Todos los habitantes del planeta no somos ilegales, ni delincuentes

Todos los habitantes del planeta no somos ilegales, ni delincuentes

junio 8, 2014
in Category: Análisis jurídico
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Todos los habitantes del planeta no somos ilegales, ni delincuentes

El concepto de “ciudadanía universal” constituye la dimensión utópica del Estado ecuatoriano con relación a las personas y su movilidad, pues consagra en la Constitución de Montecristi la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero. La Constitución entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre de 2008.
Con este nuevo concepto, el Ecuador dio al mundo un mensaje político claro: los seres humanos tienen derechos universales de movilidad y bajo ningún concepto deberían ser considerados “ilegales”.

La naturaleza predatoria del capital ha llevado a que los estados ricos –mal llamados “desarrollados”- se dediquen con un afán inusitado a la construcción de unos entramados jurídicos que penalizan y convierten en delincuentes a miles de seres humanos que han sido literalmente expulsados de sus países de origen, generalmente por ser pobres y por sufrir tragedias naturales o provocadas (las guerras por ejemplo).

Pero esta realidad es generalmente escamoteada con el peregrino argumento de la seguridad ciudadana, cuando análisis sensatos han demostrado con suficiente solidez que existe un falso dilema entre movilidad y seguridad. ¿Qué otro aspecto puede ser más seguro que tener un registro actualizado de la movilidad dentro de un país? Cualquier otra medida coloca al ser humano en condiciones de ilegalidad y de una larga cadena de violaciones a sus más elementales derechos humanos.

Los ecuatorianos hemos vivido en carne propia esta durísima realidad, cuando miles de compatriotas tuvieron que experimentar en suelo extranjero los más humillantes tratos, sometidos a normas internas y “soberanas” bajo el principio de la seguridad.

Desde esta perspectiva, el mensaje del Ecuador, a través de su Constitución, ha sido visionario y marca un hito en el mundo, sobre el cual hay todavía un largo camino que recorrer, debiendo ser una agenda obligatoria de todos los estamentos públicos.

Los desafíos jurídicos del Ecuador actual

El nuevo ordenamiento constitucional plantea como desafío la promulgación de una nueva Ley de Movilidad Humana que reemplace la Ley de Extranjería y la Ley de Migración vigentes en el país desde 1971, la primera codificada en el 2004 y la segunda codificada en el 2005 (Registros Oficiales 454 de 4 de noviembre de 2004 y 563 de 12 de abril de 2005).

En la actual Ley de Extranjería se establece un esquema de categorías de visas extenso y hoy desactualizado, tanto para los extranjeros no inmigrantes (que no tienen el ánimo de radicarse en el país) como para los extranjeros inmigrantes (que adquieren domicilio político en el Ecuador).

Por un lado, en el caso de las visas para extranjeros no inmigrantes, en la actual Ley de Extranjería en el artículo 12 se establecen once categorías con diversos requisitos para cada una de ellas. En tanto, para los extranjeros inmigrantes, en el artículo 9 de la Ley señalada, existen siete categorías de visas, también con sus distintos requisitos determinados en el Reglamento a la Ley de Extranjería (Registro Oficial 473 del 7 de julio de 1986).

5En la categoría de visas para no inmigrantes las tres primeras son para los diplomáticos y sus familias, funcionarios de organismos internacionales, cooperantes extranjeros y corresponsales de prensa; la cuarta es para refugiados, la quinta para estudiar, la sexta para trabajar, la séptima es para voluntarios pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro y para misioneros religiosos, la octava es para intercambio cultural, la novena es para actos de comercio, la décima es para turismo y la undécima es para otras actividades. Para acceder a estas visas se requieren distintos requisitos.

En cuanto a las visas de inmigrantes, la primera es para pensionistas o rentistas, la segunda es para inversionistas en bienes raíces o industriales, la tercera es para inversionistas industriales o similares, la cuarta es para apoderados de compañías extranjeras establecidas en el país, la quinta es para profesionales, la sexta es para personas que se amparan en familiares ecuatorianos o extranjeros con visa de residente, la séptima es para realizar otras actividades lícitas.

Sin embargo, esta extensa lista de categorías de visas necesariamente debería reducirse para acoplarlas a la realidad constitucional vigente. Esta necesidad de reducir las visas salta a la vista cuando a partir de la codificación de la Ley de Extranjería se expresa en el artículo 10: “Los extranjeros inmigrantes que fueren legítimos titulares de una visa correspondiente a alguna de las categorías migratorias descritas en el artículo anterior, podrán desarrollar libremente cualquier actividad laboral, económica o lucrativa lícita, sin que implique categoría migratoria”.

Si los extranjeros inmigrantes están en condiciones de “realizar libremente cualquier actividad laboral, económica o lucrativa lícita”, entonces se pueden reducir las categorías de visas a solo unas dos.

Adicionalmente, también en el contexto sudamericano está cambiando la realidad migratoria, especialmente a partir de la aprobación de dos acuerdos por el Mercosur: el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, firmado en San Miguel de Tucumán, Argentina, el  30 de junio de 2008 y publicado en el Registro Oficial 456 de 29 de octubre de 2008; y el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Países Miembros del Mercosur, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú, suscrito en Brasilia el 6 de diciembre de 2002 y publicado en el Registro Oficial 209 de 21 de marzo de 2014.

Gracias al primer Acuerdo los ciudadanos de los Estados Miembros, Asociados y suscriptores del Mercosur podemos viajar entre los distintos países señalados sin necesidad de visa y con nuestros propios documentos nacionales.

En el caso del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Miembros, Asociados y suscriptores del convenio, los ciudadanos pueden solicitar una visa por dos años en cualquier otro país suscriptor del Acuerdo y luego la residencia sin más requisitos que el certificado de antecedentes penales, independiente de la situación migratoria en que se encuentre si se halla en el país donde solicita la visa.

Este Acuerdo demandará revisar en la nueva legislación ecuatoriana sobre movilidad humana, todas las disposiciones relacionadas con la exclusión y deportación de extranjeros, permisos laborales y otros, en procura de flexibilizar los requisitos para la permanencia regular de los ciudadanos de otros países que vienen al Ecuador por distintos motivos.

Defensoría Pública y movilidad humana

En estricto cumplimiento de la Constitución, que dispone claramente las obligaciones del Estado ecuatoriano en torno a los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria (Capítulo tercero, artículos 40, 41 y 42), ha establecido una línea especializada de trabajo que garantice la promoción, la protección y fundamentalmente la defensa y patrocinio legal de las personas en condiciones de movilidad, pues se trata de un grupo de atención prioritaria.

En ese marco, suscribimos un convenio de cooperación con el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), que nos permitirá la coordinación de acciones en aquellas provincias de mayor incidencia, destinadas a fortalecer la gestión de las políticas nacionales de asistencia, representación y patrocinio jurídico a favor de solicitantes de asilo y refugiados, con un enfoque transversal de edad, género y diversidad.

Además, la Defensoría Pública difundirá las normas y principios de Derecho Internacional de Refugiados en el país, así como la normativa nacional conexa, establecerá mecanismos de referencia de casos de solicitantes de asilo y refugiados para atención de ambas instituciones, y buscará generar buenas prácticas en cuanto a intervención de la Defensoría en la promoción y defensa de los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados.

Por lo demás, nos encontramos en un proceso de especialización de defensores en aquellas provincias de mayor incidencia de casos de movilidad humana, la capacitación de defensores públicos en estos temas para especializar su atención a este grupo prioritario, el aporte a las “mesas de movilidad humana” para identificar políticas públicas territoriales que superen barreras de acceso a la justicia, así como la documentación, registro y difusión de casos paradigmáticos de barreras de acceso a la justicia en movilidad humana.

Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General del Ecuador

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