Participación social en la seguridad interna y externa de la ciudadanía

Participación social en la seguridad interna y externa de la ciudadanía

octubre 6, 2014
in Category: Perspectivas
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Participación social en la seguridad interna y externa de la ciudadanía

El ingreso a un sistema democrático en el Ecuador avizoró una promesa de justicia social junto a una oferta de rectificación a las arbitrariedades de las instituciones que se erigían como las únicas administradoras de la cosa pública. Una expresión del paso que daba el sistema era constituir al estado con la representación de la sociedad civil, para que desde esa novísima institucionalidad no solo se edificará la democracia electoral y representativa sino que se advirtiera del trabajo más importante para la permanencia de este logro social que estaba en manos de políticos nuevos.

En esta tarea se debían cimentar y delimitar las responsabilidades de las instituciones llamadas a proteger a la ciudadanía (seguridad interna) y las otras al territorio nacional (seguridad externa). Acciones impostergables que se evidenciaban como una consecuente expresión a la lucha popular y un resarcimiento a los innumerables hechos de violencia a los que fueron sometidos los habitantes de aquellas épocas que debieron asistir a políticas represivas que se justificaban con la lucha por la seguridad o la necesidad de encaminarse al desarrollo, incluso, en desmedro de algunos derechos de las personas, pero siempre pensando en la sola protección de la propiedad y la garantía que debía brindar el país a toda inversión o forma de acumulación material.

Las acciones que emprendían para el establecimiento del sistema democrático incidieron, también, en que se hiciera poco por algunos grupos poblacionales, fundamentalmente, los que moraban en los sectores rurales, deviniendo de aquello el nacimiento de un modo de autogobiernos comunitarios en los que no solo se pretendían organizar a la sociedad civil para exigir la atención y la inserción en la representación política, sino que también se generaban potencialmente agrupaciones que permitían atender sus demandas de control para evitar el aparecimiento del abigeato en sus territorios.

Es así como surgen las autodenominadas juntas de defensa del campesinado, que a la larga tuvieron la urgencia de asociarse entre ellas para plantear mecanismos de cooperación que permitieran tener mayor efectividad en sus cometidos. Se constituyeron grandes organizaciones que en su interior tuvieron a militantes, con algún nivel de formación, en actividades de seguridad contituyéndose en referentes, incluso, para solucionar problemas entre las personas, ya no con el afán disuasivo, por el contrario, se convirtieron en agentes represivos. Lo lamentable de estas prácticas fue que se las efectuaban en las territorialidades en las que el nivel de desarrollo humano era el más bajo el país, la población no contaba con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica, la infraestructura básica era casi inexistente, la red vial no permitía una fluida circulación de las personas y los productos para su comercialización; en términos educativos, eran zonas rezagadas en comparación con sectores urbanos.

Esto permitía palpar que existía una evidente exclusión, mayor aún a las existentes en los cinturones urbano – marginales que se iban conformando por la migración de estas mismas poblaciones rurales que tomaron la decisión de acercarse a las grandes urbes en búsqueda de acceder a servicios que en sus propios terruños no tenían. Estos procesos de asentamientos irregulares dificultaron que los gobiernos locales pudieran planificar sus intervenciones para la prestación de sus obligaciones, derivando esto en la consolidación de lugares altamente vulnerables en los que únicamente se perseguía la sobrevivencia y en alguna medida lo único que obtuvieron fue un traslado y agravamiento de los problemas que tenían en la ruralidad.

En su defecto, las grandes urbes que caminaban hacía la implementación de programas de desarrollo local observaban la necesidad de constituir, en su seno, grupos de policía municipales que les permitieran organizar al comercio ambulante y el cobro de los tributos para que los campesinos pudieran acceder a los centros de comercialización de sus productos. Era normal observar que varios mercados contaban con espacios determinados para embodegar los productos que fueron incautados y otros muy semejantes a celdas en las que se encarcelaba a los campesinos hasta que alguien se acercara a cancelar la multa que se le había impuesto.

Así se constituía el nuevo “estado democrático” con una competencia de todos por aportar a la seguridad ciudadana, cada uno desde su óptica, y autoconvencidos que su doctrina, forma de actuar y responsabilidad con la sociedad eran las correctas. Se podría decir que todos desde su concepción se encontraban cumpliendo el rol que la sociedad demandaba.

A pesar de que sus procedimientos, acciones y territorialidad eran distintos, sus prácticas fueron muy semejantes y se mostraban partidarios de un fin: la privación de la libertad de la persona que para su juicio se había alejado de la legalidad, buen comportamiento, normas de desarrollo urbanístico, buena vecindad, es decir, de todo lo que a su juicio riñiera con la sociedad.

Peligrosamente se caminaba por senderos en los que la violencia se trataba con más violencia y para que la sociedad ratificará estas acciones a través de los medios de comunicación se persuadía de su necesidad para obtener el aplauso de la colectividad. Es entonces que los tratamientos de seguridad pasaron a ser parte de los discursos políticos considerándolos como una atractiva herramienta para captar votos.

En aquel entendido de seguridad ciudadana, la justicia era un actor secundario, no cumplía un papel de garantista sino, por el contrario, era la instancia que posteriormente a lo actuado por los prestadores de servicio de seguridad formalizaban esas actuaciones y lo hacían con las demoras características de un sistema burocrático inhumano.

12-15El abandono sufrido por estos habitantes también se reproducía en los centros de privación de libertad, en los que se seguía reproduciendo la insipiente atención del estado. Se podía observar que en estos lugares no existían servicios básicos; la alimentación a más de ser escasa y de mala calidad se obtenía luego de tortuosos vejámenes; las celdas hacinadas de forma alarmante, entre otras características que denigraban al ser humano. Lo realmente trágico es que existía una grosera similitud a sus formas de vivir en el sector rural o urbano marginal, porque son precisamente estos segmentos poblacionales los que se encuentran en estas instalaciones.

Los procesos sociales que se dieron dentro del sistema democrático, permitieron que se desarrollaran varias constituciones con el común denominador de la progresividad en derechos. En ese transcurrir de hechos políticos se ubica a las personas como sujetos de derechos y al estado como garante de ellos. La justicia en alguna medida toma el papel de administrar justicia y se crean instituciones que velan por el cumplimiento efectivo de procesos en los que el estado debe ser el responsable de probar la acusación que se efectúa en contra de una persona, para de esta forma evitar el cometimiento de excesos durante el proceso judicial.

Pero todo esto no bastó para inaugurar una sociedad que excluyera de su pensamiento a la prisión como el único mecanismo de resarcir el cometimiento de alguna acción antijurídica. En su lugar, concurrieron las agencias de seguridad, algunos políticos y los medios de comunicación para exacerbar el sentimiento de inseguridad fundamentalmente en los delitos pequeños y de tenencia de drogas, incluso, para consumo, para de una manera dejar de lado a los delitos de los poderosos.

Esta presión dañina puede dar paso a que el uso irreflexivo de la prisión –preventiva y definitiva– para atender la seguridad ciudadana, conduzca al colapso de las cárceles que se alejarán de una política de reinserción social, con la consiguiente germinación de personas en búsqueda de venganza con la sociedad, para el momento de su liberación.

Las instituciones de seguridad y justicia deberán nuevamente buscar los mecanismos de seguir reteniéndolos aislados. Este círculo vicioso arrastra a las agencias de defensa de derechos humanos a un inminente desbordamiento de su capacidad operativa y de atención para los habitantes que ya están dentro del sistema penitenciario en conjunto con la gran cantidad de personas que ingresaran a este. Por estas razones es importante el monitoreo permanente de la carga laboral de las defensorías públicas y el estado de bienestar mínimo de las personas apresadas, y en caso de que se obtengan datos adversos es imperiosa la evaluación y revisión de los planes de seguridad incluyendo la exploración del uso de la prisión preventiva.

Las sociedades modernas están demostrando que la solución a los problemas de convivencia ya no pasan por el sometimiento a los sistemas penales. Es por ello que en poco tiempo deberá debatirse sería y científicamente el uso de la prisión preventiva, como una respuesta al requerimiento ciudadano de seguridad, ya que en los hechos supone un castigo anticipado y, además, con un costo muy elevado para el fisco. Hacer que la prisión preventiva sea efectivamente el último recurso es una decisión indispensable de justicia, pero para ello la población debe saber cómo van a funcionar las medidas alternativas y el sistema debe confiar en los individuos y en la sociedad organizada para que de esta forma puedan cumplirse todas las investigaciones y procesos judiciales que se encuentren sustanciándose. El objetivo final será contar con un sistema de justicia penal que funcione mejor y que proteja los derechos de todos los involucrados, para lo cual es indispensable tener un régimen de prisión preventiva más sensato y justo.

Por otro lado, las políticas referentes a seguridad deben tener su nido en la participación ciudadana promovida desde el Estado debiendo, primero, vigorizar y organizar a la sociedad civil para fortalecer sus espacios democráticos. Segundo: generar una convivencia de buena vecindad para así permitir que los aparatos estatales que coadyuvan en las políticas de seguridad ingresan a apoyar las decisiones que se deban tomar para la autoregulación y buenas relaciones interpersonales entre los moradores. Sería un craso error permitir que las instituciones que cumplen funciones de seguridad interna y externa sean las que promuevan la participación para la seguridad.

Las instituciones del estado en las que se incluyen al sector justicia, la policía y los centros de privación de libertad deben sufrir una orientación democrática de su actuación, para garantizar la inserción de los sectores populares en la dinámica de desarrollo de cada una de sus jurisdicciones territoriales. Esto permitirá que existan buenas relaciones entre la gente, sin que ello quiera decir que la institucionalidad sea la que defina como se deben desarrollar las relaciones interpersonales.

Joffre Mora es doctor en auditoría y abogado de los tribunales de justicia

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