Ecuador da un giro humano a la política criminal contra las drogas

Ecuador da un giro humano a la política criminal contra las drogas

octubre 7, 2014
in Category: Análisis jurídico
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Ecuador da un giro humano a la política criminal contra las drogas

Los procesos de resistencia política en América Latina significan la apuesta por una nueva política. Una política soberana y fundada en la participación social en todos los niveles. En consecuencia, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el instrumento jurídico que concentra las normas sustantivas con las adjetivas y ejecutivo-penales.

Uno de los avances más importantes de este cuerpo legal ocurre en la disminución de la pena en todos los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que antes se encontraban en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108), cuya parte punitiva ha sido eliminada en virtud de la Disposición Derogatoria Séptima del COIP.

Esta disminución es particularmente relevante toda vez que la Ley 108, que era parte de la inducida y seductora política regional securitista de la fracasada “guerra contra las drogas” en las décadas de los ochenta y noventa, no solo que contenía penas desproporcionadas y contrarias al debido proceso y los derechos humanos, sino que principalmente, permitía la criminalización del consumo –despenalizado en la Constitución de 1998- en la infinidad de verbos rectores de los tipos penales, especialmente respecto de la tenencia y posesión de drogas que son actos necesarios para el consumo, los cuales, sin embargo, no se han despenalizado.

Más del 40% de las cárceles están llenas de personas consumidoras y microtraficantes de los sectores marginales de nuestros países. Frente a esto, en el COIP, el artículo más relevante en términos de carga procesal y tasa de encarcelamiento es el 220 del COIP (tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización). Sin embargo, a pesar de que aún se encuentra subsumido el delito de tenencia o posesión, se generan tres nuevas situaciones jurídicas que rompen con la dolorosa historia de la Ley 108 y abren la esperanza de una nueva política judicial de drogas realmente revolucionaria:

  1. En primer lugar, el artículo 220 del COIP reconoce implícitamente los roles dentro de la teoría de autoría y participación criminal, es decir, esta disposición que sanciona a los instrumentos o partícipes de la producción o comercialización del tráfico ilícito de drogas y no los “confunde” con los autores o líderes del narcotráfico;
  2. Luego, el artículo 220 reconoce una mayor proporcionalidad en cuanto a la distinción de seis tipos de penas agrupadas en tres supuestos jurídicos: a) cuando el tráfico sea de la sustancia (4 escalas de castigo); b) cuando el tráfico sea de precursores (1 pena); y, c) cuando se agrava la pena cuando la oferta se dirija a niñas, niños o adolescentes (un agravante constitutiva del tipo); y,
  3. Finalmente, el artículo 220 del COIP reconoce cuatro nuevas escalas de castigo que diferencian los grados de participación criminal en función de la actividad del agente como de la calidad y peso de la sustancia.

Esta modificación determina un nuevo estándar no solo para las personas condenadas como consecuencia de la Ley 108, sino también para quienes se encuentran procesadas aún por ella. Por ello, la Defensoría Pública ha implementado una política institucional que obliga a defensoras y defensores públicos a accionar estratégicamente el principio constitucional de favorabilidad o de ley posterior más benigna en beneficio de las personas privadas de la libertad, sobre todo, en beneficio de quienes fueron víctimas invisibles de la anterior legislación de drogas. A su vez, la Resolución 002 CONSEP-CD-2014 creó los criterios que permiten distinguir y categorizar las escalas del tráfico ilícito de drogas determinadas en el artículo 220 del COIP que viabiliza las acciones que por el principio de favorabilidad estamos planteando.

12-5Las definiciones técnicas para las escalas del tráfico ilícito de drogas emanada por esta Resolución, sin duda, son un avance en la reconstrucción del destruido poder punitivo antidrogas y un esfuerzo importante de dotar a nuestro régimen jurídico una importante dosis de proporcionalidad constitucional. Ocurrió un cambio importante en fines de la política de drogas: dirige su impacto a las sustancias y no a las personas, quienes recibirán las penas más proporcionadas. Además, en este nuevo amanecer de la política de drogas del Ecuador, importan las personas de carne y hueso y se distinguen técnicamente las sustancias y sus respectivas cantidades, lo cual permite una mayor comprensión socio-jurídica del fenómenos de las drogas de uso ilícito.

Este nuevo orden, aún insuficiente de la política de drogas en Ecuador, forma parte de la nueva geopolítica de la seguridad, la democracia y los derechos humanos en la Región. Es plausible reconocer la decisión soberana del Gobierno uruguayo, presidido por José Mujica, y las iniciativas del gobierno municipal de Bogotá, emprendidas por Gustavo Petro en Colombia.

Tal como lo expresa el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, en su libro “Drogas, Prohibición o Legalización. Una nueva propuesta”, es necesario hallar políticas alternativas al simple prohibicionismo neocolonial respecto de las drogas que ha imperado en América Latina. En este sentido, Unasur puede y debe ser el espacio e instrumento para dictar una nueva política alternativa y liberadora a la tolerada por el orden hegemónico, que ponga al ser humano por sobre el capital y consolide los procesos políticos de la mano de las nuevas izquierdas latinoamericanas. En la Región, existen cada vez más voces críticas que proponen otro tratamiento al tema drogas. Unos ejemplos a continuación:

  1. El 17 de mayo de 2103, la OEA propuso en un informe titulado “El Problema de las Drogas en América” la despenalización del consumo de drogas en la región sobre la base de una nueva política de salud. Posteriormente, el Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, dejó en claro el 27 de septiembre de este mismo año ,en el Senado de México, que a los consumidores se les trate como adictos, no como delincuentes. Este informe fue apoyado por los exmandatarios Ernesto Zedillo (México), César Gaviria (Colombia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Ricardo Lagos (Chile); el exsecretario de Estado de EE.UU., George Shultz (1982-1989); el expresidente de la Reserva Federal estadounidense, Paul Volcker; la extitular del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour; y, los presidentes de Colombia y Uruguay, José Miguel Santos y José Mujica;
  2. El 31 de agosto de 2013, el Parlamento uruguayo aprobó un proyecto de ley que no solo despenalizó el consumo de marihuana, sino que decidió que el Estado pase a gestionar y regular la producción de la cannabis para uso recreativo, tolerando el autocultivo y poniéndolo de venta directamente en las farmacias. Aquello tuvo una inmediata “advertencia” sobre la posible violación de instrumentos internacionales sobre drogas del gobierno uruguayo, por parte de la Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE), uno de los organismos de la Organización de Naciones Unidas que actúan con curiosa diligencia y autonomía;
  3. Luego, en Bogotá, en Buenos Aires, Río de Janeiro y otras ciudades de la Región, desde hace tiempo, se discute abiertamente sobre la posibilidad de implementar un régimen de consumo de drogas asistido por la fuerza pública y otros funcionarios estatales, tal como ya existe en Holanda y otros países centrales; y,
  4. En el caso del Ecuador, desde el 21 de mayo de 2013, está en vigencia la resolución 001-CONSEP-CO-2013, que establece los “umbrales para la tenencia o posesión de drogas ilícitas”. Mientras por su parte, el Ministerio de Salud Pública considera que el Estado debe dar cobertura de salud a las personas consumidoras de drogas, privilegiando las políticas de prevención por sobre las de represión punitiva.

Entonces, se colige, que la región está liderando una política distinta, más humana y más justa con nuestra realidad, que no condene la pobreza ni a los conusmidores, que castigue el delito en proporción de los hechos.

Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General del Ecuador

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