Estado de excepción sin excepción: seguridad pública en Ecuador

Estado de excepción sin excepción: seguridad pública en Ecuador

octubre 6, 2014
in Category: Análisis jurídico
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Estado de excepción sin excepción: seguridad pública en Ecuador

1. Un breve análisis de coyuntura.

Dentro de las enmiendas a la Constitución de la República preparadas por la mayoría de la Asamblea Nacional, se encuentra la propuesta que pretende transformar el artículo 158 que delimita las funciones de las agencias de seguridad del estado, redefiniendo e imbricando el rol de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Históricamente, la policía en Ecuador tiene la función de garantizar el mantenimiento del orden público interno; mientras que el ejército el resguardo de la soberanía territorial, es decir, la seguridad externa.

A pesar que oficialmente se ha reducido la tasa de homicidios, pasando de una media de muertes violentas por cien mil habitantes que desciende de 18,88 en 2008, 18,74 en 2009, 17,57 en 2010, 15,36 en 2011, 12,40 en 2012 hasta llegar 10,87 en 2013 (Ministerio Coordinador de Seguridad – Estadísticas CEASI, 2014), se insiste en posicionar sobre el debate nacional la ampliación de las agencias que van a participar en la estructura de la seguridad ciudadana mediante un nuevo texto constitucional que diga: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley” (cursivas fuera de texto).

Hipótesis a)

Esta iniciativa puede ser contradictoria. Por un lado (desde el éxito de la política), aparece nada menos en momentos donde el gobierno demuestra una intensa lucha contra la criminalidad al desarticular decenas de supuestas bandas delictivas, recapturar a prófugos de la justicia mediante programas de recompensas para su delación y condenar a miles de personas con la coordinación de la Función Judicial, llevándonos incluso al récord de la tasa de encarcelamiento más alto en la historia republicana. Así, mientras en 2009 hubo 10.881 personas privadas de la libertad, la cifra con que casi cerramos el año 2014, es de 26.821 (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, corte agosto de 2014), denotándose un incremento de alrededor del 150 por ciento, para lo cual se han construido tres grandes cárceles regionales con capacidad para más de 40.000 personas y con un costo de más de 60 millones de dólares cada una. A ello se suma una millonaria inversión para la implementación de un sistema nacional de video vigilancia (ECU 911) y la promulgación, el 10 de febrero de 2014, de un faraónico marco legal condensado en el denominado Código Orgánico Integral Penal (COIP). Desde este punto de vista, se mantendría la gubernamentalidad al demostrarse el poder y la eficiencia en la reducción –control– de la criminalidad violenta, así como en el pliegue del estado –autocontrol– a través de todos los dispositivos vinculados con la seguridad ciudadana (Foucault, 2007: 213).

Hipótesis b)

Por otra parte (desde el fracaso de la política), el aumento del gobierno de la penalidad se encuentra marcado por los acontecimientos que dimanaron del intento de golpe de estado del 30 de septiembre de 2010, cuyo escenario según voces oficiales se inició con un amotinamiento general de la policía y el secuestro más adelante del Presidente de la República. Si antes eran las Fuerzas Armadas las que derrocaban gobiernos democráticos, treinta y un años después de haber restituido el estado de derecho la Policía Nacional generó una coyuntura con similares efectos.

La corporativización de una cultura policial antigobierno quizá surgió cuando se expidió el decreto presidencial 305, el que creó el 3 de mayo de 2007 la Comisión de la Verdad con el propósito de investigar y esclarecer los hechos violentos y violatorios a los derechos humanos, especialmente, entre 1984 y 1988. De esta forma se dijo: “De los 460 presuntos responsables, el 49,6% corresponde a oficiales y miembros activos y pasivos de la Policía Nacional, el 28,3% a miembros activos y pasivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, el 10% son autoridades de gobierno, el 5,4% funcionarios judiciales y el 5,9% autoridades o agentes de estado extranjeros” (Informe Ejecutivo Comisión de la Verdad Ecuador, 2010: 402). Desde este punto de vista, la propuesta de yuxtaponer al ejército en las funciones de seguridad ciudadana sería una respuesta al resquebrajamiento de la confianza del ejecutivo hacia la policía, como un intento de generar una nueva institucionalización que no apuesta a la reforma sino a la agregación de otra agencia bélica.

12-25Posterior al 30 de septiembre de 2010, se iniciaron decenas de procesos penales contra los policías involucrados en estos hechos. Sin embargo, después de esta fecha la policía también ha visto incrementar aún más su presupuesto, modernizar su infraestructura tecnológica y aumentar su personal, en otras palabras: tener más poder. En un contexto donde esta entidad se encuentra fortalecida institucionalmente en su estructura y resultados, ¿qué sentido tiene asociar al ejército para el cumplimiento de las funciones policiales?, ¿la presencia militar es una apuesta por mejorar la seguridad ciudadana?, ¿se está reformando institucionalmente a la policía desde un actor exógeno?, ¿se pretende dar nuevos roles al ejército al involucrarlos en la seguridad integral? El presente artículo no pretende responder las interrogantes precedentes, ni menos corroborar cada una de sus hipótesis. Se trata de un simple ejercicio interpretativo que intenta explicar de forma descriptiva la asunción de la hipótesis a), es decir, comentar el significado jurídico-político de la militarización de la seguridad pública en aras de ampliar los dispositivos de control social punitivo como el campo más conflictivo dentro de la seguridad integral. Bajo esta interpretación usaré tres interrogantes inevitables: ¿La democracia es sinónimo de seguridad?, ¿cuál es el lugar de la política? y, finalmente, ¿puede ceder la ley ante el orden?

Al final, la conclusión solo pretende observar si la decisión de militarizar la seguridad ciudadana se enmarca dentro de un estado de excepción, claro está, sin la anormalidad que cualquier gobierno necesitaría decretar. De ser así, las conclusiones dirán qué significado tiene esta medida dentro de un escenario donde se redefiniría la democracia, la política y el derecho.

 2. La democracia como sinónimo de seguridad.

Si tuviésemos que emplear la clásica definición de democracia acuñada en el siglo V a. C., todas las decisiones estarían blindadas de una legitimidad total. La voz (demos) del pueblo (kratos) que Aristóteles aludía, significaba de modo fáctico que hoy en día tendríamos que concentrar a los 15´785.500 (INEC, 2013) de habitantes de este país dentro de un ágora o espacio físico para ponernos de acuerdo y tomar nuestras decisiones. Físicamente es imposible. Tampoco en la Grecia del siglo V a. C. se lo hacía, pues las decisiones de la cosa pública solo eran tomadas por los hombres ancianos más prominentes, descartándose a las mujeres, adolescentes y evidentemente a los esclavos. En consecuencia, quienes no participaban de la cosa pública eran los ídion, el origen etimológico de lo que actualmente en nuestro imaginario colectivo es el idiota (Sartori, 1998: 352-353). De la clásica definición de democracia, la semiología del pueblo se relativiza más que de una época o una sociedad a una significación utilitaria. El concepto de pueblo tiene diversas connotaciones en los filósofos griegos, medievales, de la ilustración y de la modernidad, tanto en manos del comunismo (Marx, Lenin y Gramsci) como del nazismo-fascismo y falangismo (Hitler, Mussolini y Franco). Incluso, en América Latina puede vincularse el maniqueo empleo que hicieron algunos líderes populistas como Perón (Argentina), Gaitán (Colombia), Haya de la Torre (Perú) y Velasco Ibarra (Ecuador), sin necesidad de actualizar el comentario.

Lejos del romanticismo que evoca su etimología, la clásica definición de democracia no es operativa. La democracia “de los antiguos” dista del debate que han conducido “los modernos” (Constant, 1998). La democracia de los modernos se expresa en escenarios de representación política y se interpreta en el ejercicio de una nueva construcción de ciudadanía que ha evolucionado desde lo civil en siglo XVIII a lo político del siglo XIX y social del siglo XX (Marshall, 2007: 22). No obstante, en pleno el auge de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Schumpeter siembra la definición que los defensores de la democracia liberal procedimental la sellarían como hegemónica, al sostener que cualquier estado es democrático siempre y cuando tenga elecciones libres, transparentes y periódicas.

12-26La democracia es un medio que permite la toma de decisiones a través de una lucha mediante el voto popular (Schumpeter, [1942] 1996: 358). De esta forma, se sustrae la definición de democracia a un método político que institucionaliza cada estado de acuerdo a sus leyes y no a un fin en sí mismo (Schumpeter, 1996: 324). A eso se reduce el entendido procedimental de la democracia; en otras palabras, a una competencia electoral para obtener el poder. Esta definición sirvió para fortalecer no solo al sistema electoral, sino al sistema de partidos que en resumidas cuentas supone la manifestación política de nuestros intereses.

A pesar de que una gran mayoría de politólogos ha adoptado la definición de democracia de Schumpeter por ser operativa, lo cierto es que también no evita ser romántica, por una parte; y, perversamente omisiva, por otra. De este modo, el eslogan de “elecciones libres transparentes y periódicas” a más de haber servido para oponerse al carnaval de gobiernos militares que hubo en nuestra América Latina así como en otras latitudes del planeta, no deja de silenciar crudas formas de violencia social que de por sí distorsionan los derechos humanos. En nuestra región existen estados que no tuvieron prolongados gobiernos militares, pero que en democracia han promovido hambre, miseria y corrupción, además de una cuenta gruesa y por goteo de detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas. Este silencio no ha sido abordado con seriedad por la teoría de la democracia, por el contrario, la tendencia ha maximizado la vertiente schumpeteriana en nuevas definiciones como la de poliarquía del recientemente desaparecido Robert Dahl (1971).

Si la democracia es una de las definiciones más polémicas y controvertidas de incluir en cualquier diccionario político, las posiciones más escépticas con su noción dominante convienen que se trata de momentos o espacios donde sobrevive cierta normalidad política, por ello prefieren las denominaciones de sociedades modernas no autoritarias (Dagnino, 2001: 59), o de pos dictaduras (Borón, 2007: 59).

La normalidad política podría surgir de “un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático” (Huntington, 2000: 26), es decir, como una ola de democratización. Así, Huntington identifica tres grandes olas (a) y contraolas (b) de democratización a saber (2000: 27-36): 1(a) La surgida de la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos Vs. 1(b) La que emanó de los gobiernos de masas que, adoptando un discurso democrático, envolvieron de trasfondo el autoritarismo, tal como ocurrió en Italia con la Marcha sobre Roma de Mussolini en 1922; 2(a) La surgida por coincidencia a inicios de la Segunda Guerra Mundial y que en América Latina llevó a la vuelta de la democracia a algunos estados como Argentina, Colombia, Perú y Venezuela a mediados de los años 40´s Vs. 2(b) La aparición de gobiernos autoritarios a fines de los años 50´s, concretamente de mano de gobiernos militares; y, 3(a) La que se constituye en la marea por retornar al estado de derecho a partir de los quince años posteriores al golpe de estado en Portugal de 1974, y que en el caso ecuatoriano trajo consigo el fin de las dictaduras y el retorno de los gobiernos civiles con el ascenso de Jame Roldós Aguilera en 1979.

12-27No obstante, una de las decisiones más relevantes que destaca Huntington en la tercera ola de democratización, es la que recae sobre los nuevos gobernantes al momento de juzgar las violaciones a los Derechos Humanos de sus antecesores (Huntington, 2000: 193). No se trata de evaluar si el antecesor cometió fraude electoral, sino de responder sobre las graves imputaciones penales que pueda tener su gobierno. En Ecuador, la Doctrina de Seguridad implementada en América Latina en la segunda contraola de democratización para combatir al comunismo –esto es alrededor de la década de los 60´s–, tuvo un rebrote estrepitoso entre 1984 y 1988, en pleno gobierno pos dictadura de León Febres-Cordero. Ningún gobierno posterior cuestionó decididamente este período por las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, fue en el primer período de Rafael Correa que se crea una comisión para investigar estos crímenes, cuyo informe colige un altísimo involucramiento –casi el 50%– de personal pasivo y activo de la agencia policial. Si una de las características que identifican los procesos de democratización es el enjuiciamiento por violación de derechos humanos de los regímenes autoritarios, se infiere entonces que la tercera ola comienza recién en Ecuador en el año 2006.

Con este antecedente, los problemas cívico-militares (policiales) se agudizan después de 2007 y no en 1979. La herencia irresoluta de la rendición de cuentas de las agencias de seguridad en el combate al comunismo pudo predeterminar la conducta securitaria del actual gobierno, al punto de poner en cuestión su agencia pero no su función. De hecho, la tercera contraola de democratización se simboliza oficialmente el 30 de septiembre de 2010, cuyo levantamiento puso en riesgo la naciente estabilidad democrática. No obstante, los antecedentes de los derrocamientos de los presidentes Abdalá Bucarán (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) imprimen similares características en la relación cívico-militar. Al final, fueron las agencias de seguridad las que decidieron como fuentes de autoridad, denotando que decisión –decisionismo político en realidad– es sinónimo de orden.

La ausencia o debilidad de los valores democráticos posicionan a la seguridad –como la forma operativa del orden– como el vector más importante para medir la democracia, en cuya función se desenvuelven las agencias de seguridad. Por ello, Samuel Huntington es partidario de un control civil objetivo (1995: 94-95), como aquel que exalta al máximo el profesionalismo de las agencias de seguridad el cual se desarrolla en el escenario del conflicto, es decir en el campo de la seguridad. Así, por ejemplo, las fuerzas de policía asumen su profesionalismo como más relevante que la construcción de ciudadanía atizada a través de la consideración de valores políticos y sociales; la adscripción a una cultura llana a la legalidad se refleja per se como un valor democrático (Frühling, 2009:156). De este modo, habría nada más que cambiar la matriz temática del escenario del conflicto, esto es de la Doctrina de Seguridad de los 60´s por la Seguridad Ciudadana del nuevo milenio. En resumen, si lo civiles –neófitos del profesionalismo militar-policial– comienzan a cuestionar sus funciones ponen en riesgo su autoridad. Desde este punto de vista, para la estabilidad democrática hay que dejar hacer a las agencias de seguridad lo que saben hacer, solo así se afirma simbólicamente la autoridad civil. Entonces las democratizaciones de nuestros estados no dejan de ser verdaderos procesos de transición de la relación cívico-militar, que para el caso ecuatoriano puede denominarse cívico-policial.

Poco a poco la seguridad ciudadana se constituye en el valor más importante con el que algunas corporaciones miden nuestras democracias. Así, la Corporación Latinobarómetro, con sede en Chile, muestra que el problema más importante que tienen las y los ecuatorianos es la delincuencia y la seguridad pública (32,8%), seguido de la desocupación y desempleo (22,5%) (Estudio Latinobarómetro, Ecuador-2011: 10). Aquello no hace más que traslapar el rol hobbesiano del estado al resto de las instituciones. Se asume que si el fin del estado es la seguridad por qué no el de la democracia, reduciendo bajo este tema hasta la propuesta en tiempos de campaña electoral. A pesar que la seguridad como fin del estado es abstracta –en ella comulga tanto la seguridad ciudadana como la ambiental, social o alimentaria–, el determinismo político de estos tiempos posiciona como sinónima solo a la seguridad ciudadana, exaltando para su defensa precisamente las funciones de policía. Por ende, las sociedades de transición no hacen más que develar la lucha entre el surgimiento del estado de derecho y el mantenimiento del estado de policía, en una dimensión donde democracia y seguridad son análogas para la Realpolitik.

3. El lugar de la política

Para distinguir el lugar de la política es preciso ubicar su concepto, lo cual tal vez nos conduzca a un ontologismo nada simpático para los Derechos Humanos y la justicia. Por ende, hay que diferenciar entre “la política” y “lo político”. La primera noción queda abstraída a la cuestión administrativa del gobierno, lo que en palabras de Nicolás de Maquiavelo sería “el arte de gobernar” o de David Hume “el buen gobierno”, es decir, el uso del poder asociado a los resultados. Mucho se dirá entonces que una forma de ejercer la política es el gobierno por resultados o la eficiencia asociada a la obra o servicio público. El gobierno que hable por sus obras develaría un buen manejo administrativo del estado. El buen gobernante es entonces el estadista que conoce y toma decisiones en términos económico-institucionales de la administración pública, caracterizándose por su alto nivel gerencial.

12-28Esta forma de percibir la política es análoga a la administración de la cosa pública, donde al igual que en las agencias de seguridad del estado la legalidad es el velo de la democracia. Las regularizaciones de la política, por ende, no son más que hechos administrativos generalmente delimitados por la ley. Las elecciones, el proceso legislativo de formación de la ley o la puesta en marcha de una política pública tienen su origen o habilitación –ficticia o no– en la norma; de ahí que el derecho comienza a presentar una de las manifestaciones más importantes a la vez que controvertidas: dominar a la política. El anhelo del constitucionalismo moderno pretende que el derecho contenga a la política, le brinde mayor certidumbre y, sobre todo, la codifique desde los derechos fundamentales sin necesidad de asfixiar el debate público. Si es el derecho el que regula a la política se evitaría también el gobierno de una minoría que sojuzgue a una mayoría en nombre de la democracia, devolviendo la confianza en la legalidad externa (instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos) como en la interna (constituciones democrático-nacionales), las que constantemente son presa de la esfera de lo decidible, es decir de instituciones de gobierno que por mayoría podrían suspender ciertos derechos fundamentales. De este modo, el camino hacia una democracia sustancial no es posible en un mundo donde ésta prescinda de los derechos, sino donde los derechos orienten a la democracia en el marco de instituciones de garantías y no de gobierno, esto es, donde existan verdaderos marcos de lo indecidible como controles que de forma constante le recuerden a la política qué es lo que no debe decidir (Ferrajoli, 1995: 864).

No obstante –y a pesar que me inscribo en la línea esbozada–, el pragma de la política no se encuentra en la regularización o conversión de las instituciones de gobierno por las de garantías, tampoco en la contención de las decisiones a partir de los derechos fundamentales –ambición de todo amante por la paz–. Si a la política la blindamos desde el derecho no estamos resolviendo su concepto, puesto que de otro modo los derechos también pueden ser una manifestación temporo-espacial de la política, de decir un resultado de su dialéctica. La contención del derecho a la política opera en el plano formal y no material, aunque a ello le denominemos democracia sustancial. Por el contrario, la esencia de la política se integra, lamentablemente, por un núcleo inmensurable por el derecho. Su génesis es comparable a la de una bestia incontrolable y similar a la de la guerra dentro del terrible diagnóstico que Carl Von Clausewitz hiciera con su afamada frase que “La guerra es la prolongación de la política por otros medios”, y en donde define a la guerra como “(…) un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” (Vom Kriege III, 2002: 7).

El lugar de la política está en su concepto, es decir en “lo político”, aquello que polémicamente fuera descrito por Carl Schmitt en 1932 en su obra “El concepto de lo político” (Der Begriff des Politischen). El jurista del nazismo sembró una tarea compleja para cualquier debate político-constitucional ulterior sobre el papel del estado, al considerar que no es este el que se integra a la sociedad sino la sociedad la que cada vez va a ser integrada al estado (Schmitt, 2002: 55). De esta forma, en la construcción del estado –que absorbe a la sociedad– se reconoce el concepto de lo político que, a diferencia del código binario de la estética (bello/feo) o de la economía (ganar/perder), encuentra su núcleo en la distinción amigo/enemigo (Schmitt, 2002: 56-58). Sin necesidad de cargar de adjetivos, el enemigo es el opositor, el otro. Lo político entonces reflejaría una constante lucha, un marcado campo de fuerzas dentro del eterno juego por obtener y mantener el poder.

Esta conceptualización ha caído como balde de agua fría en el debate jurídico-penal. Por una parte, desde la crítica criminológica, el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene que la creación política de un enemigo conduce al estado moderno hacia una “tendencia paranoide” para consolidar su poder absoluto, erigiendo así un “estado loco” que cree que todos los males provienen del enemigo, quien al final es a quien el político lo selecciona como tal (Zaffaroni, 2010: 46-50).

Por otra parte, desde una posición jurídico dogmática –claro está, con “beneficio de inventario”–, el profesor Günther Jakobs admite que la forma de persona es una identidad jurídica y no natural (Luhmann, 1998: 231-244; Jakobs, 1998: 35-38), la cual solo queda incólume si el sujeto no perturba el orden. De lo contrario, si este abandona incluso su rol como delincuente civil –considerado aún como persona– cualquier proceso que procure la imposición de una pena con el objeto de confirmar la vigencia de la norma cede ante la administración de seguridad, colocando al sujeto en estado de despersonalización, es decir de no-persona o enemigo (Jakobs, 2006: 52-60). Aunque suene delirante, esta última posición ha servido de fuente para legitimar la tortura no solo contra terroristas –enemigos según Jakobs y muchos filósofos como Pufendorf y Wolff–, sino también como amenaza frente a quienes se ha sospechado el rapto de personas –delincuentes civiles–, “debate” acentuado en Alemania a raíz del secuestro del hijo de un banquero en 2002 (Roxin, 2005).

Al igual que Jakobs relativiza al enemigo del delincuente civil, Carl Schmitt relativiza la distinción del enemigo entre el hostis y el inmicus. La idea del hostis según Schmitt proviene de lo público, mientras que el inmicus de lo privado. Solo en este último ámbito es que se pone de relieve el odio frente al otro, al cabo que con el hostis no haría falta (Schmitt, 2002: 59). De cualquier manera, la idea de que detrás del enemigo se trata también de un hostis relaciona al concepto de lo político con la lucha militar, es decir con la guerra en el sentido expresado por Clausewitz y que a su vez extrapola per se a dos bandos.

El estado asume la condición de lo político en cuanto a oposición o antagonismo, lo cual despierta también las destrezas del sujeto político. De este modo, la distinción amigo/enemigo adquiere identidad política dentro de la lacaniana significación que el recientemente desaparecido Ernesto Laclau le da al antagonismo, y que adquiere representación óntica solo si el sujeto es capaz de asimilarla como tal (Laclau, 2012: 24-32). En otras palabras, no hay antagonismo si por ejemplo los obreros no asimilan políticamente su conciencia de clase frente al otro, es decir, al patrón. Con ello se genera una disrupción dentro del materialismo histórico, pues el sujeto político del marxismo solo surge en el escenario de la lucha de clases y no necesariamente en los estadios socioeconómicos o modos de producción de la humanidad (Marx y Engels, (1848]1999: 4). En la identidad existe la lucha, esencia de la contradicción política según Mao Tsetung. Sin embargo, esta contradicción admite a la vez cierta interconexión o coexistencia, lo que permite la transformación del uno en el otro a manera de unidad y lucha de contrarios, negando por ende su independencia. Así: “Sin vida no habría muerte; sin muerte tampoco habría vida. Sin arriba no habría abajo; sin abajo no habría arriba. Sin desgracia no habría felicidad; sin felicidad tampoco habría desgracia. Sin burguesía no habría proletariado; sin proletariado tampoco habría burguesía” (Mao Tsetung, 1976: 122).

Por algunos caminos se puede llegar al mismo binarismo que llevó a Carl Schmitt a describir el concepto de lo político en la diferencia amigo/enemigo. Aquella distinción realista podría tener un origen teológico. Esta atrevida disquisición se inicia con una breve explicación etimológica que se hace de la palabra religión (religio), fuente de las mayores inexactitudes universales. Hegemónicamente se ha creído que religión proviene de religare, esto es de la unión de lo divino con lo humano; por el contrario, el significado originario se encuentra en el vocablo relegare, que representa lo adverso al significar lo que mantiene separado a lo divino de lo humano (Agamben, 2005: 99). Por ende, etimológicamente la religión no es sinónimo de comunión sino de separación, como la distancia que lo humano no debe profanar de lo divino. El fundamento de toda religión es entonces la lucha entre “el bien” y “el mal”, algo que también podría asociarse como la diferencia de los contrarios amigo/enemigo. Así por ejemplo, en hebreo “satán” significa precisamente “enemigo”, la entidad que debe combatirse. El mal es redimido con el bien a través de un proceso de expiación carnal y espiritual. Sin duda, los campos del bien/mal se introyectan también en el concepto de lo político como una forma de luchar contra el otro.

12-29Lamentablemente, los campos (bien/mal) de la religión no pueden replantearse porque son también el concepto de cada una de ellas. Eliminar al bien y mal como matriz del fundamento de las religiones no solo evitaría su promesa de redención, sino que las dejaría sin dogma. Así, si lo político comparte umbilicalmente el mismo núcleo de la religión con otras palabras, entonces cualquier proceso de secularización entre la iglesia y el estado aún está en ciernes. De esta forma –y parafraseando a Clausewitz–, la política no sería nada más que la continuación de la religión por otros medios.

La distinción amigo/enemigo convoca los más afinados argumentos como crítica. Cierto es que cualquier adherencia a su entendido como concepto de lo político legitimaría un estado con poderes inimaginables para destruir al enemigo. No obstante, de no reconocerse que esta teoría se encuentra en el entramado social equivaldría a ponerse de espaldas ante un toro. Incluso, hasta podríamos usarla en nuestro favor, pues como dice Umberto Eco: “Tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo” (Eco, 2013: 14-15). El lugar de la política está ahí, no lo inventamos.

La historia del Ecuador ejemplifica el uso del concepto de lo político, pues basta con recordar algunos pasajes de nuestra política para demostrar que la distinción amigo/enemigo se halla en los discursos populistas más representativos. Uno de ellos es el creado por el expresidente Abdala Bucaram, quien posicionó el eslogan “la fuerza de los pobres” para atacar precisamente a “los pelucones”, adjetivo con el que definió a las oligarquías y el que más adelante es empleado por el presidente Rafael Correa. Bucaram también hizo clásica la frase “Votar por mí es como rayar un Mercedes Benz” (Aibar, 2007: 19), denotando al mejor estilo marxista el odio de clase hacia los grupos de poder.

Por su parte, Rafael Correa ha ido reinventando discursivamente al enemigo. De forma continua posiciona como el otro “al mercado”, “el neoliberalismo”, “la larga noche neoliberal”, “la élites”, “las fuerzas de derecha”, “los banqueros”, “la prensa corrupta”, “la miseria” entre muchos otros. También hizo responsable del intento de golpe de estado del 30 de septiembre de 2010 al ex presidente Lucio Gutiérrez; sin embargo, en los últimos años se ha colocado como el otro a la oposición ambientalista, indigenista y generalmente de izquierda al decir que ahora el adversario está en la restauración conservadora: “Compatriotas, compañeros de lucha: Se vienen tiempos duros, hay una Restauración Conservadora en marcha, con la complicidad de la supuesta izquierda radical, realmente aún más conservadora. La responsabilidad de defender este proceso no es solo del Gobierno, es de todos los ciudadanos y ciudadanas. No podemos permitir que las oligarquías blancas, mestizas o indígenas, perdedoras en las urnas, en base a su poder mediático, económico y supuestos derechos ancestrales, pretendan imponerse a las grandes mayorías. Somos más, somos muchos más. Más unidos que nunca, compañeros. ¡Resistiremos y venceremos!” (Rafael Correa, Informe a la Nación 2014, Parte II: 14).

A pesar de que después del 30 de septiembre de 2010 se pudo colocar como enemigo a las agencias de seguridad del estado –legitimando posiblemente un gran proceso de reforma institucional– por haber sido el otro, el gobierno no ha señalado como responsables políticos a ningún miembro de la policía y del ejército, con independencia de los procesos penales en curso que mantienen algunos de ellos. Hacerlo habría exacerbado su antagonismo y dividido al estado al agudizar una peligrosa contradicción con los aparatos de seguridad, en cuyo desenlace no habría lugar para una prognosis civilizatoria y democrática. Por el contrario, después del 30 de septiembre de 2010 se ha fortalecido su capacidad institucional, las que ahora se cohesionan alrededor de un enemigo común: el delincuente.

4. La ley y el orden

A fines de la década de los 60´s, la candidatura de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos prometió como lema principal de su campaña la “ley y el orden”. Este eslogan lejos de ser maniqueo en lo discursivo, simboliza una de las tensiones más emblemáticas en el derecho. Aunque hoy en día el constitucionalismo moderno ha separado la interpretación del derecho –los principios jurídicos– de la noción kelseniana de la ley –las reglas jurídicas– (Dworkin, 2002), la filosofía política los toma como sinónimos. Surge así una de las interrogantes más problemáticas para los saberes jurídicos: ¿puede vivir una sociedad sin ley? Desde El Leviatán de Thomas Hobbes hasta El contrato social de Jean-Jacques Rousseau se ha sostenido que la soberanía es medida por la capacidad del derecho para imponer la paz. La ley o las reglas del derecho sirven a su vez para conducir las relaciones de poder en su misión de producir discursos de verdad dentro del triángulo que Michel Foucault describió como poder-derecho-verdad (Foucault, 2000: 33-47).

Los saberes jurídicos han generado diversas nociones para definir al derecho como un conjunto de reglas que orientan la convivencia social. La posición más positivista que encontramos en los códigos civiles de nuestras repúblicas encripta la definición de la ley como una expresión de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe o permite (Art. 1 Código Civil). Abundan desde el derecho las retóricas que decoran a usanza de la justicia la definición de la ley. Sin embargo, la ley es un artificio, una invención semántica del legislador de turno que provee al estado de un discurso para leer problemas o conflictos sociales. La ley es nada más que una envoltura que evita a toda costa la autodestrucción de la sociedad, es decir, la vuelta al estado de naturaleza. Bajo esta impresión, la ley es una forma o representación que optimiza la función que emana de su contenido esencial: el orden. De ahí que la respuesta a si una sociedad puede vivir sin ley sería negativa, pues la ley es una forma del orden y sin orden no puede vivir la sociedad.

La función de toda ley es precautelar el orden. Aquello despierta en consecuencia otra interrogante: ¿se puede violar la ley para mantener el orden? La defensa del estado de derecho diría que no, que la ley como sinónimo de Derechos Humanos jamás podría violarse o suspenderse para garantizar el orden. No obstante, el mismo derecho ha reconocido jurídica y políticamente una forma que brindaría una salida positiva a la interrogante, como una manera de tolerar a ojos cerrados que sí es posible violar la ley. Se trata del estado de excepción: “una especie de situación ajurídica, en la que el ejecutivo –es decir, la autoridad militar interventora– puede proceder sin tener en cuenta barreras legales, conforme lo exija la situación de las cosas, en interés de la represión del adversario” (Schmitt, 2003: 223). El estado de excepción es una situación intermedia (caso límite) entre la guerra y la paz que tuvo una primera forma jurídica en el denominado estado de sitio definido así por los revolucionarios franceses, pues como decía Marx: “Los antepasados de los ´republicanos honestos´ habían hecho dar a su símbolo, la bandera tricolor, la vuelta por Europa. Ellos, a su vez, hicieron también un invento que se abrió por sí mismo paso por todo el continente, pero retornado a Francia con amor siempre renovado, hasta que acabó adquiriendo carta de ciudadanía en la mitad de sus departamentos: el estado de sitio ¡Magnífico invento, aplicado periódicamente en cada una de las crisis sucesivas en el curso de la revolución francesa!” (Marx, 1971: 36-37).

Desde un abordaje schmittiano, por sus raíces en el arte militar de la guerra el estado de excepción perfeccionaría las destrezas del político al tener un espacio para la aniquilación del enemigo. En este sentido: “La excepción es más interesante que el caso normal. Lo normal nada prueba, la excepción todo, no solo confirma la regla, sino que ésta viene de aquella” (Schmitt, 2001: 22). El estado de excepción tendría como punto de partida una situación de anormalidad o desorden (excepción), es decir, una perturbación que atentaría –en términos actuales– al normal desenvolvimiento de las instituciones públicas, pero cuyo origen se alojaba no solo en casos de invasiones enemigas sino también en revueltas internas. Así fue al menos concebido en Francia desde la jurisdicción prebostal que otorgaba poderes a la gendarmería militarizada frente a los atracos, saqueos o motines; además, en Inglaterra se brindó a la corona similares prerrogativas para proclamar la martial law en tiempos de Ana y Jorge I (Schmitt, 2003: 222).

Así mismo, desde la República Romana hasta el siglo XIX, el significado de dictadura se ha mantenido invariable (Schmitt, 2003: 33). Por ello, según Schmitt los casos o situaciones límites dan la pauta a dos tipos de dictaduras: la comisarial y la soberana –que en palabras de Walter Benjamin correspondería a la instauración de una violencia conservadora de derecho, por una parte, y fundadora de derecho, por otra (1991: 30-40)–. La dictadura comisarial supone la aplicación de un régimen de excepción para mantener el status quo –en términos coloquiales sería como imponer mano dura para arreglar internamente la casa– basada en una investidura legal que refleja la real imposibilidad del legislador para preverlo todo, delegando o encargando la commissio a la autoridad estatal (Schmitt, 2003: 74). Por su parte, la dictadura soberana supone el establecimiento de un nuevo orden político –algo parecido a la revolución– fundada en la creación del pouvoir constituant de un estado de cosas distinto (Schmitt, 2003: 183). Si la dictadura comisarial busca defender extraordinariamente la constitución, la dictadura soberana pretende un nuevo orden a partir del desconocimiento de la constitución en estado de excepción.

La crítica más actualizada sobre el estado de excepción viene de la mano de Giorgio Agamben, para quien: “El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables al sistema político” (Agamben, 2005: 25). Se trata de un vacío donde no se puede definir a la democracia del absolutismo, pues si bien se intenta justificar la defensa de la constitución a partir del orden se corre el grave riesgo también de destruirla (Agamben, 2005: 34). El origen de esta grieta que abren nuestros sistemas democráticos hacia la dictadura se encuentra en la indefinición del orden, es decir del estado de anormalidad que la estimula. Por ahí se genera un peligroso reenvío de su significado a cualquier situación que emerge de la seguridad pública. Un ejemplo de ello se encuentra en la invocación del artículo 48 de la Constitución de Weimar que hiciera el III Reich (die öffentliche Sicherheit und Ordnung), donde en nombre de la seguridad pública se otorgó poderes de guerra al presidente para lanzar a los militares a las calles a partir de cualquier definición de necesidad. La historia en adelante es más o menos conocida por todos.

12-30América Latina ha sido presa de esta aparente técnica normal de gobierno, lo que llevó a Colombia a inaugurar una nueva constitución política después de casi cien años de vigencia de la anterior. En este país, la tradición democrática se vio envuelta con la potestad presidencial de decretar estados de excepción, pues si bien Colombia no había tenido la presencia prolongada de gobiernos militares sus presidentes, en cambio, sentaron un uso del estado de excepción de forma permanente (García Villegas, 2004: 317). Hasta el día de hoy, no es fácil comprender la magnitud del daño por la violación de los Derechos Humanos en nombre de la lucha antiterrorista o seguridad. Por esta razón, desde 1991 su Corte Constitucional ha sido reiterativa en contener al estado de excepción por medio de sus precedentes.

Fue evidente el abuso que algunos de los gobiernos posdictadura hicieron del estado de excepción en Ecuador. Mientras en el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) se decretaron siete estados de excepción, en un mismo período presidencial el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) decretó 17 (Dávalos, 2008:149). El drama colombiano y el despertar del abuso ecuatoriano, sin duda, tuvieron un influjo en la construcción del nuevo marco constitucional nacional de 2008. Desde entonces, el estado de excepción, cuya consecuencia fáctica más relevante es la militarización de la seguridad pública, se encuentra regulado dentro de los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución de la República; entre los artículos 119 y 125 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, entre los artículos 28 y 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Así, el artículo 28 de esta última ley define al estado de excepción como: “[…] la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración”.

A pesar de ser una institución de dudosa legitimidad democrática, el estado de excepción tiene un control político (Asamblea Nacional), un control constitucional (Corte Constitucional) y un control internacional (ONU y OEA), dentro de una duración que por prórroga no debería exceder los noventa días de vigencia. Además, la anormalidad o excepción se encuentra definida en las situaciones –más o menos reales y objetivas– de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. En suma, cualquier intento de movilización militar interna tiene formalmente una clara delimitación constitucional. Estado de sitio, ley marcial, estado de necesidad, estado de emergencia o estado de excepción son diversos nombres que en los hechos comparten casi de forma general un mismo patrón: el uso del recurso militar para afrontar una situación anormal de seguridad definida por el ejecutivo.

5. Conclusiones

La propuesta de usar el recurso militar en función de la seguridad ciudadana como la parte más compleja de la seguridad integral reescribe el papel de la democracia, la política y el derecho en Ecuador. La tercera ola podría verse amenazada al anteponer el rostro de la seguridad en el cuerpo de nuestra democracia, posicionando a las agencias de seguridad nuevamente como sus garantes. Sin control subjetivo y rendición de cuentas, cualquier motivo económico de colocar al servicio de la ciudadanía las competencias militares abre una dimensión paralela bajo el grave riesgo de perder la gobernabilidad civil, pues el último día de la carrera militar también es el primero de la política.

El combate a la delincuencia afianza más la delirante política de amigo/enemigo mediante claros patrones discriminatorios. Aquello se agudizaría con la inclusión (des)profesionalizada del ejército al trasladar la neutralización externa de la guerra a los esquemas de la seguridad ciudadana, convirtiéndose en una fuerza de ocupación interna. Nada más parecido a un estado de excepción, solo que esta vez la anormalidad está negada por la exitosa expansión del aparato policial. Así, la propuesta no solo que burla el control constitucional de los estados de excepción, sino que inaugura la dictadura comisarial en nuestra democracia.

Jorge Vicente Paladines es profesor de Criminología Crítica (UASB) y Teoría Política (Uniandes)

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