“Hipergarantismo”: alienación de tipo social y disfunción de la política

agosto 22, 2014
in Category: Análisis jurídico
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“Hipergarantismo”: alienación de tipo social y disfunción de la política

1. La moral de esclavo de la función pública

Hace seis años en el Hotel Quito, presentaba una ponencia sobre los derechos humanos y las Fuerzas Armadas ante un nutrido grupo de oficiales del Ejército, quienes se sentaban estrictamente ordenados por el rango delante de una masa de soldados de tropa. Presentaba las bondades del recién inaugurado Estado constitucional, de derechos y justicia. Hablaba fervorosamente y con convicción sobre las garantías constitucionales, el rol renovado de jueces y los avances en materia de derechos que significaba la Constitución de 2008. Cuando había terminado, el auditorio quedó en total silencio. De repente, un joven soldado se puso de pie y preguntó sobre casos de la aplicación del régimen disciplinario dentro de su unidad: alegaba que existía una cantidad considerable de casos dentro de la institución sobre violación al debido proceso. No les daban razón sobre las sanciones y decía que solo les comunicaban el arresto o medidas administrativas a las que se les condenaba. La soldadesca se inquietó y comenzó a murmurar.

De improviso, uno de los oficiales giró la cabeza y pareció reprender al valiente soldado. Súbitamente, se fueron levantando otros soldados contando sus casos: “me acusaron de estar bebido durante mi guardia”; “nunca supe porqué me dieron la baja”; “me arrestaron por una denuncia de violencia intrafamiliar contra mi esposa”, “un compañero fue absuelto en la justicia ordinaria, sin embargo, nunca anularon su baja”. Todos estos casos tenían un hilo común: en todos ellos, al parecer, el problema era del debido proceso. Otro de los oficiales se levantó como un resorte y, luego de pedir la palabra a un militar que tenía las credenciales más vistosas en los hombros, dijo: “Doctor, nosotros (ceceó enfáticamente) creemos que la acción de amparo es un completo abuso”. Colocó su gorra debajo del hombro. Y agregó: “tuvimos que pagar 20 millones de dólares por motivo del amparo. Esto afecta gravemente a nuestra institución”. El murmullo devino en multitud. El mismo oficial anterior se puso de pie y miró como queriendo grabarse el rostro de quienes estaban reclamando y se puso la mano en la cadera desafiante. Terminaron las intervenciones y todos volvieron a sentarse sin cruzar las piernas ni volver la mirada a sus vecinos. Yo me sentí abrumado ante la necesidad de encontrar las palabras “políticamente correctas”. Finalmente, les dije que el problema no era de las garantías, sino de la institución en la medida que no existía una política de derechos, que era cuestión de responsabilidad de la institución, y que las garantías son solo mecanismos que buscan arreglar las distorsiones de la política pública, si ellas no existen, no tienen sentido las acciones de garantía. Por si no fuera poco, les puse un ejemplo. En esos días, el gobierno había fijado el precio de la caja de banano para proteger a los productores frente a la explotación oligopólica de las empresas exportadoras. Eso había propiciado que muchos campesinos que trabajaban en las plantaciones fueran despedidos. Aquello –les decía- no generó molestias en los despedidos en contra el círculo mafioso de los productores y exportadores, sino en contra del gobierno. Sentenciaba que el problema no era la maldad del gobierno, sino la incapacidad de esta gente de entender el problema real, pues no tenían conciencia política de las causas de sus condiciones materiales y, de tenerla, la incapacidad de dirigir sus esfuerzos por fuera de la supervivencia y comodidad de vivir un sistema de explotación al que se ha acostumbrado a tolerar. Había hecho carne –pensé mientras mordía la lengua, al tiempo que miraba al auditorio como en una fotografía-, lo que Nietzsche llamaba la “moral de esclavo”. Zaratustra –el personaje mazdeísta de Nietzsche- no pudo detener a algunos oficiales que se levantaban airados y otros que miraban a los lados nerviosos posiblemente pensando en el sortilegio terrible de que no fuera 1960 para no tener que escuchar razones. No hubo más preguntas y no me volvieron a invitar, aunque en verdad, más allá de este detalle, mi ponencia fue bastante sencilla.

23Nietzsche cuando hablaba de la moral de esclavo buscaba criticar a la religión como estructura cultural, pues pensaba que aquella impedía al ser humano liberarse frente a los retos de la modernidad. Parecía que estas ataduras le impedían al ser humano ver cuáles eran las razones y causas de su desgracia. Aquello creo que tiene enorme incidencia para entender la situación de los esclavos en los Estados Unidos en el Siglo XIX y la propia discriminación en los siglos XX y XXI. Sucedía que cuando un esclavo escapaba y era recapturado, generalmente su amo castigaba a todos con el fin de desplazar la culpa a los cabecillas del intento de liberación. Así, la culpa del castigo resultaba ser del rebelde que había escapado y no del esclavista que los usaba como cosas. Pasa esto también con las formas de discriminación y exclusión.

Cuando en 1992 se inició la reforma judicial más importante de nuestro país, emergió la idea de las garantías como un mecanismo para que el ciudadano pueda enfrentarse al enorme poder del Estado, toda vez que en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se advertía sobre la necesidad de contar con mecanismos particulares de defensa de los derechos humanos. El contexto era negativo para los nuevos gobiernos luego del retorno a la democracia: desaparición forzada, torturas, ejecuciones extrajudiciales, crímines de estado, y estados ineficientes en la materialización de los derechos sociales. No obstante, las garantías fueron marginales y no representaban un peligro para el status quo ni de los poderosos. Fue con la reforma constitucional de 1996, promovida por un gobierno neoliberal, que se crea la acción de amparo constitucional y el tribunal constitucional con amplias facultades de protección de los derechos humanos. Esta reforma no era ingenua, buscaba fortalecer al poder ejecutivo frente al legislativo con un mecanismo de control de constitucionalidad ante el bloqueo político que impedía gobernar a Sixto Durán Ballén. La idea de la acción de amparo era abrir el camino a las reformas neoliberales y el espacio de la ciudadanía para legitimar los ajustes estructurales recomendados por el FMI y Banco Mundial, puesto que judicializar los intereses sociales se pensó como estratégico para desmovilizar políticamente a los sectores sociales y a los partidos de base popular. Se quiso copiar los modelos español y colombiano que a esas alturas tenían un relativo éxito en estos fines. El objetivo era que se reemplazaran las movilizaciones, la huelga, la protesta social y la casi nula posibilidad de insurgencia armada por los largos plazos judiciales y el oscuro mundo burocrático de los abogados, siempre bajo control de las empresas y los partidos políticos que habían secuestrado al Estado para sus intereses.

24Sin embargo, la naturaleza corporativa del Tribunal (integrado por representantes de los poderes judiciales y varios sectores sociales: universidades, gremios, etc.), el potencial progresista de las acciones de amparo y de inconstitucionalidad, la total ausencia de partidos en estricto sentido y la existencia al contrario de fuertes sectores sociales organizados en Ecuador boicotearon los protervos motivos de esta reforma. El resultado fue otro: se politizó más la movilización social integrando a las garantías como un instrumento visible de lucha; muchos ciudadanos reclamaron al Estado la violación sistemática de sus derechos, y gran parte del bloqueo de las medidas neoliberales se trasladó a un tribunal constitucional profundamente estatista, pero no necesariamente gobiernista.

Por esta razón, amplios sectores sociales (no solo los tradicionales) le apostaron al fortalecimiento de las garantías en el proceso constituyente de 2007 e incluso a transformar al tribunal constitucional en una corte constitucional, la cual en principio debería venir de un concurso público con el fin de que no respondiera ni al poder político ni a las corporaciones, y se eliminó la posibilidad de juicio político. Este modelo novedoso se acercaba peligrosamente a aquellos en los cuales los jueces son electos directamente por el voto popular. Fue la apoteosis de la ciudadanía en la máxima expresión del Estado constitucional.

Así, el garantismo se fortaleció, aun cuando desde su implantación en nuestro país, se había convertido en un estorbo para el poder y algunos grupos económicos. Y cuando este funcionó a favor de los grupos excluidos, fue percibido como un abuso, como una afectación a los bienes y recursos públicos y a la propia estabilidad del personal estatal, cuando en realidad, el objeto de las acciones de garantía era la asimetría de ejercicio de los derechos por el Estado y el eficiente funcionamiento del aparato estatal al servicio de las clases dominantes. Por supuesto, el Estado siempre fue muy enérgico para aplacar todo buen ejemplo de reclamación y reparación de derechos, y dilató con todas las argucias legales los procesos constitucionales. Aquello ha ocurrido en los conflictos laborales y de disciplina particularmente de la fuerza pública. Percibido y deformado así el garantismo, se convirtió en “hipergarantismo”. Es decir, un vicio que surge del exceso de funcionamiento de las acciones de garantía y la justicia constitucional en perjuicio de la gente personificada en el Estado total. Consecuentemente, el Estado, garante y responsable de la materialización de los derechos, se convierte en una víctima de las garantías y del derecho. La sicología del Estado y sus funcionarios reproduce la pobreza de su moral de esclavos.

2. La alienación política de la función judicial

Entendemos como alienación al estado particular de conciencia social que nos hace sentir “fuera de” y alejados de nuestras condiciones materiales de reproducción de la vida, de tal manera que somos dominados por su objeto de actuación en favor de terceros. Este concepto de Husserl fue explicado metafóricamente como un velo de la religión que impedía ver las condiciones reales la vida humana. No obstante, Marx lo utilizó para criticar a la ideología burguesa-capitalista que invisivilizaba las reales condiciones de vida frente al capital. Aquello equivaldría a vivir una mentira.

25En las sociedades actuales este concepto es central para entender la acción política. Al mismo tiempo que las estructura clásicas modernas pierden sentido social y certeza (partidos políticos, sindicatos, estado, etc.), vivimos en un mundo gobernado por la violencia imperialista con una enorme diferencia de lo que sucedía hace treinta años: la gente acepta esa violencia, la tolera y la considera buena y hasta necesaria.

Vivimos un mundo gobernado por la ideología individualista de mercado, pero esta ideología no es percibida como tal porque justamente está cubierta por diversos ropajes, tales como democracia, estado de derecho, legalidad, constitucionalidad, libertades y administración pública. La característica principal de esta ideología es que se reproduce por sí misma, no necesita del concepto de clases sociales, lucha de clases o burguesía capitalista; hace carne en lo cotidiano, por lo cual cualquier atentado en su contra es percibido como en contra de la reproducción de la vida misma. Pensemos, por ejemplo, en un activista por los derechos de los animales de la selva amazónica. Esta persona no solo acciona en el ámbito público, sino que vive en consecuencia de sus ideales. Sin embargo, vive de costosas consultorías y cuando la cooperación internacional se acaba…, luego trabaja en una empresa petrolera. ¿Qué pasó aquí? La afectación de sus ingresos y la dependencia del dinero le obligaron a cambiar de actitud. En sentido marxista, el dinero se transformó en su fetiche y su ideología, y su vida fue moldeada por las condiciones materiales de las cuales depende sin saberlo ni estar consciente de ello. Vale decir que la alienación socio-político así concebida anula al sujeto de carne y hueso y sus intereses materiales, lo inmoviliza y lo hace aceptar la opresión como algo cotidiano y hasta necesario.

Es así que no hay nada más alienatorio que la formación que recibimos abogadas y abogados en el Ecuador. Nuestro fetiche es la norma jurídica, nos la inducen como infalible y como representación política de la realidad. No obstante, la norma jurídica es una reducción de la realidad que opera sobre intereses públicos, pero no equivale a la realidad jurídica ni social de ninguna manera. Así, problemas como la eficiencia y legitimidad social de la norma, los conflictos e intereses de poder, y el contexto en el que se desarrollan las normas e instituciones son parte de un discurso de cierre de nuestros docentes en las facultades de derecho: “estudiamos derecho, eso es político”. Al mismo tiempo, utilizaron para ilustrar el estudio de las normas jurídicas, el estudio trivial de casos prácticos. La trivialidad consistía en que los casos describían anécdotas del ejercicio profesional del docente –no existen profesores a tiempo completo en Ecuador en estricto sentido-, con los cuales él narraba la aplicación, a veces inmoral, de reglas y formas (no formales) para solucionar o interpretar las normas jurídicas. Nuestra formación se acomodó perfectamente a las taras del sistema canónico-educativo general que ha gangrenado varias generaciones de nuestro país: memorización de contenidos, violencia docente, mecanicismo y asimilación acrítica del conocimiento.

Frente a esta realidad, el garantismo en la Constitución fue concebido como una herramienta que rompería el velo que cubre los ojos de abogadas y abogados, de tal manera que es posible ver la realidad social por fuera de las normas jurídicas. Por esta razón, algunos autores ecuatorianos creyeron que el garantismo se opone al positivismo jurídico. Y, paralelamente, el garantismo propuso la implementación de una nueva cultura jurídica. Ver la realidad por fuera de las normas, se pensó, transformaría a abogadas y abogados de parásitos del sistema de explotación, en activistas políticos por la transformación política de la sociedad, quienes tienen claro como funciona el sistema de justicia en un contexto socio-político y económico, y quienes son los beneficiarios y perjudicados por las normas e instituciones jurídico-políticas. Significaría poder entender el contenido político del derecho y las innegables relaciones entre política y derecho. Una nueva cultura jurídica frente a esto se hacía indispensable para dar forma a la actuación de abogadas y abogados sobre la base de otras estructuras políticas más participativas y democráticas, y comprometidas con la transformación política del Ecuador.

26Como una reacción al garantismo, el llamado “hipergarantismo” funciona como un dispositivo ideológico de contención del carácter contra alienatorio del garantismo. Impide ver que es precisamente el Estado uno de los principales beneficiarios de la perversión de las garantías en manos de juezas y jueces alienados, junto con las empresas y litigantes habituales (particularmente grandes gremios, funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública) quienes son rémoras del sistema de justicia constitucional. En el estudio que realizaron Agustín Grijalva y Álex Valle de las sentencias del Tribunal Constitucional 1997-2004 (2011) se obtuvieron algunos hallazgos importantes. Primero, el 40,18% de los casos de amparo sustanciados por el Tribunal fueron planteados por funcionarios públicos, en la mayoría por problemas laborales con el Estado (8,76% policías y militares); un 32,75% por particulares por motivos laborales y civiles; 16,93% de empresarios (al cual, si le sumamos el 5,71% de gremios profesionales, quienes generalmente reclaman intereses gremiales, particulares y sectoriales, este porcentaje llegaría al 22,64%). Todos estos litigantes habituales del sistema de justicia constitucional defienden intereses particulares, especialmente laborales y económicos, gremiales y sectoriales, llegando a un porcentaje de 95,6%, y solo el 4,4% para intereses colectivos (ONG, sindicatos e indígenas).

Los conflictos laborales de funcionarios administrativos llegaron al 36,26% y la protección de los derechos colectivos no llegó al 2%. Por supuesto, no se debe perder de vista que esta realidad se explica en gran parte por el fracaso de las legislaciones laborales y administrativas en el Ecuador, donde los procesos están hechos para garantizar la irresponsabilidad del Estado y el paso del tiempo que favorece a quien tiene más dinero para litigar: los empleadores. Sin embargo, es notorio el uso privatista y corporativo del amparo sin que las garantías hayan servido para la protección de los intereses cotidianos de las personas y colectivos.

Segundo, en el 94% de las acciones de amparo, el legitimado activo es el Estado, mientras que apenas el 6% operó en contra de los particulares. Al mismo tiempo, el 63,92% fueron negados por el Tribunal, y de estos, el 43,30% no tuvieron motivación ni medida de reparación alguna. Estos números hacen suponer que el Tribunal Constitucional no funcionó como un guardián de la Constitución, sino de los intereses del Estado y de los particulares.

Por otro lado, la justicia constitucional luego de la reforma de 2008 experimenta un agravamiento de las tendencias antes analizadas. Esto podemos verlo en la investigación sobre el funcionamiento de la acción de protección en la primera instancia y de apelación, que tomó como muestra 2116 casos de las ciudades de Cuenca y Guayaquil realizada por Claudia Storini y Marco Navas, la cual fue publicada por la Corte Constitucional con el título “La Acción de Protección en Ecuador: realidad jurídica y social” (2013). En este estudio, en la primera instancia, el 58% de los casos se refieren a problemas de tipo laboral, seguridad social y jubilación por conflictos individuales en contra de la administración pública. Si a esto le sumamos los conflictos individuales en los que se alegó violaciones del debido proceso (15%), da un total de 76%. De estos, solo en el 5,5% el juez subsanó de oficio la violación de derechos alegada, mientras que se aceptó el 49% de las demandas propuestas y el 51% se negaron (inadmisión y negativa). Un elemento nuevo que aparece en este estudio es la media de tiempo. En el caso de Cuenca, la media es 13 días mientras que en Guayaquil es de 34 días (entre los extremos de 25 a 939 días, pero sin tomar en cuenta el tiempo de demora en la apelación y la posible acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional), lo que permite concluir que el 95% de procesos no se realiza en un tiempo razonable y el 50% supera los 26 días. Del total de sentencias analizadas, el 62,1% de los casos se resuelve de manera residual, es decir, el juez consideró que se debía agotar la vía judicial y administrativa.

De manera similar a lo ya analizado en el primer estudio, el 92,4% de los casos se plantea en contra del Estado, de los cuales son negados el 55,6%, lo que evidencia una vez más como el Estado es un beneficiario privilegiado del sistema de justicia constitucional. Luego, en la instancia de apelación, el 79,8% de los casos son negados. Como se ve, el sistema de justicia constitucional, a pesar de la reforma de 2008, tiene un triple filtro de progresiva restricción para las acciones en contra del Estado. En un primer momento, niega la mitad de los casos demandados; luego de los casos aceptados en su contra, se niega un 60%, y finalmente en un tercer momento, este porcentaje es de casi el 80%. Es decir, a medida que se aumenta de nivel de análisis en la jerarquía judicial, la restricción es mayor funcionando a manera de embudo. Por su parte, el litigio privatista se mantiene por encima del 90%, lo cual deja poca margen al litigio colectivo y de interés colectivo.

Tal como se ha podido ver, el hipergarantismo sí ha funcionado, pero como una atrofia del sistema de justicia constitucional. Si queremos ver un símil, veamos lo que sucede en el problema médico llamado hipertiroidismo. Allí existe una sobreproducción de hormonas por un exceso de funcionamiento de la glándula tiroides. No obstante, esto provoca una atrofia en la glándula con el pasar del tiempo sino se recibe tratamiento. Digamos que el hipergarantismo, como un discurso alienatorio, tendió un velo que encubrió el enjambre de decisiones constitucionales en favor del Estado por hipertrofia del sistema de justicia constitucional, pero aquello terminó por atrofiar toda forma de garantía, en tanto discurso de resistencia contra alientoria. Consecuentemente, todo ejercicio progresista del derecho en este entorno alienatorio, es percibido por el sistema de justicia constitucional –realmente, constituida en guardiana del Estado y títere del orden injusto que reproduce- como un exceso de trabajo innecesario, como una estrategia de supervivencia ante las presiones del poderoso Estado y de particulares mafiosos, y como excentricidad jurídica de algunos abogados que seguramente será considerado “error inexcusable”. En otras palabras, “hipergarantismo”.

Sin embargo, así cuestionado el hipergarantismo pareciera una crítica liberal por la aparente oposición al Estado. Pero ni de lejos lo es. Lo es al velo alienatorio que impide ver las causas materiales de la opresión: los intereses de clase que perviven y se pervierten en un Estado que no pertenece aún a las grandes masas populares, a sus intereses colectivos ni a su real conciencia revolucionaria. Y lo es al carácter reaccionario y antipopular del denominado “hipergarantismo”. De acuerdo, alguien puede decir que el garantismo es de carácter liberal y de derecha. Eso es innegable, pero en el contexto político del Ecuador del siglo XXI es una de las pocas puertas a los intereses populares para controlar un Estado que no responde a una acción política para una sociedad más justa. Para entender esta aparente contradicción, debemos comprender el carácter político que tiene el Estado y su naturaleza material de ser un campo de batalla de intereses en lucha continua por la hegemonía.

3. Lo político, la política y la necesaria elección del enemigo

En la obra “Filosofía del Derecho” de Hegel, el Estado es concebido como un producto ideal totalmente acabado, en el depositario del espíritu universal y, por tanto, la máxima representación de la racionalidad. Hegel ve a la sociedad como un espacio antagónico, por lo cual el Estado sería la síntesis dialéctica de las contradicciones sociales, es decir, el Estado se convierte en su pensamiento en la solución al natural y material antagonismo social y la lucha de contrarios que había tomado de Heráclito. Bajo este ideal nació el Estado moderno. Aquello quiere decir que el Estado -por lo tanto su expresión natural, el derecho- es neutro, no tiene ideología, religión ni afectos especiales. Aquello calzó perfectamente con el idealismo kantiano, la necesidad de un aparato burocrático (Weber y Feuerbach), el parlamentarismo (Constant) y el racionalismo cartesiano y así se consolidó el moderno Estado de derecho, regido por leyes y no por personas –esto era ya un postulado de la Revolución Francesa con Rousseau, Locke y Hobbes-.

Marx desestimó la ingenuidad hegeliana en sus “Crítica a la Filosofía del Derecho” y “Crítica a las Tesis de Feuerbach”, pero no con respecto a que el Estado disolvería el antagonismo social. La idea marxiana era que el Estado era producto de la lucha de clases y que representaba los intereses de la clase dominante envileciendo los intereses sociales para su favor –esto ya estaba presente en la crítica de Rousseau a la sociedad política como perversión del estado de naturaleza-, por lo cual solo quienes no tuvieran intereses que perder –en esto toma el postulado de Maquiavelo-, pudieran dirigir un proceso revolucionario que devolviera a las personas la propiedad que les fue arrebatada por la expropiación original perpetrada por una casta que acumuló el capital explotando y cosificando a los seres humanos. Esto significaba que el Estado era un aparato –instrumento- que luego de la dictadura del proletariado que administre un régimen socialista transitorio sería innecesario en una sociedad comunista. Lenin agregó a esto el concepto de acción política revolucionaria que sería el conjunto de estrategias concretas para ganar y conservar el poder popular. La díada amigo-enemigo, al igual que en “El príncipe” de Maquiavelo, aparece en el “Estado y Revolución” y “¿Qué hacer?, de Vladimir Ilich Uliánov Lenin. Para el comunismo científico, el amigo era el proletariado –obreros industriales de finales del Siglo XIX-, quien no tenía otra opción que romper las cadenas de la opresión, y el enemigo era la burguesía capitalista, que era una casta que había evolucionado en su saña explotadora a través de la historia. Vale decir que la esencia de la política no es el ideal del buen gobierno y el perfeccionamiento del Estado, sino la lucha de clases y la revolución.

A partir de las ideas anteriores y de los autores de su época y entorno intelectual, Carl Schmitt concluyó que la esencia de la política no era la lucha por el poder o la lucha de clases, sino la paradoja amigo-enemigo. Aquello llevaba la política al materialismo extremo desprovista de todo pudor y ética, al punto que llegó a afirmar que si no existía un enemigo habría que crearlo para que existiera política. Tomó como centro de esta reflexión el concepto de lo político, que son el conjunto de fuerzas que prefiguran la relación amigo-enemigo para que exista la política. Lo político sería la fuerza vital y primigenia de la política que dirige los intereses sociales a la elección del enemigo. Así, como en la economía, la esencia es el la relación beneficio-perjuicio y en la religión la relación creyente-no creyente, en la política lo es la de amigo-enemigo. Esto quiere decir, que el fracaso de la política es el fracaso de lo político en la generación de la relación amigo-enemigo. En otras palabras, un proceso político determinado fracasa porque no pudo encontrar a su enemigo. Pensemos, por ejemplo, en un líder religioso que busca ser elegido presidente de la república. Un día lo entrevistan sobre esta posibilidad y el responde que lo aceptaría por amor a Dios y porque su feligresía se lo pide, pero no porque le interese el poder. Este personaje por más que tenga intención de voto está condenado a perder. Paralelamente, un joven sargento degradado, un buen día se le ocurre que la culpa de todos los males la tienen los judíos, luego, a la vuelta de la esquina, es el detentador y dueño de la política.

27Todo esto explica en gran medida la política en todos los tiempos, aunque la determinación automática casi natural de la relación amigo-enemigo en los términos de Schmitt, pareciera producir una especie de neurosis sin fin que pudiera conducir a la política al extremismo a su propio fin, a un extremo que desgasta y conduce a la política a su propia enajenación: control absoluto de la vida social, invasión de la esfera íntima de las personas, totalitarismo de la comunicación, y estrategias de defensa y agresión en todos los niveles. Ejemplos de esto tenemos por montones. Un político contestando hasta lo ridículo de lo dicho en el espacio público a un ciudadano común y corriente; el terrorismo de estado so pretexto de una guerra justa en el Medio Oriente; los tratados de libre comercio que permiten el libre paso de las mercancías, pero no de las personas; las políticas migratorias en los países centrales que justifican su política racista con eufemismos como “indocumentados” o “ilegales”; o, las políticas económicas regresivas que eliminan sutilmente con tecnicismos y demagogia la explotación de la naturaleza.

Si retornamos al plan Marx-Lenin, creo que a la relación amigo-enemigo que está implícito en el pensamiento marxiano/leninista-, bajo el postulado de lucha de clases y acción política revolucionaria, este agrega una ventaja que no puede ser soslayada para impedir la neurosis política del mecanicismo schmittiano a riesgo de caer en una especie de filosofía de la historia que pudiera chocar con el materialismo histórico. La ventaja es la posibilidad de elegir el enemigo que entraña a todo proceso revolucionario de izquierda. Aquello apunta a una visión estratégica de la relación material amigo-enemigo que aparece como natural en Schmitt. Esto nos lleva a la necesidad de todo proceso de izquierda de saber elegir al enemigo, con el fin de no desgastarse y provocar la atrofia de lo político y, por tanto, la anulación de la política misma. Si es necesario sacrificar algo del materialismo del marxismo en pos de la consecución de un fin ulterior, aun cuando la dialéctica nos conduzca a otros resultados no esperados como lo preveía Adorno, saber elegir el enemigo es un costo tolerable que permite rechazar la política del suicidio y rescatar la utopía para las revoluciones de nuestros días.

Así, cuando de algunos sectores en nuestro país se antepone el denominado hipergaratismo al garantismo lo que se está reproduciendo es la díada amigo-enemigo que es propia de la política. Pero si entendemos el proceso que vivimos desde la Constitución de 2008, la idea es saber elegir estratégicamente al enemigo en el campo en el que debemos disputar la hegemonía al conservadurismo político y jurídico. Cuando en algunos eventos públicos Ramiro Ávila dice que el garantismo es un discurso de suma cero –hay o no hay garantismo, no hay hiper ni hipo-, lo que está afirmando es que la contradicción es innecesaria y que aquello deforma lo político, lo cual lleva a la disfunción de la política. Si lo vemos desde el mecanicismo de Schmitt, la negación del enemigo garantismo no es solo necesaria sino indispensable, sea con el amigo que sea (Estado de derecho, despolitización de los jueces, seguridad jurídica, etc… o hipergarantismo), para la supervivencia con sentido de la política, y para lo que queramos llamar transformación o revolución en América Latina, pues su propia lógica desbocada no la lleva ninguna parte.

Así, tenemos la coyuntura del artículo uno de la propuesta de enmienda constitucional, hoy en conocimiento de la Corte Constitucional, en la que se propone que en el artículo 88 de la Constitución se diga lo siguiente: “La ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida”. Si entendemos esta reforma constitucional desde la lógica infame del dispositivo ideológico “hipergarantismo” en los términos descritos en este trabajo, esta regulación se convertirá en un mandato concreto para la legislatura de restringir e incluso anular el sistema de garantías constitucionales. Razón suficiente para que la Corte Constitucional dictamine que esta reforma debe ser únicamente discutida en un proceso constituyente tal como lo establece la Constitución. Las otras opciones de reforma, enmienda o reforma parcial, serían el fracaso de lo político en la construcción de la política, por lo tanto, la clausura de la historia y la neurosis de nuestro proceso de transformación.

Pero si lo vemos como un proceso histórico que nos conduce indefectiblemente a una sociedad más justa mediante el proyecto político de la Constitución de 2008, de la cual las garantías son una herramienta importante para la liberación, ya no interesarían mucho las palabras del enemigo, pues nuestra lucha será en contra de las condiciones materiales que acumulan el capital en pocas manos, contra quienes se enriquecen bajo cualquier etiqueta política por la explotación de los débiles y para quienes la historia no ha reservado más que olvido, transición y miseria. Serán seguramente un vago recuerdo las palabras olvidadas de uno de los más grandes tiranos ecuatorianos: “la Constitución es una trampa que pusieron en mi camino, pero si tengo que escoger entre salvar a la nación o sacrificar la Constitución, no vacilaré en escoger al país” (Peter Henderson, Revista Ecuatoriana de Historia “Procesos”, II Semestre 2009, Quito, p.57.).

Luis Ávila Linzán es constitucionalista y profesor de posgrado.

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