Justicia y seguridad: significantes que entran en conflicto

octubre 6, 2014
in Category: Perspectivas
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Justicia y seguridad: significantes que entran en conflicto

La seguridad no es sinónimo de cárcel y la cárcel no es sinónimo de justicia. Aunque parezca un simple juego de palabras, las concepciones y, sobre todo, las acciones que se llevan a cabo en su nombre, afectan profundamente la condición humana. La seguridad tiene una etimología hermanada con la confianza, proviene del latín securitas y aunque la literalidad de la traducción sea simplemente “seguridad”, el término ha adquirido una polisemia que exige algunas precisiones.

Los diccionarios indican que seguridad no es otra cosa que ausencia de riesgo, confianza y, por qué no, un cierto grado de despreocupación en las cotidianas actividades humanas. Desde esta originaria idea de seguridad se puede olfatear algo fundamental: no existe riesgo entre pares, entre iguales, entre los miembros de una comunidad. Los problemas –en apariencia- surgen ante la “otredad”, ese personaje distinto a “nosotros” que pone en riesgo la paz del grupo. Ese “otro” se convierte así en el depositario de los problemas, en el problema mismo.

No importa que las estadísticas señalen lo contrario. Por ejemplo, que los delitos de violación sean cometidos principalmente por personas cercanas al círculo familiar. El “otro” tiene rostro y sus rasgos son fácilmente identificables en el origen étnico, en el color de la piel, en su origen socioeconómico, en las fisonomías del despojo y de la exclusión, es decir, en la diferencia. Tampoco importa que las más grandes tragedias humanas -las guerras, por ejemplo, el ícono de la inseguridad- sean promovidas siempre por las élites, es decir, por aquellos a quienes llamamos “nosotros” y con cuyos símbolos generalmente nos gusta identificarnos. No hay mayor inseguridad que una guerra, pero en la medida en que se legitima en el “nosotros”, muchas veces inventándonos un “otro” -en suma construyéndonos un enemigo, como diría Umberto Eco en uno de sus ensayos-, allí depositamos toda la carga simbólica de la culpa por todos nuestros males.

En otras palabras, la seguridad –más allá de su etimología- es un concepto social construido, edificado, estructurado y diseñado en contextos sociales concretos, con unos propósitos específicos. Por esta razón, son los estados –en otros momentos fue la Iglesia- los que tienen la posibilidad y la factibilidad de construir sentidos alrededor de la seguridad, que desde el retorno a la democracia en algunos de nuestros países, se ha convertido en piedra angular de sus agendas políticas. La seguridad en la Colonia estaba asociada a la religión y por lo tanto el alma más que el cuerpo corría serios riesgos. Por ello, fue tan necesario elaborar un entramado de seguridad teologal que garantizara el acceso a los cielos y la paz de los espíritus. Nada se decía de las mitas y obrajes donde morían cientos y miles de indígenas con la señal de la cruz o en las cruentas represiones para apaciguar las rebeliones de los indios.

En la República, el concepto de seguridad se hizo al andar y sus primeros contenidos estuvieron manchados con la sangre de los rebeldes, especialmente, indígenas. Citemos un ejemplo, el de Fernando Daquilema, extraordinario líder que llegó a dirigir un levantamiento con más de 10 mil indígenas armados con palos y piedras, para luchar en contra de los “diezmeros”, personajes siniestros que entre 1870 y 1871 cometían todo tipo de atrocidades en el cobro del “diezmo”, bajo el gobierno conservador de García Moreno.

Daquilema fue proclamado “Ñucanchi Jatun Apu” o Nuestro Gran Señor y liberó varias comunas bajo este nuevo liderazgo, llegando a construir una plataforma de gobierno donde pudieran convivir mestizos e indígenas en iguales condiciones. Por supuesto, el gobierno garciano reprimió cruenta y despiadadamente la rebelión y ejecutó sin juicio previo a varios líderes indígenas. Para evitar mayor derramamiento de sangre india, Daquilema se hizo arrestar y posteriormente fue sentenciado al fusilamiento, en medio de un juicio escandaloso, donde incluso un testigo iletrado firmó por él.

En el ejemplo descrito a modo de ilustración, el significante seguridad estuvo atado a un significado concreto: el sofocamiento de las rebeliones indígenas, que atentaban contra el orden establecido, un orden hacendatario despiadadamente injusto. En síntesis, los indios construidos en el discurso de la dominación, como la “otredad”, lo no civilizado y la fuente de “in-seguridad”. En esa misma línea serían etiquetados posteriormente otros grupos y movimientos, como las “montoneras alfaristas”, los trabajadores en su momento, los estudiantes, las feministas, los jóvenes “rockeros”, los homosexuales, los grupos pro legalización del aborto y de la marihuana, es decir, cualquier grupo que sale del canon.

En la actualidad, el “otro” ahora tiene ribetes xenófobos y es colombiano, cubano, africano, haitiano. Es la mujer que lleva droga en su estómago y que ha sido víctima del narcotráfico. Son los jóvenes migrantes extranjeros retenidos injustamente más allá del tiempo legal, sea en los aeropuertos internacionales o en otros lugares que más allá del eufemismo, no dejan de ser centros de detención. Si la seguridad tiene esta herranza o trayectoria histórica, es relativamente sencillo imaginar dónde se ubica la “otredad” que encarna las amenazas a la franciscana paz ciudadana de nuestras ciudades. Inclusive hay ciertos funcionarios que no tienen límites para enunciar ciertas expresiones que rayan en el racismo y en la discriminación.

¿Pero qué dice nuestra Constitución al respecto? El artículo 3, numeral 8, dispone que son deberes primordiales del Estado “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Seguridad integral es un concepto interesante cuyos contenidos se describen con mayor precisión en el Título VII, Régimen del Buen Vivir, sección undécima de Seguridad Humana, artículo 393: “el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

12-23Pero el concepto de seguridad humana alcanzó una amplia difusión una vez que fuera utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano en 1994. Allí cobra vigor esta nueva concepción de la seguridad humana como parte constitutiva del concepto mayor de desarrollo humano.

Es decir, “de un enfoque de seguridad centrado en la defensa de las fronteras e intereses del Estado –seguridad nacional-, se pasó a una nueva visión centrada en la seguridad de las personas. Desde este nuevo enfoque, denominado seguridad ciudadana, la protección de la vida, la integridad y las libertades de las y los ciudadanos se convierte en el deber más inmediato de los Estados” (PNUD, 2009). Este nuevo concepto de seguridad humana constituye un cambio de paradigma, porque se busca de manera consciente la superación de los atavismos culturales que tienen la sociedad y el Estado en torno al término, pensándolo ahora en el marco del buen vivir de todos los seres humanos. Esta diferencia conceptual debe ser insuflada a todos los funcionarios públicos, especialmente, a aquellos que se encargan de las tareas clásicas de seguridad y que tienden a ver a cualquier personaje que encarne “otredades”, con el calificativo de enemigo interno, un concepto fácil, oportunista y enormemente peligroso.

Justicia y seguridad: “Que nadie se baje de la camioneta”

La frase, conocida en la política ecuatoriana, es oportuna en el sentido de que la justicia está consagrada en la Constitución de Montecristi, bajo una concepción radicalmente distinta. El artículo uno señala que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”, lo cual significa que la justicia y los derechos están aún sobre la ley.

En palabras del penalista ecuatoriano, Jorge Paladines, “si tienes que elegir entre la justicia y el derecho, se tiene que elegir a la justicia”, puesto que “el mejor abogado no es el leguleyo que aprende de memoria las leyes de la república, los reglamentos o la letra colorada de la ley; el mejor abogado, en el mejor sentido del Derecho, es el que entiende los conflictos desde los principios, es decir, qué principio jurídico es el que está vulnerado”. El derecho a partir de los principios, no el derecho a partir de la concepción de la ley, continúa Paladines, en el sentido de que la columna vertebral de los abogados son los derechos fundamentales, independientemente de donde vengan.

Así como Paladines señala la senda para los abogados, lo mismo podemos señalar para los decisores de las políticas de justicia y seguridad: por sobre todo están los derechos de las personas, por sobre todo está la justicia y esa es la clave para cumplir con la Constitución. Quizá esto signifique un esfuerzo mayor para que superemos las nociones caducas y muchas veces cavernarias de la justicia y la seguridad, un cóctel de difícil digestión y una política impresentable en el concierto internacional.

Marlo Brito es investigador de temas de la cultura

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