro de Relaciones Exteriores cuando afirma […] que: “De la simple lectura de la norma constitucional transcrita se puede deducir que las autoridades públicas tienen la potestad de no motivar su resolución si en el contenido de la misma no se enuncian normas o principios jurídicos o pretender explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho”. Lo cierto es que, además de incurrir la autoridad en una violación al debido proceso, está faltando el mandato constitucional de garantizar la debida motivación en las resoluciones que adopte, a fin de descartar cualquier tipo de arbitrariedad e injusticia, más tratándose de refugiados.
Este caso deriva en la inobservancia de una de las más trascendentales garantías del debido proceso como es la motivación de las sentencias y resoluciones que exige, como lo establece el artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución.

6. Procedimiento de solicitud de refugio para niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados: no se ha implementado ningún procedimiento especial para este grupo de atención prioritaria; el trámite y mecanismos utilizados en estos casos es general, como la entrevista, el lenguaje que debe manejarse y el tipo de preguntas que se les formulan como podemos observar en el anexo IV.

Resaltamos que Ecuador cuenta con una de las normativas mejor desarrolladas en materia de refugio, sin embargo, aún se requiere de un arduo trabajo para que los procesos normativos y de política pública alrededor del refugio alcancen un nivel de efectividad sostenida que se caracterice por la garantía del derecho, que margine realidades como el acceso desordenado al refugio, el enfoque de inseguridad y criminalización a la problemática y población involucrada, los medidas de cierre de fronteras y las laceraciones al procedimiento de asilo.

Verónica Chapaca S., articulista invitada

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