Los espejismos entre la inseguridad y la seguridad jurídica

Los espejismos entre la inseguridad y la seguridad jurídica

octubre 7, 2014
in Category: Análisis jurídico
0 8910 0
Los espejismos entre la inseguridad y la seguridad jurídica

1. Del oscurantismo del derecho a la (in) seguridad jurídica.

El Derecho moderno fue construido, en el contexto del optimismo de la modernidad, sobre el ideal de la certeza de las instituciones políticas. Posiblemente, el Derecho fue el paradigma por excelencia de esta época. Esta característica del Derecho moderno fue un imperativo del liberalismo económico, puesto que, al mismo tiempo que consolidó la potestad de imperio del Estado–asegurando el orden político capitalista, impidió cualquier tipo de cuestionamiento a las estructuras de exclusión y dominación. La máxima del Derecho gira alrededor del principio de “seguridad jurídica” de todos los códigos civiles de pedigree romano-germánico: “La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna”. La Constitución de 2008, en su artículo 82, establece una retórica más amplia: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

Así, la vigencia material de las leyes en el derecho tradicional estuvo asegurada normativamente en el entendido de que la sola prohibición de ignorancia, lo cual se consideró era suficiente para garantizar el cumplimiento cabal de las leyes. Toda la realidad social se intentó positivar debido al vacío ocurrido con el advenimiento de la ilustración en el carácter sacro del derecho premoderno y la necesidad de certeza ante la existencia de formas jurídicas consuetudinarias contradictorias en el contexto del auge de la creación de los estados-nación (Cárcova, 2006: 31). Al mismo tiempo, fue emergiendo una cultura jurídica apolítica y totalmente neutra frente al vaciamiento político de la reflexión jurídica que se hizo evidente en la Europa de la segunda mitad del siglo XX, favorecida por ser el Derecho una “ciencia de escaza visibilidad”. Aquello permitió separar el conocimiento cotidiano y la cultura general del entendimiento de los no especializados en el contexto de la existencia natural, léase necesaria o espontánea del Estado-Estado persona- (Ferrajoli, 2010: 18-24), que surgió de los postulados de la escuela alemana de Derecho Público del siglo XIX. De acuerdo a esto, se concibió a la constitución como una manifestación de la personalidad del Estado y a los derechos como una concesión arbitraria de aquel (Benavides, 2012: 78 y 79). Todo esto permitió la hegemonía de la cultura civilista tanto en la práctica jurídica como en la burocracia estatal: “la enseñanza del Derecho romano como propedéutica a la del Derecho Civil, la del Derecho Civil como propedéutica al resto de las enseñanzas, y la del Derecho Público como doctrina general del Estado y culminación del conjunto” (Ferrajoli, 2010: 26).

En un plano más estructural todavía, esta hegemonía jurídica conservadora es el resultado de un proceso histórico de opresión desarrollado por la imposición violenta de un contrato social originario que reproduce por su propia naturaleza criterios de exclusión, pues deja fuera a la naturaleza, a los no nacionales a través del concepto de ciudadanía, y que actúa solo en una esfera reducida de lo público (Santos y García Villegas, 2001). Este orden de valores civilizatorios se funda sobre presupuestos metacontractuales: 1) el bien común y la voluntad general; 2) un sistema común de medidas que busca homogenizar las relaciones sociales (el dinero y las mercancías); y, 3) un espacio-tiempo nacional y estatal privilegiado, el concepto de nación en donde encuentran legitimidad todos los intereses, y la frecuencia de la actividad estatal. Estos presupuestos deberían producir cuatro bienes públicos fundamentales: legitimidad del poder gubernamental, bienestar económico y social, seguridad e identidad colectiva (Santos y García Villegas, 2001: 13).

12-7Los rasgos culturales que fundamentan este proyecto civilizatorio son cuatro: 1) secularización, por tanto emergencia del Estado y separación del poder de la Iglesia; 2) naturalización, que incluye la preocupación del funcionamiento real de la naturaleza y sus componentes; 3) el racionalismo, que supone la confianza total en la razón como herramienta del conocimiento para dominar la naturaleza, lo cual dará más poder a la burguesía en detrimento de la historia y la proyección universal de la lógica; y, 4) el individualismo, que permitirá revalorizar al ser humano en sí mismo y se facilitará la interiorización de las nuevas condiciones económicas del capitalismo (Peces-Barba, 1999: 119-133).

No obstante, por el desgaste de los supuestos modernos de este régimen y el devenir de una nueva geopolítica global luego de la caída del bloque soviético que llevó a la implementación de condiciones económicas abiertamente excluyentes, el Consenso de Washington al final del siglo XX entra en crisis. En consecuencia, sus presupuestos meta contractuales pierden legitimidad. La fragmentación de la sociedad ya no se identifica con el sistema de valores, el sistema de medidas deja de ser homogéneo y entra en un fenómeno de escala social donde no se puede identificar claramente a la víctima y al agresor; y, el espacio-tiempo nacional entra en contradicción con espacio-tiempo global y local, lo cual genera que el Estado (burocracia) no pueda responder a las exigencias sociales de manera efectiva (Santos y García Villegas, 2001: 26). Aquello provoca el asalto de variadas formas de fascismo social como un régimen hegemónico en sí mismo (Santos y García Villegas, 2001: 17).

El fascismo de apartheid social crea comunidades civilizadas (castillos neofeudales) frente a las salvajes (guetos sociales). Ejemplo de esto son la geopolítica elitista de las ciudades y las políticas de regeneración urbana en todas las ciudades de nuestro país. Luego, tenemos el fascismo del Estado paralelo, que permite que en determinados lugares opere su labor de seguridad y protección, y otros donde es depredador y ejerce violencia legitimada socialmente (Ejemplo: las cárceles y las zonas periféricas de las ciudades).

Posteriormente, tenemos el fascismo del Estado para-estatal, en el cual, actores más poderosos que el estado usurpan funciones estatales, y puede ser contractual o territorial. En el primer caso, se refiere al afán de la hegemonía de desregularizar los contratos laborales hasta convertirlos en contratos civiles o en la imposición de condiciones de trabajo lesivas (Ejemplo: privatización de los servicios públicos). En el segundo, actores económicos regulan socialmente un determinado territorio aun contra el interés del estado (Ejemplo: empresas de telefonía). Tenemos, además, el fascismo de la seguridad que manipula la sensación de inseguridad de los ciudadanos(as) para generar la aceptación de condiciones contractuales futuras inseguras, adversas y sin expectativas ciertas, lo cual ocurre con la promoción de los desaciertos estatales anteriores (retrospectiva), y en el ocultamiento intencional de las condiciones futuras (prospectiva) (Ejemplo: privatización de los servicios de justicia y el punitivismo).

Finalmente, tenemos el fascismo financiero que supone un conjunto de estrategias para establecer reglas mínimas que legitimen la expansión del capital especulativo mundial en detrimento de los estados y las personas, y el sometimiento a aparatos de resolución de conflictos no democráticos, donde los estados periféricos y semiperiféricos, mucho menos las personas, no tienen voz ni voto (Ejemplo: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI).

Al fascismo social hegemónico en las sociedades contemporáneas corresponden formas igualmente fascistas de Derecho que legitiman las condiciones estructurales de exclusión. Por esta razón, las ordenanzas municipales permiten la construcción de los nuevos palacios imperiales, totalmente protegidos y con todos los servicios y una que otra banalidad monárquica, como materiales importados de Europa; mientras, que las mismas órdenes permiten el desalojo de quienes “inexplicablemente” decidieron apropiarse de lo ajeno y vivir en donde no hay ni caminos para llegar. Curiosamente, oscuras políticas estatales permiten el patrullaje y el control en los lugares urbanos donde viven “los buenos ciudadanos y gente de bien”.

No extraña a nadie que una empresa de teléfono celular tenga más poder que el Estado, ni que los poderosos paguen directamente por una justicia a su medida o, al menos, dilaten un litigio para ganarlo por el cansancio de los materialmente débiles. Todo esto sacralizado por normas jurídicas y la intermediación mercantil de miles de abogados. Curiosamente, esto aparece como normal y hasta justo: “seguro”.

12-9Para Latinoamérica, este proceso de civilidad de lo jurídico y alienación frente al fascismo social adquirió el contorno de un formalismo kelseniano apropiado por las clases dominantes como fundamento ideológico del derecho en la Región, tomando de él aquello que permitiera mantener el orden dominante (López, 2004) y que empatara con los patrones de la cultura jurídica que heredamos de la colonialidad: escrituralidad, informalidad de la organización judicial, y autoritarismo. En consecuencia, el corazón del formalismo jurídico civilista se contiene en la máxima ignorantia juris non excusat. En primer lugar, como un llamado elitista mantenido desde toda la vida y que se instrumenta en el miedo que tienen las élites a las masas populares y a la cultura popular. Por eso, diferencian a quienes disponen de la propiedad del saber y la técnica, de la chusma-pueblo que no entiende sobre lo conveniente para el bien común; los unos predestinados para gobernar: quienes están predestinados para ordenar y obedecer respectivamente (Platón, 1975). Este convencimiento y autoclausura está inmerso profundamente en la cultura constitucional.

Y al mismo tiempo, esta máxima evidencia la indolencia del aparato político hegemónico ante la supervivencia del fascismo social en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales. En este sentido, la opacidad de la Constitución permite la existencia de una democracia insustancial, al tiempo que defiende el orden elitista y la dependencia interna y global de las sociedades latinoamericanas. Y, de esta manera, el Derecho oscurantista se cubre del ropaje del conocimiento cabal de las normas para sostener un orden social excluyente bajo el espejismo de la modernidad, el eficientismo judicial y los miedos sociales promovidos por los medios de comunicación. Aquello permite que la seguridad jurídica se presente falsamente como un valor social, un llamado al orden y a la paz, cuando en realidad es un velo que cubre la explotación de las clases dominantes dentro de un orden social alienatorio. Consecuentemente, el principio ignorantia juris non excusat deviene en un axioma que encubre la violencia institucionalizada y la disciplina tolerada ante la crítica a este orden de miseria social.

2. Las normas fueron hechas para no cumplirlas

Otro axioma sobre el que descansa la seguridad jurídica es que las normas están hechas para ser cumplidas, que se resume en el frontispicio de nuestra cultura civil y sobre la cual comienza nuestro adiestramiento en las facultades de Derecho: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común”. En el artículo 76.1 se reafirma este modelo: “1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”

El principio de legalidad es de raigambre liberal. En su momento resultó un avance ante la omnipotencia desmedida del monarca. Aquel principio fue el fundamento del estado de derecho que nació en el siglo XVIII de un doble proceso político: por una parte de la limitación del poder mediante un orden jurídico (“el gobierno de las leyes”) y por la otra, del fraccionamiento del poder como una manifestación del orden político con el fin de tener un sistema político fuerte, blindado de la injerencia política externa (Tourraine, 1994). Al mismo tiempo que se diferenció claramente al estado de la sociedad, también ocurrió que era clara la distinción entre quienes gobernaban, es decir, tomaban las decisiones en nombre y representación del colectivo, y quienes eran gobernados; entre burocracia y usuarios. Aquello supuso una ruptura histórica, puesto que además se reconoció a la persona como un sujeto atribuido naturalmente de derechos y no integrado sin más al colectivo. Se construyó así un orden natural positivado: representación política y racionalización jurídica (Montesquieu, 2010: 5).

Pero, para el fin de lo que venimos tratando, el giro más importante hace referencia a que el estado liberal es, además, un estado legislativo, pues halla su naturaleza nomogenética en la ley. Esta afirmación, que parece obvia, incluso si vemos el estado actual de nuestra cultura jurídica en Europa y Latinoamérica, representa, en realidad, uno de los dispositivos políticos más sofisticados de las democracias modernas en tres niveles: (1) las leyes son la expresión de mayor legitimidad democrática, pues son el resultado de la razón del legislador, elegido como representante del pueblo y depositario de sus intereses; (2) las leyes expresan la razón y el espíritu universal en busca del bien común; y, (3) las leyes son omnicomprensivas y totalizadoras, es decir, dan respuesta a todos los conflictos en la aplicación e interpretación de todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, la única fuente del derecho, y por tanto de la legitimidad de los intereses individuales y colectivos, fue la ley (López, 2001: 11). Al mismo tiempo, los jueces y las decisiones del mismo poder ejecutivo estuvieron subordinados a los legisladores. Su legitimidad es simplemente matemática, puesto que “los representantes” tienen más votos en conjunto y mayor cercanía regional o local; mientras que el ejecutivo tiene un mandato disperso y los jueces son funcionarios técnicos para resolver conflictos interpartes y sin ninguna relevancia para la dinámica del sistema político. La representación política en los gobiernos presidenciales refuerza este modelo en favor del orden.

Lo dicho tiene una consecuencia devastadora para la cultura constitucional, puesto que la Constitución no se considera aún como una norma jurídica, sino como un simple documento de declaraciones líricas o de visibilización coyuntural de ciertas problemáticas sociales.

Pero esta condición de subordinación de fuentes a la ley fue, además, asegurada como estatuto social obligatorio y como parte de un proyecto racional universal, puesto que “las leyes, en su significación más extensa, no son más que las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas; y en ese sentido, todos los seres tienen sus leyes…” (Montesquieu, 2010: 3). A partir de esto, surge el principio de legalidad, puesto que las leyes son la manifestación de la voluntad soberana, que manda, prohíbe o permite. Con esta operación se sustituyó el culto a las leyes divinas por el de las leyes de los hombres bajo la máxima: “dura lex sed lex” (la ley es dura, pero es ley), que tiene mucho de canónico y poco de racional.

Pero este orden estaría asegurado, además, por otros dispositivos de control, como el prevaricato que impide a los jueces fallar o procedieren maliciosamente contra “norma expresa”, “haciendo lo que prohíben o dejando de hacer lo que mandan”. Y, al mismo tiempo, se pone al servicio de las leyes el casi ilimitado poder punitivo en cabeza de la Policía y no de los jueces, para tomar “las medidas adecuadas y oportunas para impedir la realización del hecho penal, o su continuación, aun valiéndose de la fuerza” (Art. 622 del anterior Código Penal y 449.5 del actual COIP: antes en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo, ahora de la Fiscalía General del Estado).

El principio de legalidad es el puente que permitió históricamente el ingreso del Código Penal al estatuto cultural (conformado, además, por el Código Civil) de la población, asegurados y reproducidos por la práctica autoritaria de los aparatos ideológicos predilectos de las clases dominantes: el sistema educativo, la Iglesia y los medios de comunicación. Si estos dos cuerpos legales se convirtieron en la “Constitución liberal” y en el mandato cultural, no es de extrañar que se convirtieran en instrumentos para la defensa de la propiedad privada-individual: el Código Civil fijando los intereses de las clases dominantes y el Código Penal aplicando el poder más extremo en una democracia, la violencia estatal en forma de punición legalizada, para proteger el despojo y tenencia de la propiedad. John Locke, fundador del liberalismo económico y político, lo tenía claro: el Estado y el Derecho solo deben existir en la medida en que existan conflictos para determinar la propiedad privada (Locke, 1970). La agenda histórica de sus epígonos ha sido esconder con vergüenza la sinceridad de su fundador, con tecnicismos como la neutralidad valorativa del derecho o el reduccionismo de las teorías de la modernización y la gobernabilidad. Paralelamente, el control policial de la propiedad fue entregado al ejecutivo (Montesquieu, 2010: 147).

Aquella combinación, civilización y violencia legitimada, crea una sensación de amenaza ante cualquier cambio que operaría para ampliar la democratización de la sociedad o transformar las estructuras de poder que excluyen a la mayoría, pues proyecta sobre la ciudadanía un espejismo de inseguridad y de violencia sobre sus cuerpos y bienes, que despierta los cucos hábilmente sembrados por el imperialismo cultural en la historia y sus discursos de dominación como “comunista”, “terrorista”, “inseguridad”, “autoritario”, “libertad”, “populismo”…, lo cual se activa cada cierto tiempo para movilizar los prejuicios aprendidos de las clases dominantes por canales “democráticos”, que estiran la libertad humana hasta el máximo, en la producción de significantes vacíos. Consecuentemente, como lo dice Sanín siguiendo a Laclau, las luchas de hoy son, particularmente en América Latina –diríamos nosotros-, por la conquista de estos significantes (2009: 45).

Por esto, no es de extrañar que cuando se anuncian decisiones como la colectivización de la tierra, el acceso al agua de los campesinos, la despenalización y descriminalización –entre aquello, el aborto y la eutanasia-, se experimente una resistencia total, aun cuando la mayoría de la población no tiene más que su prole y vestimenta. También, se entiende el desplazamiento de la responsabilidad de los actos de resistencia de los sectores perjudicados por estas posibles decisiones, a quien las propone. Un ejemplo de esto ocurre con las presiones del mercado producidas por la llegada de mano de obra colombiana. Quienes desmejoran las condiciones de existencia al despedir mano de obra nacional y contratar la colombiana por ser más barata, no son los colombianos, sino quienes administran estratégicamente los factores de la economía a su favor, quedándose con la plusvalía de los migrantes y del lucro cesante de los ecuatorianos. Por supuesto, el velo de la ideología sembrada en la población impide ver las cadenas, y la culpa es indudablemente de los colombianos quienes, además, son culpables sin más de la delincuencia, prostitución y narcotráfico de acuerdo al prontuario diario de los noticieros, periódicos y el parte policial anticipado en que se convierten las imágenes.

12-10El principio de legalidad es, en este sentido, cómplice silencioso de la barbarie, legitimando la violencia de los poderosos, cohonestando el autoritarismo y los abusos del poder en la historia, y enquistándose en la conciencia social de la ciudadanía, para constituirse en una barrera invisible para toda transformación social, proceso que es mucho más agresivo en el caso de Latinoamérica donde el estado laico ha sido un fracaso, y la moral de esclavo religiosa forma parte estructural de la sociedad y de las instituciones políticas. El derecho tradicional civilista-penal se convierte así en un discurso de cierre, que fija un antes y un después, olvidando el pasado, y tendiendo un velo entre las estructuras profundas y la vida cotidiana.

En este orden, el constitucionalismo ha sido el instrumento político excelente para sellar el pasado, para que no regrese y los asesinos de la historia se muevan con impunidad en el presente, en el contexto de una ideología de dominación. Latinoamérica ha sido prolífica en textos constitucionales e innovaciones políticas de todo tipo. Aquí se creó la acción de amparo y la constitucionalización de los derechos sociales. En estas latitudes se crearon los derechos colectivos y se reconoció la pluralidad de sistemas jurídicos, la plurinacionalidad, la interculturalidad, la naturaleza como sujeta de derechos; y, los sistemas normativamente más sofisticados del mundo de justicia constitucional y control de la constitucionalidad. La ideología constitucional de la dominación juega entre la imitación y la inestabilidad coyuntural de sus nexos con los intereses de grupos sociales en conflicto, utilizando los procesos constituyentes como legitimadores sociales de sus acuerdos y acomodos: “las constituciones contienen las reglas esenciales para el progreso y la justicia social de los pueblos”.

Bajo este presupuesto, todo gobernante intenta desencadenar una situación de poder constituyente en busca de su poder legitimador. Dos consecuencias resultan de esta visión: en primer lugar, las constituciones son concebidas como cartas políticas para el futuro y no instrumentos jurídicos para regular el presente y, en segundo lugar, dada la importancia y el detalle de sus normas, las cuestiones constitucionales resultan ser tratadas como cuestiones políticas ordinarias y por lo tanto adquieren una naturaleza flexible (…)” (Santos, 2001: 77).

Un constitucionalismo estructural y crítico, sin embargo, ha surgido de los procesos constituyentes regionales, evidenciados en las constituciones de Brasil (1980), Colombia (1991), Perú (1993), Argentina (reformas 1994), México (reformas 1994), Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008), y Bolivia (2009) que guardan un hilo en común: la democratización de las instituciones, el acceso sustancial a la justicia, un estatuto progresivo e intangible de derechos que surgen de la soberanía popular, y la supremacía y normatividad constitucionales y del estatuto de los derechos humanos. Este constitucionalismo, denominado por Gargarella como “nuevo constitucionalismo regional” (Gargarella, 2008: 14) o en nuestra perspectiva como “nuevo constitucionalismo latinoamericano” (Ávila Linzán y Valle, 2011), es la continuación del constitucionalismo social que sirvió de freno a las tendencias patrimonialista del constitucionalismo liberal y de instrumento para las luchas sociales de nuestra América, aquellas que no fueron contadas por los libros de historia oficial.

Nuevas constituciones requieren de nuevos dispositivos ideológicos que morigeren y relativicen el principio de legalidad sin que lo nieguen completamente o que al menos lo convierta en subsidiario cuando exista la posibilidad de una violación de derechos que contravenga la Constitución. La Carta Magna de 2008, en su artículo 76.1, lo considera como una garantía del debido proceso, que obliga a las autoridades, administrativas o judiciales, a garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, y no a los ciudadanos(as) a un ciego cumplimiento. Concomitantemente, la norma constitucional adquiere supremacía y se impone automáticamente cuando una norma inferior la contradiga de acuerdo a lo establecido en el artículo 424 de la Constitución. Con esto se pasa del principio de legalidad absoluto al principio de legalidad constitucionalmente condicionado, es decir, coexisten la norma legal y el principio de supremacía y normatividad constitucional como un principio de constitucionalidad condicionante de la legalidad.

De esta manera, en el Estado constitucional coexiste la ley para la vida cotidiana, y la Constitución como mandato permanente de referencia de la ley y como norma coyuntural de aplicación directa cuando exista una contradicción insubsanable.

En todo caso, la legalidad se vuelve relativa, pues para los casos concretos se pudiera establecer una subregla especial que brinde un trato diferenciado desde la interpretación de la Constitución, lo que quiere decir que para establecer las diferencias se debe partir de la idea de que no es posible realizar diferencias de facto, sino de manera valorativa (Alexy, 2008: 351-359). El punto de partida es valorar la posible arbitrariedad de los hechos que se someterían a una comparación de igualdad frente a los criterios de desigualdad que se consideran discriminatorios (valoración formal). Si la valoración no se agota en lo formal, entonces, es necesario valorar si existen razones racionales que no signifiquen una “distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”. Esto se puede lograr mediante un análisis de necesidades básicas para el ejercicio de derechos y de capacidades para el cumplimiento de los deberes (valoración material) (Peces-Barba, 1999: 290-292). Esta valoración material debe de ser de tal entidad que no existan razones suficientes (núcleo esencial del principio de igualdad) para un trato desigual, en la medida que: a) no exista una razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces se está ordenando un tratamiento igual; o, b) sí existe una razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces se está ordenando un tratamiento desigual (Gaviria, 2002: 65).

No obstante, la apuesta por este esquema ideológico-constitucional enfrentado al civilista-penal, la Constitución es, como lo estableciera Lassalle, el resultado de la correlación de factores reales del poder realmente existentes. No es lo que sobra, una “hoja de papel” (Lassalle, 1997), sino que está inscrito en un proceso de actores con intereses y con diversas capacidades en la lucha por la hegemonía. De acuerdo a esta visión materialista de la Constitución, la nueva ideología constitucional progresista que se contrapone a la ideología tradicional civilista-penal no tiene otros canales que esos factores reales del poder: la clase política, las clases sociales y su jerarquización y la hegemonía de los grupos económicos, la propiedad de los medios de producción en pocas manos (incluso los contemporáneos, como la tecnología, las técnicas productivas, el internet, la propiedad marcaria e intelctual y el know how); y, el control de los aparatos ideológicos (educación, religión y comunicación). Estos canales son como las máquinas de casino, independiente de quien la use, generan una falsa impresión de éxito en quien está destinado a perder, pero favorece únicamente al dueño de aquellas. Quien usa las máquinas le echa la culpa a su suerte, y el dueño a la impericia del jugador. La legalidad funciona así como un espejismo en favor del orden de dominación.

Los factores reales del poder escenifican un rol importante en la compresión de las ideologías jurídicas emergentes frente a las hegemónicas, enturbiando el agua e impidiendo ver el fondo: los beneficios del nuevo orden que está detrás de la nueva ideología constitucional. Responsables de la turbiedad del agua son en el entendido de la gente, quienes quieren afectar sus vidas y bienes con la propuesta de transformación y cambio, pues no es posible ver el rostro de quien está al otro lado del agua ni la mano invisible del mercado y el consumismo enturbiándola. Esta turbiedad es favorecida por los espejismos de un derecho que está prohibido de ser desconocido y debe ser aplicado implacablemente y con violencia por un orden jurídico civilista-penalista que se justifica por la impostura de un principio de seguridad jurídica totalmente ajeno a la realidad social de nuestros pueblos.

Luis Ávila Linzán es constitucionalista y profesor de posgrado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *