Acerca de lo imposible: lo que parece tan sencillo y lógico es ignorado

Acerca de lo imposible: lo que parece tan sencillo y lógico es ignorado

diciembre 27, 2014
in Category: Análisis jurídico
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Acerca de lo imposible: lo que parece tan sencillo y lógico es ignorado

Desde el punto de vista del sentido común, nadie puede estar obligado a cumplir un deber imposible. No se puede obligar a un wawa a que conduzca un camión, tampoco se puede obligar a un hombre a que tenga un parto. Hasta en el mundo de las posibilidades múltiples, no todo es posible.
Desde el punto de vista del derecho civil vale un principio, ya reconocido por el derecho romano, que dice que “Impossibilium nulla est obligatio”. Esto es: nunca es obligación lo que es imposible. Si un galerista vende un cuadro de Guayasamín y en la noche previa a la entrega un incendio lo destruye, no puede estar obligado a entregar algo que ya no existe.
Desde el punto de vista del derecho penal, podemos graficar el mismo principio pensando en la comisión de un delito por omisión. Aquí habría que hacerse la pregunta, ¿si el supuesto autor puede ser responsabilizado penalmente si la realización del acto que evitaría la violación del bien jurídico protegido le es imposible? Esta pregunta clásica de un examen de derecho penal, se contesta diciendo que ningún ordenamiento jurídico puede pedir lo imposible. Una persona que no sabe nadar no puede ser responsabilizada por no haberse metido al agua para prestar auxilio a otra persona que se está ahogando.
Lo que parece tan sencillo y lógico es ignorado por algunos jueces cuando personas privadas de libertad reclaman que no se les exija lo imposible. Es en este contexto general que debemos entender las resoluciones judiciales dictadas a consecuencia de pedidos de aplicación del régimen semiabierto y régimen abierto (Art. 696 al 699 COIP).
22DPodemos estudiar una primera resolución dictada en Guayaquil, el 23 de octubre del año en curso (Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, juicio09284-2014-13926). En este caso, una persona privada de libertad pide de manera poco técnica que se le aplique el “Régimen de Libertad Abierto”. La jueza cita de manera textual lo dispuesto en el artículo 696, párr. 2 del COIP, que dispone que “una persona privada de libertad podrá pasar de un régimen a otro en razón del cumplimiento del plan individualizado, de los requisitos previstos en el reglamento respectivo y el respeto a las normas disciplinarias”. A su vez hace referencia a la norma que dispone los detalles que debiera contemplar este plan individualizado del cumplimiento de la pena (art. 708 COIP). Por último, la jueza cita la décima segunda disposición transitoria del COIP, que señala que es deber del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, el de dictar, dentro de un plazo máximo de 60 días tras su conformación, el reglamento al que se refiere el artículo 696 del COIP. En base a estas consideraciones, la jueza resuelve que haber cumplido el 80% de la pena es solo uno de los requisitos para pasar al régimen abierto, que “(…) al no haber expedido y publicado el reglamento para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas (…) se inadmite al trámite y se ordena el archivo (…)”.
Si analizamos el caso y siguiendo la lógica argumentativa de la jueza, sorprende que no haya hecho referencia adicional a la inexistencia de un plan individualizado del cumplimiento de la pena, ya que hasta la fecha tampoco esta norma se ha implementado. Así podría haber fundamentado su resolución en el incumplimiento de dos requisitos (la falta de reglamento y la falta de un plan individualizado), cuyo cumplimiento es imposible para cualquier persona privada de libertad.
Desde la perspectiva constitucional habría que recordar que la orientación del sistema carcelario hacia la rehabilitación social tiene rango constitucional (véase artículos 201 a 203 de la Constitución). El régimen abierto constituye una parte integral de este sistema de rehabilitación social (véase art. 696, COIP). Siendo así, habría que recalcar que la Constitución también exige que en materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras judiciales “(…) deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia” (art. 11 Num. 5 de la Constitución). Es decir, cuando exista duda sobre la aplicación del régimen abierto como parte integral del sistema de rehabilitación social, esta duda bajo ninguna circunstancia debe desembocar en una derogación fáctica de las respectivas normas. Lo que hace la jueza en la resolución aludida es responsabilizar a la persona privada de libertad por la ineficiencia del Estado en cumplir con sus propias normas. Desde que se publicó el COIP, existe la obligación legal de constituir el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social y de elaborar el respectivo reglamento. No es culpa ni responsabilidad de los reclusos que el Estado no haya cumplido con este deber, exigirle a un ciudadano tras rejas que cumpla con estos requisitos es por ende pedirle lo imposible.
Podemos analizar el caso de una decisión judicial emitida el 7 de octubre del año en curso en Guayaquil (Unidad Judicial Penal Sur, No. causa 09284-2014-0837G). Se trata de una solicitud de otorgamiento del régimen semiabierto. Recordemos que el COIP dispone de manera obligatoria, que la o el juez al resolver la aplicación del régimen semiabierto “(…) dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia electrónica” (Art. 698, párr. 2, COIP). En consecuencia, el juez resuelve que “(…) se dispone el uso del dispositivo de vigilancia electrónica”. Luego advierte a la beneficiaria que “(…) en caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control, sin justificación suficiente y probada, se revocará el beneficio (…)”. Para apreciar el contenido de esta resolución, falta indicar que hasta la fecha no se ha puesto a disposición de las autoridades los brazaletes electrónicos que podrían facilitar una vigilancia electrónica. Es decir, la resolución obliga a las autoridades estatales a usar herramientas de control con las que no cuenta. A su vez, se advierte a la beneficiaria que la falta de uso de algo hasta la fecha inexistente, puede conllevar la revocatoria del beneficio. De todas formas, esta resolución es más respetuosa del ordenamiento constitucional vigente que la previamente analizada, ya que no carga la responsabilidad de la ineficiencia del estado en cumplir con su propia normativa en los hombros de las personas privadas de libertad.
Lamentablemente, la aplicación del régimen abierto y semiabierto no son los únicos campos donde los jueces exigen a las personas privadas de libertad a que cumplan con lo imposible. En la aplicación del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se exigía para la concesión del beneficio de la reducción de la pena, la presentación de certificados laborales o educacionales. Ahora bien, en la mayoría de los centros de reclusión del país no existen suficientes oportunidades de trabajo o educación para toda la población recluida, solo un porcentaje mínimo de personas puede participar en estos programas. Lo que legalmente está concebido como derecho, en la práctica se ha convertido en un privilegio. Esto implica que también la aplicación de los beneficios, en los hechos, no puede reflejar patrones de previsibilidad y exigibilidad, sino reproduce pautas de favoritismo y arbitrariedad. No obstante, la respuesta a esta problemática no debería ser la derogación fáctica del beneficio de la rebaja de la pena. Si la legislación permite reducir la pena hasta en un 50 %, parece inconcebible que algunos juzgados resuelvan otorgar tan solo rebajas del 2 % (sentencia de Latacunga, juicio 05281-2014-1266). Esta práctica contradice el objetivo mismo de la normativa. Desde el punto de vista constitucional, el principio de igualdad ante la ley hace que los juzgados debiesen concebir que también las personas que por la ausencia de ofertas de trabajo y educación se vean imposibilitadas a gozar de una oferta, tengan pleno derecho de exigir que se les conceda los beneficios correspondientes y eso sin haber trabajado o estudiado. Existen sentencias de tribunales brasileños que han fallado en este sentido, otorgando los beneficios también a aquellas personas que debido a la ineficiencia del Estado no han podido participar en actividades educacionales o laborales.
23No todos los jueces piden lo imposible. Podemos analizar una resolución que se ajusta parcialmente a los estándares del Estado de derecho, una buena práctica que debería servir de ejemplo para otros juzgados. Se trata de una resolución emitida tras una audiencia oral celebrada el 23 de octubre de 2014 en Guayaquil (Juicio 09284-2014-5959). Inicialmente, la causa fue ingresada con fecha 23 de abril de 2014 a la sala de sorteos solicitando una rebaja de la pena. El juzgado aboga conocimiento el 8 de mayo de 2014. Mediante escrito del 8 de septiembre de 2014, el peticionario cambia su solicitud al de régimen abierto conforme al COIP. Se cita a audiencia para el 23 de octubre de 2014. En la audiencia, la Fiscalía no se opone a lo solicitado por la defensa de la persona privada de libertad, eso es al otorgamiento del régimen abierto. Enseguida el juez argumenta de la manera siguiente: “(…) el delegado de la Directora del Centro Carcelario Varones Zonal 8 Regional Guayas, manifestó que la entidad no cuenta con brazaletes electrónicos ni tampoco se ha puesto en vigencia el reglamento conforme lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal. Al respecto, tal carencia no puede perjudicar de ninguna manera al peticionario quien ha ejercido su derecho de petición garantizado en el artículo 66 numeral 23 de la Constitución, debiendo el suscrito juzgador dar una respuesta concreta, pues en su condición de privado de libertad se encuentra entre los grupos vulnerables de los que la carta magna, en el artículo 35 dispone proteger y atender, por lo que no podría la falta de cumplimiento de una formalidad legal estar por encima de los derechos constitucionales del peticionario, tanto más que el mismo COIP lo reconoce como un beneficio de los privados de libertad y no determina plazo o moratoria para que hagan uso de tal beneficio”.
Tras esta argumentación, el juez resuelve acoger el pedido de régimen abierto disponiendo que el beneficiario tendrá la obligación de presentarse ante él cada 15 días hasta la fecha en que se cumpla su pena. Si bien estamos plenamente conformes con el razonamiento dado, el fallo exhibe como las demoras en la resolución de los pedidos de rebaja de la pena obligan a las personas privadas de libertad a acogerse a otros beneficios. El pedido inicial de rebaja fue presentado en abril del presente año, es decir, antes de la entrada en vigencia plena del COIP. No obstante, tanto los pedidos de copias certificadas de las sentencias, como la demora en la entrega de los informes de diagnóstico y de las carpetas de las personas privadas de libertad, hacen que en la práctica existan cientos de pedidos de rebaja de la pena sin respuesta. Al final, las personas privadas de libertad tienen que adecuar sus estrategias de defensa a las ineficiencias del Estado, situación preocupante desde la perspectiva constitucional. Vale recordar que la Constitución exige que “no se sacrificará la justicia por la solo omisión de formalidades”. ¿Habría que preguntarse si el pedido de una copia certificada de una sentencia es una formalidad?
Vemos que la jurisprudencia es inconclusa en relación a la forma como trata lo imposible. Existen servidores judiciales que piden lo imposible, por suerte también existen los que reconocen que en derecho no se puede pedir que se haga o cumpla algo imposible.

Jörg Stippel es penalista y docente universitario.

3 comments

  1. Roman Ramon ayovi Caicedo
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    considero que este comentario debe ser leído por los señores Jueces que ahora tienen competencia para tratar los beneficios penitenciarios; pero resulta que existen jueces que en vez de garantizar los derechos de los procesados y sentenciados , mas bien protegen al Estado en desmedro del derecho de los grupos vulnerables , en este caso los sentenciados que quieren acogerse a estos beneficios, pues acá en Esmeraldas, ya se dio un caso donde un ppl que cumplía con todos los requisitos se le negó el régimen semiabierto por no tener un plan individualizado de cumplimiento de pena , cuando sabemos que ningún preso puede cumplir lo que no existe, nuestra justicia sigue dando golpes de ciego

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