Las reformas del estado y las reformas a la educación superior

Las reformas del estado y las reformas a la educación superior

agosto 23, 2014
in Category: Perspectivas
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Las reformas del estado y las reformas a la educación superior

Una de las consecuencias más funestas del modelo neoliberal, desplegado en los años 80 y 90 del siglo pasado, fue la fuerte erosión de los aparatos normativos del Estado, así como de los servicios sociales que de este emanaban. En países como los nuestros, por sus débiles procesos de formalización política a lo largo de su historia, esas consecuencias fueron mucho más marcadas y notorias que en estados fuertemente constituidos.

El Estado neoliberal desarticuló, en un corto período, una serie de regulaciones políticas que ordenaban la vida social y transfirió a manos privadas el control de sectores estratégicos para la reproducción de la sociedad, buscando supuestamente la dinamización y la eficientización de la economía y la política.

La implementación del modelo trajo consigo una precarización sostenida de las esferas más sensibles del orden social, como son: educación, salud, trabajo y vivienda. Precarización vinculada a los recortes presupuestarios y a la privatización de esas esferas. La erosión del Estado provocó, además, intensas manifestaciones populares ancladas en un descontento creciente de la población que pusieron en crisis el modelo y exigieron la expulsión inmediata de sus representantes políticos.

Estas movilizaciones demandaron una reformulación profunda de la arquitectónica política que se manifestó, en nuestro  caso, en el acenso al poder de dos outsiders apoyados por un heterogéneo demandante social, cuyo centro de confluencia fue justamente poner fin al modelo neoliberal y rearmar, desde lo poco que quedaba, un sustancioso y abarcante aparato estatal.

Esa búsqueda fue la que consolidó el gobierno de Alianza PAIS. Al inicio, en el momento constituyente, impulsado por un ambicioso y prometedor proceso de reorganización y ampliación del Estado; después, ya en la implementación, adecuando esas ambiciones a los requerimientos de la pragmática social, pero sobre todo política. La intención fue clara, la nueva constitución debía asegurar el control estatal sobre todas las esferas sensibles de la vida social: la economía, la política y la administración, en sus dos dimensiones pública y privada. El modelo a seguir fue un sui generis estado de bienestar keynesiano enriquecido con lo mejor del discurso emancipador europeo contemporáneo y con las propias exigencias de nuestras sociedades andinas.

Hay que reconocer que en estos seis años de implementación del mandato constitucional –a través de los planes nacionales- se han hecho importantes avances en la recuperación y ampliación del aparato estatal así como del control de este sobre las distintas esferas de la vida social. Empero, y quizá por tratar de hacer las cosas con celeridad, también por intentar responder a los intereses económicos y políticos (nacionales e internacionales), muchos de estos avances han tenido no pocas dificultades de implementación. En este pequeño artículo queremos mostrar esas dificultades en uno de sus ámbitos de influencia: la educación superior.

En esa esfera, a la cual queremos referirnos en específico, la implementación del neoliberalismo, se manifestó a través de una creciente flexibilización de las regulaciones que normaban los procesos educativos universitarios, pero también a través de la transferencia de gran parte de la educación superior a instituciones privadas. Los exiguos presupuestos que se entregaban a las instituciones públicas universitarias llevaron al deterioro creciente de las condiciones infraestructurales de estos centros, como también a la precarización de las exigencias y de las condiciones académicas que animaban la vida estudiantil en las universidades. En el ámbito privado, el proyecto neoliberal, se mostró con grotesca claridad en el surgimiento acelerado y creciente de centros universitarios que no cumplían con las mínimas condiciones para llevar adelante este tipo de estudios y, sobre todo, en los patéticos niveles de explotación del cuerpo docente.

Esas condiciones de altísima precariedad, exigieron que desde la Constitución de Montecristi se pusiera especial énfasis en revisar y mejorar la educación superior en el país. En los planes nacionales, así como en el Mandato 14 y en la Ley Orgánica de Educación Superior, se introducen nuevas regulaciones que intentan corregir y potenciar la educación superior en el país. Regulaciones que están vinculadas sobre todo a procesos de evaluación y acreditación de las universidades y las carreras que estas ofertan.

Si bien este mecanismo sirve, de algún modo, para monitorear cuantitativamente las condiciones administrativas, académicas e infraestructurales de los centros de educación superior del país -con la intención de proponer y propiciar cambios encaminados a su mejoramiento- no deja de ser cierto que esta buena intención se trunca por algunas dificultades que las queremos apuntar a continuación:

  • El modelo que se está implementando no parte de un estudio crítico de la universidad ecuatoriana, sino que se reduce a una recopilación de varias estrategias desplegadas por centros educativos norteamericanos y europeos.
  • Este modelo no considera para nada a la sociedad -la ecuatoriana- que soportará a la universidad que se pretende crear, sino que se lo impone sin tomar en cuenta las condiciones específicas de reproducción social que dota de sentido a cualquier institución que en ella exista.
  • Los parámetros de implementación presuponen un modelo de desarrollo ajeno, un modelo vinculado a proyecciones propias de sociedades altamente industrializadas y en muchos casos profundamente digitalizadas, sociedades, en mucho, distintas a las nuestras.
  • La implementación del nuevo modelo se lo hace a un tempo acelerado, lo que no permite una transformación adecuada de las viejas estructuras y menos un acoplamiento pertinente de las nuevas exigencias.

Estas, entre otras dificultades, provocan que el proceso de reformulación y mejoramiento de la educación superior corra el peligro de crear delicados desacoplamiento entre la universidad y la sociedad ecuatoriana. Nos explicamos: toda normativización formal nace de los requerimientos de una estructura social real, es decir, brota como expresiones formalizantes de las nuevas dinámicas sociales. Cuando se trata de imponer modelos alejados a esos requerimientos hay un alto riesgo de que se creen burbujas –desprendidas de lo social- que terminarán finalmente mostrando su carácter artificioso. Respecto a la educación superior, un par de ejemplos, la exigencia del número, de PhD y de publicaciones en revistas indexadas que se exigen a los centros y a los docentes de educación superior respectivamente, no se corresponde a la infraestructura social y los tempos académicos de nuestro país.

Las incongruencias que hemos tratado de mostrar tomando, a guisa de ejemplo, las reformas propuestas para la educación superior, es aplicable plenamente a las reformas que se lleva a cabo en las otras esferas de la vida social del Ecuador contemporáneo, a saber: las de salud, las  laborales, las de vivienda, las de justicia, etc.

El riesgo, como ya señalamos, es producir una superestructura formal que comience a operar desprendida y/o en oposición a las dinámicas de la sociedad real, reproduciendo una vez más procesos contradictorios propios de sociedades colonizadas.

El momento constituyente de Montecristi abrió la feliz posibilidad de volver a pensar la institucionalidad normativa del Estado ecuatoriano desde las exigencias de su sociedad. Al inicio, la elaboración de la nueva Carta Magna tuvo ese espíritu; empero, en un segundo momento, los funcionarios públicos, encargados de tal propósito, exacerbaron ese deseo y, desprendiéndose de los requerimientos reales, se pusieron como tarea inusitada establecer el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, por no permitirse conectar nuestra realidad con sus deseos, terminaron más bien afiliándose a modelos ya elaborados para otras sociedades e hipostasiando nuestro ser social a la aplicación de esos modelos.

Con lo ocurrido, se vuelve a incurrir en una de las constantes de los estados colonizados: la imposición de institucionalidades ajenas a las sociedades receptoras de las mismas, pero altamente funcionales en su relación con las metrópolis coloniales. Esta vez, con el agravante de intentar hacerlo “desde adentro”, es decir, como un proyecto que aparentemente trata de superar ese tipo de dependencia.

Los resultados no son visibles aún, sin embargo, es plausible pensar que nuevamente crearemos formas institucionales fácilmente instrumentalizables para las necesidades de reproducción de los centros hegemónicos y, lamentablemente, altamente nocivos para la reproducción orgánica de nuestras sociedades desde adentro.

Wladimir Sierra es sociólogo y docente universitario.

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